INTERNACIONAL
Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos en la Premier League
El expediente que involucra al Manchester City volvió a poner bajo la lupa la quita de puntos en la Premier League, una sanción poco frecuente, aunque capaz de alterar por completo una temporada. Una comisión independiente consideró responsable al club de 114 de los 115 cargos por presuntas infracciones financieras que presentó la liga inglesa. Sin embargo, la pena todavía no fue definida: se resolverá en una audiencia aparte y la institución ya anticipó que apelará la decisión.
El dictamen comprende hechos ocurridos entre las temporadas 2009/10 y 2017/18. Según la máxima categoría del fútbol inglés, la comisión concluyó que el City utilizó contratos simulados con socios comerciales, presentó información contable inexacta y superó los límites de gasto. También determinó que el elenco de Mánchester incumplió su obligación de colaborar con la investigación. El reglamento contempla desde multas hasta descuentos de unidades y otras sanciones deportivas, aunque por ahora no existe una pena concreta.
La falta de una resolución sobre una eventual quita de puntos mantiene abierto el principal interrogante del caso. Si el conjunto dirigido por Pep Guardiola recibiera esa sanción, pasaría a integrar un grupo reducido: desde la creación de la competencia, en 1992, solo cuatro equipos sufrieron este tipo de sanción.
Los antecedentes de equipos que sufrieron quita de puntos
Los casos abarcan situaciones muy distintas, desde la suspensión de un partido hasta la administración concursal y el incumplimiento de las reglas de rentabilidad y sostenibilidad. La propia Premier League confirmó que el proceso disciplinario continúa en marcha y que una posible sanción contra los Citizens se resolverá en otra audiencia privada.
Middlesbrough (1997): 3 puntos
El primer antecedente ocurrió en enero de 1997. Middlesbrough recibió una penalización de tres puntos después de no disputar un encuentro de diciembre de 1996 ante Blackburn Rovers, un rival directo en la lucha por evitar el descenso. El equipo era dirigido por Bryan Robson, quien sostuvo que tenía 23 futbolistas afectados por lesiones o enfermedades y que no podía completar la convocatoria.
El club afirmó que había recibido garantías de que el partido sería reprogramado, aunque no presentó la documentación exigida para respaldar esa versión. La sanción incluyó una multa de USD 65.000 y se mantuvo tras la apelación judicial. Su impacto fue directo: Middlesbrough terminó 19.º y descendió.
Portsmouth (2010): 9 puntos
La siguiente quita llegó 13 años después y estuvo ligada a una crisis financiera. En marzo de 2010, Portsmouth entró en administración concursal, una situación que activó una deducción automática de nueve puntos. El club ya arrastraba dificultades tras años de altos gastos en transferencias, falta de inversión y problemas para cumplir con sus obligaciones económicas.
Entre diciembre de 2009 y febrero de 2010, Portsmouth dejó de pagar salarios. También recibió una orden de liquidación por impuestos impagos. La llegada del propietario Ali Al-Faraj no revirtió el deterioro de las cuentas y la sanción dejó al equipo último en la tabla. El club no logró cambiar el rumbo y terminó descendiendo al final de la temporada.
Everton (2023): 6 puntos
La regulación financiera pasó a ocupar el centro de la escena en 2023, cuando Everton recibió inicialmente la mayor deducción aplicada hasta entonces en la Premier League: diez puntos. Burnley y Leeds United habían pedido una investigación por las pérdidas de su rival en mayo de 2022. La liga abrió el procedimiento en marzo de 2023 y anunció la sanción en noviembre de ese año.
La comisión determinó que Everton había incumplido las normas financieras de la competición. El club apeló la decisión y logró que el descuento se redujera a seis puntos. El episodio se dio en una temporada marcada por la lucha por la permanencia y confirmó que las infracciones contables pueden afectar la disputa deportiva mucho tiempo después de que se registren los gastos cuestionados.
Nottingham Forest (2024): 4 puntos
Durante la misma campaña 2023/24, Nottingham Forest se convirtió en el segundo club sancionado por el régimen de rentabilidad y sostenibilidad. La institución superó en USD 45.500 millones el límite de USD 80 millones permitido durante su período de evaluación, de acuerdo con el recuento de Sports Illustrated. La consecuencia fue una deducción de cuatro puntos.
La sanción volvió a poner el foco sobre las reglas de control económico en Inglaterra. A diferencia de Middlesbrough y Portsmouth, cuyos casos derivaron de un partido sin disputar y de la administración concursal, los expedientes de Everton y Forest se resolvieron a partir de balances, límites de pérdidas y procedimientos regulatorios de la liga.
