POLITICA
Estatales protestarán este viernes en los aeropuertos y amenazan con un paro nacional para la próxima semana
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada nacional de lucha para este viernes en aeropuertos de todo el país en rechazo al anuncio de despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y por reclamos salariales en organismos vinculados al sector aeronáutico. El sindicato además advirtió que, si no hay respuestas del Gobierno, avanzará la próxima semana con un nuevo paro que podría afectar los vuelos.
La protesta tendrá como punto central el Aeroparque Jorge Newbery desde las 10.30 y contará con la participación de gremios aeronáuticos como APLA, APA, la CATT y trabajadores de Intercargo, entre otros. La medida fue resuelta en una asamblea conjunta entre empleados del SMN, de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
En paralelo, ATE formalizó ante la Secretaría de Trabajo la notificación de la protesta y envió una presentación para cuestionar la posibilidad de limitar las medidas de fuerza bajo el argumento de que el SMN presta un servicio esencial.
Reclamos por despidos y salarios
Según el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, “no han existido respuestas concretas a las demandas” de los trabajadores” y apuntó contra el Ejecutivo por “el incumplimiento de los acuerdos”.
“Este viernes vence el mes de preaviso que le dieron a 140 trabajadores que serían despedidos. Además, ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan de manera parcial no realizando controles de noche. Esto afecta la seguridad de todas las operaciones”, afirmó.
De acuerdo con lo que detalló el gremio de estatales, de los 140 despidos previstos en el SMN, 98 corresponden a trabajadores de estaciones meteorológicas y 42 a empleados de la sede central. A eso suma el reclamo en la ANAC por aumentos salariales “que ya estaban acordados e incluso liquidados en todos los recibos de haberes”, según indicó Aguiar.
“Si no se garantiza la continuidad laboral de todos los agentes del SMN y no se avanza con los incrementos salariales que fueron pautados, la próxima semana vamos al paro”, agregó el dirigente sindical.
La discusión por el carácter esencial del servicio
En la nota enviada a la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, ATE sostuvo que el SMN “no es un servicio esencial ni tampoco reviste importancia trascendental”.
El sindicato argumentó que el artículo 24 de la Ley 25.877 establece un listado taxativo de actividades esenciales y que el SMN “no integra ninguna de esas categorías”. También planteó que “el control del tráfico aéreo no equivale al Servicio Meteorológico Nacional” y recordó que la gestión del espacio aéreo está a cargo de EANA.
Además, ATE afirmó que “todas las medidas de fuerza son notificadas en tiempo y forma según lo establecido por el marco normativo” y cuestionó los intentos de restringir las protestas.
“Hay un Gobierno que está empecinado en atacar las consecuencias que genera una medida de fuerza en los aeropuertos pero nunca en tratar de solucionar las causas que generan el conflicto”, señaló Aguiar.
El dirigente además advirtió que el plan de lucha “comenzará este viernes y la próxima semana podría incrementarse” y sostuvo que el gremio no aceptará “amenazas ni presiones” sobre el derecho de huelga.
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POLITICA
Las otras causas sensibles que tramitan en la sala de la Cámara Federal que el Gobierno busca reconfigurar
El Gobierno avanzó esta semana con su plan para reconfigurar la Cámara Federal de Comodoro Py, un engranaje clave de la Justicia federal que define el rumbo de las causas de corrupción. Con el envío al Senado de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, apunta a nombrar a dos jueces en una de sus salas, la I, en la que tramitan expedientes de alto voltaje político.
La causa $LIBRA es la que más preocupa al Gobierno, ya que reúne elementos que vinculan directamente al presidente Javier Milei y a su hermana, la secretaria de Presidencia, Karina Milei, con los protagonistas de una trama que terminó bajo sospecha de una criptoestafa. Pero detrás de ese expediente se apilan otros con peso propio.
Uno de los expedientes que está próximo a tener una definición tiene al actual ministro de Economía, Luis Caputo, como principal involucrado por hechos ocurridos durante su paso por el gobierno de Mauricio Macri. En la causa se lo investiga por presuntas negociaciones incompatibles, a raíz del cobro de cerca de 19 mil dólares en concepto de asesoramiento mientras se desempeñaba como secretario de Finanzas.
