La Justicia le dio malas noticias a los empresarios acusados en el juicio por los cuadernos de las coimas. La Cámara Federal de Casación decidió reponer el bloqueo de fondos depositados en bancos de Suiza y actualizar los embargos sobre los bienes de los acusados, medidas que habían sido levantadas por el tribunal oral federal.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación -por mayoría- hizo lugar al recurso de casación de la fiscalía y ordenó que se mantengan y actualicen estas medidas cautelares impuestas al empresario Juan Carlos De Goycochea.

Si bien se trata de un fallo sobre un acusado en particular, sus efectos se proyectan sobre planteos similares de otros acusados, dijeron fuentes judiciales a .

La Sala I de la Cámara de Casación, con el voto de Gustavo Hornos y Javier Carbajo, resolvió revocar la decisión dictada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 7, que lleva adelante el juicio oral por los cuadernos de las coimas. El tercer camarista, Diego Barroetaveña, votó en disidencia.

Lo que resolvieron los jueces, en concreto, es reponer el bloqueo de activos correspondiente al remanente de los fondos depositados en la cuenta N° 11.451.742 del Intesa San Paolo Private Bank –Suisse– SA, de Lugano y el embargo dispuesto sobre dos inmuebles ubicados en Chubut, al tiempo que dispusieron mantener la inhibición general de bienes que pesaba sobre el imputado, pues había incumplido un embargo ya ordenado.

En los votos de los camaristas Carbajo y Hornos, quienes conformaron la mayoría, coincidieron en la falta de fundamentación del levantamiento de las medidas cautelares, especialmente atendiendo a que el juicio oral y público está en pleno desarrollo.

Recordaron que el sentido final de la vigencia de los fondos suizos, los embargos y la inhibición general de bienes, es asegurar el cumplimiento de las eventuales multas, indemnizaciones, penas pecuniarias, costas y el recupero de los bienes provenientes de los delitos de lavado de activos.

Además dijeron que esos objetivos podrían verse comprometidos por la decisión que había tomado el Tribunal Oral Federal, con los votos mayoritarios de Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y la disidencia de Germán Castelli.

Además los camaristas de Casación tuvieron en cuenta que fue el 19 de abril de 2023 la última oportunidad en que se ajustó el monto del embargo ordenado con respecto a los bienes de De Goycochea.

Afirmaron que ahora, transcurridos más de dos años y medio, “resulta, a todas luces, que ha quedado desactualizado frente a los cambios económicos experimentados”. Advirtieron que hubo “avatares inflacionarios de público conocimiento y las oscilaciones del valor de la moneda nacional, circunstancia que no ha sido contemplada por la mayoría” de los jueces del Tribunal Oral Federal a cargo del juicio.

Hornos, en su voto, recordó que los hechos juzgados en esta causa se vinculan con hechos de corrupción. Dijo que se investiga la presunta existencia de una asociación ilícita, constituida por funcionarios y empresarios que habría operado desde 2003 a 2015 “cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.

En ese contexto, a De Goycoechea se le atribuye haber efectuado dieciocho pagos, como representante del grupo Isolux Corsan SA, a funcionarios nacionales, que se investigan como supuestos sobornos para mantener sus contratos con el Estado. Se trataba del contrato para obtener la adjudicación de la obra de la Central Termoeléctrica Río Turbio.

De este modo, la Cámara de Casación revocó la decisión del tribunal oral y ordenó que los jueces repongan las medidas cautelares dispuestas con respecto a De Goycoechea y que actualicen los embargos. El caso llegó a la Cámara de Casación a raíz de un apelación de la fiscal ante el tribunal oral Fabiana León, que fue mantenido por el fiscal ante la Cámara de Casación Raúl Pleé.

Los fondos en Suiza fueron detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF) y bloqueados por el fallecido juez Claudio Bonadio. De Goycoechea y su esposa figuraban como titulares y beneficiarios finales de la cuenta con US$ 5.543.443 al 2 de noviembre de 2018.

Otra cuenta del UBS Switzerland AG, también radicada en Suiza, acumulaba activos por US$ 8.400.000 en diciembre de ese año. El tribunal oral desbloqueó esos fondos que ahora se ordenó congelar nuevamente. De Goycochea declaró como arrepentido al comienzo del caso, apenas cayó preso, y confesó haber realizado pagos ilegales, aunque dijo que no eran sobornos.

De Goychoechea admitió que le pagó a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner, pero resaltó que los montos “no son los que se dicen” y que lo hizo porque lo “apretaban” pidiéndole plata para campañas electorales.

El empresario aseguró que todo ocurrió bajo presión de los funcionarios. Declaró que no tenía “más remedio” que pagar, pero negó que hubiera efectuado pagos por seis millones de dólares, como estimó el chofer Oscar Centeno en sus anotaciones, que motivaron la causa. Dijo que la cifra era menor.

Centeno lo ubicó como protagonista de un pago de 6 millones de dólares a Roberto Baratta, mano derecha de Julio de Vido, que tuvo lugar en Maipú 741, suma de dinero que a su vez le entregan a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner.

Centeno escribió: “Llevé al Licenciado [Baratta] a Maipú 742, donde se encontró con dos personas y luego subieron al 1 B y luego bajaron del Dpto el Lic. y una persona con una valija más o menos de 90 cm de alto, por 40 de ancho y 20 cm de espesor. Yo la cargué en el baúl del auto y pesaría más o menos 40 kgs. Era dinero. Y luego lo llevo al Lic. a su dpto, donde se baja con la valija y luego lo traje al Lic. al ministerio. Las personas son de Isolux-Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que el 13 de julio último presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para expresar su “más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Medway”, que fue “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas” y por el que Argentina «no fue debidamente notificada de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes”.

Esas acciones, indicó la Cancillería, “involucraron el tránsito” de ese bique por el Mar Territorial argentino”.

La presentación se hizo por instrucción del canciller Pablo Quirno y, si bien se había formulado el pasado 13 de julio, se dio a conocer este miércoles por la noche, después del triunfo de la selección argentina sobre Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió en un comunicado que “esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos 1, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado 1.2 ‘Medidas de fortalecimiento de la confianza’, punto ‘b’ (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)”.

“El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución”, indicó la Cancillería.

Y señaló que “tales movimientos inconsultos e ilegales contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Esa resolución, recordó la Cancillería, “que exhorta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía”.

“Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia”, alertó el gobierno argentino.

Y reafirmó “una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

“Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son Argentinas”, postuló la Cancillería.

Pedido de Unión por la Patria

Un grupo de diputados de Unión por la Patria (UP) había impulsado el lunes último un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del buque militar británico que, tras zarpar de las Islas Malvinas hacia Chile, navegó a principios de julio por aguas bajo jurisdicción argentina.

“Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó Guillermo Michel, uno de los autores del proyecto.

La iniciativa exigía explicaciones al Gobierno sobre el tránsito del HMS Medway, un patrullero oceánico de la Royal Navy británica.