El ruido más fuerte se apagó hace ya casi dos meses. Luego de apoyar, en la convención del Partido Liberal de San Pablo, la candidatura presidencial de su aliado Flávio Bolsonaro y atacar con insultos a su rival, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Javier Milei se llamó a silencio, y espació su respaldo al rival del mandatario brasileño en las elecciones del próximo domingo.

Más allá de su decisión de no inmiscuirse de modo directo durante buena parte de la campaña -desde el Gobierno evitaron explicar las razones- Milei y todo el gobierno estarán atentos a los comicios del domingo, que podrían comenzar a definir si el país más grande del continente y socio principal del Mercosur se suma o no a la “ola azul” de gobiernos de derecha, o si permanece como un bastión de la izquierda, lejos del eje que lidera el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Hubo una decisión del Gobierno de no complicar más las cosas, aunque con Milei nunca se sabe”, coinciden desde el Palacio San Martín e Itamaraty, la diplomacia brasileña. Con el vínculo reducido por decisión de Brasilia al nivel de encargados de negocios, y los embajadores de ambos países esperando instrucciones para regresar a sus puestos, los contactos institucionales continúan, pero está claro que la relación entre Milei y Lula ya no tiene retorno. “A nadie le conviene que esto escale. Ni a los empresarios, ni a los gobiernos”, contó otra fuente que conoce de primera mano el vínculo bilateral.

De todos modos, Milei volvió a atacar a Lula, sin la repercusión de episodios anteriores. En una entrevista con el diario francés Le Point, publicada esta semana, Milei volvió a acusar de “ladrón” a Lula da Silva, y expresó “grandes esperanzas de que mi amigo Flávio Bolsonaro gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable”. “¡Lula es un ladrón! Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice”, afirmó Milei durante la entrevista en relación al presidente brasileño, a quien no ve desde la cumbre de presidentes del Mercosur, en diciembre pasado, en Foz de Iguazú.

Metido de lleno en la campaña por su reelección, en la que eligió a Trump como principal rival, Lula no le contestó directamente a Milei, y sólo aludió al “complejo de inferioridad de los presidentes de América Latina” que se sumaron al Escudo de las Américas impulsado por el presidente norteamericano. “Milei no tuvo influencia en esta campaña, Lula prefirió pelearse con Trump”, afirmó a este diario el periodista de Folha de San Pablo, Ricardo Della Coletta.

“A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, contesta una voz autorizada de la gestión libertaria. El (¿ex?) embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, a quien Brasil echó a principios de agosto, participó durante el fin de semana de la Feria Internacional de Turismo (FIT), que se desarrolló en la Rural, con la esperanza de regresar a Brasilia, cualquiera sea el resultado de la primera vuelta electoral. Lo mismo ocurre con Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, que aguarda nuevas instrucciones a partir de que el panorama electoral comience a aclararse.

Las asperezas, con todo, siguen ganando la batalla. El 8 del mes pasado, y según pudo saber este diario, los hermanos Milei dieron la orden a sus funcionarios de no concurrir a los festejos por la independencia de Brasil, organizados en el Teatro Colón. Ningún alto funcionario argentino concurrió a la cita, salvo el sherpa argentino en el G20, Federico Pinedo; el diputado nacional karinista Sebastián Pareja y la ex canciller Diana Mondino, que parecían no haber sido avisados sobre el veto presidencial. “Tenemos una amistad de más de 200 años, más fuerte que cualquier mezquindad o temporaria miopía”, dijo entonces con tono tranquilo pero crítico Eduardo Uziel, el encargado de Negocios de Brasil en Argentina, en aquel festejo.

Unos días antes, la presencia de representantes brasileños del Mercosur en la reunión del Grupo Mercado Común en el Palacio San Martín (trataron el acuerdo comercial y de inversiones con Vietnam) representaba una señal de “normalidad” en el vínculo, al menos en lo que hace a la agenda del bloque regional. La posterior reunión de cancilleres del Mercosur, en Montevideo, fue otro paso adelante en el camino de la lenta reconstrucción del vínculo, aunque la desconfianza mutua entre Milei y Lula da Silva siga vigente, y lo estará al menos hasta que las urnas decidan (en la primera vuelta o en el ballotage, el 25 de octubre) si el actual presidente o su desafiante derechista será el interlocutor del país en los próximos años.

