POLITICA
Presti restableció la función de contrainteligencia militar y deroga una resolución de la gestión de Nilda Garré
El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, firmó una resolución que restablece las funciones de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas y deroga una normativa vigente desde 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré. La medida fue publicada este mediodía y representa una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno en materia de inteligencia de la defensa.
La nueva disposición reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) y vuelve a integrar funciones de inteligencia y contrainteligencia militar que habían quedado separadas hace casi dos décadas por una decisión doctrinaria adoptada durante el kirchnerismo.
Según pudo confirmar Infobae, uno de los cambios centrales de la reforma es que el área de contrainteligencia militar pasará a depender del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en línea con el objetivo oficial de fortalecer la conducción conjunta del sistema de inteligencia de defensa y unificar criterios operativos entre las distintas fuerzas.
La resolución establece además que el Sistema de Inteligencia de Defensa estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) y las direcciones de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El texto firmado por Presti también dispone que las direcciones generales de inteligencia de las Fuerzas Armadas deberán considerarse “componentes independientes entre sí y bajo control funcional” de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.
En el Gobierno sostienen que la resolución vigente desde 2006 había generado una situación excepcional respecto de los sistemas de defensa modernos, al impedir que las Fuerzas Armadas contaran con herramientas básicas de prevención y resguardo frente a amenazas externas dirigidas contra personal militar, infraestructura sensible, sistemas de información y capacidades estratégicas.
La propia resolución sostiene que la normativa impulsada durante la gestión Garré “debilitó el Sistema de Inteligencia en el ámbito de la Defensa Nacional, tornándolo vulnerable a las actividades de Inteligencia de actores externos”.
La reforma busca adecuar el sistema argentino de inteligencia militar al escenario internacional actual y a los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei en el marco de la reorganización más amplia del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE.
Entre los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Defensa sostiene que “la evolución de la situación regional y mundial en la última década pone en evidencia el surgimiento de diferentes amenazas, la concreción de complejos tipos de agresiones, nuevas formas de accionar en conflictos bélicos e incluso la configuración de escenarios de crisis o tensión donde se manifiestan tácticas híbridas”.
El texto agrega que entre esas amenazas “destacan los ciberataques y las actividades en el marco cognitivo”.
En el Ministerio de Defensa sostienen que la normativa derogada respondía a un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico que fragmentó funciones consideradas complementarias en cualquier estructura moderna de defensa. La visión oficial es que ningún país con capacidades estratégicas relevantes separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia militar.
La contrainteligencia militar comprende tareas orientadas a prevenir, detectar y neutralizar acciones de espionaje, infiltración, sabotaje, obtención ilegal de información sensible y operaciones destinadas a afectar capacidades militares o estratégicas de un país.
En esa línea, la resolución cita el Decreto 941/25 y señala que la contrainteligencia militar deberá prevenir infiltraciones, espionaje, sabotaje e injerencia de factores externos sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales y los intereses estratégicos nacionales.
Dentro del Gobierno afirman que la separación impuesta en 2006 limitó durante años mecanismos básicos de autoprotección institucional frente a amenazas externas y nuevas formas de conflictividad internacional.
En ese marco, la Casa Rosada menciona como amenazas concretas el crecimiento de organizaciones terroristas y paraestatales con capacidad operativa internacional, como Hezbollah y Hamas, y el avance de operaciones de injerencia promovidas por potencias extranjeras.
Según pudo saber Infobae, funcionarios nacionales toman como referencia el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde comandos armados ingresaron en territorio israelí, atacaron bases militares y asesinaron a más de 1.000 personas. En el oficialismo consideran que ese episodio mostró el tipo de amenazas híbridas y acciones coordinadas que hoy obligan a revisar doctrinas de inteligencia y defensa.
En paralelo, el Gobierno observa con preocupación las disputas geopolíticas y las operaciones de injerencia desarrolladas por actores estatales como Rusia y China, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura estratégica, ciberseguridad, inteligencia tecnológica y control de información sensible.
La resolución también incorpora el concepto de “operaciones en el campo cognitivo” y sostiene que esas acciones “son asiduamente ejecutadas por organismos estatales y paraestatales estratégicos extranjeros” y por organizaciones criminales.
Según el texto oficial, esas operaciones buscan afectar “la confianza en las instituciones y la cohesión social” e “incidir negativamente sobre el Sistema de Defensa de la Nación Argentina”.