El fiscal que instruye la causa, Carlos Rívolo, pidió la indagatoria de Caputo por ese delito, pero el juez Julián Ercolini lo sobreseyó. La Sala debe decidir si confirma ese sobreseimiento o si ordena reabrir la investigación. El expediente llegó a la Cámara en febrero.
Otro caso de alto impacto, que también involucra a Caputo y en el que también existen criterios contrapuestos entre juzgado y fiscalía, es la investigación por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
En febrero de este año, la jueza María Eugenia Capuchetti archivó la causa, pero el fiscal Franco Picardi apeló la decisión y ahora la Sala debe resolver si confirma el cierre del expediente o dispone su reapertura.
La intervención de la Cámara Federal es clave en la vida de un expediente porque revisa todo lo que sucede en primera instancia: puede confirmar lo dicho por un juez, darlo vuelta, pedir que la investigación se profundice o encaminar el caso rumbo a un eventual juicio oral.
La investigación por el acuerdo con el FMI alcanza a Caputo, por entonces ministro de Finanzas, pero también al expresidente Macri y al resto de su equipo económico: Nicolás Dujovne, exministro de Hacienda; Federico Sturzenegger, entonces presidente del Banco Central y actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Guido Sandleris, quien sucedió a Caputo al frente de la autoridad monetaria.
Para el fiscal Picardi existen indicios de un plan “concatenado” entre distintos funcionarios y que hay elementos suficientes para profundizar la investigación y avanzar con acusaciones contra ellos.
Otro de los grandes expedientes de la Sala I es la causa por el presunto vaciamiento de YPF y el ingreso de la familia Eskenazi a la empresa, una de las investigaciones por presunta corrupción más longevas de Comodoro Py.
La Sala tuvo una intervención reciente al admitir como querellante a una organización civil cuya primera medida fue recusar al juez Ariel Lijo por las demoras que acumula el expediente, iniciado hace casi veinte años. Lo hizo contra el criterio del juez, que en primer término le negó a la organización la posibilidad de ejercer ese rol.
Es probable que la sala, en algún punto del caso, deba pronunciarse también sobre la recusación contra el juez Lijo.
Son algunos de los temas sobre los que debe expedirse este tribunal, hoy conformado por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Los dos últimos fueron trasladados durante el gobierno de Macri desde tribunales orales y la Corte ordenó que fueran reemplazados por jueces que hubieran concursado para el cargo.
El Consejo de la Magistratura confeccionó dos ternas para esas dos vacantes. En ellas figuraban el propio Bertuzzi y el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, los nombres por los que optó el Gobierno.
$LIBRA y otros expedientes
Desde este martes, en la Sala I se encuentran todas las apelaciones de quienes buscan seguir siendo querellantes en la causa por $LIBRA. Son damnificados que en su momento fueron aceptados como parte del expediente por la propia Cámara Federal. Pero el caso cambió de juzgado, lo que implicó un cambio también en la Sala de la Cámara. Ahora, el actual juez de $LIBRA, Marcelo Martínez de Giorgi, apartó a los dos grupos de querellantes y será la Sala la que debe revisar ese criterio. Ana Juan, la esposa de Martínez de Giorgi, fue oficializada hoy por el Gobierno como jueza federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Hurlingham.
Otra de las causas en la que interviene este tribunal es aquella que investiga presuntas irregularidades en la adquisición de vacunas contra el Covid durante la pandemia, empujada por el fiscal Carlos Stornelli.
El empresario Hugo Sigman aguarda para ser indagado y la exministra de Salud Carla Vizzotti —ya indagada— una resolución sobre su situación procesal. La Sala revisará lo que sobre ellos y otros imputados resuelva el juez Ariel Lijo.
El tribunal también interviene en un expediente ligado al caso de los Cuadernos de las Coimas, mediante el cual varios de los empresarios investigados buscaron desacreditar el tramo principal, actualmente en etapa de juicio oral.
