POLITICA
La reforma laboral de Milei no seduce todavía a los creadores de empleo
Ni la primera reforma laboral de la gestión de Javier Milei, incluida en 16 apartados de la ley Bases de julio de 2024, ni los 218 artículos de la denominada ley de modernización laboral, de marzo de 2026, resultaron ser por ahora suficiente atractivo para los creadores de empleo. Las estadísticas oficiales así lo reflejan.
Desde la entrada en vigencia de la ley Bases, se destruyeron 106.927 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que administra los fondos de los aportes jubilatorios de los trabajadores. En el mismo período, la tasa de asalariados pasó del 36,4% al 37,9% (alrededor de 100.000 asalariados no registrados más), un dato que fue celebrado por el Presidente a pesar de que se trata de trabajadores sin derechos ni aportes a la seguridad social, y con salarios muchas veces más bajos que los establecidos por convenio.
Detrás de la euforia de Milei, que habló de medio millón de nuevos trabajadores, surge un dato alarmante: se disparó la tasa de informalidad, que incluye al total de ocupados. Entre el segundo trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2026 pasó del 41,4% al 45%. Solo en los aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que mide el Indec, representa unos 574.000 ocupados informales más en tan solo dos años. La mayoría de ellos son cuentapropistas.
Por su parte, desde la entrada en vigencia de la denominada ley de modernización laboral, se destruyeron 36.531 puestos de trabajo registrados en el sector privado, según datos del SIPA. Los asalariados no registrados se mantuvieron relativamente sin variaciones, pero la informalidad sobre el total de ocupados pasó del 44,2% al 45%. A estas cifras, habría que añadirles otros números oficiales: desde el inicio de la gestión libertaria bajaron sus persianas 31.342 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas (pymes), y hasta julio de este año se activaron 163 Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC), apenas uno menos de los registrados en todo 2025. Los PPC facilitan las suspensiones y abren la posibilidad de rebajar salarios e indemnizar a menor costo. En la Justicia avanzan a paso lento dos causas en las que se investigan firmas adulteradas en los procesos de PPC. Se trata de casos denunciados por los sindicatos de Comercio y Seguridad Privada y de los que se sospecha de una maniobra que incluiría a funcionarios, empresarios y gremialistas.
El panorama se vuelve aún más sombrío en las puertas de una recesión económica, con salarios contenidos e inflación en alza.
En diciembre de 2023, la tasa de desocupación era del 5,7% y hoy está en 7,9%, según los datos del segundo trimestre de 2026 relevados por el Indec. Milei relativizó la medición en LN+. “Subió la desocupación: 7,9 o 7,8. Bueno, no son números sustancialmente distintos a los que teníamos en 2023. Si se toma el promedio histórico, la desocupación argentina es de 9,8%, con lo cual tampoco tenemos un problema”, dijo. El “promedio histórico” al que hizo referencia incluye el período de hiperinflación de Raúl Alfonsín y la crisis de 2001-2002, cuando la desocupación superó el 20%.
De la guadaña no se salvaron ni siquiera la minería y los hidrocarburos, sectores estrella del modelo libertario, que perdieron 7613 puestos de trabajo de acuerdo con un informe publicado hace dos semanas en Clarín.
Polémica con el fondo para las indemnizaciones
Si bien el Presidente minimiza las cifras de empleo, en el horizonte no muy lejano podrían empeorar. A partir de noviembre se pone en marcha el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la nueva ley laboral para financiar los despidos del sector privado a costa de los aportes del sistema previsional. El fondo se nutrirá del aporte mensual del 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y del 2,5% para palas pequeñas y medianas (pymes). Ese dinero estará bajo la administración de un banco o sociedad de bolsa, según elija cada empleador, y solo podrá utilizarse para pagar indemnizaciones. Al dinero para afrontar los eventuales despidos se podrá acceder recién después de los primeros seis meses de aportes. Es decir, se apuesta a tener un monto importante acumulado en base a los aportes y a los intereses que generen en el sistema financiero. La fecha para las primeras desvinculaciones financiadas por el FAL coincidirá inevitablemente con la campaña electoral.
