POLITICA
Ante el riesgo de no llegar al quórum, la oposición pospuso la sesión para interpelar a Adorni en Diputados
A menos de 24 horas de la sesión convocada para avanzar con la interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni, la oposición decidió suspenderla ante el riesgo de no llegar al quórum (129 diputados presentes) y hacer una nueva convocatoria para la semana que viene.
El llamado a sesión para este jueves había sido firmado por diputados de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. El peronismo, por su parte, había dejado trascender su malestar por quedar afuera de las negociaciones pero igualmente había confirmado que todos sus diputados bajarían al recinto.
Ahora, la nueva convocatoria sí cuenta con las firmas de los diputados de Unión por la Patria luego de que el resto de los bloques opositores aceptara ampliar el temario de la sesión: no sólo se tratarán los pedidos de interpelación contra Adorni para que dé explicaciones por su patrimonio y los viajes que realizó con su familia, sino que ahora también se incluirán proyectos relacionados con las licencias por paternidad, la restitución del programa Remediar (medicamentos gratuitos), un proyecto para ampliar las prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario.
Ante la consulta de Infobae, uno de los diputados encargados del “poroteo” de votos reconoció la necesidad de “sumar bloques y temas para llegar más armados y con más posibilidad de dar quórum”. Los cálculos informales arrojaban que los opositores no iban a superar las 110 presencias y para evitar un “foto de la derrota” eligieron posponer la sesión y retomar las negociaciones con los gobernadores.
“Si nos hubieran faltado 10 diputados, yo hubiera sostenido la sesión para que queden expuestos a los que protegen a Adorni. Pero nos faltaban muchos más”, lamentaba uno de los firmantes durante la tarde del miércoles.
Además, destacaban que el objetivo real de la sesión es apenas emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento para que dictaminen los proyectos de interpelación contra Adorni. Ambas comisiones están controladas por La Libertad Avanza y sin el emplazamiento la oposición no puede obligarlas a tratar los pedidos de interpelación.
Conseguir que las iniciativas tengan dictamen es fundamental ya que sin ese paso reglamentario la oposición necesitaría una mayoría agravada de dos tercios para poder tratar los proyectos “sobre tablas”, es decir, sin pasar por las comisiones correspondientes.
En cambio, para emplazar una comisión sólo se necesita el quórum (129 diputados presentes) para iniciar el debate y luego una mayoría simple. Pero el camino es largo. Una vez que tenga el dictamen en mano, la oposición deberá convocar nuevamente a una sesión y aprobar la interpelación con mayoría absoluta en ambas Cámaras.
El principal escollo que enfrenta la oposición es la falta de voluntad política de los gobernadores de confrontar con la Casa Rosada. Sin ellos es virtualmente imposible llegar al quórum.
Los primeros en anunciar que no participarían fueron los diputados de Provincias Unidas que responden a los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Estos plantearon que primero hay que dejar actuar a la Justicia.
Esto generó fuertes tensiones al interior del bloque ya que algunos de sus integrantes eran los principales impulsores de la interpelación. De hecho, los dos diputados de la Coalición Cívica terminaron de formalizar su salida del bloque ante las diferencias de visión respecto de la relación con el gobierno de Milei.
Los mandatarios de Tucumán, Catamarca y Salta también habían adelantado que los diputados de Independencia, Elijo Catamarca e Innovación Federal no iban a jugar abiertamente en contra de los libertarios. En la misma sintonía, el PRO y la UCR, que atraviesan sus propias turbulencias con los libertarios por los armados electorales del año que viene, tampoco están dispuestos a poner en juego el vínculo con la Casa Rosada.
POLITICA
Tras la marcha universitaria, Amnistía Internacional alertó por el ajuste del Gobierno en “áreas sensibles”
Amnistía Internacional alertó este miércoles que la resolución 2/26 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmada a fines de abril, resulta “relevante” en el país después de la multitudinaria marcha universitaria del martes último, dado que, recordó, aquel organismo ya advertía que las decisiones del Gobierno sobre impuestos, presupuesto, gasto público y deuda deben evaluarse bajo estándares de “derechos humanos”.
