La discusión sobre las retenciones volvió formalmente al Congreso con dos proyectos de ley que buscan eliminar de manera gradual los derechos de exportación para el sector agropecuario y agroindustrial.

Las iniciativas, presentadas casi en simultáneo en la Cámara de Diputados, no solo apuntan a desmontar el esquema tributario que grava las exportaciones, sino también a quitarle al Poder Ejecutivo la facultad de modificar alícuotas por decreto.

De la mano del presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Martín Ardohain, se presentó un proyecto de ley para eliminar de manera gradual todos los derechos de exportación aplicados al agro y a las economías regionales en un plazo de tres años. El otro lleva las firmas de la exvicegobernadora santafesina, Gisela Scaglia, y diputados vinculados a provincias productivas como Córdoba y Santa Fe.

Retenciones cero: el proyecto de Ardohain y el vínculo con Europa

La iniciativa presentada por Ardohain propone un «cronograma de adecuación» de los Derechos de Exportación para «armonizar el régimen tributario con los compromisos internacionales asumidos en el marco del Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-Unión Europea».

El texto toma como punto de partida el 1 de mayo de 2026, fecha que menciona como inicio de la vigencia del acuerdo comercial con Europa, y establece un esquema de reducción gradual para manufacturas industriales, agroindustriales y economías regionales hasta alcanzar una alícuota cero en un plazo de 36 meses.

En el caso del complejo sojero, el proyecto fija un mecanismo diferencial con una reducción automática mensual de 0,5 puntos porcentuales hasta llegar a cero.

La iniciativa alcanza a productos comprendidos en las secciones I, II, III y IV de la Nomenclatura Común del Mercosur, donde se listan productos del reino animal, vegetal, aceites, grasas y alimentos, incluyendo materias primas y manufacturas agroindustriales, forestales, cuero, textiles de origen natural y biocombustibles, es

En los fundamentos, Ardohain sostiene que el objetivo es «establecer un marco de certidumbre y competitividad para el sector agroindustrial argentino» y plantea que la reforma busca «restituir la potestad tributaria al Congreso».

Por eso el proyecto propone derogar los apartados a) y c) del artículo 755 del Código Aduanero, que actualmente habilitan al Poder Ejecutivo a gravar exportaciones y modificar alícuotas.

El otro proyecto propone una eliminación total en cuatro años

El segundo proyecto, identificado como «Reducción gradual y eliminación de los Derechos de Exportación para el sector agropecuario y agroindustrial, estabilidad fiscal e institucional», fue presentado por Gisela Scaglia junto a Carlos Gutiérrez, José Núñez, Carolina Basualdo, Alejandra Torres y María Inés Zigarán.

La propuesta plantea un esquema de reducción lineal y uniforme durante cuatro años, con una baja anual equivalente al 25% de la alícuota vigente al momento de la promulgación de la ley.

El cronograma establece una reducción inicial inmediata del 25%, luego un recorte acumulado del 50% desde diciembre de 2026, del 75% desde diciembre de 2027 y finalmente una alícuota cero permanente desde diciembre de 2028.

A diferencia del proyecto de Ardohain, esta iniciativa detalla específicamente las posiciones arancelarias alcanzadas y menciona cereales, oleaginosas y derivados industriales como trigo, maíz, soja, girasol, harinas, aceites, pellets y expellers. También excluye expresamente a la minería y a los hidrocarburos.

En los fundamentos, el proyecto plantea una crítica directa al esquema actual de derechos de exportación. «Hay una pregunta que el campo le viene haciendo a la política argentina desde hace décadas y que todavía espera respuesta: ¿hasta cuándo el interior produce la riqueza que después se gasta en el centro?», sostiene el texto.

La iniciativa afirma que el sector agroexportador cerró 2025 con ingresos superiores a los 31.000 millones de dólares y señala que el complejo agroexportador explicó «más del 90%» de la recaudación total por derechos de exportación.

También argumenta que las retenciones «gravan el ingreso bruto, no la renta neta» y que afectan especialmente a productores alejados de los puertos por el impacto del flete.

«Argentina compite globalmente contra países que no aplican estos gravámenes», agrega el proyecto.

El punto en común: limitar el poder del Ejecutivo

Más allá de las diferencias de diseño, ambos proyectos coinciden en el aspecto central de restringir la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar derechos de exportación sin pasar por el Congreso.

El proyecto de Scaglia directamente propone derogar el artículo 755 del Código Aduanero y establece que «toda creación, modificación o restablecimiento de alícuotas al sector agropecuario y agroindustrial deberá ser dispuesta por ley formal del Honorable Congreso de la Nación».

