Esta semana, el gobierno de Donald Trump intensificó de manera significativa su campaña contra el narcotráfico procedente de México al dar instrucciones a sus fiscales federales para que persigan a los funcionarios mexicanos cómplices en el tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de la legislación sobre terrorismo, según un funcionario estadounidense familiarizado con las declaraciones.

Esta nueva directiva fue anunciada el miércoles por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, durante una conferencia telefónica interna con fiscales de las oficinas regionales y representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del gobierno que, casi con toda seguridad, tensará aún más su relación con México.

La iniciativa es la última expansión de una política de línea dura que ha definido el programa político del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas. En cuestión de meses, el ejército estadounidense comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, matando a casi 200 personas que, según el gobierno, eran contrabandistas de drogas.

La directiva del Departamento de Justicia, de la que no se había informado anteriormente, se produce dos semanas después de que fiscales federales de Nueva York imputaran al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, quien también es miembro del partido gobernante del país. Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la ofensiva de la Casa Blanca contra los cárteles. Los acontecimientos han intensificado de manera drástica las tensiones transfronterizas.

El papel de Singh incluye establecer prioridades para los 93 fiscales estadounidenses, y las órdenes que les dio el miércoles fueron tajantes y sorprendentemente poco diplomáticas.

“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, les dijo a sus colegas, según el funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hablar públicamente.

Las anteriores acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios latinoamericanos por delitos de narcotráfico han deteriorado las relaciones bilaterales, que incluían la cooperación en muchos frentes. Pero Singh pareció disfrutar de esa perspectiva al instar a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de delitos relacionados con las drogas.

“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo. “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”.

El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no está satisfecha con la decisión estadounidense del mes pasado de imputar a un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, de colaborar con los cárteles de la droga. Se ha negado a detener a Rocha, ha criticado a los funcionarios estadounidenses por no aportar pruebas suficientes y ha enmarcado varias veces las acusaciones contra él como una posible afrenta a la soberanía mexicana.

Rocha, que ha renunciado temporalmente a su cargo, ha negado las acusaciones y, en cambio, ha acusado al gobierno de Trump de haberlo señalado políticamente para debilitar al partido político de Sheinbaum.

Aunque el Departamento de Justicia no ha manifestado de manera pública su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha no sería un caso aislado.

“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, dijo el martes Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, durante una comparecencia ante el Senado. Y añadió: “Esto es solo el principio”.

Adoptar una línea más dura contra los políticos mexicanos supone un cambio en la estrategia estadounidense, que se ha centrado en gran medida en perseguir a los líderes de los cárteles. Recientemente, México ha enviado a Estados Unidos a más de 90 miembros de cárteles detenidos, entre ellos el famoso jefe de cártel Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de un agente de la DEA hace más de 40 años.

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Esos traslados reflejan una cooperación más estrecha en materia de seguridad bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum, sobre todo en comparación con la relación que había con el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien aplicó un enfoque menos letal conocido como “abrazos, no balazos“.

Pero las investigaciones estadounidenses sobre políticos mexicanos han puesto a Sheinbaum en una posición política difícil. Muchos miembros de su partido dominante, Morena, han desconfiado profundamente del gobierno estadounidense, y varios de los políticos que podrían estar en el punto de mira pertenecen a Morena.

Sin embargo, parece probable que los acusados del cártel que México envió a Estados Unidos puedan ayudar ahora a llevar a cabo esos casos. A principios de este mes, Todd Blanche, fiscal general en funciones, dijo que esos narcotraficantes habían compartido información valiosa.

“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles durante el año pasado, en cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar”, dijo Blanche en una entrevista en un evento del sector de la seguridad fronteriza. “Esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”.

Al señalar públicamente su intención de perseguir a los políticos que han ayudado a los cárteles a introducir cocaína, fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, el gobierno de Trump puede tener varios objetivos, dijeron los analistas.

A primera vista, la amenaza podría tener un efecto amedrentador sobre los funcionarios del gobierno que apoyan activa o tácitamente el comercio, y cuyas campañas políticas pueden estar financiadas por los capos. Pero también podría dar ventaja a los funcionarios estadounidenses mientras negocian el futuro de una alianza comercial que incluye a Canadá, México y Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de julio. Las frecuentes amenazas de Trump de llevar a cabo una acción militar unilateral contra los cárteles en suelo mexicano también rondan sobre esas conversaciones.

“Mucha gente lo verá como una medida de mano dura contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estas cuestiones”, dijo Roberta S. Jacobson, quien fue embajadora en México durante el gobierno de Barack Obama.

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Dado que muchos de los funcionarios a los que podría acusar el Departamento de Justicia son del partido Morena al que pertenece Sheinbaum, “podría ponerla quizá en la peor posición posible”, dijo Jacobson.

