POLITICA
La Justicia de Estados Unidos definirá si acepta que el “financista” de Espert se declare culpable por lavado y fraude con aviones
Federico “Fred” Machado, quien durante años financió y prestó aeronaves al entonces diputado nacional, José Luis Espert, alcanzó un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos. Tras meses de clamar su inocencia, aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y para cometer fraude por vía electrónica, y el lunes un juez federal evaluará si convalida la negociación, con la que logró quitarse de encima la acusación por narcotráfico.
El acuerdo representa un giro de 180 grados respecto de la estrategia inicial de Machado, quien días después de su extradición en noviembre pasado se había declarado “no culpable” ante el juez Bill Davis y apostaba a un juicio oral por jurados. Pero tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, el otrora financista de la campaña “Avanza Libertad” de 2019 cambió de táctica.
El acuerdo, plasmado en una serie de documentos presentados en los tribunales esta semana, le permite a Machado evitar un juicio por jurados. El dato político y judicial más relevante es que la nueva acusación formal dejó caer el cargo por narcotráfico, que había sido el eje central de la imputación original.
La audiencia de cambio de declaración quedó fijada para este lunes en los tribunales federales de Texas, como parte de la causa United States v. Mercer-Erwin et al., donde la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada a 16 años de prisión en 2023.
Según los documentos en los que Machado reconoció los hechos para sustentar su culpabilidad, cuya copia obtuvo , el rionegrino admitió haber operado una estafa montada sobre la venta de aeronaves que en realidad eran “invendibles”.
Machado reconoció que, junto a su socia y otros coconspiradores, captaba millonarios depósitos de inversores por aviones que, en realidad, pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways o una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta.
En uno de los documentos presentados en los tribunales, Machado detalló tres ejemplos de la operatoria delictiva: en septiembre de 2019, lo hicieron con una aeronave radicada en China; en febrero de 2019, con un avión que pertenecía a All Nippon Airways desde 2010 y estaba registrado en Japón; y en noviembre de 2020, con un avión de Air India, sobre el que se firmó un contrato por un depósito reembolsable de US$ 5 millones. De ese monto, US$ 550.000 fueron transferidos directamente a las cuentas de Machado para fines ajenos a la operación.
La trama, según admitió el rionegrino, funcionaba mediante las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —controladas por él en Florida— en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que actuaba como agente de depósito en garantía (“escrow”, en inglés) y compartía oficinas, recursos y empleados con Aircraft Guaranty Corporation de Texas, propiedad de Mercer-Erwin.
Aunque el acuerdo se centra en los delitos económicos cometidos por Machado en Estados Unidos, la sombra de la política local permanece. Entre otros motivos, porque la Fiscalía mantuvo como evidencia la transferencia de US$ 200.000 que el rionegrino emitió a favor de Espert en enero de 2020.
Documentada a través del Bank of America con la instrucción “further credit to” —una orden de subacreditación que enmascara al beneficiario final— y vinculada a la aeronave con matrícula N28FM, la operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que utilizó Machado para sus delitos.
Según Espert, cabe aclarar, esa operación se trató de una consultoría vinculada a una mina en Guatemala, por un contrato de US$ 1 millón del que solo habría cobrado una cuota. Pero la investigación que instruye en la Argentina el fiscal federal Fernando Domínguez no halló pruebas concretas de que Espert haya realizado esa consultoría.
En Texas, en tanto, los cargos que Machado asumió esta semana conllevan penas considerables. Por la conspiración para lavar activos podría afrontar hasta 20 años de prisión, multas de US$ 250.000 o el doble del beneficio obtenido y hasta 3 años de libertad supervisada. Por la conspiración para cometer fraude, la pena de prisión y la multa potencial son similares, pero la libertad supervisada se amplía hasta los 5 años. En la práctica, sin embargo, el cómputo final surgirá del grado de cooperación de Machado, no de la simple suma de los máximos legales.