La iniciativa de Ardohain avanza en el mismo sentido, aunque mantiene para el Ejecutivo la facultad de reducir o eliminar alícuotas cuando eso implique una mejora de competitividad.

El proyecto impulsado por Scaglia menciona que durante 2025 hubo seis cambios en los derechos de exportación de cereales y oleaginosas mediante decretos, lo que «cambió el ritmo de ventas de granos y trajo distorsiones en el mercado».

Qué dice el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea no obliga a la Argentina a eliminar retenciones agropecuarias, pero sí establece compromisos vinculados a la liberalización comercial y a la reducción de restricciones sobre exportaciones.

En particular, el capítulo comercial del entendimiento apunta a eliminar aranceles y facilitar el acceso recíproco a mercados para una parte significativa del comercio bilateral, incluyendo productos agroindustriales.

En ese contexto, los proyectos presentados en Diputados buscan instalar la idea de que la Argentina deberá converger hacia un esquema tributario más previsible y competitivo si pretende aprovechar plenamente la apertura comercial.

Por ahora ninguno de los dos proyectos tiene fecha de tratamiento en comisión. Pero ambos volvieron a instalar en el Congreso un debate que atraviesa desde hace más de veinte años a la política agropecuaria argentina y versa en el peso de las retenciones, la distribución federal de los recursos y el rol del Estado sobre el principal sector exportador del país.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, apelaron a sus redes sociales para destacar el 2,6% de inflación de abril, que registró la primera desaceleración después de 10 meses de tendencia alcista.

“Retornando a la normalidad. A pesar de los intentos golpistas de la política (y sus socios del círculo rojo) y el shock externo, la inflación retoma el sendero decreciente”, escribió Milei en su cuenta oficial de X.

En tanto, Caputo, ponderó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojó la cifra “más baja en cinco meses” y sumó que «La variación en el nivel general fue la menor desde noviembre del año pasado, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde octubre».

“Si se excluye 2020, fuertemente influido por el incremento transitorio en la demanda de dinero durante la pandemia, la suba en el nivel general fue la menor para un mes de abril de toda la serie histórica que comienza en 2017″, añadió el titular del Palacio de Hacienda.

En tanto, el jefe de la cartera económica planteó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA), “relevante para el cálculo de la Línea de Indigencia, registró una variación de 1,1% mensual, la más baja desde agosto del año pasado. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) tuvo una variación de 2,5% mensual”.

En el Gobierno confían que, una vez superados los shocks que implicaron la suba de la carne, el aumento estacional de la educación en marzo y los incrementos de los combustibles producto del conflicto en Medio Oriente, la velocidad de actualización de los precios descendería hasta ubicarse cerca de 1% para finales de mes.

La inflación en abril fue de 2,6%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado representa una ralentización respecto al 3,4% registrado en marzo, y marca el fin de una secuencia de incrementos que se extendió durante diez meses consecutivos.

El último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró una suba interanual de 32,4% y acumuló un alza del 12,3% en lo que va del año. La cifra estuvo dentro del rango previsto tanto por el área económica oficial como por analistas privados, cuyas estimaciones se ubicaban entre 2,4% y 2,8%.

En el análisis por rubros, los precios Regulados mostraron el mayor ajuste, con un avance de 4,7% motivado por incrementos en transporte y electricidad. El IPC núcleo aumentó 2,3%, explicado por subas en alquileres, servicios relacionados con la vivienda y el gasto en restaurantes y comidas fuera del hogar.

De acuerdo al Indec, los precios Estacionales permanecieron sin cambios: los aumentos en indumentaria por cuestiones estacionales se compensaron con descensos en turismo y frutas.

En la comparación por divisiones, Transporte mostró la mayor suba mensual (4,4%) como consecuencia del encarecimiento de los combustibles. Educación resultó la segunda división con mayor incremento, al registrar una variación de 4,2%. Los menores aumentos se observaron en Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1,0%).

A nivel regional, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo mayor peso en la variación mensual en el Noreste, Noroeste y región Pampeana. En el Gran Buenos Aires, la mayor incidencia correspondió al rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, impulsado por subas en alquileres y en la tarifa eléctrica.

“Más allá de esta significativa baja, la película general muestra una estabilidad en un nuevo régimen inflacionario: en el último año y medio, el Nivel General promedió 2,5% y la Núcleo 2,6%, mostrando tendencias similares”, analizó Gonzalo Carrera, economista de la consultora Equilibra.

Y sumó: “El pulso de corto plazo lo explicó en buena medida el movimiento del precio del rubro de Carnes, el cual subió menos de 1% este mes a Nivel Nacional y deflacionó en GBA (-0,2%) y Cuyo (-1,2%)”.

