Luego de que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomara el dictado de clases en todas sus facultades el miércoles pasado tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, este viernes distintas organizaciones gremiales anunciaron una nueva semana completa de paro.

La medida de fuerza fue confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), la Asociación de Trabajadores de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), quienes indicaron que se realizará en la semana del 25 al 31 de mayo.

“En el marco de lo definido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Conadu, nuestra organización sindical convoca al paro durante toda la semana del 25 de mayo”, informaron al remarcar que el objetivo será visibilizar la situación del sistema universitario y aumentar la presión sobre el Gobierno nacional.

Aunque las actividades académicas regulares de la UNLP se verán interrumpidas por la protesta gremial, desde ADULP señalaron que durante esa semana se realizarán “jornadas de protesta, clases públicas y otras actividades”. Según la información publicada por el medio platense 0221, se mantendrá el reclamo “por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario, la actualización de las becas y más presupuesto para la universidad pública y la ciencia argentina”.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia. Asimismo, advirtieron que podrían extender la medida hasta que la situación no se resuelva.

Durante la lectura del acta central, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunciaron que la situación de las casas de alto estudio públicas era crítica, tras apuntar que “el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la misma manera, señalaron que las transferencias de fondos a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Asimismo, indicaron que las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento no superaron el 64% del valor que tenían antes del cambio de gestión.

Al mismo tiempo que reclamaron por una pérdida del poder adquisitivo del 37,13% respecto del salario docente y no docente, apuntaron contra el congelamiento de las Becas Progresar. Una medida que mantiene los mismos valores que se otorgaban en 2023, pese al incremento de la inflación acumulada del 239,30%.

Desde el Gobierno nacional comenzaron a preparar una nueva convocatoria con las autoridades de universidades públicas para la semana próxima, con el objetivo de discutir la situación de los hospitales universitarios y actualizar el esquema de fondos destinados a su funcionamiento.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, el Poder Ejecutivo mantiene como base de negociación la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en la Cámara de Diputados. El proyecto oficial prevé un aumento del 12% en los fondos y la actualización de los gastos de funcionamiento, una medida autorizada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta nueva ronda de diálogo surge tras el desacato del Ejecutivo a los fallos judiciales que ordenaron el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. A ese incumplimiento se suma una reducción de $78.768 millones en el presupuesto y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios, según reportaron fuentes oficiales.

En respuesta al conflicto, el Gobierno busca evitar una intervención de la Corte Suprema de Justicia y aspira a alcanzar un acuerdo que pueda ser homologado judicialmente. “Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, señaló una voz del oficialismo.

La negociación sería instrumentada desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que dirige Alejandro Álvarez. No obstante, todavía no estaría fijada la fecha en la que se realizaría la reunión entre las partes.

Aunque el Gobierno minimizó la movilización que reunió a más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, admitió preocupación por la escalada del conflicto universitario. Por esto, trabajan en la búsqueda de una “diagonal” que permita contener a una parte del sector y evitar mayores tensiones, en un contexto marcado por la falta de consenso legislativo para la aprobación definitiva de la ley.

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El juez, Sebastián Casanello, levantó secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, legislador bonaerense de La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El magistrado ordenó pedir las declaraciones juradas a la Oficina Anticorrupción (OA), tras el pedido del fiscal Marijuan, quien había solicitado investigar al hermano del jefe de Gabinete y una serie de medidas de prueba, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, para conocer detalles sobre viajes y bienes.

Marijuan abrió una investigación a Francisco Adorni a partir de una denuncia de la diputada nacional, ex La Libertad Avanza, Marcela Pagano. El fiscal busca investigar las declaraciones juradas del legislador, que fue funcionario del Ministerio de Defensa, sobre diferencias entre 2023 y 2024.

Lo que sostiene la denuncia es una investigación sobre un crédito por $60 millones que pagó en 12 meses, y que Adorni pasó de una declaración patrimonial de poco más de $40 millones a una superior a los $80 millones.

De esta manera son varios los integrantes de la familia del jefe de Gabinete investigados. Además del propio funcionario, su hermano y su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia ya había dispuesto el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario y de Angeletti, ante ARCA y ARBA.

