Este miércoles el Consorcio Británico Rockhooper, uno de los dos inversores del proyecto Sea Lion en el mar argentino a 220 km de las Islas Malvinas, junto a la empresa israelí Navitas Petroleum, señaló que las sanciones que la Argentina impuso a las compañías que exploten petróleo en las islas Malvinas son “ilegítimas” y que seguirán avanzando con el proyecto Sea Lion. En su informe semestral, la empresa indicó que “no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material sobre las actividades de desarrollo”.

La misma Rockhooper anunció hace una semana su intención de recaudar 200 millones de dólares para capitalizar el proyecto, de los cuales, dijo, ya había reunido más de 20 millones en 48 horas. También, el gobierno isleño anunció la semana pasada que prorrogó los contratos petroleros por cinco años con una ampliación de dos. Además, se confirmó la recuperación de una ruta naviera a partir de noviembre que une Punta Arenas (Chile) con Puerto argentino, que abastecerá de logística necesaria en un momento clave de expansión económica para el archipiélago. Todas fueron señales a los mercados para demostrar que la explotación petrolera offshore en los mares australes continuará.

Sin embargo, un reciente informe elaborado por la Consultora Neodelfos indicó que las dos compañías vinculadas al desarrollo petrolero autorizado por el gobierno de las Islas Malvinas en Sea Lion, tuvieron un “septiembre negro” con fuertes retrocesos bursátiles: Rockhopper Exploration perdió cerca del 18% y Navitas Petroleum alrededor del 11,5% durante el mes. Una baja que comenzó el 3 de septiembre pasado, coincidentemente con el discurso que dio el presidente Javier Milei por cadena nacional.

El 2 de septiembre cada acción de Rockhooper, dueña del 35% del paquete accionario del negocio, cotizó 80 peniques (p), pero bajó a 63 p el 8 de septiembre, tuvo un alza el 15 del mismo mes donde llegó a 75p, pero termina el mes con un valor de 64p, lo que significa una caída de su cotización bursátil en la Bolsa de Londres del 17,9%.

En el caso Navitas Petroleum, (accionista mayoritaria con el 65%) es similar, arrancó el mes cotizando 13.350 ILS, pero bajando a 11.820 ILS al final del mismo mes, en la Bolsa de Tel Aviv. No tuvo vaivenes, su caída fue inferior a la de Rockhooper pero no dejó de ser significativa, acumulando una pérdida aproximada del 11,5%. Según informó la Consultora Neodelfos.

Todo esto se dio en un contexto muy favorable en septiembre para el negocio petrolero, ya que las empresas del rubro tuvieron un desempeño auspicioso, posicionándose como el sector más fuerte y resistente ante la volatilidad de los mercados globales. El principal motor de este rendimiento fue el alza del precio internacional del crudo, con el barril de Brent superando la barrera de los US$100 (llegando a cotizar a más de US$105-US$113 a lo largo del mes) debido al recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente.

En Latinoamérica también fue un mes beneficioso para las petroleras, Petrobras (Brasil) fue una de las grandes ganadoras del mes. Sus acciones preferentes en São Paulo (PETR4) registraron un avance, pasando de 46.87 BRL a 49.96 BRL durante septiembre, lo que representa una suba aproximada del 6.59% en el mes. YPF tuvo una leve caída en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del 1,70% el mismo mes.

Hasta ahora, la Argentina anunció sanciones y encabeza una escalada diplomática muy fuerte con el fin de frenar la explotación de recursos naturales en el Mar Argentino y en las Islas Malvinas. Una jueza Federal de Tierra del Fuego también ordenó suspender la explotación de petróleo en Sea Lion, pero son todas medidas que, por ahora, son difíciles de ejecutar, debido a la capacidad de alcance territorial que tiene el país sobre las Islas Malvinas. Las empresas que operan allí dicen hacerlo con permiso isleño al que le reconocen la jurisdicción, algo que, por ser territorio en litigio, para la Argentina no lo es.

La situación es compleja, pero la inestabilidad política que genera el debate puesto en la agenda genera una nueva dimensión dada en la posible falta de confianza de los inversores que no quieren correr el riesgo de participar del proyecto que puede pasar a depender de un conflicto diplomático entre Argentina y el Reino Unido. Al menos por ahora hasta que el panorama se aclare o bien, algo poco probable en lo inmediato, termine de definirse.