“La Resolución 2/26 resulta especialmente relevante para Argentina, en un contexto de ajuste fiscal sostenido y profundización de los recortes sobre áreas sensibles”, señaló Amnistía a través de un comunicado difundido este miércoles.
Y añadió que “la masiva Marcha Federal Universitaria volvió a poner en evidencia las consecuencias concretas de esa política: estudiantes, docentes, no docentes, autoridades universitarias y organizaciones sociales se movilizaron en todo el país para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la garantía de recursos suficientes para sostener la educación pública”.
A su vez, indicó Amnistía, las irregularidades detectadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) muestran “cómo el eventual desvío o uso ineficiente de recursos públicos puede afectar directamente a personas que dependen de prestaciones estatales para su autonomía e inclusión”.
“La resolución de la CIDH vuelve a confirmar una idea urgente y obvia: sin recursos no hay derechos y sin derechos no hay desarrollo posible. No es un documento abstracto. Interpela directamente las decisiones que se toman hoy en Argentina. Cada recorte en niñez, educación o protección social debe poder justificarse bajo estándares de derechos humanos”, destacó Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina.
La Resolución 2/26 fue impulsada por la CIDH y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), a cargo del relator Javier Palummo Lantes, y es la primera resolución específica que fija estándares jurídicos sobre la relación entre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano.
Esa resolución establece que los Estados deben “diseñar, ejecutar y evaluar sus políticas fiscales de acuerdo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
¿Qué implica? Que “las decisiones sobre impuestos, presupuesto, gasto público, deuda y medidas de ajuste no pueden adoptarse como decisiones meramente económicas, sino que deben analizarse según su impacto en la garantía de derechos”, indicó Amnistía en un cmunicado.
Entre sus principales estándares, exige que “cualquier retroceso en derechos sea excepcional, temporal, necesario, proporcional y no discriminatorio. También obliga a los Estados a movilizar el máximo de recursos disponibles —incluyendo el combate a la evasión, la revisión de beneficios fiscales injustificados y la prevención de la corrupción— antes de recortar servicios esenciales”, añadió.
Y señaló que la corrupción “puede constituir una violación de derechos humanos, especialmente cuando desvía recursos destinados a personas y grupos en situación de vulnerabilidad”.
A ese contexto se suma la Decisión Administrativa 20/2026, publicada el 11 de mayo, que dispuso nuevas reducciones presupuestarias en áreas clave del Ministerio de Capital Humano.
Entre ellas, se recortaron “$55.465 millones en programas de niñez, adolescencia y familia, y $78.711 millones en educación, incluyendo fondos para alfabetización y compensación salarial docente”, consignó Amnistía.
El lunes último, mediante una decisión administrativa, la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.
El monto del ajuste equivale aproximadamente a un 1,6 por ciento del Presupuesto, y los principales cambios incluyen ajustes por deudas previsionales y el plan de retiro de la Anses, la poda también se dio en el presupuesto educativo.
El Gobierno nacional recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación y suspendió transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, según determinó la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial.
la multitudinaria marcha universitaria del martes último,modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades,marcha,Conforme a,,Galleguito Álvarez. El peronista que se volvió “karinista” y que está al frente del recorte a las universidades,,Argentina: El gobierno de Milei cuestionó la marcha federal universitaria,,Pasa a la semana próxima. Sin apoyo de los gobernadores, el intento opositor por interpelar a Adorni se postergó en Diputados,Marcha,,»La situación es crítica». Una multitud le reclamó al Gobierno que cumpla la ley de financiamiento universitario,,Tras la multitudinaria marcha. El urgente pedido de la UBA a la Corte Suprema por la ley de financiamiento universitario,,De Jujuy a Tierra del Fuego. La marcha universitaria se replicó en todo el país con protestas en más de diez provincias
POLITICA
Así es la casa que alquiló Manuel Adorni durante 18 meses en el country Indio Cuá por 21.000 dólares
Este miércoles declaró ante la Justicia el propietario de la casa que Manuel Adorni alquiló durante un año en el country Indio Cuá y brindó nuevos detalles para la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Infobae accedió a fotografías de la vivienda por la que el funcionario pagó 21.000 dólares en efectivo para vivir entre enero de 2024 y junio de 2025.