La causa nació a partir de una denuncia del empresario Armando Loson contra Jorge Bacigalupo, el expolicía y amigo de Oscar Centeno que recibió los cuadernos del chofer y luego se los entregó al periodista Diego Cabot. Según Loson, Bacigalupo modificó esas anotaciones con tachaduras, agregados o correcciones en algunos de los ocho cuadernos originales.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi lo procesó dos veces por encubrimiento, pero la Cámara revocó esa decisión en ambas oportunidades, al sostener que esas modificaciones no podían ser atribuidas a Bacigalupo, y dictó su falta de mérito, lo que mantiene el caso bajo investigación.
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POLITICA
Milei firmó la designación de una nueva jueza federal para cubrir las vacantes de dos juzgados del conurbano bonaerense
El presidente Javier Milei firmó la designación de Ana María Cristina Juan como jueza federal, una decisión que permitirá reforzar el funcionamiento de la Justicia Federal en el oeste del conurbano bonaerense, donde los juzgados federales de Moreno y Morón continúan vacantes y son atendidos mediante un régimen de subrogancias. La medida fue oficializada este miércoles a través del Decreto 589/2026, publicado en el Boletín Oficial y refrendado también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Según pudo saber Infobae, la decisión fue adoptada tras un pedido formal del presidente de la Cámara Federal de San Martín, Juan Pablo Salas, al Ministerio de Justicia. En esa presentación, el magistrado solicitó avanzar con la designación de Ana María Juan -esposa del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi– para atender la situación de los dos juzgados federales que permanecen sin titulares y son cubiertos de manera provisoria por otros jueces de la jurisdicción.
En la nota remitida a Mahiques, Salas explicó que tanto el Juzgado Federal de Moreno como el de Morón continúan siendo subrogados, una situación que obliga a otros magistrados federales a asumir, además de sus propios despachos, la conducción temporal de esos tribunales.
Ese esquema de funcionamiento se mantiene desde hace tiempo y genera una sobrecarga para los jueces que intervienen en esas dependencias, en una de las jurisdicciones federales con mayor volumen de expedientes de la provincia de Buenos Aires.
No se trata de juzgados de escasa actividad. Moreno y Morón concentran investigaciones por algunos de los delitos más complejos de competencia federal. Entre ellos figuran causas por narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, contrabando, evasión tributaria, delitos contra la administración pública, crimen organizado y otras investigaciones vinculadas con organizaciones criminales que operan en el oeste del conurbano bonaerense. Esa realidad fue uno de los argumentos expuestos por la Cámara Federal de San Martín para solicitar el refuerzo de la estructura judicial de la jurisdicción.
Fuentes judiciales explicaron a Infobae que las subrogancias constituyen una solución transitoria, pero que la acumulación de causas y la complejidad de las investigaciones hacen necesaria la cobertura de las vacantes con jueces titulares. En muchos casos, los magistrados deben atender simultáneamente expedientes de alta sensibilidad institucional, medidas urgentes de investigación y audiencias, además de las responsabilidades propias de sus juzgados de origen.
Frente a ese escenario, la Cámara Federal de San Martín impulsó la incorporación de Ana María Juan, quien ya contaba con el acuerdo del Senado para ocupar el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Sin embargo, ese tribunal todavía no fue puesto en funcionamiento, por lo que la magistrada permanecía a la espera de asumir funciones.
La propuesta elevada por Juan Pablo Salas consistió en aprovechar esa circunstancia para incorporar a la magistrada al fuero federal y aliviar la situación de Moreno y Morón mientras continúa pendiente la apertura efectiva del nuevo juzgado de Hurlingham.
La firma del decreto presidencial completa ahora el procedimiento constitucional previsto para su nombramiento y permitirá su incorporación al fuero federal mientras continúa pendiente la puesta en funcionamiento de ese tribunal.
Qué dice el decreto
El Decreto 589/2026 fue firmado por Milei y Mahiques y establece en su artículo primero: “Nómbrase Jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”.
Ana María Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8 de Comodoro Py. Su pliego había sido aprobado previamente por el Senado y únicamente restaba la firma del Poder Ejecutivo para formalizar el nombramiento.
Fuentes judiciales señalaron que la incorporación de la magistrada permitirá aliviar el funcionamiento de los tribunales federales de Moreno y Morón hasta que entre en funcionamiento el juzgado para el que fue designada. De esa manera, la Cámara Federal de San Martín busca reducir el impacto que producen las vacantes existentes en ambos tribunales y fortalecer la capacidad de respuesta frente a investigaciones complejas.
