POLITICA
Un abogado del caso Cuadernos lanzó un insulto en pleno juicio y luego dijo que era su modo de llamar a un fiscal
Un nuevo exabrupto tuvo lugar en el juicio de los Cuadernos de las Coimas, que se desarrolla entre la virtualidad y la presencialidad. En la audiencia de este jueves, el tribunal volvió sobre un episodio ocurrido el martes y le llamó la atención a uno de los abogados de los acusados, Juan Manuel Ubeira, quien, con el micrófono de su computadora abierto, había lanzado un insulto al aire. “Hijo de puta”, se escuchó en el juicio.
“No era contra ninguna de las partes que están aquí presentes”, se disculpó hoy Ubeira, sentado ya frente a los jueces del tribunal en la sala Auditorium, en los tribunales de Comodoro Py. Su insulto, aclaró, tenía como destinatario al fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli.
“Me estaba interpelando un colega vinculado al tema de que yo había tratado de ‘criminal’ la instrucción de primera instancia y salió el nombre de Stornelli y dije ‘sí, ese hijo de puta’. Eso fue lo que pasó”, relató, y añadió: “Generalmente suelo referirme a Stornelli de esa forma, pero nunca en público”.
Su encono tiene como precedente una causa judicial, ya cerrada. El abogado Ubeira -defensor en otras causas de Cristina Kirchner- acusó al fiscal de haber querido implantarle una cámara oculta, a través del falso abogado Marcelo D’Alessio, causa por la cual el fiscal fue sobreseído en distintas instancias.
En el juicio de los Cuadernos, Ubeira y otros defensores tienen como eje de crítica el presunto uso extorsivo que el fiscal Stornelli habría hecho de la ley del arrepentido durante la instrucción. Es un ataque a una de las vigas maestras del caso: empresarios y exfuncionarios aceptaron tener algún grado de participación en el mecanismo de recaudación que está siendo juzgado y que tiene a la expresidenta como presunta jefa.
Llamados de atención
No es la primera vez que Ubeira sobresale por sus dichos en el juicio. Se había referido a los arrepentidos como “buchones” y el jueves pasado le preguntó a la testigo Candela Ini, con un aire sugerente, si era “señora o señorita”, hecho por el cual la fiscal Fabiana León lo criticó. “Falta que le pida el número de teléfono”, marcó, enojada.
“Tengo 72 años de edad, hace 45 que ejerzo este oficio. Jamás en la vida un juez o una fiscal me llamó la atención en público. No lo voy a empezar a permitir a esta altura de mi vida”, contrapuso Ubeira en la última audiencia. Hoy, reprendido por su insulto, no pudo más que pedir disculpas.
El del martes tampoco fue el primer episodio que rompió con la solemnidad del proceso. Cuando todavía el juicio se desarrollaba enteramente de manera virtual, una cámara encendida captó al exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, paseando por su casa con el torso desnudo.
Una de las situaciones más llamativas se produjo al inicio del juicio. El empresario santafesino Alberto Ángel Padoán (Vicentín), siguió parte de la primera audiencia desde su cama, aunque no fue captado por la transmisión oficial del Poder Judicial.
“La frase se pudo escuchar en la grabación”, marcó este jueves el presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, respecto al insulto de Ubeira. “Corresponde que lo exhorte puntualmente a que se abstenga -le dijo al abogado- de hacer manifestaciones que puedan resultar injuriantes o descalificatorias. Son impertinentes y no tienen que ver con el objeto del juicio.”
En este proceso, Ubeira defiende al misionero Oscar Thomas, director durante los 12 años del kirchnerismo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Cuando declaró, sostuvo que en los paquetes que le entregaba a Roberto Baratta había yerba.
“Yo siempre le traía yerba a todo el personal de él, que siempre me atendía bien. Entonces yo traía yerba de Misiones o mi secretaria se la mandaba con mi chofer. A veces le llevaba la bolsa o él pasó alguna vez por mi casa a retirar eso”, sostuvo.
Federico González del Solar,Los cuadernos de las coimas,Conforme a,Los cuadernos de las coimas,,El valor de no ceder,,Cuadernos de las Coimas. La periodista de LA NACION que trabajó en la investigación validó las anotaciones de Centeno,,LN+. Diego Cabot contó cómo fue su declaración en la causa Cuadernos: “Sabía que iban a ser muy beligerantes”
El municipio de Villa La Angostura acelera la recuperación del camping Quila Hue, ubicado sobre la costa del lago Correntoso y usurpado por la comunidad mapuche Paichil Antriao desde 2011. Para ello, pedirá a la Justicia que ejecute la sentencia firme que ordena la restitución del predio y, si no hay un retiro voluntario, disponga el desalojo de los ocupantes.
