POLITICA
Villa La Angostura: polémica por una obra municipal que atraviesa lotes privados para beneficiar a una comunidad mapuche
El municipio de Villa La Angostura fue denunciado por haber ingresado con maquinaria y trabajadores a lotes privados, sin autorización de sus propietarios, para instalar una cisterna de agua destinada a abastecer a una comunidad mapuche asentada en el lugar.
Propietarios de varios terrenos denunciaron que el Ejecutivo local ingresó a predios particulares para ejecutar una obra de infraestructura que beneficiará a la comunidad Paicil Antriao, involucrada en distintos conflictos territoriales en la zona.
El hecho ocurrió el viernes pasado y derivó en presentaciones ante la Fiscalía local, la Auditoría municipal y la Defensoría. Los denunciantes acusaron al municipio de haber ingresado de manera ilegítima a sus lotes para avanzar con la obra.
Según indicaron, los trabajadores municipales dañaron candados y forzaron accesos para ingresar sin autorización a las propiedades privadas.
De acuerdo con la presentación judicial, la maquinaria municipal transformó un sendero de montaña en un camino vehicular para permitir el paso de equipos pesados que trasladaron una cisterna destinada al abastecimiento de agua del asentamiento.
Con el patrocinio de un abogado local, los propietarios denunciaron daños materiales, violación de la propiedad privada y un presunto uso arbitrario de maquinaria municipal. También señalaron la apertura de una calle en un sector no autorizado y mencionaron posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, evitó profundizar sobre la polémica y señaló, en diálogo con Infobae, que el caso “ya está en poder de los letrados” y que “no hay mucho para decir”.
Desde la comunidad Paicil Antriao rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los denunciantes actúan “de mala fe”.
Lorenzo Loncón defendió la postura de la comunidad y cuestionó a los particulares que realizaron la denuncia. Afirmó que no se trata de una usurpación, sino de una recuperación territorial ancestral, y señaló que cuentan con representación legal en el marco de esa disputa.
En declaraciones al Diario Andino, Loncón sostuvo que la comunidad siempre actuó por vías legales y acusó a distintos gobiernos de ejercer “violencia institucional”.
Además, explicó que la intervención municipal buscaba garantizar el acceso al agua y prevenir incendios forestales. “Estas obras son legales”, afirmó, y negó que se haya abierto una calle nueva, al señalar que ya existía una huella en el lugar.
El vocero también indicó que iniciaron acciones legales para exigir infraestructura de servicios básicos, tanto de agua como de electricidad.
La comunidad Paicil Antriao mantiene desde hace años distintos conflictos territoriales en la provincia de Neuquén. Algunas de las ocupaciones que protagoniza cuentan incluso con fallos judiciales firmes de desalojo aún pendientes de ejecución.
El werken de la comunidad reclamó además al gobierno provincial el otorgamiento de la carpeta técnica necesaria para obtener el reconocimiento formal como comunidad, trámite que permitiría avanzar en conexiones de servicios y procesos de regularización territorial.
Sin embargo, todavía existen litigios judiciales en curso vinculados a la ocupación de tierras, en los que distintos propietarios exigen el abandono de los predios.
En el mismo cerro, la comunidad mantiene una disputa con Emanuel Ginóbili y también enfrenta conflictos con el municipio local por la ocupación de un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso.
Además, familias vinculadas a la comunidad se instalaron sobre el trazado proyectado de una ruta nacional destinada a desviar el tránsito pesado que atraviesa el centro de Villa La Angostura, lo que provocó demoras y bloqueos en el avance de las obras.
POLITICA
Caos por los pliegos judiciales: Santiago Caputo quiso vetar a una candidata ligada a Cúneo Libarona, pero Karina Milei lo impidió
Pese al intento del Gobierno de avanzar en el Senado con una tanda de acuerdos judiciales, el oficialismo volvió a quedar atrapado en sus propias disputas internas. La controversia se concentró en una candidata cuyo pliego Santiago Caputo buscó bloquear, pero su tratamiento terminó siendo avalado por Karina Milei. La pulseada derivó en una decisión de último momento: incluir en el temario la totalidad de los pliegos con dictamen y desatar un fuerte conflicto parlamentario.