Según pudo confirmar Infobae, uno de los argumentos centrales de la resolución es que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan recuperar capacidades de prevención y resguardo frente a amenazas complejas que combinan espionaje, presión geopolítica, ciberguerra, terrorismo y operaciones de injerencia.
El texto firmado por Presti también cuestiona que la resolución de 2006 hubiera prohibido las actividades de operaciones psicológicas dirigidas a enemigos o el monitoreo de las que pudieran realizarse contra las propias fuerzas. Según el nuevo esquema, esa restricción dejó “inermes” a las Fuerzas Armadas frente a acciones orientadas a procurar “el quiebre de su moral”.
La resolución también fortalece la conducción conjunta del sistema de inteligencia militar y redefine el funcionamiento interno del SIDEF, en línea con la estrategia oficial de modernización de las capacidades de defensa y seguridad.
En ese marco, la resolución establece que la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto tendrá una doble responsabilidad de asesoramiento y asistencia tanto al ministro de Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Además, dispone que el Comando de Operaciones Conjuntas desarrollará la inteligencia operacional en tiempo de paz y fuera de los teatros de operaciones en tiempos de guerra.
En el Ministerio de Defensa remarcan que la medida mantiene expresamente todas las prohibiciones legales vinculadas al espionaje interno. Según explican, la resolución no habilita tareas sobre actividades políticas, sindicales, sociales ni sobre organizaciones civiles ajenas al ámbito específico de la defensa nacional.
El artículo 8 de la resolución prohíbe expresamente obtener información o producir inteligencia sobre personas por razones vinculadas a raza, religión, opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales o sociales. También impide influir sobre la situación institucional, política, económica o social del país.
Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del mensaje oficial para evitar cuestionamientos vinculados a posibles desvíos sobre inteligencia interior, un tema especialmente sensible en la Argentina desde el retorno democrático y las posteriores reformas legislativas impulsadas tras los abusos cometidos durante la última dictadura militar.
La resolución se apoya en la idea de que el escenario internacional actual exige revisar doctrinas diseñadas para otro contexto geopolítico y adaptar las capacidades estatales frente a amenazas híbridas, ciberataques, operaciones de injerencia, terrorismo y organizaciones criminales transnacionales.
La reforma se inscribe además en el proceso más amplio de reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno nacional desde el año pasado. En los últimos meses, la administración Milei avanzó con distintos cambios normativos y operativos orientados a fortalecer la articulación entre organismos de inteligencia, seguridad y defensa.
Entre otras iniciativas recientes, la SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) con participación del FBI y autoridades estadounidenses, en una señal de profundización de la cooperación internacional en materia de inteligencia y contraterrorismo.
En el oficialismo consideran que la resolución firmada por Presti corrige una anomalía estructural que había dejado a las Fuerzas Armadas argentinas en una situación atípica respecto de otros sistemas de defensa occidentales.
La resolución fija además un plazo de 90 días para adecuar la doctrina de inteligencia y contrainteligencia militar y de 120 días para organizar, equipar, adiestrar y alistar los nuevos elementos de contrainteligencia militar y contrainteligencia militar en el dominio informacional.
El texto también señala como objetivo “dejar de ser vulnerable ante las acciones de actores estratégicos estatales o paraestatales y de organizaciones criminales de origen externo”.
Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para proteger personal, infraestructura e información sensible frente a amenazas externas, operaciones de injerencia y organizaciones criminales.
POLITICA
Marcha en contra de la ley de Propiedad Privada: cuáles serán los cortes y cómo afectarán el tránsito este jueves
Este jueves 6 de agosto se realizará una marcha en la Plaza de los Dos Congresos a partir de las 12 del mediodía, en rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se tratará en el Senado.
La movilización provocará afectaciones en el transporte público, interrumpiendo el tránsito en arterias clave como Avenida Callao, Avenida Entre Ríos y Avenida de Mayo, recomendando evitar circular por la zona delimitada.
Senado: el oficialismo eliminó el capítulo sobre la extranjerización de tierras para sostener la sesión
El proyecto legislativo debatido generó polémica tras decidir el Gobierno nacional “el retiro del capítulo” vinculado a modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, que será presentado próximamente como una iniciativa independiente.
Numerosas líneas de colectivos modificarán sus recorridos habituales desviándose hacia avenidas alternativas como Belgrano, Independencia y Córdoba, mientras que diversas organizaciones sociales marcharán desde la Avenida 9 de Julio.
En el sistema de transporte subterráneo, la estación Congreso de la línea A permanecerá cerrada, al tiempo que se registrará alta afluencia y restricciones peatonales en accesos de las líneas B y E.
