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El fiscal federal Gerardo Pollicita tomó este miércoles declaración a José Luis Rodríguez, el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabiente. Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.

Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$ 13.000 para instalarse junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$ 120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.

El testigo sostuvo que el acuerdo de alquiler se prorrogó de manera verbal por otros tres meses. Por ese período adicional, Adorni habría desembolsado otros US$ 2400. Todos los pagos, según indicó, se realizaron en efectivo y en dólares.

Rodríguez también declaró que no fue la primera vez que le alquiló una propiedad al actual jefe de Gabinete. De acuerdo a su relato, ambos habían firmado previamente un contrato temporal en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia.

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Además, señaló que Adorni pasó el verano de 2024 en el country Indio Cuá, cuando ya había sido designado como vocero presidencial. Esa estadía, siempre según el testimonio incorporado a la causa, tuvo un costo de US$ 5600.

La declaración de Rodríguez se suma a la de Matías Tabar, el contratista que encabezó las remodelaciones de la casa adquirida por Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, dentro del mismo barrio privado. El empresario aseguró ante Pollicita que las obras demandaron alrededor de US$ 245.000 y que fueron abonadas en efectivo y sin factura.

Según explicó Tabar en Comodoro Py, los trabajos se desarrollaron entre septiembre de 2024 y julio de 2025 e incluyeron reformas en distintos sectores de la propiedad: cocina, baño, quincho, pileta, pisos y galería, entre otros espacios. También detalló que recibió los pagos en dos tramos: US$ 55.000 durante 2024 y otros US$ 190.000 en 2025.

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El contratista aportó además su teléfono celular y datos de las personas que participaron de la obra, entre ellas albañiles, plomeros y electricistas. En su declaración, también había mencionado que, mientras avanzaban las refacciones, Adorni alquiló otra vivienda dentro del country por US$ 13.000, dato que ahora quedó reforzado con el testimonio del propietario del inmueble.

La investigación judicial intenta reconstruir la evolución patrimonial del funcionario y determinar el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y el pago de las remodelaciones. La causa está a cargo del juez federal Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita.

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En ese expediente ya se solicitaron informes patrimoniales, registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros. También se incorporaron datos sobre la escritura de la vivienda del country Indio Cuá, firmada el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Mónica Nechevenko. Sin embargo, según consta en documentación oficial presentada en la causa, la propiedad todavía figura en registros municipales a nombre del antiguo dueño, Juan Ernesto Cosentino.

En sus últimas apariciones públicas, Adorni rechazó haber cometido irregularidades y aseguró que puede justificar el dinero destinado tanto a la compra de inmuebles como a las reformas realizadas en sus propiedades.

Manuel Adorni

El ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, firmó una resolución que restablece las funciones de contrainteligencia militar dentro de las Fuerzas Armadas y deroga una normativa vigente desde 2006, dictada durante la gestión de Nilda Garré. La medida fue publicada este mediodía y representa una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno en materia de inteligencia de la defensa.

La nueva disposición reorganiza el Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF) y vuelve a integrar funciones de inteligencia y contrainteligencia militar que habían quedado separadas hace casi dos décadas por una decisión doctrinaria adoptada durante el kirchnerismo.

Según pudo confirmar Infobae, uno de los cambios centrales de la reforma es que el área de contrainteligencia militar pasará a depender del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en línea con el objetivo oficial de fortalecer la conducción conjunta del sistema de inteligencia de defensa y unificar criterios operativos entre las distintas fuerzas.

La resolución establece además que el Sistema de Inteligencia de Defensa estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (DGIEMCO) y las direcciones de inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El texto firmado por Presti también dispone que las direcciones generales de inteligencia de las Fuerzas Armadas deberán considerarse “componentes independientes entre sí y bajo control funcional” de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

En el Gobierno sostienen que la resolución vigente desde 2006 había generado una situación excepcional respecto de los sistemas de defensa modernos, al impedir que las Fuerzas Armadas contaran con herramientas básicas de prevención y resguardo frente a amenazas externas dirigidas contra personal militar, infraestructura sensible, sistemas de información y capacidades estratégicas.

La propia resolución sostiene que la normativa impulsada durante la gestión Garré “debilitó el Sistema de Inteligencia en el ámbito de la Defensa Nacional, tornándolo vulnerable a las actividades de Inteligencia de actores externos”.

La reforma busca adecuar el sistema argentino de inteligencia militar al escenario internacional actual y a los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei en el marco de la reorganización más amplia del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE.

Entre los fundamentos de la resolución, el Ministerio de Defensa sostiene que “la evolución de la situación regional y mundial en la última década pone en evidencia el surgimiento de diferentes amenazas, la concreción de complejos tipos de agresiones, nuevas formas de accionar en conflictos bélicos e incluso la configuración de escenarios de crisis o tensión donde se manifiestan tácticas híbridas”.

El texto agrega que entre esas amenazas “destacan los ciberataques y las actividades en el marco cognitivo”.

En el Ministerio de Defensa sostienen que la normativa derogada respondía a un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico que fragmentó funciones consideradas complementarias en cualquier estructura moderna de defensa. La visión oficial es que ningún país con capacidades estratégicas relevantes separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia militar.

La contrainteligencia militar comprende tareas orientadas a prevenir, detectar y neutralizar acciones de espionaje, infiltración, sabotaje, obtención ilegal de información sensible y operaciones destinadas a afectar capacidades militares o estratégicas de un país.