El nombre en cuestión es el de Yamile Susana Bernan, postulada para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Su pliego había sido enviado por el presidente Javier Milei y contaba con despacho favorable de la Comisión de Acuerdos.
Sin embargo, Bernan es la esposa de quien fue jefe de Gabinete del exministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona (Diego Guerendiain), enfrentado con Sebastián Amerio, exviceministro de Justicia y actual Procurador del Tesoro, uno de los funcionarios más cercanos a Santiago Caputo.
Según pudo reconstruir , el conflicto comenzó durante la madrugada, cuando sectores del oficialismo intentaron modificar la nómina de candidatos que serían sometidos a votación. En la reunión de Labor Parlamentaria, los jefes de bloque habían acordado tratar alrededor de 50 pliegos, aunque nunca se difundió el detalle completo de los nombres incluidos.
La falta de precisiones respondía, según distintas fuentes parlamentarias, a que el oficialismo todavía no había logrado unificar criterios sobre qué nominaciones impulsar en el recinto.
La disputa quedó expuesta pocas horas después. El listado previsto inicialmente se amplió de manera abrupta: primero pasó de 50 a 53 candidatos y, apenas media hora antes del inicio de la sesión, ascendió a 73 pliegos.
Tanto fuentes oficialistas como opositoras atribuyeron el desorden a la interna libertaria.
De acuerdo con esas versiones, Amerio y Caputo promovían excluir a Bernan por sus vínculos con el entorno de Cúneo Libarona. En las conversaciones también apareció el nombre de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, otro de los actores alcanzados por las tensiones entre distintos sectores del oficialismo. Caputo, indirectamente, quedó enfrentado con el presidente del máximo tribunal a raíz de los intentos fallidos de designar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte.
La maniobra fue finalmente desactivada por Karina Milei y su entorno político. Para evitar vetos selectivos y cerrar la discusión, resolvieron incorporar al temario todos los pliegos que habían obtenido dictamen en la Comisión de Acuerdos.
Cruces en el recinto
La decisión, sin embargo, provocó una fuerte reacción en el recinto.
“¿Qué está pasando, presidente? Los acuerdos de Labor Parlamentaria se cumplen. Si no, ¿para qué carajo hacemos Labor Parlamentaria?”, protestó la senadora peronista Juliana Di Tullio, quien acusó al oficialismo de incurrir en una “traición parlamentaria”.
En la misma línea se expresó el jefe del interbloque peronista, José Mayans, que reclamó respetar lo acordado previamente entre los bloques.
La propia vicepresidenta Victoria Villarruel tomó distancia del episodio y responsabilizó a la conducción libertaria en el Senado.
“Habría que preguntarle a Bullrich. Nos somete a esta situación. Pasamos de 50 a 53 y después a 73 pliegos. No es serio. No estamos juntando caramelos en un kiosco”, respondió a al ser consultada sobre los cambios de último momento.
Más tarde, durante el intercambio con Mayans, Villarruel insistió: “En efecto se habían hablado 50 pliegos. A media hora de la sesión se empezaron a agregar y terminamos con 73, excluyendo a la jueza Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon y vetada por Milei)”.
La controversia obligó finalmente a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. La sesión quedó interrumpida en medio de una discusión que expuso, una vez más, las tensiones internas del oficialismo.
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POLITICA
Duro discurso de la CGT en la conferencia de la OIT: denunció al Gobierno por la “aniquilación” de los derechos laborales
El cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) graves violaciones a los derechos laborales por parte del gobierno de Javier Milei, en una presentación en la que advirtió sobre una “destrucción sistemática” del modelo democrático de relaciones laborales en el país.