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INTERNACIONAL
Entregarán restos cremados a familiares de personas cuyos cadáveres se salieron de sus tumbas en el sismo de Panamá
Luego de que un terremoto de 7.5 grados sacudiera el territorio panameño el 9 de octubre y varios cadáveres se salieran de sus tumbas en dos cementerios de la provincia de Veraguas, el Ministerio de Salud entregará los restos cremados de los fallecidos a sus respectivos familiares.
Los cadáveres estaban sepultados en el Cementerio Municipal de Soná y en el Cementerio de Hicaco, y tras el violento movimiento de tierra fueron expulsados de sus féretros.
Expuestos, los restos fueron recogidos por funcionarios del Ministerio de Salud para su posterior cremación, debido a que representaban un peligro para la salud pública.
Cerca de los cementerios hay residencias cuyos habitantes no soportaban los malos olores que empezaban a inundar su entorno.
La entrega de los restos cremados se hará el sábado en un acto solemne.
Esto forma parte de las acciones sanitarias implementadas a consecuencia de las afectaciones ocasionadas por el reciente movimiento sísmico, informó una nota de prensa del ministerio.
El plan de la entidad contemplaba contactar a los familiares para informarles sobre el procedimiento recomendado, que incluía la cremación y la posterior colocación de los restos en criptas que serían construidas en el cementerio.
Antes de avanzar con estas medidas, las autoridades manifestaron que debían completar las labores de saneamiento y desinfección, además de evaluar las estructuras afectadas y determinar cuáles deberán demolerse.
El Ministerio de Salud indicó que el procedimiento no sería de inmediato y que se preparaba una cronología para organizar las distintas etapas.
Hoy día la entidad también intensifica el combate al dengue en Veraguas tras el reciente sismo que afectó al país.
La cartera sanitaria entregó más de 1,496 mosquiteros en las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico. El reparto se concentró en tres puntos: el sur de Soná, la cabecera del mismo distrito y Mariato, donde los equipos de control de vectores combinan la entrega de mosquiteros con jornadas de nebulización e inspecciones casa por casa.
La provincia suma 234 casos de dengue, según el informe epidemiológico del Minsa. De ese total, 204 no presentan signos de alarma, 27 sí los registran y tres son calificados como graves.
La cifra de hospitalizaciones asciende a 29 pacientes. El desglose por gravedad permite al ministerio priorizar la respuesta médica en los casos que requieren mayor atención.
Santiago encabeza la lista de distritos con más contagios, con 74 casos. Le siguen Las Palmas, con 47; Soná, con 18; La Mesa, con 11, y Calobre, con 10.
Mientras avanza el reparto de mosquiteros, el Minsa sostiene un esquema paralelo de vigilancia en los albergues y las comunidades afectadas por el sismo. El objetivo es detectar a tiempo cualquier brote entre la población desplazada.
El personal de salud también realiza pruebas a los pacientes que presentan síntomas febriles. Con esos estudios, el ministerio busca descartar tanto dengue como malaria en quienes permanecen en los refugios.
Hasta el momento, ninguna de las evaluaciones realizadas en los albergues arrojó resultado positivo. La ausencia de casos confirmados en ese universo de pacientes es, por ahora, el dato más alentador del operativo sanitario en la zona del sismo.
Las autoridades sanitarias reiteraron un pedido directo a la población de Veraguas: eliminar los criaderos de mosquitos y mantener limpios los alrededores de las viviendas. Esas dos acciones figuran como la primera línea de defensa contra la propagación del vector.
El ministerio también solicitó atención a los síntomas que pueden anticipar un cuadro de dengue. Fiebre, dolor de cabeza y dolor muscular aparecen como las señales que ameritan una consulta médica inmediata.
Las autoridades insistieron en un punto adicional: evitar la automedicación. La recomendación apunta a que los pacientes con síntomas febriles acudan sin demora a las instalaciones de salud, en lugar de tratar el cuadro por cuenta propia.
La combinación de nebulización, inspecciones y entrega de mosquiteros conforma la estrategia con la que el ministerio busca contener la transmisión en los distritos más golpeados por el sismo. La vigilancia en albergues, señala la entidad, continúa activa mientras se procesan nuevas pruebas a pacientes con síntomas compatibles con la enfermedad.