En diciembre pasado, luego de una reunión con sus pares del Mercosur y en la previa del encuentro de presidentes en Foz de Iguazú, el canciller Pablo Quirno contó ante las estrategias oficiales para “abrir mercados”, entre ellos, el Reino Unido. Solo diez meses después, en medio de la tensión bilateral y con la soberanía de las islas Malvinas en el centro del debate, el gobierno británico –que reconoció meses atrás negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur o incluso un acuerdo bilateral- planteó ayer sus dudas sobre que la Argentina fuera un “socio confiable”.

De las relaciones comerciales cordiales a la confrontación, el vínculo pasa por estos días por uno de sus peores momentos desde que comenzó el gobierno libertario, con el resurgimiento del espíritu malvinero en el mundial de fútbol y las oscilaciones del gobierno de Donald Trump en torno a Malvinas como inevitables referencias y telón de fondo.

La decisión del Gobierno de llevar al arbitraje del tribunal internacional de la Convención sobre el Derecho del Mar su denuncia contra el conglomerado británico-israelí Sea Lion, que ya trabaja en la explotación de petróleo en las islas, enojó al gobierno británico, que ayer respondió en duros términos. El proyecto Sea Lion comenzó en 2010 y el financiamiento principal (un 65%) proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y de la británica Rockhopper Exploration.

A través de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, el gobierno británico afirmó que la iniciativa argentina intenta “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”, en referencia a los eventuales derechos de los habitantes de las islas.

“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, dijo Kumaran, y reconoció que respondió a la protesta argentina convocando a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Aguijoneó a la gestión libertaria al sostener que, con esas actitudes, pone en duda el estatus de “socio confiable” que Gran Bretaña le adjudicaba hasta hace pocos meses.

“La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias”, le contestó Quirno hoy a través de un comunicado. Un texto en el que reiteró la “permanente disposición” del gobierno a “reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión de las islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas” y criticó la “manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las islas”.

Hasta mitad de año, y de la mano del restablecimiento de la sintonía política —complicada durante el gobierno kirchnerista—, el vínculo bilateral comercial había crecido de modo sostenido. Como ejemplo, entre noviembre de 2024 y noviembre pasado, las exportaciones de la Argentina a Gran Bretaña se incrementaron un 1,73%, mientras que las importaciones subieron un 7,37%, según el sitio especializado Oec.world. Se hablaba por entonces de un inminente viaje de Milei a Londres, mientras avanzaban las negociaciones para levantar el veto británico sobre las compras de armamento que hiciera la Argentina, y que contuvieran algún componente de origen inglés. Las negociaciones dieron como resultado la no objeción británica a la compra de 24 aviones caza F16 a Dinamarca para la Fuerza Aérea, con el aval adicional de Estados Unidos.

En julio, el clima cambió con la bandera “las Malvinas son argentinas”, enarbolada por jugadores del seleccionado nacional luego de vencer a Inglaterra en el mundial. En pleno fervor popular por la reivindicación de los derechos argentinos, y 44 años después de la guerra entre ambos países, el Gobierno pasó a hablar de Malvinas como “causa nacional” y endureció su postura en relación al proyecto Sea Lion, del cual se desconoce si fue motivo de conversación en el último encuentro mano a mano que Milei tuvo con su par israelí Benjamin Netanyahu. El propio Presidente, en cadena nacional, anunció a principios de septiembre el envío de un proyecto de ley “de defensa de la Soberanía Nacional” para sancionar a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas, la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

La discusión sorprendió a Trump, quien, en medio del conflicto con Gran Bretaña por su postura en relación a la guerra de Estados Unidos con Irán, dejó abierta la posibilidad de “revisar” el histórico apoyo norteamericano al Reino Unido en el diferendo por Malvinas. Trump pareció volver sobre sus pasos la semana pasada, cuando en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió con el flamante primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, sin menciones a un eventual cambio de posición.

Ayer, el embajador Javier Figueroa, Coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur de Cancillería, criticó en un seminario conjunto del gobierno porteño y la Cancilleria la explotación hideocarburifera de Reino Unido y la pesca ilegal y dijo que Argentina prepara “una política regional con países vecinos”, como Chile, Brasil y Uruguay, para frenar esa explotación de recursos.

El conflicto por Malvinas también complica el vínculo bilateral con Chile. En respuesta a declaraciones del gobierno argentino sobre la soberanía “compartida” del estrecho de Magallanes, el ministro de Defensa del vecino país, Fernando Barros Tocornal, reivindicó esta semana la soberanía británica “de hecho” sobre Malvinas, y defendió el comercio entre Chile, más específicamente desde Punta Arenas, y las islas. El gobierno argentino, por el momento, prefirió no escalar en el conflicto con el gobierno de Chile, presidido por el derechista José Antonio Kast.