El ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, derogó una resolución que regía desde el período kirchnerista y separaba la inteligencia de la contrainteligencia militar. A través de la nueva resolución 323/2026, se dispuso restablecer la capacidad de las Fuerzas Armadas para realizar contrainteligencia militar y reorganizar el Sistema de Inteligencia de Defensa, en un escenario internacional marcado por la existencia de nuevas amenazas externas.

El Gobierno fortalece de este modo, además, la conducción conjunta del área de inteligencia dentro de las Fuerzas Armadas y fija “mecanismos explícitos de control y coordinación institucional, a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”.

Según informó la cartera que conduce Presti, en la práctica “se corrige una situación excepcional que no existe en sistemas de defensa modernos: ningún país que deba proteger sus capacidades militares separa las funciones de inteligencia y contrainteligencia”.

Durante veinte años, a partir de la resolución 381/2006, firmada por la entonces ministra Nilda Garré, basada en “un criterio doctrinario de fuerte sesgo ideológico”, se impidió a las Fuerzas Armadas contar con capacidades básicas de resguardo frente a amenazas externas.

LLa medida generará seguramente respuestas en el campo político. Garré, quien condujo el área de Defensa entre 2005 y 2010, participará este viernes, junto a los exministros kirchneristas Agustín Rossi y Jorge Taiana, en el Primer Congreso de Defensa Nacional que organizará el Partido Justicialista en su sede de Matheu 130. Allí se debatirá sobre “Soberanía, Fuerzas Armadas y desafíos estratégicos de la Argentina del siglo XXI” y muy probablemente este tema se cuele en la agenda.

La resistencia del kirchnerismo a la contrainteligencia militar se apoya en una visión consolidada desde la recuperación de la democracia, que defiende la separación entre la defensa nacional, que apunta a prevenir amenazas externas, y la seguridad interior, orientada a las amenazas internas. En ese espacio político argumentan que las Fuerzas Armadas no deben realizar tareas de contrainteligencia para evitar “el espionaje político y las violaciones a los derechos humanos”.

“La medida corrige una anomalía doctrinaria e ideológica que durante dos décadas limitó las capacidades esenciales del Sistema de Defensa, al separar de manera artificial la inteligencia de la contrainteligencia, una situación excepcional dentro de los sistemas de defensa modernos”, indicaron indicó en el Ministerio de Defensa.

En las Fuerzas Armadas prevalece el criterio de que la contrainteligencia militar constituye una “herramienta básica” para proteger capacidades estratégicas en la mayoría de los países del mundo.

Otro argumento expuesto por Presti en los fundamentos de la resolución ministerial es que la concepción derogada generaba “grandes vulnerabilidades frente a operaciones externas de influencia, obtención de información sensible y acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura y capacidades militares”.

La nueva resolución se inscribe en “un proceso más amplio de modernización, integración y coordinación del Sistema de Inteligencia Nacional”, informó la gestión de Presti. Añadió que, así, la Argentina “adecua su sistema de inteligencia de la defensa en un escenario internacional cada vez más complejo”.

La resolución firmada por el ministro Presti adecua el sistema de inteligencia de la defensa a “los lineamientos establecidos por el presidente Javier Milei y a la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional impulsada junto a la SIDE, en un contexto internacional atravesado por amenazas híbridas, operaciones de influencia y organizaciones criminales transnacionales”.

En la práctica, las Fuerzas Armadas podrían producir información sobre actores no estatales que pueden constituir amenazas, como las organizaciones Hamas y Hezbolá, estimó una fuente castrense. “Se restablecen herramientas básicas de prevención frente a acciones dirigidas a afectar personal, infraestructura, información sensible y capacidades militares”, explicaron cerca de Presti.

En su artículo 2, la resolución 323/2026 establece que el Sistema de Inteligencia de Defensa (Sidef), que integra el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), estará conformado por la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo titular es el contraalmirante Pablo Javier Barbich, y las direcciones generales de Inteligencia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estas reparticiones deberán considerarse como componentes independientes entre sí y bajo control funcional de la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto, se explicó.