La comunidad mapuche Paichil Antriao agotó las instancias recursivas para mantener el control del espacio. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el municipio busca retomar la administración del predio y acondicionarlo para la próxima temporada de verano.
El conflicto se originó en 2011, cuando integrantes de la comunidad Paichil Antriao se instalaron en el camping luego de que venciera la concesión municipal del predio. En 2012, la Municipalidad inició una demanda civil para recuperarlo. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia ordenó la restitución del inmueble y en abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó esa decisión al rechazar el planteo de ancestralidad de la comunidad.
Tras sucesivos recursos, la Corte Suprema dejó firme en agosto de 2026 la sentencia que obliga a devolver el camping al municipio, habilitando la etapa de ejecución y, de no mediar un retiro voluntario, un eventual desalojo.
Según publicó La Angostura Digital, el municipio solicitará al juez civil y comercial Francisco Astoul Bonorino que ejecute la sentencia. La comunidad, en cambio, anticipó que no abandonará el predio y que resistirá un eventual operativo de desalojo.
La posición del municipio
El intendente Javier Murer anticipó que el municipio trabajará con el juez para pedir la restitución y un plazo para una devolución pacífica del predio.
“Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica”, indicó Murer tras la confirmación del fallo. El intendente sostuvo que el municipio buscará evitar un desalojo por la fuerza, aunque remarcó que el predio deberá volver a la administración comunal.
En el gobierno comunal coinciden en que la instancia de negociación está cerrada y que la solución definitiva al conflicto pasa por la recuperación del control del camping.
Juan Pablo Naretti, jefe de Gabinete municipal, afirmó que el Ejecutivo “aguarda que el expediente regrese al fuero local”. El último intento para revertir el desalojo fue presentado el 5 de octubre, aunque el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la comunidad.
El reclamo de la comunidad
Para los demandados, integrantes de la comunidad Paichil Antriao, no se trata de una usurpación. Las dos personas mencionadas en el expediente fueron concesionarias del camping y, al vencer el contrato, decidieron permanecer en el lugar en lugar de restituirlo al municipio.
La comunidad sostiene que el predio forma parte de un territorio ancestral y cuestiona que no se haya completado el relevamiento territorial del INAI. La Justicia, en cambio, entendió que no se acreditó esa ocupación ancestral y reconoció el derecho del municipio a recuperar el espacio.
El municipio alega la titularidad del inmueble, la caducidad de la concesión y el cumplimiento de una sentencia firme. Por eso busca retomar la administración del camping o volver a concesionarlo.
Paicil Antriao
POLITICA
Discapacidad: el peronismo podría acompañar el proyecto libertario tras la negociación de nuevos cambios
El debate por los fondos para la atención de las personas con discapacidad podría dar un giro inesperado en Diputados. Después de meses de enfrentamientos con el Gobierno, el peronismo evalúa la posibilidad de acompañar el proyecto que el oficialismo negoció con aliados si los libertarios aceptan incorporar una serie de modificaciones durante la sesión. La alternativa abrió una discusión interna en Unión por la Patria (UP), donde todavía no hay una posición unificada sobre cómo proceder.
El dilema es político, pero tiene consecuencias prácticas. Un sector del PJ plantea insistir con la ley de emergencia en discapacidad, aun a riesgo de que Javier Milei vuelva a vetarla y el sector se quede sin respuestas. Otros consideran que, si el oficialismo acepta buena parte de los reclamos de la oposición, convendría acompañar el nuevo proyecto para garantizar mejoras concretas a los beneficiarios y prestadores, aunque eso implique resignar nitidez opositora.
Con su apoyo, el texto podría reunir un consenso casi unánime −de dos tercios− que blindaría la norma ante un veto presidencial.
Las modificaciones que podrían destrabar el acuerdo fueron propuestas por el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y respaldadas por UP, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.
Los cambios se conversan con las libertarias Laura Rodríguez Machado y Gisele Castelnuovo. Participó la massista Sabrina Selva, de UP.