“En la ausencia de control estatal promovida por el Gobierno se plasma la aniquilación de los derechos laborales -dijo el sindicalista-. Esto no es “modernización laboral”, es precarización del trabajo».
En el discurso ante la conferencia anual de la OIT, en Ginebra, Suiza, que brindó en representación de la CGT y de las dos CTA, Sola criticó en duros términos la “demolición” de décadas de consensos sociales, “todo bajo una premisa inaceptable: que la protección del trabajador es un obstáculo para la economía”.
La denuncia del sindicalismo argentino sostuvo que lo que ocurre en el país “no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios”, sino “el desmantelamiento sistemático” de la administración oficial de las relaciones laborales, contrario a los convenios internacionales a los que adhirió la Argentina.
Uno de los ejes exclusivos del texto fue la acusación directa al propio Javier Milei de una voluntad explícita de “destruir al Estado”, citando su declaración de verse a sí mismo como un “topo” encargado de destruirlo “desde adentro” y de considerar “la justicia social como una aberración, como el cáncer de la Argentina”.
El discurso efectuado ante la OIT apuntó especialmente a la violación del Convenio 150, que establece los parámetros para la administración del trabajo y exige estructuras estatales con legitimidad social, autonomía y recursos suficientes. Para la CGT y las dos CTA, la transformación del Ministerio de Trabajo en una Secretaría fue la “primera señal inequívoca” de la orientación oficial: “No es sólo una cuestión de organigrama, es una degradación funcional profunda”, señalaron, agregando que al diluir la cartera entre áreas tan dispares como salud y educación, “se ha diluido su capacidad de influencia y coordinación”.
La reducción de estructuras estatales, el despido de personal especializado y la “liquidación de capacidad técnica operativa acumulada durante años”, forman parte según los sindicatos del mismo proceso de debilitamiento. Se denunció que, a partir de la reforma de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164), los empleados estables del Estado pueden ser cesados “a criterio discrecional” si se considera que existe un “exceso en la dotación óptima”: “Estamos ante la legalización de la inestabilidad en el corazón del Estado”, dijo Sola durante su discurso.
El otro gran eje señalado es el modo en que el Ejecutivo, según los gremios, desplazó el diálogo social y parlamentario para “imponer unilateralmente una agenda de reformas regresivas”. Según la exposición sindical, el DNU 70/23 representó una de las transformaciones laborales más profundas desde el retorno democrático y fue la antesala de las leyes de Bases y Modernización Laboral (Leyes 27.742 y 27.802). Agrega que estas normas, que los sindicatos califican de “paradigma flexibilizador”, fueron diseñadas e impulsadas sin consulta ni diálogo genuino con los actores sociales. Se argumenta que esto contradice los principios del Convenio 144, basado en la participación tripartita (Estado, empleadores y trabajadores).
En ese sentido, la intervención gremial destaca la respuesta de la propia Comisión de Expertos de la OIT, que fue “clara: las reformas de gran impacto deben desarrollarse mediante procesos genuinos de consulta con las organizaciones representativas”. A diferencia de ese principio, sostienen que en la Argentina “el tripartismo ha sido reemplazado por la imposición”.
Sola denunció “un patrón sistemático de ataques legales y administrativos a los sindicatos y profesionales del Estado”. Un caso que mencionó fue la publicación del decreto del Poder Ejecutivo que reglamentó la reforma laboral el mismo día de inicio de la conferencia de la OIT, lo que interpretó como una muestra de “hostilidad” del Gobierno, con “excesos reglamentarios y violaciones a la Constitución Nacional, vulnerando nuevamente el convenio 150”.
Además, cuestionó la aplicación de “sumarios administrativos, multas millonarias a gremios como La Fraternidad y UTA por ejercer el derecho de huelga» y mencionó el caso de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyas elecciones fueron anuladas por la Justicia, que nombró un interventor al frente del gremio.