Todas las líneas de colectivos afectadas
Modificarán sus recorridos las líneas 2, 5, 6, 7, 12, 23, 24, 26, 37, 50, 56, 60, 64, 86, 98, 102, 105, 124, 150, 151 y 168.
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Congreso,Cortes,Ley de Propiedad Privada,Transporte
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Rafael Grossi sufrió un revés en la primera votación para ser secretario general de la ONU, pero el Gobierno confía en sus chances
En el primer test de la carrera para elegir al próximo secretario general de la ONU, la candidatura de Rafael Grossi −avalada por la Casa Rosada desde noviembre pasado− sufrió días atrás un primer y provisorio contratiempo, aunque desde Balcarce 50 y el Palacio San Martín −impulsores de la postulación del diplomático argentino− aún confían en un resonante éxito al final del camino.
Luego de la primera votación preliminar para seleccionar al sucesor de Antonio Guterres, Grossi terminó tercero, detrás de la expresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan y la candidata de Guyana, Carolyn Rodrígues-Birkett. Las dos candidatas quedaron, según analistas vinculados a Naciones Unidas y diplomáticos argentinos, como las mejor posicionadas para las próximas votaciones, previas a la elección del nuevo secretario general, que asumirá el 1 de enero próximo.
Con Grossi ya enfocado en la próxima votación preliminar, el 21 de agosto, en el gobierno de Javier Milei valoran que el titular de la Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) haya sumado siete adhesiones positivas (dos menos que las necesarias en las votaciones definitivas). Dos de los países que votaron lo hicieron de forma negativa y seis optaron por el “no opina”, en el universo de los 15 miembros rotativos del Consejo de Seguridad.
Los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia), que definirán al sucesor de Guterres luego de la decisión de los miembros no permanentes del Consejo, siguen sin dar pistas firmes sobre su decisión, que se dará a fines de año, y en la que un solo veto significará la despedida para aquel candidato que sea impugnado.
Con esa cosecha, Grossi quedó lejos de Grynspan (10 a favor, 1 en contra y 4 sin opinión) y algo más cerca de Rodrígues (9, 2 y 4 respectivamente). Cosechó, eso sí, una mejor perspectiva que la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, auspiciada por Brasil y México, a quien apoyaron 6 países, pero rechazaron 5, con otros 4 sin opinión. Más lejos se ubicaron, casi sin chances para distintos especialistas, Macky Sall, de Senegal; María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y Olara Otunnu, auspiciado por Uganda.
“Es una votación preliminar. Todos se estudian a ver qué hace el otro”, afirmaron a este diario cerca del diplomático argentino, que sigue confiando en su trabajo diario en la OIEA –que lo obliga a conversar con líderes mundiales como Vladimir Putin, Donald Trump o los ayatolás iraníes– como mejor carta de presentación.
Anteayer, en un diálogo organizado por la Celac en Montevideo, que nucleó a los cinco candidatos latinoamericanos a conducir la ONU, Grossi eligió valorar la gestión de Javier Pérez de Cuéllar, peruano y secretario general de esa organización entre 1982 y 1991. “Quizá porque no hablaba fuerte no está tan presente”, dijo Grossi en una breve participación vía zoom. Y luego de recordar la intervención de Pérez de Cuellar en conflictos como el de Irán e Irak y Afganistán y Namibia, entre otros, puntualizó que “allí vimos a un secretario general actuando de manera concreta en temas vinculados a la guerra y la paz, lo que hemos perdido”. Una serie de elogios que culminaron en una crítica a la actual conducción de la ONU, severamente cuestionada por Trump y también por Milei.
“Hasta ahora nadie jugó con tarjetas rojas, recién comienza ese proceso”, coinciden en el Palacio San Martín, sede de la presentación oficial de Grossi como candidato, el 26 de noviembre pasado, que dio inicio a una campaña que incluye a cada representación argentina en el exterior, además de una comisión especial encabezada por el subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro, dedicada a impulsar su candidatura.
“Su profundo conocimiento del sistema multilateral, su capacidad para promover el diálogo diplomático, su desempeño probado en situaciones de conflicto y graves crisis internacionales como interlocutor imparcial y eficaz, su solvencia técnica y lingüística y su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas, lo convierten en un candidato de excelencia para desempeñar las responsabilidades del cargo de Secretario General que el mundo hoy demanda”, expresó la Cancillería que encabeza Pablo Quirno al acompañar la postulación de Grossi.