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INTERNACIONAL
DOJ fires back at Dem AG over Election Day guidance telling officials when to call cops on federal agents
The Justice Department blasted Virginia Democratic Attorney General Jay Jones’ Election Day guidance as «bluster and political posturing,» pushing back against his 10-page directive advising local election officials to call police when federal agents approach polling places and to document their activities.
The Oct. 15 bulletin, jointly issued by Jones’ office and the Virginia Department of Elections, outlines how officials should respond to federal agents, scrutinize requests from DOJ election monitors and prepare for potential federal demands for ballots and voting equipment.
The dispute comes as conservative litigation firm America First Legal pursues records concerning the state’s warnings about potential federal election interference, which Digital has learned.
«The Virginia Attorney General’s performative actions attack a strawman,» a DOJ spokesperson told Digital. «DOJ’s election monitors will be engaging in the same routine monitoring we’ve done for decades.»
SPANBERGER AG DRAWS FIRE OVER TWO-FRONT FIGHT AGAINST TRUMP ENFORCEMENT AGENDA
«We’re hopeful local election officials in Virginia continue their longstanding practice of allowing DOJ election monitors into polling places to evaluate for compliance with federal law,» the spokesperson continued. «The Virginia AG’s statement reads as nothing more than bluster and political posturing for his own self-interested purposes.»
DOJ has already announced it plans to send election monitors to Democratic-heavy Fairfax and Prince William Counties.
Del. Wren Williams, R-Stuart, an attorney who battled Jones over Democrats’ failed redistricting-related litigation, said Jones has his election-security priorities backward.
«Jay Jones wants poll workers collecting ICE agents’ badge numbers, but God forbid they verify a voter’s ID,» Williams said. «Plus, I thought Democrats said illegals weren’t voting, so who exactly is Jones trying to protect?»
MAP IT: DOJ ILLEGAL VOTING CRACKDOWN SWEEPS 17 STATES AS RAZOR-THIN ELECTIONS FACE SCRUTINY
Virginia still requires voters to present identification or sign an identity confirmation statement, although legislation enacted this year eliminated Election Day challenges to individual voters’ qualifications at polling places.
The blueprint noted that ELECT — the Virginia elections agency — received multiple inquiries about how to respond to federal representatives showing up at polls.
It instructed election officials to consult with lawyers and establish communications with local prosecutors and police:
«Having these discussions prior to Election Day ensures that election officials can provide their perspective to local law enforcement about what counts as intimidation and interference during elections, including issues related to the presence of unauthorized individuals.»
«If, for example, an armed individual attempts to gain access to a polling location, officials should call local law enforcement immediately,» it added in a section addressing unauthorized individuals and prohibited conduct.
The bulletin separately advises officials to consider contacting police and counsel if federal agents approach or enter polls, while cautioning against physically obstructing them.
Virginia State Sen. Danny Diggs, R-Poquoson — the former sheriff of York County — told Digital that in his 45 years in law enforcement he never saw an officer or official observer «make a polling place less safe.»
«I routinely visited every polling place, inside and outside, while armed and in uniform and was always welcomed by election officials and voters. The Attorney General apparently thinks otherwise,» Diggs said. He also called it «reckless» for the attorney general’s game plan to urge election officials to confront federal observers.
On Page 4, the plan says ordinary DOJ monitors must obtain local authorization to enter polling locations, under rules similar to those for neutral observers.
If a DOJ monitor requests access, the plan prescribes that local registrars discuss the scope of the monitoring with the agency before consenting, and «consider asking whether DOJ is assessing compliance with civil or criminal federal laws.»
The bulletin also advises election officials to consult attorneys and prepare to respond to federal subpoenas seeking ballots or voting equipment.
Digital reached out to Jones and ELECT for comment and a response to critics.
Jones, however, spoke out days earlier after launching a related new Voter Protection Section within his office.
«I was raised by people who understood that the right to vote was never simply given. Generations of Americans had to sacrifice, organize, and show extraordinary courage to claim that right,» Jones said in a statement obtained by Digital. «That history is personal to me, and it reminds us that the work of civil rights and voting rights is never finished.
«That is why we created a dedicated Voter Protection Section within the Office of the Attorney General. This work now has a permanent home, and a team focused every day on defending voting rights and enforcing Virginia law. Virginia votes every year, and protecting the franchise must be a year-round responsibility. In Virginia, the right to vote will be defended.»
Virginia Beach attorney Tim Anderson also analyzed Jones’ gameplan, calling it a «remarkable directive to election officials.»
«While all this is happening, Virginia has eliminated the ability to challenge a voter’s qualifications at the polling place,» Anderson said.