La falta de interlocutores del Gobierno con la gestión de Lula da Silva convierte a la elección en una apuesta a todo o nada por Bolsonaro. Una situación que Milei repetirá en otras elecciones clave, como la de Israel- su aliado Benjamín Netanyahu se jugará su continuidad el 27 de este mes, y no hay lazos con sus opositores-o la legislativa de Estados Unidos, donde Milei apuesta sin dobles lecturas al triunfo de los candidatos de Trump, y no tiene prácticamente contactos con el partido Demócrata.

“Para la Argentina, el resultado no es neutro en el plano político: un nuevo mandato de Lula prolongaría la distancia con la Casa Rosada que caracterizó los últimos años, mientras que un triunfo de Bolsonaro abriría una etapa de mayor afinidad con el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el comercio bilateral se mantiene firme pese al enfriamiento diplomático, porque responde a una lógica productiva, con el intercambio automotriz como columna vertebral, que los vaivenes de la política no alcanzan a alterar”, sostuvo Gustavo Pérego, director de la consultora Abeceb que encabeza el exministro de Trabajo macrista Dante Sica.

Ni la primera reforma laboral de la gestión de Javier Milei, incluida en 16 apartados de la ley Bases de julio de 2024, ni los 218 artículos de la denominada ley de modernización laboral, de marzo de 2026, resultaron ser por ahora suficiente atractivo para los creadores de empleo. Las estadísticas oficiales así lo reflejan.

Desde la entrada en vigencia de la ley Bases, se destruyeron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra los fondos de los aportes jubilatorios de los trabajadores. En el mismo período, la tasa de asalariados pasó del 36,4% al 37,9% (alrededor de 100.000 asalariados no registrados más), un dato que fue celebrado por el Presidente a pesar de que se trata de trabajadores sin derechos ni aportes a la seguridad social, y con salarios muchas veces más bajos que los establecidos por convenio.

Detrás de la euforia de Milei, que habló de medio millón de nuevos trabajadores, surge un dato alarmante: se disparó la tasa de informalidad, que incluye al total de ocupados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 pasó del 41,4% al 45%. Solo en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide el Indec, representa unos 574.000 ocupados informales más en tan solo dos años. La mayoría de ellos son cuentapropistas.

Por su parte, desde la entrada en vigencia de la denominada ley de modernización laboral, se destruyeron 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del SIPA. Los asalariados no registrados se mantuvieron relativamente sin variaciones, pero la informalidad sobre el total de ocupados pasó del 44,2% al 45%. A estas cifras, habría que añadirles otros números oficiales: desde el inicio de la gestión libertaria bajaron sus persianas 31.342 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas (pymes), y hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos de los registrados en todo 2025. Los PPC facilitan las suspensiones y abren la posibilidad de rebajar salarios e indemnizar a menor costo. En la Justicia avanzan a paso lento dos causas en las que se investigan firmas adulteradas en los procesos de PPC. Se trata de casos denunciados por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada y de los que se sospecha de una maniobra que incluiría a funcionarios, empresarios y gremialistas.

El panorama se vuelve aún más sombrío en las puertas de una recesión económica, con salarios contenidos e inflación en alza.

En diciembre de 2023, la tasa de desocupación era del 5,7% y hoy está en 7,9%, según los datos del segundo trimestre de 2026 relevados por el Indec. Milei relativizó la medición en LN+. “Subió la desocupación: 7,9 o 7,8. Bueno, no son números sustancialmente distintos a los que teníamos en 2023. Si se toma el promedio histórico, la desocupación argentina es de 9,8%, con lo cual tampoco tenemos un problema”, dijo. El “promedio histórico” al que hizo referencia incluye el período de hiperinflación de Raúl Alfonsín y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%.

De la guadaña no se salvaron ni siquiera la minería y los hidrocarburos, sectores estrella del modelo libertario, que perdieron 7613 puestos de trabajo de acuerdo con un informe publicado hace dos semanas en Clarín.

Polémica con el fondo para las indemnizaciones

Si bien el Presidente minimiza las cifras de empleo, en el horizonte no muy lejano podrían empeorar. A partir de noviembre se pone en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva ley laboral para financiar los despidos del sector privado a costa de los aportes del sistema previsional. El fondo se nutrirá del aporte mensual del 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y del 2,5% para palas pequeñas y medianas (pymes). Ese dinero estará bajo la administración de un banco o sociedad de bolsa, según elija cada empleador, y solo podrá utilizarse para pagar indemnizaciones. Al dinero para afrontar los eventuales despidos se podrá acceder recién después de los primeros seis meses de aportes. Es decir, se apuesta a tener un monto importante acumulado en base a los aportes y a los intereses que generen en el sistema financiero. La fecha para las primeras desvinculaciones financiadas por el FAL coincidirá inevitablemente con la campaña electoral.