Funcionarios con altos cargos del gobierno de Sheinbaum están frustrados por la forma en que el gobierno de Trump ha gestionado el procesamiento de Rocha, gobernador de Sinaloa, según un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas. Su gobierno ha entregado prácticamente a todos los acusados de delitos que ha pedido el gobierno de Trump, dijo esta persona, pero ha recibido poca información de sus interrogatorios, lo que dificulta la colaboración en las investigaciones. Al mismo tiempo, Sheinbaum se ha quejado de manera pública de que Estados Unidos ha denegado decenas de solicitudes de extradición de México.

Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a altos cargos de América Latina de delitos relacionados con el narcotráfico. A menudo, estos casos han trastornado las estructuras de poder y la dinámica política en toda la región, pero el narcotráfico sigue siendo un gigante que genera miles de millones en ganancias, impulsado por la fuerte demanda de los estadounidenses.

Entre los procesamientos de alto perfil que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo en los últimos años se incluyen los casos de Nicolás Maduro, exdirigente de Venezuela detenido en Caracas durante una atrevida operación llevada a cabo por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en enero, y de Genaro García Luna, exfuncionario de alto cargo de las fuerzas de seguridad de México. Maduro está a la espera de juicio junto con su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. García Luna fue condenado a 38 años de prisión en 2024, tras ser declarado culpable en un juicio celebrado en Nueva York.

Otro caso destacado, el de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tuvo un giro inusual. Poco más de un año después de que un juez lo condenara a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de 400 toneladas de cocaína, Trump lo indultó, atendiendo una petición de Roger J. Stone Jr., un antiguo asesor, y de otras figuras de la derecha.

Un caso estadounidense contra un funcionario mexicano de alto rango —Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en 2020 y acusado de tener vínculos con el violento cártel H-2– fracasó estrepitosamente. El Departamento de Justicia retiró sus cargos contra Cienfuegos bajo la presión del gobierno mexicano, que amenazó con expulsar a los agentes estadounidenses y posteriormente aprobó una ley que restringía gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.

De cara al futuro, Singh, un asesor de alto rango de Blanche conocido por su estilo tosco, dijo que el Departamento de Justicia tenía la intención de adoptar un enfoque de clemencia cero. Además de acusar a los políticos de delitos relacionados con drogas y armas de fuego, que pueden acarrear largas penas de prisión, los fiscales deberían tratar de acusarlos también de apoyo material a grupos terroristas, dijo.

Las condenas pueden conllevar penas de prisión de hasta 15 años, o cadena perpetua, si el delito subyacente causó la muerte de una persona.

Pero hasta ahora, el Departamento de Justicia ha utilizado con mesura los cargos de terrorismo contra los cárteles. Hace un año, los fiscales imputaron a dos dirigentes del cártel de Sinaloa de apoyo material al terrorismo en relación con sus presuntos esfuerzos por introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos.

Singh dijo que el departamento quería perseguir más casos de ese tipo. “Tenemos que tratar a estas personas como los terroristas que son”, dijo.

*Por Ernesto Londoño, reportero del Times radicado en Minnesota que cubre noticias en el Medio Oeste sobre el uso de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico; Alan Feuer, que cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump; y Jack Nicas, jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México que lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC) informaron que un brote de la cepa Bundibugyo del virus del Ébola afecta la provincia de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo (RDC), desde finales de abril de 2026, con al menos 246 casos sospechosos y 65 muertes, según datos oficiales. El brote motivó la emisión de una alerta de viaje de nivel máximo por parte de Estados Unidos, que recomienda evitar la región afectada.

De acuerdo con el Africa CDC, el brote se concentra en las zonas de salud de Mongbwalu, Rwampara y Bunia. El organismo informó que la cifra de casos confirmados en laboratorio asciende a ocho, incluidos cuatro fallecimientos. El total de muertes se eleva por la detección tardía y la falta de pruebas en muchos pacientes. La advertencia internacional se intensificó tras la confirmación de un caso importado en Uganda, país vecino, según reportó la OMS.

Este brote representa el decimoséptimo evento de Ébola en la RDC desde 1976. Según la OMS, la situación se complica por la inseguridad en la región, la migración asociada a la minería y la movilidad transfronteriza. Las autoridades sanitarias internacionales han desplegado equipos para contener la transmisión y proteger a la población.

La cepa Bundibugyo del virus del Ébola, según la OMS, genera síntomas como fiebre, debilidad intensa, dolores musculares, vómitos, diarrea y hemorragias internas o externas. El Africa CDC señala que esta variante es menos común en la RDC y que las vacunas y tratamientos disponibles, desarrollados contra la cepa Zaire, resultan menos eficaces frente al Bundibugyo.

De acuerdo con el Africa CDC, el brote se detectó tras la muerte de una enfermera en Bunia el 24 de abril de 2026, quien presentó fiebre, hemorragias y vómitos. El organismo subraya que la detección temprana, el aislamiento de casos y el rastreo de contactos resultan fundamentales para evitar la propagación.

La OMS advierte que el riesgo de transmisión se incrementa en zonas con alta movilidad poblacional y dificultades de acceso para el personal sanitario. El Africa CDC destaca la importancia de los entierros seguros y la participación comunitaria para la contención.