«Think about what we’re witnessing: The attorney general is preparing election officials to scrutinize federal law enforcement while Virginia has eliminated a longstanding Election Day safeguard for questioning voter eligibility,» he said in a statement. «The bulletin identifies no specific planned unlawful federal operation in Virginia.»
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America First Legal (AFL) exclusively told Digital on Tuesday it filed a public-records request Monday seeking legal analyses and communications behind the bulletin, records concerning Jones’ newly launched Voter Protection Section and inquiries about federal election monitoring.
The dispute now turns on what evidence, if any, prompted Jones’ office to prepare for potential federal interference at Virginia polling places, and whether the records sought by America First Legal will shed light on the attorney general’s concerns ahead of Election Day.
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INTERNACIONAL
Quejas de los consumidores panameños suman más de USD 26.6 millones entre enero y septiembre de este año
Un total de USD 26.6 millones concentran las quejas presentadas por consumidores panameños entre enero y septiembre de este año ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).
El dato más llamativo no es la suma general, sino una desproporción puntual, toda vez que los 74 casos por vicios ocultos movieron USD 3.954.861,78, una cifra superior a la que generaron las 130 reclamaciones por cláusulas abusivas juntas.
Esa diferencia confirma que el tamaño del reclamo no siempre corresponde a la cantidad de denuncias.
Algunas categorías con pocos casos concentran montos más altos que otras con volúmenes mayores de quejas.
El incumplimiento de garantías encabeza la lista en las dos variables: 1.008 casos, por un total de USD 9.029.278,49.
Entre enero y septiembre, los panameños presentaron 2.562 reclamaciones que suman USD 26.631.922,30, principalmente por incumplimiento de garantías, devolución de dinero y falta de información, según Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia.
Después del incumplimiento de garantías aparecen las reclamaciones por devolución de dinero, con 229 casos por USD 3.656.844,49, y la falta de información, con 482 quejas que suman USD 3.478.272,12.
El incumplimiento de contrato sumó 65 reclamaciones por USD 2.476.435,85.
Inmobiliarias, almacenes y agencias de autos concentran la mayoría de las denuncias
Al revisar las quejas por rubro comercial, se tiene en efecto que las inmobiliarias ocuparon el primer lugar con 321 casos.
Los almacenes por departamentos siguieron con 288 reclamaciones, y las agencias de autos cerraron el podio con 254.
El informe de la entidad gubernamental también revela que los comercios de electrodomésticos y equipos electrónicos sumaron 228 quejas.
En tanto, la venta de autos usados acumuló 124 casos, mientras que los establecimientos de venta de celulares registraron 102.
También figuran 101 quejas vinculadas a televisión por cable, 95 por hoteles o planes vacacionales y 92 por talleres de reparación de autos.
Los repuestos para vehículos y los servicios de telefonía registraron 53 casos cada uno.
El resto de las actividades señaladas, siempre de acuerdo a un informe de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, incluye bancos (49 casos), actividades recreativas (48), funerarias (45) y servicios profesionales (43).
Las mueblerías y los talleres de reparación no automotrices sumaron 40 quejas cada uno.
Completan el listado las agencias de motos (32 casos), las universidades (31), los cursos de inglés (28), las joyerías y relojerías (28) y las ópticas (26).
La entidad de protección al consumidor recordó a los consumidores la importancia de conocer sus derechos antes de contratar un servicio o adquirir un producto. El organismo recomienda revisar las condiciones de cada operación de forma previa.
La institución gubernamental también insistió en conservar facturas, contratos, garantías y comprobantes de pago.
Esos documentos, afirma, respaldan cualquier reclamación posterior que tengan los consumidores ante irregularidades que estime se le presenten.
Cuando un consumidor considera que sus derechos fueron vulnerados, puede presentar la queja correspondiente ante la entidad y aportar la documentación que sustente su caso.
La Acodeco también informó que prepara el lanzamiento de una aplicación móvil que permitirá presentar quejas y denuncias desde el teléfono celular. Se indicó que la herramienta se encuentra actualmente en fase de pruebas y revisión.
El desarrollo forma parte de los preparativos previos al lanzamiento oficial de la plataforma, de acuerdo a la información oficial. Con ella, los consumidores podrán registrar sus casos de manera más sencilla y dar seguimiento a sus trámites.
La institución busca que el acceso a sus servicios se agilice mediante herramientas digitales. El objetivo es que la atención de las reclamaciones gane rapidez frente al volumen actual de denuncias.
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