POLITICA
El oficialismo llama a una sesión en Diputados para bajar subsidios al gas y bloquea posibles pedidos de interpelación a Adorni
El oficialismo en la Cámara de Diputados se decidió a tomar la iniciativa y definió el llamado a una sesión especial para la semana que viene, en la que llevará al recinto un paquete de proyectos del Ejecutivo nacional.
Teniendo en cuenta que la oposición postergó para la semana que viene la sesión especial en la que busca avanzar con los proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, el bloque de La Libertad Avanza pidió una sesión especial para el mismo día, miércoles 20, una hora antes de la que tenía prevista pedir la oposición, con el fin de no sólo tratar temas propios, sino bloquear cualquier intento de los bloques antagonistas.
El temario incluye la denominada “Ley de Hojarasca” —destinada a derogar legislación obsoleta—, y un proyecto del Poder Ejecutivo para modificar el régimen de subsidios al gas natural en zonas frías. Además, incluye una serie de tratados internacionales de extradición y asistencia jurídica mutua con Polonia, Costa Rica, Chile, Serbia e Italia, el Convenio de La Haya sobre cobro internacional de alimentos para niños, el Convenio Internacional de Nairobi sobre remoción de restos de naufragio. También figuraban dos iniciativas para conceder la Medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al brigadier (R) Jorge Francisco Martínez por su actuación en la Guerra del Atlántico Sur.
La convocatoria fue impulsada por diputados del oficialismo —entre ellos Gabriel Bornoroni, Laura Rodríguez Machado y Bertie Benegas Lynch— y el reglamento estipula que el presidente de la Cámara tiene que llamar a las dos sesiones, pero que si la primera consigue el quórum, se avanza con esa. Esto quedó en claro en la firma del dictamen de Zona Fría que, además de LLA, lo firmaron el PRO, la UCR, el MID, Independencia, Innovación y Producción y Trabajo.
Del temario, el proyecto que más debate va a generar es la modificación de la ley de Zona Fría, que establece una tarifa diferenciada para ciertas zonas del país y que mediante una ley del diputado Máximo Kirchner de 2022 se había ampliado. El esquema que propone el Gobierno elimina zonas del beneficio y establece requisitos de ingresos para poder acceder al subsidio para el consumo de gas.
El proyecto elimina la bonificación universal del 50% sobre el precio del gas y la reemplaza por una bonificación “adicional por Zona Fría” de alcance restringido: solo acceden los hogares que estén inscriptos en el SEF, cuyo requisito de ingreso es no superar tres Canastas Básicas Totales para un “Hogar 2” según el INDEC. Los usuarios de esas zonas que no cumplan ese criterio socioeconómico dejarán de recibir cualquier subsidio al gas. A fecha de abril/marzo de 2026, tres Canastas Básicas Totales (CBT) para una familia tipo en Argentina superan los $4.300.000, considerando que una sola canasta familiar ronda los $1.434.463 según datos de INDEC.
Este cambio impacta en 55 departamentos en Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe, 1 en Tucumán. En estas localidades solo podrán acceder al beneficio aquellos consumidores —se toma por medidor— que tengan como ingresos menos de tres canastas básicas.
Las zonas originales del régimen —Patagonia, Malargüe y la Puna— mantienen la bonificación del 50% sobre el precio del gas sin condición de ingresos para los usuarios residenciales y del Servicio General P. El proyecto deroga expresamente los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 27.637, que regulaban la ampliación territorial y sus mecanismos operativos.
En paralelo, la oposición trabajaba en un llamado a sesión en donde, además de los proyectos de interpelación al Jefe de Gabinete, ingresaran otros como los que tienen que ver con las ayudas a las familias endeudadas, algo que por ahora el oficialismo y sus socios parecen haber logrado bloquear.
El municipio de Villa La Angostura acelera la recuperación del camping Quila Hue, ubicado sobre la costa del lago Correntoso y usurpado por la comunidad mapuche Paichil Antriao desde 2011. Para ello, pedirá a la Justicia que ejecute la sentencia firme que ordena la restitución del predio y, si no hay un retiro voluntario, disponga el desalojo de los ocupantes.
La comunidad mapuche Paichil Antriao agotó las instancias recursivas para mantener el control del espacio. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el municipio busca retomar la administración del predio y acondicionarlo para la próxima temporada de verano.
El conflicto se originó en 2011, cuando integrantes de la comunidad Paichil Antriao se instalaron en el camping luego de que venciera la concesión municipal del predio. En 2012, la Municipalidad inició una demanda civil para recuperarlo. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia ordenó la restitución del inmueble y en abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó esa decisión al rechazar el planteo de ancestralidad de la comunidad.
Tras sucesivos recursos, la Corte Suprema dejó firme en agosto de 2026 la sentencia que obliga a devolver el camping al municipio, habilitando la etapa de ejecución y, de no mediar un retiro voluntario, un eventual desalojo.
Según publicó La Angostura Digital, el municipio solicitará al juez civil y comercial Francisco Astoul Bonorino que ejecute la sentencia. La comunidad, en cambio, anticipó que no abandonará el predio y que resistirá un eventual operativo de desalojo.
La posición del municipio
El intendente Javier Murer anticipó que el municipio trabajará con el juez para pedir la restitución y un plazo para una devolución pacífica del predio.
“Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica”, indicó Murer tras la confirmación del fallo. El intendente sostuvo que el municipio buscará evitar un desalojo por la fuerza, aunque remarcó que el predio deberá volver a la administración comunal.
En el gobierno comunal coinciden en que la instancia de negociación está cerrada y que la solución definitiva al conflicto pasa por la recuperación del control del camping.
Juan Pablo Naretti, jefe de Gabinete municipal, afirmó que el Ejecutivo “aguarda que el expediente regrese al fuero local”. El último intento para revertir el desalojo fue presentado el 5 de octubre, aunque el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la comunidad.
El reclamo de la comunidad
Para los demandados, integrantes de la comunidad Paichil Antriao, no se trata de una usurpación. Las dos personas mencionadas en el expediente fueron concesionarias del camping y, al vencer el contrato, decidieron permanecer en el lugar en lugar de restituirlo al municipio.
La comunidad sostiene que el predio forma parte de un territorio ancestral y cuestiona que no se haya completado el relevamiento territorial del INAI. La Justicia, en cambio, entendió que no se acreditó esa ocupación ancestral y reconoció el derecho del municipio a recuperar el espacio.
El municipio alega la titularidad del inmueble, la caducidad de la concesión y el cumplimiento de una sentencia firme. Por eso busca retomar la administración del camping o volver a concesionarlo.
Paicil Antriao
POLITICA
Discapacidad: el peronismo podría acompañar el proyecto libertario tras la negociación de nuevos cambios
El debate por los fondos para la atención de las personas con discapacidad podría dar un giro inesperado en Diputados. Después de meses de enfrentamientos con el Gobierno, el peronismo evalúa la posibilidad de acompañar el proyecto que el oficialismo negoció con aliados si los libertarios aceptan incorporar una serie de modificaciones durante la sesión. La alternativa abrió una discusión interna en Unión por la Patria (UP), donde todavía no hay una posición unificada sobre cómo proceder.
El dilema es político, pero tiene consecuencias prácticas. Un sector del PJ plantea insistir con la ley de emergencia en discapacidad, aun a riesgo de que Javier Milei vuelva a vetarla y el sector se quede sin respuestas. Otros consideran que, si el oficialismo acepta buena parte de los reclamos de la oposición, convendría acompañar el nuevo proyecto para garantizar mejoras concretas a los beneficiarios y prestadores, aunque eso implique resignar nitidez opositora.
Con su apoyo, el texto podría reunir un consenso casi unánime −de dos tercios− que blindaría la norma ante un veto presidencial.
Las modificaciones que podrían destrabar el acuerdo fueron propuestas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y respaldadas por UP, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Los cambios se conversan con las libertarias Laura Rodríguez Machado y Gisele Castelnuovo. Participó la massista Sabrina Selva, de UP.
El bloque peronista también pidió adelantar el tratamiento de la iniciativa al segundo lugar del temario, en vez del anteúltimo, como se había acordado originalmente.
Los cambios precisan los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
También refuerzan las garantías de financiamiento: si los recursos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse partidas del Tesoro. Además, se establece que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales.
Por otra parte, se fijan plazos concretos para saldar las deudas con los prestadores. El Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un máximo de 90 días.
También se garantiza la cobertura de las prestaciones médicas básicas del plan Incluir Salud a quienes cobren una pensión por invalidez. Se aclaró, por último, que el cobro de una pensión es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El debate atraviesa también al resto de los bloques opositores, aunque allí la balanza parece inclinarse a favor de acompañar la iniciativa si se incorporan las modificaciones acordadas. “Si se aceptan, no queda mucho motivo para no votar”, explicó a un referente de la oposición moderada.
La posición de las organizaciones del sector es uno de los factores que pesan en las negociaciones. Aunque persisten los pedidos de garantías sobre el cumplimiento efectivo de las medidas, la posibilidad de alcanzar una solución legislativa que contemple buena parte de sus reclamos modifica el escenario para los bloques.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Discapacidad,Conforme a
POLITICA
Javier Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de México, Colombia y Ecuador
El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador. La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y contempla su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida alcanza a las organizaciones criminales mexicanas Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; a las organizaciones guerrilleras colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.
Según informó la Presidencia, la decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Qué organizaciones fueron declaradas terroristas por el Gobierno
En el comunicado, el Ejecutivo explicó los motivos por los que resolvió incluir a los cinco grupos en la nómina de organizaciones terroristas.
Sobre el Cártel de Sinaloa, señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que ya fue designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.
En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, indicó que es una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que el Gobierno calificó de alarmante.
Respecto de Los Tiguerones, el comunicado sostuvo que es un cártel de origen ecuatoriano vinculado al narcotráfico y al sicariato, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
También recordó que este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, una agrupación que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.
El Gobierno dedicó otro apartado a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN, a las que definió como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
En ese sentido, el documento oficial sostuvo: “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.
Además, advirtió que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión regional representan, según la evaluación del Ejecutivo, un riesgo para la seguridad argentina.
Milei ordenó incorporar a los grupos al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo
Como consecuencia de estas designaciones, el Gobierno dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Se trata de una herramienta estatal destinada a identificar personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y su financiamiento.
La decisión implica que los grupos quedarán formalmente incluidos en ese registro argentino. El comunicado, sin embargo, no detalla medidas operativas adicionales ni informa sobre investigaciones específicas relacionadas con su actividad en el país.
En el cierre del documento, firmado por Milei, la Presidencia expresó que el mandatario “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.
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