La defensa apuesta a que el tribunal le compute los seis meses ya cumplidos en Estados Unidos y los cuatro años de prisión domiciliaria que cumplió en las afueras de Viedma, tras su detención en Bariloche en abril de 2021. Su entorno especula con una liberación en meses o, a lo sumo, pocos años, y un eventual regreso a la Argentina cuando salga de prisión.
Por su parte, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, ya adelantó que avanzará con el decomiso de bienes y activos. La sentencia final quedará en manos del juez Amos Mazzant III, que tendrá la última palabra sobre la homologación del acuerdo y la condena definitiva del hombre que alguna vez proveyó la logística aérea para la campaña de Espert durante 2019.
un acuerdo con la Fiscalía en Estados Unidos,Hugo Alconada Mon,José Luis Espert,Conforme a,José Luis Espert,,El financista de Espert. Fred Machado negocia un acuerdo de culpabilidad en EE.UU. y pide 90 días más a la Justicia,,Nexos. El nombre de una de la personas investigadas en $LIBRA apareció en la causa por presunto lavado contra Espert,,Lavado, estafa y narcotráfico. Fred Machado tiene 50 días para decidir si se declara culpable o va a juicio oral en EE.UU.
POLITICA
El Gobierno celebró las declaraciones de Trump sobre Malvinas y analiza una posible mediación de EE.UU. en la disputa con el Reino Unido
El Gobierno celebró las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas y evalúa la posibilidad de avanzar con alguna modalidad de participación de Estados Unidos en la disputa con el Reino Unido.
En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia que Javier Milei puso en marcha durante las últimas semanas. “Es importante”, aseguran en Nación sobre el ofrecimiento.
Ante la posibilidad de aceptar formalmente una mediación estadounidense, sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que todavía no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse ni sobre los pasos diplomáticos que seguiría la Argentina.
Trump volvió a referirse a las Malvinas este sábado durante una visita a Irlanda. El presidente estadounidense sostuvo que Argentina y el Reino Unido atraviesan una disputa que podría convertirse en un “desastre potencial” y afirmó que, si termina involucrado, cree que estaría en condiciones de ayudar a resolverla.
La lectura política de la Casa Rosada es favorable. “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”, resumen en el Gobierno. En Nación consideran que las declaraciones ayudaron a mantener el reclamo en la agenda internacional y remarcan que la intención de Milei es profundizar la ofensiva diplomática, económica y legislativa iniciada a comienzos de septiembre.
En el Ejecutivo sostienen además que los sucesivos pronunciamientos de Trump no son hechos aislados. Aseguran que la Argentina mantiene desde hace meses conversaciones con funcionarios y referentes de la administración estadounidense sobre Malvinas y que las señales públicas del presidente republicano son leídas como consecuencia de ese trabajo previo.
“Lo que viene sucediendo no es casualidad”, expresan en ámbitos oficiales. La Casa Rosada ubica esos contactos dentro del alineamiento estratégico con Washington y destaca que Estados Unidos es actualmente uno de sus principales aliados en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.
La diferencia con las declaraciones anteriores es que Trump avanzó ahora sobre su eventual participación directa en una salida diplomática. Hasta el momento, Washington había dado señales políticas favorables a revisar aspectos de su posición histórica, pero no se había instalado con tanta claridad la posibilidad de que el mandatario norteamericano interviniera personalmente.
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La Casa Rosada evita por eso anticipar si pedirá formalmente una mediación. La posición argentina sigue siendo que Buenos Aires y Londres deben retomar negociaciones por la soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y cualquier participación estadounidense deberá ser analizada en función de ese objetivo.
El tema tendrá una instancia política relevante durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Milei y Trump tienen previsto volver a encontrarse en ese marco, donde Malvinas quedará atravesada por una agenda bilateral más amplia entre ambos gobiernos.
Para el Ejecutivo, ese contacto permitirá medir hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington. La Casa Rosada quiere saber si el ofrecimiento de Trump puede traducirse en una acción diplomática concreta o si permanecerá, por ahora, como una señal política destinada a alentar el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.
La estrategia argentina excede de todos modos una eventual mediación. Milei decidió llevar nuevamente el reclamo a la Asamblea General de la ONU, suspendió el viaje que evaluaba realizar a Londres y puso en marcha un paquete de medidas para elevar el costo de las actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización nacional.