En el plano del control estatal, se denunció la “aniquilación” del sistema de inspección del trabajo, citando a los informes de la OIT sobre la “insuficiencia crítica de inspectores”, en especial en el sector agrícola, donde “la fiscalización es casi inexistente, dejando a los trabajadores rurales en un vacío de control absoluto”.
La presentación de Sola fue más allá del área laboral y enumeró “el desmantelamiento de áreas clave para el entramado social productivo”. En ese sentido, el dirigente destacó la reducción del 29% de empleados del Estado nacional centralizado desde 2023 hasta febrero de 2026, aclarando que el mayor impacto recae en organismos clave para la protección social.
Enseguida ejemplificó la situación en distintos sectores. En el CONICET, principal organismo científico, dijo que se denunciaron “más de 4000 puestos de trabajo perdidos” y la suspensión de ingresos de investigadores, lo que paraliza su funcionamiento. La interrupción de la inversión en obra pública y la afectación de organismos tecnológicos como el INTI y el INTA también forman parte del cuadro, con “cientos de técnicos” puestos a disponibilidad y la “desarticulación” de programas industriales y agropecuarios.
La degradación del antiguo Ministerio de Desarrollo Social, el despido masivo de personal en la Secretaría de Derechos Humanos (44% de la plantilla), la eliminación del Ministerio de la Mujer (con el 85% del personal desafectado) y el “desfinanciamiento crítico” de la universidad pública —que, según Sola, implicó pérdidas salariales de más del 40% para el sector universitario— fueron otras aristas del diagnóstico sindical.
En materia previsional y de protección de personas con discapacidad, el cotitular de la CGT también advirtió sobre un “deterioro deliberado” de los sistemas de cobertura, la “no actualización” de haberes y el desfinanciamiento de las prestaciones clave.
Sola denunció, además, la “política de criminalización del conflicto social” por parte del Ministerio de Seguridad, señalando la resolución 943/2023 y el uso de balas de goma y gases lacrimógenos durante protestas. Planteó que esta conducta implica una “clara violación a la libertad sindical y el derecho de huelga” reconocidos internacionalmente en el Convenio 87 de la OIT.
Para Sola, mientras que desde el Gobierno no haya una “rectificación inmediata del rumbo y no se restablezca el diálogo social auténtico”, las organizaciones sindicales recurrirán “a todas las instancias de denuncia por incumplimiento de los convenios 87 y 98”, tras lo cual dijo que “la defensa de la dignidad laboral es una causa irrenunciable que sostendrán en la calle y ante organismos internacionales”.
Por su parte, en representación de la CTA de los Trabajadores, Roberto Baradel (CTERA) denunció el deterioro de la institucionalidad laboral y afirmó que “cuando un país reduce sus estructuras de inspección, debilita su autoridad laboral, elimina espacios de diálogo social, restringe la negociación colectiva y limita el derecho de huelga, no estamos frente a una simple reorganización administrativa, sino frente a un proceso de debilitamiento de las capacidades estatales destinadas a garantizar el trabajo decente y los derechos fundamentales de los trabajadores”.
Durante su intervención, Baradel reclamó que la OIT inste al gobierno argentino a adoptar medidas urgentes para fortalecer la administración e inspección del trabajo, restablecer el diálogo social tripartito y garantizar el funcionamiento efectivo del Consejo del Salario, en cumplimiento de los Convenios 81, 129 y 150. “La justicia social no es una aberración como sostiene el presidente de la Argentina; es una condición necesaria para garantizar la paz y el bienestar general. Las centrales sindicales la vamos a defender en esta casa, en la calle, con la huelga y con la unidad y la lucha de la clase trabajadora”, sostuvo.
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POLITICA
El Gobierno echó a Ricardo Echegaray de ARCA tras ser condenado por administración fraudulenta
El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Según el documento al que pudo acceder , Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).
El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.
La condena
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.
El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.
La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.
La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.
El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.
El juicio
Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.
El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.
Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.
Noticia en desarrollo
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