La decisión se inscribe además en el proceso de cobertura de cargos vacantes que impulsa el Ministerio de Justicia desde la llegada de Juan Bautista Mahiques a esa cartera. En los últimos meses, el Gobierno aceleró el envío de pliegos al Senado y comenzó a completar cargos que ya habían obtenido acuerdo parlamentario, con el objetivo de reducir el número de tribunales federales que actualmente funcionan mediante subrogancias.
El nombramiento de Juan también se produce mientras permanece sin resolución otra designación judicial aprobada por el Senado: la de María Verónica Michelli.
El 4 de junio pasado, la Cámara alta aprobó el pliego de Michelli para integrar el Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. La postulación obtuvo 44 votos afirmativos y 18 negativos, pese a que previamente la Casa Rosada había intentado retirar esa candidatura del Congreso.
Como informó Infobae, el Gobierno mantenía objeciones respecto de esa postulación y procuró sin éxito evitar que el Senado avanzara con la votación. Finalmente, la Cámara alta otorgó el acuerdo constitucional, aunque el procedimiento todavía no fue completado.
A diferencia de lo ocurrido con Ana María Juan, cuyo nombramiento quedó formalizado este miércoles mediante el decreto presidencial, el Poder Ejecutivo aún no firmó el decreto correspondiente a Michelli, por lo que su incorporación al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata permanece pendiente.
En ámbitos judiciales señalan que ambos casos responden a situaciones diferentes. Mientras la designación de Juan fue impulsada por una necesidad operativa planteada por la Cámara Federal de San Martín para cubrir vacantes concretas en Moreno y Morón, la situación de Michelli continúa bajo análisis del Poder Ejecutivo luego de la controversia política que rodeó el tratamiento de su pliego en el Senado.
Con la publicación del Decreto 589/2026, Ana María Juan quedó formalmente incorporada a la Justicia Federal. Su designación permitirá reforzar el funcionamiento de una jurisdicción estratégica para la investigación de delitos federales complejos, mientras continúa pendiente la puesta en marcha del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, creado para ampliar la estructura judicial en el oeste del conurbano bonaerense.
POLITICA
El mensaje de Victoria Villarruel antes de la semifinal de la Selección contra Inglaterra: «No es un partido más»
La vicepresidenta Victoria Villarruel calentó la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra al calificar a los británicos como “piratas usurpadores” y sostuvo que el encuentro no puede separarse del reclamo por las Islas Malvinas.
“Mañana (por hoy) jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más”, comenzó Villarruel en la publicación difundida alrededor de la medianoche.
La vicepresidenta relacionó el partido con la soberanía de las Islas Malvinas, el recuerdo de Diego Maradona y la posibilidad de que sea la última Copa del Mundo de Lionel Messi.
“No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío; contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores”, escribió.
Luego cerró: “¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!”.
La postura de Villarruel contrastó con la de Lionel Scaloni, que durante la conferencia de prensa previa al encuentro pidió evitar que el partido se vinculara con el histórico conflicto por las Islas Malvinas.
“Es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas”, expresó el entrenador de la Selección argentina.
El Gobierno rechazó el pedido de asueto presentado por ATE
La publicación de Villarruel se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei descartara el pedido de la Asociación Trabajadores del Estado para suspender las actividades desde el mediodía por la semifinal.
ATE había solicitado un cese de tareas desde las 12 para los empleados de la Administración Pública Nacional, los organismos descentralizados, los entes públicos y las empresas y sociedades del Estado.
El pedido fue rechazado por el Ejecutivo. En cambio, Ramiro Marra, exintegrante del espacio libertario, se manifestó a favor de interrumpir las actividades.
Leé también: Argentina-Inglaterra: preparan un operativo especial de seguridad y prevén un corte en la zona del Obelisco
“Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar”, publicó en X.
El encuentro fue considerado por la FIFA como un partido de “alto riesgo”. Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habrá un operativo de 1600 policías y estará prohibido ingresar al estadio con botellas, carteles, banderas o mensajes de contenido político, racial o provocativo.
Victoria Villarruel, Mundial 2026, Argentina, Inglaterra
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