POLITICA
Las causas de la AFA avanzan cada vez con más lentitud mientras buscan bloquear las pruebas que aportó EE.UU.
Las investigaciones sobre los máximos responsables de la AFA llevan más de dos meses en “modo avión”. Los expedientes judiciales se mueven casi por inercia, a la espera de una definición de la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal tiene la llave para desarmar una maniobra que buscó concentrar todos los expedientes relevantes en el juzgado federal de Campana.
Esa maniobra, impulsada formalmente por la defensa de los supuestos dueños de la mansión de Pilar, pero orquestada por un grupo de abogados que orbitan alrededor de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, coincidió con el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio de Justicia. El 9 de marzo, cuatro días después de la jura del ministro, el juez Alejandro González Charvay le pidió a otros dos jueces que se aparten de seguir investigando. La maniobra tuvo éxito a medias.
Pero no es la única. El empresario Javier Faroni, que recaudó casi US$400 millones en Miami por orden de la AFA, puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los discovery otorgados por dos jueces de Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias reveladas por el 28 de diciembre pasado. El desvío superaría los US$57 millones, con 10 empresas fantasma involucradas. Pasaron cuatro meses. Nadie fue citado a dar explicaciones.
La maniobra comenzó a gestarse en Estados Unidos a fines de marzo. TourProdEnter, la firma de Faroni y su mujer Erica Gillette, le pidió a los mismos jueces que hicieron lugar a los discovery que prohíban la utilización de su contenido para las causas penales en curso en nuestro país. En el derecho estadounidense se la conoce como una “protective order” u orden de protección.
El argumento legal es que esos discovery habían sido pedidos por el empresario Guillermo Tofoni para presentarlos en una causa comercial contra la AFA. En los últimos días, un juez del estado de Georgia hizo lugar al pedido pero solo respecto al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a entregar las transferencias.
La segunda parte de la maniobra está en curso. Faroni ahora pretende invalidar las pruebas de los discovery en las causas penales. Los abogados trabajan contrarreloj ante un fallo inminente de la Cámara de Casación, que debe decidir si las causas siguen en Campana o vuelven a la justicia federal o al fuero Penal Económico, donde surgieron los mejores avances.
Esa decisión se conocerá antes del lunes. “Lo que hizo (González Charvay) cuando pidió las demás causas es arriesgado, o se queda con todo o se queda sin nada”, reaccionó una fuente de Tribunales apenas se conoció la jugada. Efectivamente, es a todo o nada.
El juez de Campana sumó el capítulo de “TourProdEnter” que estaba en manos del juez Luis Armella, el mismo que allanó a Faroni. Pero no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Esas pruebas quemaban. “Me piden que vaya al frente y ponen a Mahiques en el Ministerio”, se quejó uno de los investigadores en plena batalla por la competencia. La frase apuntaba a la cercanía del actual ministro con los dirigentes de la AFA.
La maniobra para invalidar los discovery en las causas penales en Argentina todavía no se consumó. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió en un informe de más de 50 páginas, al que tuvo acceso , que se avance con un nuevo pedido de colaboración internacional “con el detalle de que esta autorización es especial para cada causa en la que se solicita”. Es más, planteó de hacerlo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG).
Ese mismo informe analizó en detalle el origen de los discovery y las transferencias enviadas desde TourProdEnter a un entramado societario integrado por Marmasch, Soagu Services, Velp, y Velpasalt, las cuatro sociedades creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche, o a la sociedad SOMA SRL, involucrada en la compra de la mansión de Pilar.
Tapia Toviggino y Faroni
“El análisis efectuado permite sostener, con la cautela propia de esta etapa, que la documentación proveniente de los procedimientos de discovery aporta información preliminar de notable relevancia para la investigación, en tanto permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar con precisión medidas de prueba locales e internacionales”, dice el documento entre sus principales conclusiones.
Las causas contra los jerarcas de la AFA hace tiempo quedaron empatadas entre maniobras judiciales y presiones externas. También se trabó el expediente que tiene un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero. En esa causa se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y hasta los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, aparecerán datos incómodos como el vuelo que compartió en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de los seguros Jorge Giani y su mujer, funcionaria de la Corte Suprema.