El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024. Luego fue promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Posteriormente fue cabeza de lista para diputados bonaerenses, de LLA, en la Octava Sección Electoral.

El dueño de la casa que alquiló Manuel Adorni en el country Indio Cuá detalló nuevos gastos en dólares

• El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó este miércoles declaración a José Luis Rodríguez, el propietario de una casa del country Indio Cuá que fue alquilada por Adorni en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete. Durante su testimonio, el hombre aportó nuevos datos sobre gastos vinculados al alquiler de la vivienda y sobre otros contratos temporarios celebrados con Adorni.
• Según trascendió, Rodríguez confirmó que el funcionario había pagado US$15.600 para instalarse 13 meses junto a su familia en una propiedad del barrio privado mientras avanzaban las refacciones de la casa que compró en Exaltación de la Cruz por US$120.000. La obra estaba a cargo del contratista Matías Tabar y, de acuerdo con la declaración, sufrió demoras que obligaron a extender la estadía prevista inicialmente.
• Rodríguez detalló ante la Justicia que existieron tres acuerdos distintos de alquiler con Adorni, todos abonados en efectivo y en dólares. El primero fue firmado en octubre de 2023, antes de que Javier Milei llegara a la Presidencia y cuando Adorni todavía no era funcionario nacional. Ese contrato contemplaba el alquiler de la propiedad entre el 31 de diciembre de 2023 y el 3 de marzo de 2024, por un total de US$5600, más otros US$1000 entregados como depósito al momento de la firma.
• Según el testimonio, el segundo contrato se celebró en marzo de 2024 y se extendió desde el 1° de ese mes hasta el 28 de febrero de 2025. El valor total acordado fue de US$13.000. De acuerdo a lo declarado, entre marzo y diciembre de 2024 Adorni pagó US$ 800 mensuales, mientras que en enero de 2025 abonó US$3000 y en febrero otros US$2000.
• El propietario sostuvo además que luego hubo un tercer acuerdo, aunque esta vez sin contrato firmado. Ese entendimiento habría cubierto el período comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de junio de 2025. Siempre según su declaración, Adorni pagó US$2400 por los meses de marzo, abril y mayo, además de otros US$ 800 correspondientes a junio, cuando finalizó su estadía en el lote del country Indio Cuá.

Francisco Adorni

Pese a que continúan las novedades judiciales sobre su figura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantiene una agenda de gestión activa, acorde al apoyo que le dio el presidente Javier Milei.

El nivel del sostén que funcionario tiene por parte de los hermanos libertarios es tal que en las entrañas del Gobierno creen que no debería haber noticia que amerite pensar en su salida. Al menos no en el corto plazo. “Lo pueden sostener por siempre”, llegan a decir desde sectores que son ajenos al ministro coordinador.

Es por ese motivo que Adorni sigue con su agenda de apariciones, a veces, como en este caso, como el principal representante de la administración libertaria. Por caso, este mediodía aterrizó en la provincia de Mendoza para participar de la importante inauguración del Parque Solar “El Quemado”, ubicado en la localidad de Jocolí. Se preveía que fuera el ministro de Economía, Luis Caputo, pero tuvo que declinar el viaje por asuntos de agenda.

Se trató de un anuncio de alto componente simbólico porque se trata del primer proyecto encuadrado en el RIGI que se aprobó y ahora entra en operación. La inversión realizada por YPF Luz fue superior a los USD 220 millones y tiene capacidad de llevar energía a 233.000 hogares, según estiman en la compañía.

La actividad tuvo la participación del director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, y del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Si bien se trata de una actividad de importancia sustancial para la narrativa libertaria, la visita de Adorni a Mendoza funciona como una doble señal: exhibe gestión de gobierno en medio de señales de parálisis administrativa —atribuida en parte al efecto del propio caso Adorni— y establece un respaldo a los acuerdos federales que LLA negocia de cara a las elecciones de 2027.

Que se haya producido una foto entre Adorni y Cornejo no es menor. Más aún si se tiene en cuenta que el caso Adorni alejó al entorno de la hermana presidencial del dirigente libertario con mayor imagen en la provincia cuyana, Luis Petri. Los motivos son varios: Adorni justifica en privado motivos de caracter personal. En el círculo de los primos Menem hay cuestiones cercanas a la política: simplemente nunca pudieron amalgamar un vínculo de confianza política por la estrategia electoral ni por las tareas mismas que tienen en común en la cámara baja. “No fue invitado a la actividad”, habían confirmado desde la Casa Rosada a Infobae, dando a entender ciertos cortocircuitos.