El nuevo esquema establece que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, hoy en manos del general de división Jorge Alberto Puebla, efectuará “requerimientos de inteligencia en función de las necesidades de inteligencia de la defensa a través de directivas de Inteligencia específicas sectoriales”. Así, impartirá al Estado Mayor Conjunto “los lineamientos generales que orienten la planificación y la producción de inteligencia del Sistema de Inteligencia de Defensa, en concordancia con las Directivas de Inteligencia Nacional correspondientes”.

La nueva normativa mantiene expresamente las prohibiciones vigentes respecto a actividades de inteligencia vinculadas a personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales o actividades lícitas ajenas al ámbito de la defensa nacional.

“La Argentina avanza en la modernización de su sistema de defensa y adecua sus capacidades de inteligencia militar a los desafíos del escenario internacional actual”, explicaron en la cartera que conduce Presti.

Las investigaciones sobre los máximos responsables de la AFA llevan más de dos meses en “modo avión”. Los expedientes judiciales se mueven casi por inercia, a la espera de una definición de la Cámara de Casación. El máximo tribunal penal tiene la llave para desarmar una maniobra que buscó concentrar todos los expedientes relevantes en el juzgado federal de Campana.

Esa maniobra, impulsada formalmente por la defensa de los supuestos dueños de la mansión de Pilar, pero orquestada por un grupo de abogados que orbitan alrededor de Claudio Tapia y Pablo Toviggino, coincidió con el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio de Justicia. El 9 de marzo, cuatro días después de la jura del ministro, el juez Alejandro González Charvay le pidió a otros dos jueces que se aparten de seguir investigando. La maniobra tuvo éxito a medias.

Pero no es la única. El empresario Javier Faroni, que recaudó casi US$400 millones en Miami por orden de la AFA, puso en marcha una nueva jugada para intentar invalidar el contenido de los discovery otorgados por dos jueces de Estados Unidos. Son más de 3000 páginas con decenas de transferencias reveladas por el 28 de diciembre pasado. El desvío superaría los US$57 millones, con 10 empresas fantasma involucradas. Pasaron cuatro meses. Nadie fue citado a dar explicaciones.

La maniobra comenzó a gestarse en Estados Unidos a fines de marzo. TourProdEnter, la firma de Faroni y su mujer Erica Gillette, le pidió a los mismos jueces que hicieron lugar a los discovery que prohíban la utilización de su contenido para las causas penales en curso en nuestro país. En el derecho estadounidense se la conoce como una “protective order” u orden de protección.

El argumento legal es que esos discovery habían sido pedidos por el empresario Guillermo Tofoni para presentarlos en una causa comercial contra la AFA. En los últimos días, un juez del estado de Georgia hizo lugar al pedido pero solo respecto al Synovus Bank, uno de los cinco bancos que accedieron a entregar las transferencias.

La segunda parte de la maniobra está en curso. Faroni ahora pretende invalidar las pruebas de los discovery en las causas penales. Los abogados trabajan contrarreloj ante un fallo inminente de la Cámara de Casación, que debe decidir si las causas siguen en Campana o vuelven a la justicia federal o al fuero Penal Económico, donde surgieron los mejores avances.

Esa decisión se conocerá antes del lunes. “Lo que hizo (González Charvay) cuando pidió las demás causas es arriesgado, o se queda con todo o se queda sin nada”, reaccionó una fuente de Tribunales apenas se conoció la jugada. Efectivamente, es a todo o nada.

El juez de Campana sumó el capítulo de “TourProdEnter” que estaba en manos del juez Luis Armella, el mismo que allanó a Faroni. Pero no pudo anexar la causa que llevan adelante la jueza Paula Petazzi y la fiscal Silvana Russi en el fuero penal ordinario. En ese expediente están todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos. Esas pruebas quemaban. “Me piden que vaya al frente y ponen a Mahiques en el Ministerio”, se quejó uno de los investigadores en plena batalla por la competencia. La frase apuntaba a la cercanía del actual ministro con los dirigentes de la AFA.