Se estima que el FAL recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales. Será administrado por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores bajo la tutela de los ministros Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Ambos funcionarios fueron los que le abrieron las puertas para que las jubilaciones, becas y asignaciones familiares que paga la Anses puedan cobrarse por billeteras virtuales, terreno fértil para que sus beneficiarios caigan en préstamos que después se hacen imposibles de afrontar. Así lo reflejan los relevamientos sobre los índices de morosidad.
La oposición advirtió que el FAL desfinanciará al sistema de seguridad social. De acuerdo al proyecto de Presupuesto Nacional 2027, su implementación reduciría un 7% los recursos del SIPA, con una caída de $ 4.363.550.000.000, equivalente a 2833 millones de dólares al tipo de cambio actual. Un grupo de 12 diputados del PJ presentó ayer un proyecto de ley para intentar su derogación. “La mal llamada Ley de Modernización Laboral repite, con otro nombre, la lógica de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) de los años noventa. El FAL constituye un sistema perverso: con los recursos de la seguridad social se pretende financiar las indemnizaciones por despido en el sector privado. Los únicos perjudicados son los trabajadores y jubilados en beneficio del sector financiero identificado con las políticas del actual gobierno libertario”, argumenta la iniciativa opositora.
Hay preocupación entre gobernadores de provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses, a cargo hoy de Guillermo Arancibia, quien ingresó a la gestión libertaria de la mano de Osvaldo Giordano, actualmente asesor en las sombras de Pettovello a pesar de haber sido uno de los primeros funcionarios en ser eyectado por Milei, en febrero de 2024.
Patricia Bullrich, la defensora de la reforma laboral en el Senado, se refirió el jueves ante empresarios al nuevo fondo para las indemnizaciones. “FAL, un nombre un poquito violento”, rompió el hielo, provocando carcajadas en el auditorio. Según expuso la jefa del bloque libertario, la Argentina conserva un régimen pensado para un mundo laboral que ya no existe. Dijo que hay seis millones de trabajadores formales, cuatro millones de monotributistas y entre 40% y 45% de informalidad. “El sistema no va más”, lanzó. Transcurrió poco tiempo desde el último verano, cuando fue ella la principal impulsora de la ley de modernización laboral, que tiene 218 artículos, entre ellos algunos dedicados a los trabajadores de plataforma. Para la normativa, ese universo de personas, que ya supera el millón, no son considerados trabajadores. “No hay vínculo laboral”, dijo seco y tajante Julio Cordero, secretario de Trabajo, cuando explicó este punto. Otro punto gris de la reforma.
El estancamiento del empleo registrado acumula 15 años de parálisis y la crisis amenaza con ser estructural. Abre un inmenso interrogante el impacto que podría ocasionar la inteligencia artificial en el corto plazo. Ante el desafío y las potenciales amenazas existenciales que plantean los avances tecnológicos, Milei promocionó estos días por el mundo a la Argentina como un refugio sin reglas para la IA. Hasta habilitó un proyecto de ley para crear “empresas no humanas”.
Esta crisis en el empleo impactó también de lleno en los gremios. El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común frente al desafío que plantean la tecnología y un gobierno que los amenazó con quitarles sus cajas y privilegios.
Tal vez el reflejo de esa desorientación haya sido el que mostró Luis Barrionuevo, un histórico en el ajedrez sindical. El jefe gastronómico, de 84 años, se autofinanció un documental que es una suerte de biografía y que tuvo recientemente su avant-première en un cine de Palermo. En casi 90 minutos, hizo un repaso selectivo de su trayectoria política-sindical con omisiones sorprendentes (desde evitar la corrupción menemista a no mostrar nunca a Hugo Moyano ni a Graciela Camaño, su exesposa). Barrionuevo, que está enfrentado hoy en la Justicia con el gobierno al cual apoyó en las elecciones, se animó al menos a improvisar en la industria audiovisual ante la necesidad de dejar una huella que trascienda a su paso por Gastronómicos. Narcisismo, un poder oxidado y nostalgia de un tiempo que ya no es. Metáfora de un sindicalismo que asiste azorado al deterioro del mercado laboral.