Se estima que el FAL recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales. Será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Ambos funcionarios fueron los que le abrieron las puertas para que las jubilaciones, becas y asignaciones familiares que paga la Anses puedan cobrarse por billeteras virtuales, terreno fértil para que sus beneficiarios caigan en préstamos que después se hacen imposibles de afrontar. Así lo reflejan los relevamientos sobre los índices de morosidad.

La oposición advirtió que el FAL desfinanciará al sistema de seguridad social. De acuerdo al proyecto de Presupuesto Nacional 2027, su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $ 4.363.550.000.000, equivalente a 2833 millones de dólares al tipo de cambio actual. Un grupo de 12 diputados del PJ presentó ayer un proyecto de ley para intentar su derogación. “La mal llamada Ley de Modernización Laboral repite, con otro nombre, la lógica de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los años noventa. El FAL constituye un sistema perverso: con los recursos de la seguridad social se pretende financiar las indemnizaciones por despido en el sector privado. Los únicos perjudicados son los trabajadores y jubilados en beneficio del sector financiero identificado con las políticas del actual gobierno libertario”, argumenta la iniciativa opositora.

Hay preocupación entre gobernadores de provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses, a cargo hoy de Guillermo Arancibia, quien ingresó a la gestión libertaria de la mano de Osvaldo Giordano, actualmente asesor en las sombras de Pettovello a pesar de haber sido uno de los primeros funcionarios en ser eyectado por Milei, en febrero de 2024.

Patricia Bullrich, la defensora de la reforma laboral en el Senado, se refirió el jueves ante empresarios al nuevo fondo para las indemnizaciones. “FAL, un nombre un poquito violento”, rompió el hielo, provocando carcajadas en el auditorio. Según expuso la jefa del bloque libertario, la Argentina conserva un régimen pensado para un mundo laboral que ya no existe. Dijo que hay seis millones de trabajadores formales, cuatro millones de monotributistas y entre 40% y 45% de informalidad. “El sistema no va más”, lanzó. Transcurrió poco tiempo desde el último verano, cuando fue ella la principal impulsora de la ley de modernización laboral, que tiene 218 artículos, entre ellos algunos dedicados a los trabajadores de plataforma. Para la normativa, ese universo de personas, que ya supera el millón, no son considerados trabajadores. “No hay vínculo laboral”, dijo seco y tajante Julio Cordero, secretario de Trabajo, cuando explicó este punto. Otro punto gris de la reforma.

El estancamiento del empleo registrado acumula 15 años de parálisis y la crisis amenaza con ser estructural. Abre un inmenso interrogante el impacto que podría ocasionar la inteligencia artificial en el corto plazo. Ante el desafío y las potenciales amenazas existenciales que plantean los avances tecnológicos, Milei promocionó estos días por el mundo a la Argentina como un refugio sin reglas para la IA. Hasta habilitó un proyecto de ley para crear “empresas no humanas”.

Esta crisis en el empleo impactó también de lleno en los gremios. El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común frente al desafío que plantean la tecnología y un gobierno que los amenazó con quitarles sus cajas y privilegios.

Tal vez el reflejo de esa desorientación haya sido el que mostró Luis Barrionuevo, un histórico en el ajedrez sindical. El jefe gastronómico, de 84 años, se autofinanció un documental que es una suerte de biografía y que tuvo recientemente su avant-première en un cine de Palermo. En casi 90 minutos, hizo un repaso selectivo de su trayectoria política-sindical con omisiones sorprendentes (desde evitar la corrupción menemista a no mostrar nunca a Hugo Moyano ni a Graciela Camaño, su exesposa). Barrionuevo, que está enfrentado hoy en la Justicia con el gobierno al cual apoyó en las elecciones, se animó al menos a improvisar en la industria audiovisual ante la necesidad de dejar una huella que trascienda a su paso por Gastronómicos. Narcisismo, un poder oxidado y nostalgia de un tiempo que ya no es. Metáfora de un sindicalismo que asiste azorado al deterioro del mercado laboral.