El único expediente que avanza a un ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. Los defensores apuestan a revertir el resultado en la Cámara en lo Penal Económico, convulsionada por la avalancha de pliegos enviados por el Gobierno.
En ese proceso, el abogado de Tapia, Luis Charro, se olvidó de presentar un escrito y quedó tecleando. “Llegó por un rabino y es un milagro que siga en ese cargo”, cuenta otro defensor en tono irónico. Otra versión asegura que llegó de la mano un dirigente de peso en el Tribunal de Disciplina de la AFA. Como sea, ahora la suerte de “Chiqui” Tapia depende de los otros imputados.
Todas las miradas están puestas por estas horas en la Cámara de Casación. Luego de varias semanas de incertidumbre, los jueces se reunieron este lunes y activaron un plazo de cinco días hábiles. En la AFA festejan por anticipado. En Comodoro Py crece la versión que el fallo podría alargar la agonía.
“Uno de los jueces cree que la Cámara que tenía que resolver era la de Penal Económico (no la de San Martín). En ese caso podrían reenviar la causa a ese tribunal para que decida sobre la competencia”, dijo una fuente de los tribunales de Retiro. Si se confirma, ese escenario solo extendería los tiempos. Si la causa vuelve a ese fuero quedaría en manos de la jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. “Es incorruptible”, dice en los tribunales que están a la vuelta de Comodoro Py.
A un mes del Mundial, en la Asociación del Fútbol Argentino no descuidan el frente externo. Las versiones sobre la posible colaboración de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino, con la Justicia de Estados Unidos generan pánico. De su teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares. Beacon se refugia y juega al misterio hasta último momento.
una maniobra que buscó concentrar todos los expedientes relevantes en el juzgado federal de Campana,el juez Alejandro González Charvay le pidió a otros dos jueces que se aparten de seguir investigando,En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos.,las cuatro sociedades creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche,Nicolás Pizzi,Conforme a
La diputada radical Agostina Villaggi denunció al gobierno de Gildo Insfrán en Formosa por presunto adoctrinamiento político en escuelas primarias de la provincia. La legisladora presentó un reclamo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación y difundió un video con detalles de la situación en su cuenta oficial de Instagram.
Villaggi detalló que en el Colegio Don Bosco, ubicado en la ciudad de Formosa, a estudiantes de cuarto grado se les imparte el denominado “modelo formoseño” en el área de Ciencias Sociales.
“Es una política pública que la instaló el gobernador Insfrán a partir de materiales didácticos de la provincia, donde su asunción en 1995 como gobernador aparece como un hito histórico, sin repasar la historia previa u otros gobernadores en el cargo”, sostuvo hoy la legisladora, en declaraciones a radio Mitre. “Este texto en particular no tiene que ver con nuestra geografía, flora y fauna. Parece un balance de gestión de repertorio de datos que no condicen con la realidad”, agregó.
Según Villaggi, se trata de actividades pedagógicas en la que se “le piden a los niños que no se instala el pensamiento crítico”. “Les preguntan: ¿desde que año empiezan las transformaciones en Formosa? Dos minutos antes, les dijeron desde el año 1995, momento que Insfrán asume la gobernación«, remarcó.
En el video, la diputada afirmó que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño”.
Villaggi, quien había sufrido un episodio de violencia de una patota de mujeres el año pasado durante una actividad de campaña, calificó esta práctica como “un claro caso de adoctrinamiento político” y afirmó que “se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.
Tras la visibilización del planteo, Villaggi recibió el apoyo de Lucy Aguayo, docente y convencional constituyente mandato cumplido por la UCR, quien manifestó que el diseño curricular provincial no obliga a impartir proyectos de gobierno específicos. Aguayo expresó su preocupación por la posibilidad de una orientación partidaria en el ámbito educativo, que podría ir en contra de la Constitución de Formosa.
La exintegrante de la Junta de Clasificación aclaró que no puede asegurar que la práctica denunciada por la diputada alcance a todo el sistema educativo provincial y diferenció la enseñanza de la historia local de la exaltación de una gestión en particular.