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POLITICA
Por diferencias con Monteoliva, renunció Julián Curi, el funcionario a cargo de las cárceles federales
Julián Curi, el funcionario que tenía bajo su responsabilidad la conducción política del Servicio Penitenciario Federal (SPF), presentó su renuncia indeclinable al Ministerio de Seguridad Nacional por diferencias con la ministra Alejandra Monteoliva sobre la estrategia para administrar la crisis de sobrepoblación carcelaria y el alojamiento de detenidos en establecimientos federales.
La renuncia quedó formalizada mediante una nota dirigida a Monteoliva, a la que accedió Infobae. En el documento, Curi reivindicó su gestión, agradeció el respaldo político recibido y solicitó que su dimisión fuera aceptada de inmediato. El pedido estuvo acompañado por una advertencia sobre las consecuencias judiciales que enfrentaba personalmente por las disputas entre la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y distintos tribunales federales.
Al menos tres fuentes consultadas por Infobae, interiorizadas sobre las circunstancias que rodearon la salida del funcionario, desligaron la decisión de dar un paso al costado de las tensiones que Patricia Bullrich mantiene con distintos sectores del Gobierno y de las últimas diferencias públicas que la senadora expresó con el presidente Javier Milei. Los testimonios coincidieron en que la renuncia respondió a desacuerdos sobre la gestión penitenciaria y no a un movimiento político vinculado con la presidenta del bloque del Senado de La Libertad Avanza.
La distinción resulta relevante porque Curi es uno de los funcionarios que llegaron al Ministerio de Seguridad de la mano de Bullrich y mantuvieron su vínculo político con la actual senadora. Sin embargo, las diferencias que precipitaron su alejamiento estuvieron concentradas en la estrategia para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, el traslado de detenidos desde dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires y las obligaciones que recaen sobre el Servicio Penitenciario Federal.
El desacuerdo con Monteoliva se profundizó cuando desde la conducción del Ministerio se plantearon cambios en la estrategia que venía desarrollando la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Ante la falta de consenso sobre cómo continuar, Curi optó por presentar su renuncia indeclinable. Según pudo saber Infobae, las diferencias fueron de carácter profesional y estuvieron vinculadas con la definición de prioridades para administrar un sistema penitenciario con limitaciones de infraestructura, recursos y capacidad de alojamiento.
Curi había sido designado el 2 de enero de 2024, durante la gestión de Bullrich, y permaneció en el cargo cuando Monteoliva asumió la conducción del Ministerio. La Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios depende directamente de la ministra, sin una secretaría intermedia, y ejerce la conducción política del SPF. Bajo esa estructura funcionan 34 unidades y establecimientos penitenciarios federales. La conducción operativa del organismo está a cargo de Fernando Martínez, quien continúa al frente de la institución.
Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad Nacional no definió quién reemplazará a Curi al frente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, un área estratégica para la administración de las cárceles federales, la coordinación con las autoridades judiciales y la definición de las políticas de alojamiento y tratamiento de las personas privadas de libertad.
En su carta, el funcionario sostuvo que dejaba el puesto “con la tranquilidad de haber dedicado mi esfuerzo y compromiso al servicio y a la defensa de los intereses del Estado Federal y del Servicio Penitenciario Federal”.
También dedicó un párrafo a sus principales respaldos políticos. Expresó su agradecimiento al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y, en especial, a Patricia Bullrich, por “la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”.
La mención a las máximas autoridades del Gobierno y a la exministra de Seguridad también buscó dejar constancia del reconocimiento político al concluir su paso por la función pública. El alejamiento quedó planteado como una consecuencia de diferencias sobre la administración de un área específica, en la que las decisiones involucran recursos presupuestarios, capacidad operativa y obligaciones judiciales que pueden resultar contradictorias.
Las diferencias por la sobrepoblación y el traslado de detenidos
Uno de los principales problemas que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal es la cantidad de personas detenidas en dependencias policiales de la Ciudad de Buenos Aires. La falta de plazas disponibles en las cárceles federales provocó que comisarías y alcaidías porteñas funcionaran durante períodos prolongados como espacios de detención, una situación que generó sucesivas controversias judiciales.