Las imágenes obtenidas por el periodista Manuel Jove muestran que la propiedad cuenta con un amplio parque en su ingreso y un frente vidriado que le aporta luminosidad a los numerosos ambientes con los que cuenta.
La casa cuenta con dos plantas, y en la superior se observa un amplio balcón.
Mientras Adorni vivía allí con su familia, se sintió tan a gusto en el barrio que decidió adquirir, a pocas cuadras, otra propiedad. Por ella, pagó 120 mil dólares, a los que luego les agregó otros 245 mil dólares de gastos en reformas.
Si bien el fiscal federal Gerardo Pollicita ya tenía conocimiento de los 13.000 dólares que había abonado Adorni para su estadía entre marzo de 2024 y el mismo mes de 2025, este miércoles José Luis Rodríguez, dueño de la propiedad, sumó nuevos e importantes detalles.
Por un lado, una vez finalizado el contrato anual, el libertario extendió el plazo por tres meses más, con un costo de 2.400 dólares. Pero además Rodríguez reveló que en realidad Adorni y su familia se alojaron allí desde enero de 2024, ya que en octubre de 2023, antes de asumir como funcionario de Javier Milei, había arreglado el arrendamiento de la vivienda por enero y febrero, con un costo de 5.600 dólares.
De esa manera, no fue un año el tiempo en el que vivió allí, sino 18 meses. Y tampoco pagó 13.000 dólares, sino 21.000 dólares. Todos los pagos fueron realizados en efectivo y con billetes de la moneda estadounidense.
A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio, adquirido a mediados de 2024-, que rondarían los 600.000 pesos cada uno.
El testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con el jefe de los ministros y dejó copias de los contratos que firmaron durante los últimos dos años.
La causa judicial, a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. El funcionario tuvo congelado su sueldo de aproximadamente 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando se lo duplicaron.
La Justicia se encuentra en proceso de recolección de los movimientos financieros que hicieron el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años.
A pedido del fiscal Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal hará un cálculo entre todos los ingresos y egresos de dinero que constan en la causa para saber si existen inconsistencias.
De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio a partir de los datos que se desprenden del expediente, al funcionario libertario se le conocen erogaciones por al menos 380.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.
En cuanto a sus deudas, Adorni y Angeletti tienen compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre de este año.
Manuel Adorni aún no brindó ninguna explicación sobre su patrimonio en la Justicia, ni tampoco se lo exigieron. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. “Será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”, anticipó el jefe de Gabinete en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el pasado 29 de abril.
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POLITICA
El Gobierno restituyó a las Fuerzas Armadas la capacidad para realizar contrainteligencia militar
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, derogó una resolución que regía desde el período kirchnerista y separaba la inteligencia de la contrainteligencia militar. A través de la nueva resolución 323/2026, se dispuso restablecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para realizar contrainteligencia militar y reorganizar el Sistema de Inteligencia de Defensa, en un escenario internacional marcado por la existencia de nuevas amenazas externas.
El Gobierno fortalece de este modo, además, la conducción conjunta del área de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y fija “mecanismos explícitos de control y coordinación institucional, a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”.
Según informó la cartera que conduce Presti, en la práctica “se corrige una situación excepcional que no existe en sistemas de defensa modernos: ningún país que deba proteger sus capacidades militares separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia”.
Durante veinte años, a partir de la resolución 381/2006, firmada por la entonces ministra Nilda Garré, basada en “un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico”, se impidió a las Fuerzas Armadas contar con capacidades básicas de resguardo frente a amenazas externas.