En esa línea, la resolución cita el Decreto 941/25 y señala que la contrainteligencia militar deberá prevenir infiltraciones, espionaje, sabotaje e injerencia de factores externos sobre el proceso decisorio de las autoridades constitucionales y los intereses estratégicos nacionales.

Dentro del Gobierno afirman que la separación impuesta en 2006 limitó durante años mecanismos básicos de autoprotección institucional frente a amenazas externas y nuevas formas de conflictividad internacional.

En ese marco, la Casa Rosada menciona como amenazas concretas el crecimiento de organizaciones terroristas y paraestatales con capacidad operativa internacional, como Hezbollah y Hamas, y el avance de operaciones de injerencia promovidas por potencias extranjeras.

Según pudo saber Infobae, funcionarios nacionales toman como referencia el ataque perpetrado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, donde comandos armados ingresaron en territorio israelí, atacaron bases militares y asesinaron a más de 1.000 personas. En el oficialismo consideran que ese episodio mostró el tipo de amenazas híbridas y acciones coordinadas que hoy obligan a revisar doctrinas de inteligencia y defensa.

En paralelo, el Gobierno observa con preocupación las disputas geopolíticas y las operaciones de injerencia desarrolladas por actores estatales como Rusia y China, especialmente en áreas vinculadas a infraestructura estratégica, ciberseguridad, inteligencia tecnológica y control de información sensible.

La resolución también incorpora el concepto de “operaciones en el campo cognitivo” y sostiene que esas acciones “son asiduamente ejecutadas por organismos estatales y paraestatales estratégicos extranjeros” y por organizaciones criminales.

Según el texto oficial, esas operaciones buscan afectar “la confianza en las instituciones y la cohesión social” e “incidir negativamente sobre el Sistema de Defensa de la Nación Argentina”.

Según pudo confirmar Infobae, uno de los argumentos centrales de la resolución es que las Fuerzas Armadas argentinas necesitan recuperar capacidades de prevención y resguardo frente a amenazas complejas que combinan espionaje, presión geopolítica, ciberguerra, terrorismo y operaciones de injerencia.

El texto firmado por Presti también cuestiona que la resolución de 2006 hubiera prohibido las actividades de operaciones psicológicas dirigidas a enemigos o el monitoreo de las que pudieran realizarse contra las propias fuerzas. Según el nuevo esquema, esa restricción dejó “inermes” a las Fuerzas Armadas frente a acciones orientadas a procurar “el quiebre de su moral”.

La resolución también fortalece la conducción conjunta del sistema de inteligencia militar y redefine el funcionamiento interno del SIDEF, en línea con la estrategia oficial de modernización de las capacidades de defensa y seguridad.

En ese marco, la resolución establece que la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto tendrá una doble responsabilidad de asesoramiento y asistencia tanto al ministro de Defensa como al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Además, dispone que el Comando de Operaciones Conjuntas desarrollará la inteligencia operacional en tiempo de paz y fuera de los teatros de operaciones en tiempos de guerra.

En el Ministerio de Defensa remarcan que la medida mantiene expresamente todas las prohibiciones legales vinculadas al espionaje interno. Según explican, la resolución no habilita tareas sobre actividades políticas, sindicales, sociales ni sobre organizaciones civiles ajenas al ámbito específico de la defensa nacional.

El artículo 8 de la resolución prohíbe expresamente obtener información o producir inteligencia sobre personas por razones vinculadas a raza, religión, opinión política o pertenencia a organizaciones partidarias, sindicales o sociales. También impide influir sobre la situación institucional, política, económica o social del país.

Ese punto aparece como uno de los ejes centrales del mensaje oficial para evitar cuestionamientos vinculados a posibles desvíos sobre inteligencia interior, un tema especialmente sensible en la Argentina desde el retorno democrático y las posteriores reformas legislativas impulsadas tras los abusos cometidos durante la última dictadura militar.

La resolución se apoya en la idea de que el escenario internacional actual exige revisar doctrinas diseñadas para otro contexto geopolítico y adaptar las capacidades estatales frente a amenazas híbridas, ciberataques, operaciones de injerencia, terrorismo y organizaciones criminales transnacionales.

La reforma se inscribe además en el proceso más amplio de reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa el Gobierno nacional desde el año pasado. En los últimos meses, la administración Milei avanzó con distintos cambios normativos y operativos orientados a fortalecer la articulación entre organismos de inteligencia, seguridad y defensa.

Entre otras iniciativas recientes, la SIDE inauguró el Centro Nacional Antiterrorista (CNA) con participación del FBI y autoridades estadounidenses, en una señal de profundización de la cooperación internacional en materia de inteligencia y contraterrorismo.

En el oficialismo consideran que la resolución firmada por Presti corrige una anomalía estructural que había dejado a las Fuerzas Armadas argentinas en una situación atípica respecto de otros sistemas de defensa occidentales.

La resolución fija además un plazo de 90 días para adecuar la doctrina de inteligencia y contrainteligencia militar y de 120 días para organizar, equipar, adiestrar y alistar los nuevos elementos de contrainteligencia militar y contrainteligencia militar en el dominio informacional.

El texto también señala como objetivo “dejar de ser vulnerable ante las acciones de actores estratégicos estatales o paraestatales y de organizaciones criminales de origen externo”.

Fuentes oficiales señalaron a Infobae que la medida busca fortalecer la capacidad del Estado para proteger personal, infraestructura e información sensible frente a amenazas externas, operaciones de injerencia y organizaciones criminales.