El conflicto adquirió una dimensión particularmente compleja por las órdenes de distintos tribunales. Mientras la Justicia porteña exigía avanzar con el traslado de detenidos hacia establecimientos penitenciarios, diversas resoluciones de jueces federales establecieron restricciones a la cantidad de internos que podían alojarse en determinadas unidades.
Ese escenario colocó a los responsables del SPF ante obligaciones difíciles de compatibilizar: recibir personas provenientes de comisarías y alcaidías y, al mismo tiempo, respetar los límites de alojamiento establecidos por otros magistrados. La controversia sobre cómo cumplir esas decisiones judiciales se convirtió en uno de los elementos centrales de las diferencias sobre la estrategia penitenciaria.
La discusión no se limitaba a determinar cuántos detenidos podían incorporarse al sistema. También involucraba la distribución de los recursos disponibles, las prioridades de alojamiento, las responsabilidades de cada jurisdicción y las condiciones en las que debía garantizarse el cumplimiento de las decisiones judiciales.
En ese contexto, el cambio de estrategia impulsado desde la conducción del Ministerio encontró diferencias con los criterios que venía aplicando la Subsecretaría. La imposibilidad de alcanzar un acuerdo sobre cómo administrar esa situación terminó por precipitar la renuncia.
Curi advirtió sobre multas que podían afectar su patrimonio personal
Uno de los pasajes más significativos de la carta aparece en el último párrafo, donde Curi explicó las razones por las que solicitó la aceptación inmediata de su dimisión. Allí describió el conflicto entre las decisiones de la Justicia federal y las órdenes impartidas desde la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires.
El funcionario argumentó que, por su tarea en defensa del “status federal del Servicio Penitenciario Federal” y ante “la progresiva intromisión e interferencia de un tribunal jurisdiccional local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo concordantemente decidido por diversos jueces federales”, había quedado expuesto a posibles sanciones judiciales.
La advertencia fue aún más precisa. Curi señaló que había sido apercibido por la posible comisión de los delitos de “desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público” y por la eventual aplicación de “astreintes diarios sobre mi patrimonio personal”.
Las astreintes son multas coercitivas que pueden imponerse para forzar el cumplimiento de una decisión judicial. En este caso, la sanción prevista era de $ 200.000 diarios y recaía sobre el patrimonio personal del funcionario, aunque no había llegado a ejecutarse.
El conflicto tenía antecedentes en las decisiones judiciales que ordenaban trasladar detenidos alojados en dependencias policiales porteñas hacia establecimientos del sistema penitenciario. Las autoridades federales enfrentaban, a su vez, restricciones impuestas por otros magistrados que impedían superar determinados cupos de alojamiento.
La situación involucraba el traslado de alrededor de 2.000 detenidos, en un escenario en el que las plazas disponibles resultaban insuficientes para absorber esa cantidad de personas sin afectar los límites establecidos judicialmente.
El pedido de aceptación inmediata de la renuncia estuvo relacionado con esa responsabilidad personal. Mientras continuara formalmente en el cargo, Curi permanecía alcanzado por los apercibimientos judiciales vinculados con el cumplimiento de las medidas.
La salida de Curi se suma a la renuncia de Federico Angelini
La salida de Curi se sumó a la renuncia de Federico Angelini, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich, que dejó el Ministerio de Seguridad el 21 de mayo. Angelini se desempeñaba como subsecretario de Intervención Federal y había tenido un papel central en la implementación del Plan Bandera en Rosario y en la política de seguridad fronteriza.
Su alejamiento ocurrió en medio de tensiones políticas dentro del oficialismo, aunque el funcionario sostuvo que su decisión respondía a su intención de regresar a la actividad política en Santa Fe, donde posteriormente se incorporó a la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Son dos salidas de funcionarios que llegaron al Gobierno de la mano de Bullrich, pero en circunstancias diferentes.
La renuncia de Curi abre ahora una nueva etapa para la conducción política del Servicio Penitenciario Federal, con una agenda condicionada por la sobrepoblación, las exigencias judiciales y la necesidad de resolver el alojamiento de detenidos que permanecen en dependencias policiales.