LLa medida generará seguramente respuestas en el campo político. Garré, quien condujo el área de Defensa entre 2005 y 2010, participará este viernes, junto a los exministros kirchneristas Agustín Rossi y Jorge Taiana, en el Primer Congreso de Defensa Nacional que organizará el Partido Justicialista en su sede de Matheu 130. Allí se debatirá sobre “Soberanía, Fuerzas Armadas y desafíos estratégicos de la Argentina del siglo XXI” y muy probablemente este tema se cuele en la agenda.
La resistencia del kirchnerismo a la contrainteligencia militar se apoya en una visión consolidada desde la recuperación de la democracia, que defiende la separación entre la defensa nacional, que apunta a prevenir amenazas externas, y la seguridad interior, orientada a las amenazas internas. En ese espacio político argumentan que las Fuerzas Armadas no deben realizar tareas de contrainteligencia para evitar “el espionaje político y las violaciones a los derechos humanos”.
“La medida corrige una anomalía doctrinaria e ideológica que durante dos décadas limitó las capacidades esenciales del Sistema de Defensa, al separar de manera artificial la inteligencia de la contrainteligencia, una situación excepcional dentro de los sistemas de defensa modernos”, indicaron indicó en el Ministerio de Defensa.
En las Fuerzas Armadas prevalece el criterio de que la contrainteligencia militar constituye una “herramienta básica” para proteger capacidades estratégicas en la mayoría de los países del mundo.
Otro argumento expuesto por Presti en los fundamentos de la resolución ministerial es que la concepción derogada generaba “grandes vulnerabilidades frente a operaciones externas de influencia, obtención de información sensible y acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura y capacidades militares”.
La nueva resolución se inscribe en “un proceso más amplio de modernización, integración y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional”, informó la gestión de Presti. Añadió que, así, la Argentina “adecua su sistema de inteligencia de la defensa en un escenario internacional cada vez más complejo”.
La resolución firmada por el ministro Presti adecua el sistema de inteligencia de la defensa a “los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei y a la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE, en un contexto internacional atravesado por amenazas híbridas, operaciones de influencia y organizaciones criminales transnacionales”.
En la práctica, las Fuerzas Armadas podrían producir información sobre actores no estatales que pueden constituir amenazas, como las organizaciones Hamas y Hezbolá, estimó una fuente castrense. “Se restablecen herramientas básicas de prevención frente a acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura, información sensible y capacidades militares”, explicaron cerca de Presti.
En su artículo 2, la resolución 323/2026 establece que el Sistema de Inteligencia de Defensa (Sidef), que integra el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo titular es el contraalmirante Pablo Javier Barbich, y las direcciones generales de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estas reparticiones deberán considerarse como componentes independientes entre sí y bajo control funcional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, se explicó.
El nuevo esquema establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, hoy en manos del general de división Jorge Alberto Puebla, efectuará “requerimientos de inteligencia en función de las necesidades de inteligencia de la defensa a través de directivas de Inteligencia específicas sectoriales”. Así, impartirá al Estado Mayor Conjunto “los lineamientos generales que orienten la planificación y la producción de inteligencia del Sistema de Inteligencia de Defensa, en concordancia con las Directivas de Inteligencia Nacional correspondientes”.
La nueva normativa mantiene expresamente las prohibiciones vigentes respecto a actividades de inteligencia vinculadas a personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales o actividades lícitas ajenas al ámbito de la defensa nacional.
“La Argentina avanza en la modernización de su sistema de defensa y adecua sus capacidades de inteligencia militar a los desafíos del escenario internacional actual”, explicaron en la cartera que conduce Presti.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Conforme a,Fuerzas Armadas,,Referencia salarial. Cuánto cobran los miembros de las Fuerzas Armadas en mayo,,»Me sacrifico». El suicidio de un suboficial que debió suspender un tratamiento médico lleva dramatismo a la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas,,Baja en el equipo de Presti. En medio de la crisis y la elevada deuda, renunció el presidente de la Obra Social de las Fuerzas Armadas
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