Según informó la agencia Noticias Argentinas, la documentación presentada por Villaggi será incorporada al expediente correspondiente, junto con materiales y testimonios recogidos de docentes y autoridades educativas.
Respuesta del gobierno de Gildo Insfrán
En respuesta a la denuncia, Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, aseguró en declaraciones a AGENFOR que “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.
Meza criticó a la oposición por, según él, solicitar “censura” bajo el argumento de defender la libertad y sostuvo que “quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden”.
El funcionario provincial argumentó que “enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial”.
En marzo, se conoció otra situación de uso partidario de las escuelas en Formosa, cuando el gobernador Insfrán se hizo entrevistar por alumnos durante la inauguración de una escuela EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. Los chicos solo se dedicaron a elogiar su gestión en una muy cuestionada puesta en escena, como parte de un programa radial que hacen los niños en el marco de sus tareas educativas.
“¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“, fue uno de los pasajes comentados por los chicos. “Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió otro de los niños.
El oficialismo, con el apoyo de la oposición dialoguista, aprobó esta madrugada y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pero debió resignar el capítulo que modifica la ley de Manejo del Fuego ante la fuerte resistencia de algunos aliados de fuerzas provinciales.
Así, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.
Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.
Los cambios en materia de desalojos regirán en la Ciudad de Buenos Aires y en los predios que sean de jurisdicción nacional, que se rigen por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
El proyecto quedó reducido a tan solo cuatro capítulos. Uno de ellos está relacionado con la instauración del juicio sumarísimo para el caso de desalojos por usurpaciones y ocupaciones, y la aplicación de un plazo de 10 días hábiles para el abandono de una vivienda en caso de deuda en el pago de los alquileres.
Según el texto aprobado, todos los procesos de desalojo, tanto urbanos como rurales, se tramitarán por juicio sumarísimo. En ese sentido, se contempla la posibilidad de que el propietario pueda solicitar la restitución inmediata del bien contra intrusos o tenedores precarios en cualquier estado del juicio tras la litis, bajo caución juratoria.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialista Agustín Monteverde (Capital), defendió la propuesta del Gobierno al sostener que la demora procesal para recuperar un inmueble “termina devastando el mercado de alquileres”.
“Fortalecer el derecho de propiedad es indispensable para permitir el acceso a la vivienda”, opinó Monteverde. “Si quieren ser solidarios, háganlo con la propia, no con la de los demás”, remató el senador oficialista en dirección al bloque kirchnerista.
A pedido de la oposición dialoguista, se estableció que el juez debe dar participación obligatoria a organismos de protección si hay menores o personas con discapacidad. Se establece un plazo de hasta 10 días para asegurar una alternativa habitacional antes del desalojo.
Ese mismo plazo de 10 días de intimación previa se aplicará para desalojos por falta de pago y se habilita que la notificación se haga en el domicilio electrónico constituido en el contrato.
También consiguió los votos para su aprobación las modificaciones al régimen de expropiación por parte del Estado de bienes privados, estableciendo nuevos requisitos a cumplir para poder apropiarse de una propiedad.
Así, para declarar de utilidad pública un bien, debe hacerse una interpretación restrictiva, identificando el Estado de forma específica el fin perseguido y demostrando que la medida es idónea, necesaria y proporcional.
La indemnización se limita al valor objetivo (de mercado) y a los daños directos. El lucro cesante solo se reconoce si está debidamente acreditado y tiene un tope del 30% del valor del daño emergente, salvo prueba fehaciente de una afectación mayor.
Los montos se actualizarán por IPC más una tasa de interés para plazo fijo del Banco Nación. Para poder llevar a cabo ocupaciones temporales y anormales, se define estrictamente el “estado de necesidad”, limitándolas a 90 días con una única prórroga por igual plazo ante circunstancias graves.
Este capítulo del proyecto fue duramente cuestionado por el kirchnerista Martín Soria (Río Negro), quien denunció que los cambios tienen el objetivo de “restringir la facultad de que el Estado pueda expropiar bienes necesarios para el bien común”.
