Si la Justicia logra acceder al teléfono de Facundo Leal, entra a su WhatsApp y busca entre sus stickers más utilizados, es muy probable que encuentre entre ellos uno de Jaime Stiuso. De sus favoritos. Claro está que la prioridad de los investigadores no será esa nimiedad, sino hallar en sus dispositivos pruebas para determinar si los aparatos de espionaje secuestrados en el domicilio del expresidente de Arsat al momento de detenerlo fueron utilizados con fines ilegales. Es decir, para grabar, filmar o seguir a personas de forma clandestina. Buscarán esto en paralelo con la investigación por las drogas que tenía en su casa y con la causa original, por coimas, que motivó los allanamientos.

Es posible, también, que no encuentren información que se remonte más allá de unos meses. Según varios testimonios a los que accedió , Leal se jactaba de ser meticuloso en su hábito de cambiar el teléfono cada trimestre. Todo será objeto de análisis pericial cuando -si lo logran- los peritos consigan quebrar las barreras de seguridad de sus dispositivos. Aún no han podido. Leal se negó a entregar las claves.

El exfuncionario contaba con una importante cantidad de tecnología de espionaje. Presuntamente, utilizaba los aparatos para producir material comprometedor de terceros, con fines todavía no conocidos, según sospechan los investigadores. Algunos de los aparatos encontrados en su domicilio, como el teléfono satelital, son de primera calidad, de acuerdo a conocedores consultados. Otros están relativamente disponibles en el mercado. Su complejidad será analizada por la Justicia.

Hay historias distintas sobre cómo obtuvo los equipos. Por estas horas, circula en ámbitos de la política una versión que no descarta una relación directa entre dos valijas que se le secuestraron a Leal -una con US$1,7 millones, encontrada en su casa de Mendoza, y otra con dispositivos de inteligencia-, con los bultos que entraron a Aeroparque sin control de las autoridades en febrero del año pasado. Quienes viajaron en el avión que aterrizó en el aeropuerto Jorge Newbery, de propiedad del empresario Leonardo Scatturice, tuvieron el beneficio de un trámite exprés por fuera de la norma. Sus valijas, de acuerdo con el dictamen de los fiscales intervinientes en la causa que investigó ese viaje, no fueron revisadas.

Las cámaras de seguridad revelaron todo el camino que hicieron las maletas desde que salieron del jet hasta que dejaron el aeropuerto, incluido un momento clave: cuando Laura Belén Arrieta, empleada y persona cercana a Scatturice, hizo el llamado que habría facilitado el ingreso sin control. El interlocutor de esa comunicación no fue descubierto por el juez Pablo Yadarola, que lleva la causa.

Si bien nadie supo a ciencia cierta qué trajeron las valijas de aquel vuelo, habría habido un informe de una dependencia del Ministerio de Seguridad que advirtió sobre la existencia de artefactos de espionaje en el equipaje. Esta versión existe desde antes del allanamiento a Leal y le habría valido, al oficial responsable de haber producido la información, su puesto de trabajo.

Cuatro meses después del vuelo de Arrieta, Leal fue designado por Javier Milei como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna).

Otro dato resulta de interés frente a las sospechas que ha despertado el caso. Los US$1,7 millones que fueron hallados en la casa de Mendoza de Leal se encontraban todos juntos, en una valija. Estaban divididos en ladrillos de US$10.000 con fajas y, a su vez, conglomerados en termosellados de US$100.000 por bloque. accedió a las imágenes del hallazgo y contrastó un detalle con fuentes especializadas. Estas corroboraron que las fajas que envuelven a los billetes son las que utiliza la Reserva Federal estadounidense. Es muy improbable que un banco (luego de recibirlo así del Banco Central) haya entregado dinero de esta forma a un cliente. Mucho menos a una persona políticamente expuesta como Leal, que no tenía blanqueado este monto en su declaración jurada patrimonial. Ahí cabría preguntarse si una hipotética operación de extracción de efectivo de este tipo no produjo un reporte de operación sospechosa de un banco. Las obvias dificultades de la maniobra hacen pensar que es posible que el dinero no haya provenido del circuito formal.

Leal y Scatturice se conocen desde hace por lo menos cinco años, mucho antes de la gestión libertaria y del empujón de éxito empresarial del actual dueño de Flybondi, OCA y Flechabus.

Se reunieron durante el tiempo de Leal al frente de Arsat y compartieron encuentros relacionados con otro lugar de interés para Scatturice durante el gobierno de Alberto Fernández. En ese entonces, Scatturice tenía un vínculo en las segundas líneas del Ministerio Público Fiscal que le habrían permitido colocar a gente de su confianza. Habría acudido a Leal para que él seleccione perfiles para entrar a esas dependencias. La complicidad entre ellos era importante, a tal punto que Scatturice habría oficiado de asesor de negocios en Estados Unidos para Leal. Sugerencias de inversión.

Otra versión que recogió de fuentes políticas apunta a que Leal habría adquirido los artefactos vía una empresa de seguridad privada israelí. La compañía se especializa en vigilancia física y monitoreo, según su página web, y colaboró en eventos deportivos. Habría sido la proveedora del primer inhibidor de señal que tuvo Leal. También, la que cada cierta cantidad de meses revisaba que no hubiera cámaras o micrófonos en las instalaciones.

Todo el material de espionaje encontrado en la casa de Leal se peritará. Estas tareas corresponden a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal del MPF. Tratarán de averiguar si los aparatos se usaron, su origen y si tienen contenido guardado. Según información de , el almacenamiento principal de material de Leal sería una sofisticada aplicación instalada en su teléfono, cuyo sistema autodestruye todo el contenido si hay un intento de apertura sin el acceso con biometría correcta. El análisis debería suceder en las próximas semanas.