En abril, días antes de comenzar las audiencias públicas ante la Asamblea General de la ONU para defender su candidatura a próximo secretario general del organismo internacional, Grossi fue nominado por la prestigiosa revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo, por su trabajo al frente de la OIEA.
Aquella designación alimentó la posterior euforia del Gobierno, aunque el consenso de amplios sectores sociales y organizaciones no gubernamentales para que la próxima secretaria general de la ONU sea una mujer, y la obligada asociación entre Milei y Trump podría haber influido en la votación de los países miembro.
Desde el Gobierno, que arregló sus cuentas impagas con la ONU en junio pasado, siguen negando que el alineamiento automático de Milei con Trump, que llevó incluso a votar en la ONU contra una resolución para declarar a la esclavitud en Africa como “el más grave crimen de lesa humanidad”, influya negativamente. “Esto recién empieza”, confían.
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Qué se debatirá mañana en el Senado, tras la eliminación del capítulo para la venta de tierras a extranjeros
Este jueves, desde las 14, comenzará la sesión en el Senado pactada luego del cuarto intermedio del mes pasado. Sin embargo, a un día del inicio, el oficialismo se vio obligado a modificar el contenido del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. eliminando del paquete de reformas la modificación a la Ley de Tierras, que promovía facilidades para la adquisición de tierras por parte de extranjeros. Ante la falta de consenso, finalmente los líderes libertarios del Senado decidieron eliminar ese apartado que ponía en riesgo la sesión misma.
El cuestionado capítulo desató la polémica al mejorar las condiciones para que capitales extranjeros se queden con extensiones de tierras en el país y provocó manifestaciones en redes sociales, y el anuncio de una movilización prevista para la hora de la sesión en la zona del Congreso. En ese marco fue que los cambios a la Ley de Tierras quedaron fuera del proyecto.
Ya sin ese punto de discordia, habrá un temario que sí se debatirá en la Cámara Alta, a pesar de que varios dialoguistas le solicitaron a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, que directamente no se realice la sesión de mañana.
En efecto, el resto del texto contempla modificaciones de peso sobre expropiaciones, desalojos y la ley de fuego que Máximo Kirchner presentó y logró aprobar años atrás. Hoy La Libertad Avanza se muestra dispuesta a eliminar la prohibición por décadas de vender tierras afectadas por incendios.
Además, durante esta próxima sesión, en el recinto se espera un foco de conflicto desde el primer minuto, tras los pedidos de la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y el radical Flavio Fama (Catamarca) para participar de forma virtual.
Sagasti, con un embarazo avanzado y recomendación médica de reposo, obtuvo ayer el aval de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con la condición de que el pleno —soberano en esas resoluciones y con la palabra final— le dé su visto bueno.
Esta mañana Villarruel también habilitó a Fama a participar de forma virtual, por una operación en su rodilla hace pocos días (tendrá que lograr el pleno también en este caso). La decisión provocó bronca en varios bloques.
Desde el oficialismo, al no lograr las voluntades necesarias en las horas previas a la sesión, creyeron que lo mejor fue dar de baja las modificaciones a la Ley de Tierras que estaban en el paquete.
“Tuvimos muy mala suerte. A nivel político, esa parte del proyecto comenzó a ser más inviable con el pasar de las semanas”, admitió una figura de la estrategia comunicacional libertaria a Infobae. Para algunos referentes oficialistas, “el aleteo de la mariposa” que terminó por dar forma a ese contexto sin salida fue la “oleada nacionalista” que se desató a partir del Mundial.
Durante este miércoles, en medio de las declaraciones, empezaba a quedar claro en el panorama que las gestiones de los operadores del oficialismo en el Congreso no lograban reunir las adhesiones necesarias para aprobar ese segmento de la ley. La lectura era que ningún gobernador aliado estaba en condiciones de sumar su respaldo ni dispuesto a pagar el costo político de habilitar la media sanción.
Tras las 15, el Gobierno tuvo que dar por caído ese capítulo, creado por el equipo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien venía insistiendo en la aprobación de ese proyecto desde comienzos de año.
La marcha atrás que decidió el bloque de La Libertad Avanza en el Senado se suma a otras que el espacio debió asumir en el marco de este paquete. La más reciente había quedado confirmada el día anterior, cuando la jefa de bancada, Patricia Bullrich, anunció en una rueda de prensa que se impulsaría la posibilidad de que ciudadanos extranjeros adquieran hasta el 25% de los terrenos por provincia. La cifra implicaba un incremento de 10 puntos frente a la regulación vigente. Aún así, la iniciativa de Sturzenegger no prosperó.
celeste salguero/ comunicación
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