“También quieren que las expropiaciones le salgan cada vez más caras al pueblo argentino, al incluir el pago de lucro cesante y a también, además del valor real del bien, se paguen las ganancias hipotéticas y futuras”, agregó.
También se incluyó una cláusula que facilita la regularización dominial para inmuebles rurales, extendiendo el concepto de usucapión de 10 años contemplado en la denominada Ley Pierri a agricultores familiares para que puedan regularizar los inmuebles rurales donde residen y producen.
el polémico capítulo,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El Gobierno porteño aseguró que arreglar los destrozos en el Congreso costará $468 millones
Después de los graves incidentes ocurridos anoche en las inmediaciones del Congreso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aseguró que arreglar los destrozos costará $468 millones.
El Gobierno porteño tuvo que desplegar un operativo especial para restaurar la zona durante la madrugada con trabajos de limpieza y reparación que ya concluyeron.
Entre los principales destrozos se registraron contenedores quemados, veredas rotas y tres patrulleros vandalizados: dos autos y una camioneta.
Cómo se distribuyen los costos de los daños
El Gobierno porteño detalló el desglose de los gastos necesarios para devolver la zona a su estado original. El rubro más costoso fue la reparación del pasto, que demandó $270 millones.
La reposición de cestos y contenedores incendiados o vandalizados, junto con el servicio adicional de limpieza, sumó $130 millones.
Por su parte, el arreglo del equipamiento urbano implicó otros $38 millones, mientras que la reposición de plantas requirió $30 millones.
El operativo de limpieza y los daños a vehículos policiales
A pesar de la magnitud de los destrozos, la Ciudad logró limpiar la zona en pocas horas. Los equipos de limpieza trabajaron durante la madrugada para retirar escombros y reparar los daños más urgentes.
Además de los daños en el espacio público, los incidentes dejaron vidrios rotos en dos patrulleros y una camioneta policial, lo que sumó más complicaciones al operativo de recuperación.
La marcha contra la Ley de Propiedad Privada terminó con incidentes y al menos 26 detenidos
La protesta frente al Congreso contra la Ley de Propiedad Privada escaló a un fuerte enfrentamiento entre la policía y un grupo de manifestantes que se extendió durante varias horas desde las 17 y siguió hasta pasadas las 21. Se contabilizaban al menos 26 detenidos y cinco heridos, entre ellos policías.
Todo comenzó al borde de las vallas instaladas en las inmediaciones del Palacio Legislativo sobre la avenida Entre Ríos. Tras unas primeras horas de marcha pacífica, la policía lanzó gases y camiones hidrantes contra manifestantes que buscaban tirar las vallas.
La tensión creció con el correr de las horas y hacia la noche, gran parte de la movilización ya se había desconcentrado en la plaza, pero la Prefectura, la Infantería y la Policía de la Ciudad avanzaban desde el Parlamento hasta la avenida 9 de Julio.
Los incidentes comenzaron recién alrededor de las 17, cuando varios manifestantes avanzaron sobre el vallado y la policía los dispersó con el camión hidrante, gas pimienta y gases lacrimógenos. También se vio a manifestantes romper baldosas, bancos y veredas de la plaza para tirarles escombros a las fuerzas federales. Hubo al menos nueve detenidos, según un reporte policial de las 21.
Seguridad desplegó la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura en el marco del protocolo antipiquetes, que desde temprano se limitó solo a restringir la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia.
Las fuerzas desconcentraron la manifestación hacia la avenida 9 de Julio. También se desplegaron efectivos de la Policía de la Ciudad, que llegó a apostar un camión hidrante sobre las vías del metrobus.
Según se informó desde el gobierno de Jorge Macri, una oficial de la policía de la Ciudad resultó herida “con traumatismo en un codo por un piedrazo”. Los efectivos porteños intervinieron para repeler manifestantes en la Avenida Callao y Bartolomé Mitre, en Callao y Corrientes y en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. “Los grupos violentos quemaron contenedores de basura y rompieron veredas. Y rompieron los vidrios de un patrullero”, se informó.
Congreso, Incidentes, gobierno de la Ciudad
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