La discusión sobre la regulación del lobby comenzó este miércoles en la Cámara de Diputados con un amplio consenso respecto de la necesidad de transparentar la influencia sobre las decisiones públicas, aunque también con diferencias sobre el alcance que debería tener la futura ley.

Mientras el Gobierno defendió su proyecto como una herramienta para dar “mayor transparencia, trazabilidad y visibilidad” a una práctica que ya existe, legisladores de distintos bloques reclamaron incluir al Poder Judicial y advirtieron sobre definiciones que podrían abarcar actividades de organizaciones civiles, académicas o periodísticas.

El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio. Allí expuso Diego Marías, director nacional de Reforma Política, quien presentó la iniciativa enviada por Javier Milei y respondió preguntas sobre los siete proyectos alternativos que también se encuentran en discusión.

“Intenta regularizar algo que en la Argentina se hizo, se hace y se seguirá haciendo, que es el lobby”, sostuvo Marías. Según explicó, hoy esas gestiones suelen producirse “en un café o en un despacho”, bajo criterios informales, mientras que la propuesta busca crear un marco “formal, legal, previsible y público”.

El funcionario defendió además la creación de registros para funcionarios y gestores de intereses. “Hoy los funcionarios tenemos la obligación de publicar nuestras audiencias. Esto viene a ordenar ese sistema y también alcanza a empresarios o representantes de intereses nacionales y extranjeros”, argumentó.

Uno de los principales reclamos surgió en torno a la decisión del Poder Ejecutivo de limitar el régimen a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Marías evitó pronunciarse sobre una eventual incorporación del Poder Judicial, pero varios legisladores insistieron en ese punto.

“En la Argentina hay algo que se repite, que es la gestión de negocios especialmente con el Estado”, sostuvo Miguel Pichetto. El jefe de Encuentro Federal defendió la necesidad de identificar quién representa cada interés y cuestionó que el proyecto oficial utilice una definición “muy ambigua” sin hablar expresamente de lobby. También marcó diferencias con su propia iniciativa, que establece una autoridad de aplicación específica y fija restricciones para exfuncionarios y sus familiares que pretendan desempeñarse como lobbistas.

Karina Banfi coincidió en que una futura ley debería complementarse con reformas en materia de acceso a la información pública, ética pública y conflictos de interés. Además, consideró que el régimen debería abarcar a los tres poderes del Estado.

La diputada radical también advirtió sobre uno de los puntos que más preocupan a organizaciones especializadas en transparencia: la posibilidad de que la norma equipare la defensa de intereses particulares con actividades de interés público. “Tenemos que dilucidar claramente la diferencia entre gestión de intereses y gestor de intereses porque, si no, vamos a crear un problema”, planteó. Y agregó: “Las ONG no tienen intereses particulares, sino intereses comunes”.

“Cuánto nos hubiésemos ahorrado en la estafa $LIBRA si hubiésemos tenido una ley de lobby”, ironizó Maximiliano Ferraro al tomar la palabra. El diputado de la Coalición Cívica reclamó avanzar primero con esa discusión antes que con iniciativas como el Súper RIGI o la reforma de la ley de sociedades y pidió evitar que la futura regulación termine afectando derechos constitucionales. “¿Cómo garantizamos la libertad de asociación, la libertad de prensa y el derecho a peticionar?”, preguntó. “Lo que estamos observando en el proyecto del Ejecutivo es que falta precisión”.

El exdiputado por Encuentro Federal Oscar Agost Carreño también pidió delimitar con claridad qué tipo de comunicaciones quedarán alcanzadas por la ley y sostuvo que la regulación debería extenderse a los tres poderes del Estado.

Sebastián Galmarini, referente del Frente Renovador dentro del peronismo, propuso un esquema más amplio de integridad pública que incluya declaraciones juradas, control de conflictos de interés y la creación de un organismo autónomo con competencia sobre todos los poderes.

También de Unión por la Patria, Agustina Propato reclamó conocer con mayor precisión los objetivos de la iniciativa. “Espero por favor que empecemos con la Comisión Bicameral de la Hidrovía que me parece un tema sustancial para el futuro de la Argentina”.

Los detalles del proyecto

El Gobierno aspira a dictaminar la iniciativa en las próximas semanas y discutirla junto con otros siete proyectos que abordan la misma temática. En el oficialismo confían en que existe margen para construir un texto consensuado.

La denominada “Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses” busca transparentar quién intenta influir sobre decisiones públicas, en representación de quién y sobre qué asuntos. Para ello crea un Registro Público de Gestores de Intereses, donde deberán inscribirse las personas físicas o jurídicas que realicen estas actividades, y un Registro Público de Gestión de Intereses, en el que los funcionarios deberán informar reuniones, contactos y asuntos abordados.

La iniciativa también obliga a identificar clientes o beneficiarios finales, detallar los temas sobre los que se busca incidir y declarar cuando la gestión se realiza en representación de intereses extranjeros.

Uno de los puntos más controvertidos es la definición de “gestión de intereses”. Aunque el proyecto excluye actividades académicas, científicas, periodísticas y de difusión general, aclara que esa excepción deja de regir cuando dichas actividades tengan por objeto influir sobre una decisión pública determinada. Esa redacción despertó reparos tanto en organizaciones de la sociedad civil como entre asociaciones vinculadas al ámbito judicial.

El texto prevé además sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las obligaciones de registro o actúen ocultando información relevante, con multas que pueden escalar hasta 2000 salarios mínimos en los casos más graves.