Sin un reemplazante definido, la ministra Monteoliva deberá resolver quién asumirá la responsabilidad política de un sistema cuya administración quedó en el centro de las diferencias que provocaron la salida del subsecretario. El problema de fondo seguirá siendo el mismo: cómo cumplir las órdenes judiciales y las obligaciones del Estado sin profundizar una crisis de alojamiento que excede la capacidad disponible en las cárceles federales.
POLITICA
En medio de las negociaciones con LLA, el PRO rechazó discutir la suspensión de las PASO “a las apuradas”
Desde un sector del PRO volvieron a marcarle la cancha al Gobierno, poco después de una nueva reunión entre representantes del partido liderado por Mauricio Macri y el Ejecutivo, como parte de las negociaciones por una eventual alianza para las presidenciales del 2027.
El jefe de bloque del partido en el Senado, Martín Goerling, y el precandidato presidencial, Hernán Lacunza, destacaron que el año que viene el espacio será “protagonista”. Además confirmaron el respaldo a las PASO, que el Gobierno intenta eliminar o suspender para las elecciones del próximo año.
Goerling mencionó que recién en el 2027 el PRO definirá si competirá con candidato propio o acompañará a otro espacio y destacó que el partido buscará tener un papel central: “No tengo duda de que el PRO va a ser protagonista en lo que viene, o liderando o acompañando un gran frente en la Argentina”.
El jefe de bloque del PRO en el Senado además confirmó su respaldo a la postulación de Lacunza y dijo, que Macri les pidió trabajar para fortalecer el partido en todo el país: “Lo manifesté, apoyamos a Hernán, que manifestó su voluntad. Macri lo apoya, yo hablé con él, me dijo que sigamos trabajando en esa línea. Macri fue claro en ese sentido, dijo: ‘Trabajemos en lo propio, en fortalecer el partido en todo el país’”.
POLITICA
Un funcionario clave de Trump visitó Argentina y dijo que las relaciones con EE.UU. están “en el momento más alto de su historia”
El secretario de Estado del Gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, un funcionario clave en la administración republicana, visitó esta semana el país y afirmó que la relación bilateral se encuentra “en el momento más alto de la historia”.
Entre sus actividades, tuvo una reunión con el presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.
Landau resaltó la importancia de que, del otro lado de Estados Unidos, haya un gobierno como el que encabeza el presidente Javier Milei, en el fortalecimiento de la relación entre ambos Estados.
Landau junto al presidente Javier Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador estadounidense en la Argentina.
Christopher Landau profirió dichas declaraciones este sábado en sus redes sociales. Tras días de visita a la Argentina que tuvieron como eje la ratificación de lo que considera como “una alineación histórica”.
La visita de Landau a Buenos Aires
“Visité Buenos Aires esta semana para reafirmar y profundizar esta alineación histórica”, publicó el funcionario clave de Trump.
Under the leadership of @POTUS @realDonaldTrump and @JMilei, US relations with Argentina are at an all-time high. I visited Buenos Aires this week to reaffirm and deepen this historic alignment.
Argentina is one of the world’s richest countries in both human capital and natural resources, and American capital and know-how can help unlock its vast potential for mutual benefit. I was honored and delighted to meet with President @JMilei, Foreign Minister @pabloquirno, Economy Minister @LuisCaputoAR, and other key ministers and economic leaders, and our meetings were both substantive and exceptionally warm.
¡Un fuerte abrazo al gobierno y al pueblo de la gran República Argentina de parte de un amigo de toda la vida! 🇺🇸🤝🇦🇷— Christopher Landau (@DeputySecState) October 24, 2026
A la vez, destacó del país su mano de obra y activos naturales, además de señalar que su alineamiento con Estados Unidos, y puesta a disposición de la fuerza laboral y dichos activos para la cadena de suministros estadounidense, es clave para una mayor explotación de estos.
“Argentina es uno de los países más ricos del mundo en capital humano y recursos naturales, y el capital y el saber hacer estadounidenses pueden ayudar a desbloquear su vasto potencial para nebeficio mutuo”, señaló, en ese sentido.
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