El Gobierno confirmó la aprobación del ingreso de dos nuevos proyectos mineros al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Con compromisos de inversión por USD 2.130 millones y la generación de aproximadamente 8.000 puestos de trabajo, el yacimiento de cobre a cargo de Minera San Jorge y la ampliación del complejo de litio Caucharí Olaroz recibieron el visto bueno del ministro de economía, Luis Caputo.

De esta manera, en total, ya son 16 los proyectos aprobados en el marco del régimen que suman casi USD 30.000 millones. Según adelantó Caputo en su cuenta de X, “hay otros 20 en evaluación».

Uno de los dos proyectos aprobados corresponde a la expansión del yacimiento Caucharí Olaroz, operado por la minera EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina. Con esta iniciativa, la empresa sumará 45.000 toneladas anuales de carbonato de litio mediante tecnología de Extracción Directa de Litio (DLE), duplicando así su capacidad instalada.

Así, la minera conformada por Lithium Argentina, Ganfeng Lithium y la empresa estatal jujeña Jemse, tendrá una producción de alrededor de 85.000 toneladas anuales. Desde su entrada en producción en 2023, EXAR evidenció un rápido crecimiento, pasando de 6.000 toneladas en su primer año, a las 25.000 toneladas producidas para 2024. De acuerdo con datos de la empresa, en 2025 tenía previsto alcanzar entre 30.000 y 35.000 toneladas, en línea con la demanda global e incrementando la participación argentina en el mercado de recursos estratégicos.

En tanto, el ingreso de la Minera San Jorge al RIGI con el proyecto PSJ en Mendoza marca un hito institucional para la provincia, que fue la primera en recibir el visto bueno nacional en el marco de estos incentivos fiscales. La inversión, que alcanza los USD 891 millones tras haberse elevado desde el presupuesto original de USD 559 millones, cuenta con exenciones impositivas por 30 años y anticipa la creación de 3.900 empleos durante la construcción y 2.400 en operación, entre directos e indirectos.

El emprendimiento prevé, en una fase posterior, la construcción de un parque solar de hasta 300 megavatios para robustecer la infraestructura energética destinada a la producción de cobre.

El tiempo de construcción estimado para PSJ Cobre Mendocino oscila entre 18 y 24 meses. El titular de la compañía, Fabián Gregorio, había ratificado en la edición 2026 de la feria minera PDAC Canadá la formalización del pedido para ingresar al RIGI, sólo dos meses y medio antes de la aprobación. Este yacimiento permitirá una de las primeras exportaciones de cobre desde Mendoza.

“Con estos proyectos, ya son 16 los aprobados por casi USD 30.000 millones”, confirmó Caputo. Dentro de esos 16 proyectos, nueve corresponden al sector minero.

Esta semana, de hecho, el Ministerio de Economía autorizó la ampliación del gasoducto Perito Moreno, una obra de USD 550 millones encabezada por Transportadora de Gas del Sur (TGS), que añadirá 12 millones de metros cúbicos diarios de gas al anillo de Buenos Aires a partir de 2027 y prevé la generación de 7.535 empleos durante su construcción.

A comienzo de la semana, también se oficializó la inclusión del proyecto Diablillos, de la canadiense AbraSilver, con una inversión inicial de USD 481 millones —que podría escalar hasta los USD 764 millones— para construir una mina de oro y plata en la frontera de Salta y Catamarca. Este emprendimiento prevé 2.013 puestos de trabajo y un potencial exportador de USD 417 millones, de acuerdo a los datos publicados por el ministerio.

Con una gran cantidad de proyectos ya avanzados, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta que en 2026 las exportaciones del sector alcancen USD 9.000 millones, lo que supondría un crecimiento cercano al 49% respecto al año pasado, empujado por mejores precios internacionales del oro y el litio.

Según el presidente de CAEM, Roberto Cacciola, la actividad cerró 2025 con exportaciones de USD 6.056 millones, con un aumento del 30% en relación a 2024, y anticipó que “si se mantienen las cotizaciones actuales, ese número puede ser incluso USD 1.000 millones superior”.

La minería representa cerca del 20% del volumen económico que mueve el sector agropecuario argentino, según la CAEM, y tiene fuerte incidencia en provincias como Catamarca, Santa Cruz, San Juan, Jujuy y Salta. Las proyecciones dan cuenta de una participación creciente de estas jurisdicciones, con porcentajes que van del 44 al 93% del producto sectorial provincial. Actualmente, aún quedan proyectos pendientes de aprobación por USD 67.000 millones bajo el régimen de incentivos, lo que ilustra la magnitud del ciclo de inversiones que se abre para el sector extractivo argentino.