La maniobra para invalidar los discovery en las causas penales en Argentina todavía no se consumó. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo del fiscal Diego Velasco, sugirió en un informe de más de 50 páginas, al que tuvo acceso , que se avance con un nuevo pedido de colaboración internacional “con el detalle de que esta autorización es especial para cada causa en la que se solicita”. Es más, planteó de hacerlo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG).

Ese mismo informe analizó en detalle el origen de los discovery y las transferencias enviadas desde TourProdEnter a un entramado societario integrado por Marmasch, Soagu Services, Velp, y Velpasalt, las cuatro sociedades creadas por cuatro personas oriundas de Bariloche, o a la sociedad SOMA SRL, involucrada en la compra de la mansión de Pilar.

“El análisis efectuado permite sostener, con la cautela propia de esta etapa, que la documentación proveniente de los procedimientos de discovery aporta información preliminar de notable relevancia para la investigación, en tanto permite reconstruir posibles trayectorias económicas de fondos vinculados con negocios de la AFA, identificar sociedades, cuentas y personas de interés, y orientar con precisión medidas de prueba locales e internacionales”, dice el documento entre sus principales conclusiones.

Las causas contra los jerarcas de la AFA hace tiempo quedaron empatadas entre maniobras judiciales y presiones externas. También se trabó el expediente que tiene un pedido de detención impulsado por un fiscal federal de Santiago del Estero. En esa causa se analizó en profundidad el entramado de sociedades de Toviggino y hasta los vuelos privados del tesorero. Si la investigación avanza, aparecerán datos incómodos como el vuelo que compartió en julio de 2021, desde Miami a Buenos Aires, junto al empresario de los seguros Jorge Giani y su mujer, funcionaria de la Corte Suprema.

El único expediente que avanza a un ritmo sostenido es el que lleva adelante el juez Diego Amarante, donde Tapia y Toviggino están procesados por evasión. Los defensores apuestan a revertir el resultado en la Cámara en lo Penal Económico, convulsionada por la avalancha de pliegos enviados por el Gobierno.

En ese proceso, el abogado de Tapia, Luis Charro, se olvidó de presentar un escrito y quedó tecleando. “Llegó por un rabino y es un milagro que siga en ese cargo”, cuenta otro defensor en tono irónico. Otra versión asegura que llegó de la mano un dirigente de peso en el Tribunal de Disciplina de la AFA. Como sea, ahora la suerte de “Chiqui” Tapia depende de los otros imputados.

Todas las miradas están puestas por estas horas en la Cámara de Casación. Luego de varias semanas de incertidumbre, los jueces se reunieron este lunes y activaron un plazo de cinco días hábiles. En la AFA festejan por anticipado. En Comodoro Py crece la versión que el fallo podría alargar la agonía.

“Uno de los jueces cree que la Cámara que tenía que resolver era la de Penal Económico (no la de San Martín). En ese caso podrían reenviar la causa a ese tribunal para que decida sobre la competencia”, dijo una fuente de los tribunales de Retiro. Si se confirma, ese escenario solo extendería los tiempos. Si la causa vuelve a ese fuero quedaría en manos de la jueza María Verónica Straccia, con buenos antecedentes técnicos. “Es incorruptible”, dice en los tribunales que están a la vuelta de Comodoro Py.

A un mes del Mundial, en la Asociación del Fútbol Argentino no descuidan el frente externo. Las versiones sobre la posible colaboración de Juan Pablo Beacon, exmano derecha de Toviggino, con la Justicia de Estados Unidos generan pánico. De su teléfono brotaron chats, documentos y hasta videos con fajos de dólares. Beacon se refugia y juega al misterio hasta último momento.