El Gobierno enviará además al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones vigentes y ampliar su alcance. La Casa Rosada estudia extenderlas más allá de los hidrocarburos hacia pesca, minería, ganadería, agricultura, turismo y otras actividades productivas vinculadas con las islas.
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En paralelo, el Ejecutivo reforzó su despliegue en Tierra del Fuego. La estrategia contempla acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia, desarrollar un sistema permanente de vigilancia del Atlántico Sur con radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales y fortalecer las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
El vínculo con Estados Unidos atraviesa varios de esos capítulos. El Gobierno busca profundizar la cooperación con Washington en Defensa, infraestructura estratégica, tecnología y seguridad, mientras avanza además con requisitos para proveedores de infraestructura crítica y otras herramientas que acercan la política argentina a las prioridades de la administración Trump.
La definición pendiente es si ese alineamiento dará ahora un paso adicional en la cuestión Malvinas. La Casa Rosada considera que el ofrecimiento de Trump es una señal favorable y analiza sus alcances, pero todavía no resolvió aceptar formalmente una mediación. El próximo encuentro entre Milei y el presidente estadounidense en Naciones Unidas aparece como una de las primeras oportunidades para avanzar sobre esa posibilidad.
Gobierno, Donald Trump, Islas Malvinas
POLITICA
El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde quedó alojado
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.
El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.
El esquema de penal granja
La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.
La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.
La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.
Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.
Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.
El detalle de las condenas
Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.
La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.
La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.
El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.
Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.
Granja Penal El Potrero,Entre Ríos,cárcel,Servicio Penitenciario de Entre Ríos
POLITICA
Representantes de la CGT y de movimientos sociales tendrán una audiencia con el papa León XIV antes de su visita a la Argentina
El papa León XIV mantendrá este sábado una audiencia privada con una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales, entre ellos dos referentes de la CGT, en el marco de los contactos previos a su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.
El encuentro se realizará a las 11 (16 hora argentina) en el Vaticano, como parte del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur”. Por la central obrera participarán Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio y cotitular de la conducción cegetista, confirmaron fuentes gremiales a TN.
Los dos dirigentes viajaron a Roma como parte de una delegación del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (Cosate) de la OEA y aprovecharán el contacto con el Papa para pedirle una audiencia formal cuando llegue a la Argentina en noviembre. Además le entregarán un documento elaborado en el marco del encuentro sinodal, centrado en el diálogo social como “llave maestra” entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socioambiental.
La CGT busca que la agenda de la visita papal incluya “desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud”. En declaraciones previas al viaje, el dirigente también planteó la necesidad de un diálogo social tripartito en la región, el derecho a la negociación colectiva, la generación de trabajo decente y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.
El pedido de audiencia se da en un escenario de tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, con el reclamo sindical puesto en la situación de los trabajadores durante la gestión libertaria. La visita de León XIV a la Argentina será la primera de su papado y genera expectativa por el peso que pueda tener su agenda social en medio de ese clima.
Los jefes de la CGT que viajan al Vaticano forman parte de una nutrida delegación internacional que reúne a centrales sindicales como la CSI, la CSA, la AFL-CIO y la Central Sindical de Canadá; cámaras empresariales de Estados Unidos y México; organismos como la OIT, la OEA, el BID y la CAF; conferencias episcopales; universidades católicas; movimientos populares argentinos como el MST y la UTEP; y empresas como Microsoft.
El objetivo ampliado del encuentro que impulsa León XIV es avanzar en una “agenda de responsabilidad compartida Norte-Sur para la cooperación multisectorial”, con conclusiones sobre seis ejes: inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética y protección de territorios.
Un día antes de la audiencia con el Papa, este viernes 11 a las 13, está prevista una conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede, en la que hablarán, entre otros, el cardenal Jaime Spengler (presidente del CELAM), la titular de la AFL-CIO, Liz Schuler, y el propio Martínez.
papa León XIV, CGT
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