El brote se concentra en Ituri, una provincia al noreste de la RDC, en las zonas sanitarias de Mongbwalu, Rwampara y Bunia. Según el Africa CDC, se han registrado 246 casos sospechosos y ocho confirmados por laboratorio. Entre los confirmados, cuatro han fallecido.

Las autoridades de la RDC, en coordinación con la OMS y el Africa CDC, mantienen la vigilancia epidemiológica y la búsqueda activa de casos. La OMS informó que se han enviado a la región más de 5.000 kilogramos (11.000 libras) de suministros, incluidos equipos de protección personal y kits para el transporte de muestras.

El Ministerio de Salud de Uganda confirmó el 14 de mayo el fallecimiento de un paciente con Ébola Bundibugyo en el Hospital Kibuli Muslim de Kampala, lo que constituye el primer caso importado desde la RDC durante este brote.

La OMS desplegó epidemiólogos, especialistas en control de infecciones, logísticos y expertos de laboratorio en Ituri, con el objetivo de reforzar la identificación de casos y la respuesta en terreno. El Africa CDC convocó a una reunión regional para coordinar esfuerzos entre los países limítrofes.

Entre las medidas adoptadas se incluyen:

• Rastreo intensivo de contactos y búsqueda activa de casos.
• Entierros seguros y dignos para víctimas del virus.
• Campañas de sensibilización en comunidades locales.
• Refuerzo de la vigilancia en puntos fronterizos.

Según la OMS, el trabajo en la región enfrenta “desafíos operativos significativos, incluyendo áreas urbanas con movimientos poblacionales asociados a la minería, inseguridad persistente y frecuentes desplazamientos transfronterizos”.

El Africa CDC puntualizó que la situación requiere la cooperación internacional para prevenir nuevos casos en países vecinos. “La coordinación regional resulta clave para limitar la expansión del brote”, indicó el organismo en su último informe.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una advertencia de viaje de Nivel 4 (“No viajar”) para la provincia de Ituri. La embajada estadounidense en Kampala instó a sus ciudadanos a evitar desplazamientos no esenciales tanto en la región afectada como cerca de la frontera entre la RDC y Uganda.

Los viajeros que hayan estado en áreas de brote deben monitorear su salud durante 21 días y, en caso de síntomas, informar a un proveedor de salud antes de acudir a un centro médico. El Africa CDC recomienda mantener la profilaxis contra la malaria, ya que sus síntomas pueden confundirse con los del Ébola.

La OMS y el CDC de Estados Unidos consideran que el riesgo para el público estadounidense es bajo, pero insisten en la necesidad de evitar viajes a la zona de riesgo y de observar medidas preventivas estrictas.

El brote en Ituri incrementó los controles en las fronteras y los sistemas de alerta temprana en Uganda y otros países de la región. Las autoridades ugandesas reforzaron la vigilancia sanitaria tras la confirmación del caso importado, en coordinación con la OMS y el Africa CDC.

El director regional para África de la OMS, Mohamed Janabi, afirmó en un comunicado: “La organización se moviliza rápidamente para detener la transmisión y proteger a las comunidades”. El Africa CDC subrayó que las próximas dos semanas serán decisivas para determinar la evolución del brote.

Según la OMS, se mantiene el monitoreo diario de la situación, y se continúan las investigaciones epidemiológicas para identificar la cadena de transmisión y posibles focos secundarios.

La cepa Bundibugyo es menos común en la RDC, según la OMS. Las vacunas y tratamientos existentes, dirigidos principalmente a la cepa Zaire, no ofrecen la misma protección frente al Bundibugyo. Esta característica complica la respuesta sanitaria y obliga a adaptar protocolos.

El Africa CDC resaltó que la velocidad de propagación depende de la detección temprana y el aislamiento efectivo de casos. De acuerdo con la OMS, los síntomas iniciales suelen confundirse con otras enfermedades endémicas, lo que dificulta el diagnóstico oportuno.

El CDC de Estados Unidos advirtió que, aunque el riesgo para el público internacional es bajo, la movilidad de la población en la región puede favorecer la aparición de nuevos casos en países vecinos si no se refuerzan los controles.

El brote en Ituri afecta principalmente a la población local, a las comunidades mineras y a los sistemas de salud de la región. Las restricciones de viaje, la vigilancia epidemiológica y el refuerzo de las medidas preventivas buscan contener la expansión del virus y evitar casos secundarios en países limítrofes.

De acuerdo con el Africa CDC, la evolución del brote dependerá de la capacidad de identificar y aislar casos, realizar pruebas diagnósticas y garantizar la cooperación entre los sistemas de salud de la zona. La OMS y el CDC de Estados Unidos mantienen la asistencia técnica y el monitoreo constante.

Las autoridades insisten en la importancia de la información oficial y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de salud pública. El seguimiento diario de la situación permitirá adecuar la respuesta y limitar el impacto del brote en la región.

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