La estrategia de Karina Milei, junto con los hermanos Menem y el propio Adorni, apunta a consolidar acuerdos con sectores del radicalismo local y están dispuestos a cumplir el pedido de Cornejo de hacer unas PASO en la provincia: el dilema que se les presenta es convalidar que Petri sea el candidato (como quiere el Presidente) o colocar a otro dirigente libertario con menor conocimiento e imagen, a quien un futuro delfín del actual gobernador tendría más probabilidades de ganarle.

Volviendo al jefe de Gabinete, al igual que lo hizo el viernes pasado durante la inauguración de una planta de Mercedes Benz, Adorni brindó un discurso este mediodía para exaltar las virtudes del modelo económico de la administración Milei. Allí resaltó que el proyecto es prueba de que la gestión “va en el camino correcto” y recordó que fue él mismo quien anunció la llegada de la primera inversión RIGI en los albores de septiembre del 2024.

Aunque todavía exhibe dificultades para retomar su rol como vocero presidencial en la Casa Rosada, busca retomar esa gimnasia en ámbitos más controlados como en las actividades de gestión.

El jefe de Gabinete no descarta brindar una conferencia de prensa este viernes. En rigor, en la Vocería marcaban que esta semana se estaba planificando una ronda con los periodistas acreditados para retomar el contacto y, en cierta manera, dejar atrás lo que fue la fallida conferencia del viernes pasado realizada junto a los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva, en la que se buscó limitar sin éxito los temas de las preguntas a quienes preguntaban.

En el Gobierno reconocen que hay asuntos que la prensa sigue ávida de consultar a los funcionarios. Los más optimistas creen que con el paso de las semanas el tema terminará de mermar en la agenda política. Quienes lo afirman creen que el fervor mundialístico crecerá de manera exponencial y que, además, habrá una merma significativa de las novedades judiciales.

Ayer se conoció que el propietario de la casa que Adorni alquiló en Indio Cuá reveló nuevos pagos, a la vez que se efectivizó la imputación a su hermano y legislador provincial Francisco Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La primera responde a la investigación que lidera el fiscal general Gerardo Pollicita en la causa que tiene en su juzgado Ariel Lijo. La segunda es una decisión del fiscal Guillermo Marijuan, quien tiene el sondeo de la causa delegada por el juez Daniel Rafecas.

¿El Gobierno cree que el ritmo de la investigación mermará? No es precisamente una certeza, pero es algo que se escucha decir cada vez más a sectores amplios del Gobierno. En particular en la causa que tiene Lijo. Hubo gestualidades sugerentes que hacen pensar que el oficialismo quiere establecer vasos comunicantes.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, liberó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte como candidato para ocupar el juzgado federal número dos de Lomas de Zamora, luego de semanas de tensiones y negociaciones con el juez federal Ariel Lijo. Esta decisión coincide con la aceleración de la investigación contra Adorni. Rodríguez Ponte, funcionario judicial de carrera y excolaborador de Mahiques en el juzgado de Lijo, fue impulsado por el propio Lijo y tiene cercanía con otros jueces de peso como María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi.

“Creemos que el ritmo va a frenar poco a poco hasta por una cuestión lógica de que muchas novedades más no va a haber. No sabemos qué va a pasar con lo de Marijuan”, marca una fuente del Gobierno a Infobae, que cree que las declaraciones más explosivas ya ocurrieron, tal y como fueron la escribana Adriana Nechevenko o el contratista Matías Tabar. Pese a todo, sigue estando la incertidumbre de cómo Adorni pudo haber movilizado fondos a través de billeteras virtuales.

En la plana mayor del Gobierno parece haberse asentado la idea de que hay una nueva normalidad en la dinámica oficialista. “No pensé que fuera a resistir tanto, pero lo hizo. A esta altura no veo posibilidad alguna de que se vaya”, confesaba un integrante de la mesa política a Infobae.

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