El bloque peronista también pidió adelantar el tratamiento de la iniciativa al segundo lugar del temario, en vez del anteúltimo, como se había acordado originalmente.
Los cambios precisan los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), superar una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.
También refuerzan las garantías de financiamiento: si los recursos asignados al Ministerio de Salud resultan insuficientes, podrán utilizarse partidas del Tesoro. Además, se establece que los recursos por beneficiario no podrán disminuir en términos reales.
Por otra parte, se fijan plazos concretos para saldar las deudas con los prestadores. El Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la ley y cancelar las compensaciones pendientes en un máximo de 90 días.
También se garantiza la cobertura de las prestaciones médicas básicas del plan Incluir Salud a quienes cobren una pensión por invalidez. Se aclaró, por último, que el cobro de una pensión es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El debate atraviesa también al resto de los bloques opositores, aunque allí la balanza parece inclinarse a favor de acompañar la iniciativa si se incorporan las modificaciones acordadas. “Si se aceptan, no queda mucho motivo para no votar”, explicó a un referente de la oposición moderada.
La posición de las organizaciones del sector es uno de los factores que pesan en las negociaciones. Aunque persisten los pedidos de garantías sobre el cumplimiento efectivo de las medidas, la posibilidad de alcanzar una solución legislativa que contemple buena parte de sus reclamos modifica el escenario para los bloques.
Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Discapacidad,Conforme a
POLITICA
Javier Milei declaró terroristas a cinco organizaciones criminales y guerrilleras de México, Colombia y Ecuador
El gobierno de Javier Milei declaró este miércoles como organizaciones terroristas a cinco grupos criminales y guerrilleros de México, Colombia y Ecuador. La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente mediante un comunicado oficial y contempla su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
La medida alcanza a las organizaciones criminales mexicanas Cártel de Sinaloa y La Nueva Familia Michoacana; a las organizaciones guerrilleras colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN); y al grupo ecuatoriano Los Tiguerones.
Según informó la Presidencia, la decisión fue adoptada de manera coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.
Qué organizaciones fueron declaradas terroristas por el Gobierno
En el comunicado, el Ejecutivo explicó los motivos por los que resolvió incluir a los cinco grupos en la nómina de organizaciones terroristas.
Sobre el Cártel de Sinaloa, señaló que se trata de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, contrabando, secuestros extorsivos y otras actividades delictivas. También destacó que ya fue designada como organización terrorista por varios países, entre ellos Estados Unidos.
En cuanto a La Nueva Familia Michoacana, indicó que es una organización criminal mexicana especializada en el tráfico internacional de drogas y la minería ilegal, con una expansión regional que el Gobierno calificó de alarmante.
Respecto de Los Tiguerones, el comunicado sostuvo que es un cártel de origen ecuatoriano vinculado al narcotráfico y al sicariato, al que describió como una de las organizaciones criminales más violentas de la región.
También recordó que este grupo se dividió de Los Choneros en 2020, junto con Los Chone Killers, una agrupación que la Argentina ya había declarado terrorista en agosto de este año.
El Gobierno dedicó otro apartado a las organizaciones colombianas FARC-EP y ELN, a las que definió como grupos guerrilleros insurgentes de extrema izquierda, basados en la ideología y los principios del marxismo-leninismo y la revolución armada.
En ese sentido, el documento oficial sostuvo: “Sus delirantes ideas llevadas a la acción causaron uno de los mayores desastres humanitarios del último siglo en América Latina, con levantamientos armados, intentos de golpes de Estado y violaciones a los Derechos Humanos”.
Además, advirtió que la capacidad operativa de estas organizaciones y su expansión regional representan, según la evaluación del Ejecutivo, un riesgo para la seguridad argentina.
Milei ordenó incorporar a los grupos al registro de organizaciones vinculadas al terrorismo
Como consecuencia de estas designaciones, el Gobierno dispuso la incorporación de las cinco organizaciones al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
Se trata de una herramienta estatal destinada a identificar personas y entidades vinculadas con actividades terroristas y su financiamiento.
La decisión implica que los grupos quedarán formalmente incluidos en ese registro argentino. El comunicado, sin embargo, no detalla medidas operativas adicionales ni informa sobre investigaciones específicas relacionadas con su actividad en el país.
En el cierre del documento, firmado por Milei, la Presidencia expresó que el mandatario “reafirma el compromiso indeclinable con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.
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