INTERNACIONAL
La Justicia de EE.UU. busca usar leyes sobre terrorismo para perseguir a funcionarios mexicanos
Esta semana, el gobierno de Donald Trump intensificó de manera significativa su campaña contra el narcotráfico procedente de México al dar instrucciones a sus fiscales federales para que persigan a los funcionarios mexicanos cómplices en el tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de la legislación sobre terrorismo, según un funcionario estadounidense familiarizado con las declaraciones.
Esta nueva directiva fue anunciada el miércoles por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, durante una conferencia telefónica interna con fiscales de las oficinas regionales y representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del gobierno que, casi con toda seguridad, tensará aún más su relación con México.
La iniciativa es la última expansión de una política de línea dura que ha definido el programa político del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas. En cuestión de meses, el ejército estadounidense comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, matando a casi 200 personas que, según el gobierno, eran contrabandistas de drogas.
La directiva del Departamento de Justicia, de la que no se había informado anteriormente, se produce dos semanas después de que fiscales federales de Nueva York imputaran al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, quien también es miembro del partido gobernante del país. Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la ofensiva de la Casa Blanca contra los cárteles. Los acontecimientos han intensificado de manera drástica las tensiones transfronterizas.
El papel de Singh incluye establecer prioridades para los 93 fiscales estadounidenses, y las órdenes que les dio el miércoles fueron tajantes y sorprendentemente poco diplomáticas.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, les dijo a sus colegas, según el funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hablar públicamente.
Las anteriores acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios latinoamericanos por delitos de narcotráfico han deteriorado las relaciones bilaterales, que incluían la cooperación en muchos frentes. Pero Singh pareció disfrutar de esa perspectiva al instar a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de delitos relacionados con las drogas.
“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo. “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no está satisfecha con la decisión estadounidense del mes pasado de imputar a un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, de colaborar con los cárteles de la droga. Se ha negado a detener a Rocha, ha criticado a los funcionarios estadounidenses por no aportar pruebas suficientes y ha enmarcado varias veces las acusaciones contra él como una posible afrenta a la soberanía mexicana.
Rocha, que ha renunciado temporalmente a su cargo, ha negado las acusaciones y, en cambio, ha acusado al gobierno de Trump de haberlo señalado políticamente para debilitar al partido político de Sheinbaum.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional en Ciudad de México el 26 de junio de 2025. (Foto: Luis Barron/REUTERS/Foto de archivo)
Aunque el Departamento de Justicia no ha manifestado de manera pública su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha no sería un caso aislado.
“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, dijo el martes Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, durante una comparecencia ante el Senado. Y añadió: “Esto es solo el principio”.
Adoptar una línea más dura contra los políticos mexicanos supone un cambio en la estrategia estadounidense, que se ha centrado en gran medida en perseguir a los líderes de los cárteles. Recientemente, México ha enviado a Estados Unidos a más de 90 miembros de cárteles detenidos, entre ellos el famoso jefe de cártel Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de un agente de la DEA hace más de 40 años.
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Esos traslados reflejan una cooperación más estrecha en materia de seguridad bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum, sobre todo en comparación con la relación que había con el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien aplicó un enfoque menos letal conocido como “abrazos, no balazos“.
Pero las investigaciones estadounidenses sobre políticos mexicanos han puesto a Sheinbaum en una posición política difícil. Muchos miembros de su partido dominante, Morena, han desconfiado profundamente del gobierno estadounidense, y varios de los políticos que podrían estar en el punto de mira pertenecen a Morena.
Sin embargo, parece probable que los acusados del cártel que México envió a Estados Unidos puedan ayudar ahora a llevar a cabo esos casos. A principios de este mes, Todd Blanche, fiscal general en funciones, dijo que esos narcotraficantes habían compartido información valiosa.
“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles durante el año pasado, en cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar”, dijo Blanche en una entrevista en un evento del sector de la seguridad fronteriza. “Esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”.
Al señalar públicamente su intención de perseguir a los políticos que han ayudado a los cárteles a introducir cocaína, fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, el gobierno de Trump puede tener varios objetivos, dijeron los analistas.
A primera vista, la amenaza podría tener un efecto amedrentador sobre los funcionarios del gobierno que apoyan activa o tácitamente el comercio, y cuyas campañas políticas pueden estar financiadas por los capos. Pero también podría dar ventaja a los funcionarios estadounidenses mientras negocian el futuro de una alianza comercial que incluye a Canadá, México y Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de julio. Las frecuentes amenazas de Trump de llevar a cabo una acción militar unilateral contra los cárteles en suelo mexicano también rondan sobre esas conversaciones.
“Mucha gente lo verá como una medida de mano dura contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estas cuestiones”, dijo Roberta S. Jacobson, quien fue embajadora en México durante el gobierno de Barack Obama.
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Dado que muchos de los funcionarios a los que podría acusar el Departamento de Justicia son del partido Morena al que pertenece Sheinbaum, “podría ponerla quizá en la peor posición posible”, dijo Jacobson.
Funcionarios con altos cargos del gobierno de Sheinbaum están frustrados por la forma en que el gobierno de Trump ha gestionado el procesamiento de Rocha, gobernador de Sinaloa, según un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas. Su gobierno ha entregado prácticamente a todos los acusados de delitos que ha pedido el gobierno de Trump, dijo esta persona, pero ha recibido poca información de sus interrogatorios, lo que dificulta la colaboración en las investigaciones. Al mismo tiempo, Sheinbaum se ha quejado de manera pública de que Estados Unidos ha denegado decenas de solicitudes de extradición de México.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: REUTERS/Evan Vucci).
Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a altos cargos de América Latina de delitos relacionados con el narcotráfico. A menudo, estos casos han trastornado las estructuras de poder y la dinámica política en toda la región, pero el narcotráfico sigue siendo un gigante que genera miles de millones en ganancias, impulsado por la fuerte demanda de los estadounidenses.
Entre los procesamientos de alto perfil que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo en los últimos años se incluyen los casos de Nicolás Maduro, exdirigente de Venezuela detenido en Caracas durante una atrevida operación llevada a cabo por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en enero, y de Genaro García Luna, exfuncionario de alto cargo de las fuerzas de seguridad de México. Maduro está a la espera de juicio junto con su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. García Luna fue condenado a 38 años de prisión en 2024, tras ser declarado culpable en un juicio celebrado en Nueva York.
Otro caso destacado, el de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tuvo un giro inusual. Poco más de un año después de que un juez lo condenara a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de 400 toneladas de cocaína, Trump lo indultó, atendiendo una petición de Roger J. Stone Jr., un antiguo asesor, y de otras figuras de la derecha.
Un caso estadounidense contra un funcionario mexicano de alto rango —Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en 2020 y acusado de tener vínculos con el violento cártel H-2– fracasó estrepitosamente. El Departamento de Justicia retiró sus cargos contra Cienfuegos bajo la presión del gobierno mexicano, que amenazó con expulsar a los agentes estadounidenses y posteriormente aprobó una ley que restringía gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.
De cara al futuro, Singh, un asesor de alto rango de Blanche conocido por su estilo tosco, dijo que el Departamento de Justicia tenía la intención de adoptar un enfoque de clemencia cero. Además de acusar a los políticos de delitos relacionados con drogas y armas de fuego, que pueden acarrear largas penas de prisión, los fiscales deberían tratar de acusarlos también de apoyo material a grupos terroristas, dijo.
Las condenas pueden conllevar penas de prisión de hasta 15 años, o cadena perpetua, si el delito subyacente causó la muerte de una persona.
Pero hasta ahora, el Departamento de Justicia ha utilizado con mesura los cargos de terrorismo contra los cárteles. Hace un año, los fiscales imputaron a dos dirigentes del cártel de Sinaloa de apoyo material al terrorismo en relación con sus presuntos esfuerzos por introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos.
Singh dijo que el departamento quería perseguir más casos de ese tipo. “Tenemos que tratar a estas personas como los terroristas que son”, dijo.
*Por Ernesto Londoño, reportero del Times radicado en Minnesota que cubre noticias en el Medio Oeste sobre el uso de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico; Alan Feuer, que cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump; y Jack Nicas, jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México que lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.
The New York Times, México, Estados Unidos
INTERNACIONAL
WATCH: GOP senators tear into former Biden pardon attorney over push to spare ‘mass murderers’ from death row
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Several Republican senators challenged the credibility of the testimony of a former Biden Justice Department official during the second day of the Todd Blanche confirmation hearing, pointing to the part she played in the clemency granted to 37 death row inmates.
Democrats called Elizabeth Oyer, the former U.S. pardon attorney at the Department of Justice, a nonpolitical position she served from April 2022 until March 2025 when then-Deputy Attorney General Blanche fired her, which she argued was politically motivated.
While Democrats cast the former pardon attorney as evidence Blanche had politicized the Justice Department, Republicans argued her recommendations to commute the sentences of federal death row inmates undermined her credibility.
Blanche, who has served as acting attorney general since April 2, did not publicly disclose the reasoning for Oyer’s firing, but she claimed it was because she refused to recommend that actor Mel Gibson, who serves as a special envoy to Hollywood for President Donald Trump, have his gun rights restored. The Justice Department denied this as the cause for her firing.
TRUMP’S AG NOMINEE RACKS UP MASSIVE SUPPORT AHEAD OF CONFIRMATION HEARING: ‘REAL RESULTS’
In her opening testimony before the Senate Judiciary Committee Thursday, Oyer mentioned Blanche’s handling of the Epstein files and Ghislaine Maxwell’s reassignment to a lower security prison as among the main reasons Blanche should not become attorney general.
«At the end of the day, the priority of this DOJ is protecting powerful men, even when it comes at the expense of vulnerable women,» Oyer testified Thursday.
But Sens. Josh Hawley, R-Mo.; Eric Schmitt, R-Mo.; and Senate Judiciary Chair Chuck Grassley, R-Iowa, hammered Oyer over an internal memo from Nov. 4, 2024, in which she recommended that Attorney General Merrick Garland advise President Joe Biden to consider commuting the 40 remaining federal death sentences. Biden went on to commute the death sentences of 37 of those recommended.
Sen. Eric Schmitt, R-Mo., and former Department of Justice pardon attorney Liz Oyer (Ken Cedeno/AFP via Getty Images; Heather Diehl/Getty Images)
«You have no credibility to talk about Todd Blanche. You have none,» Schmitt said. «You’ve come here, you deny basic facts. You recommended the commutation of murderers. You gave no quarter at all or any time to the victims of these brutal murders. So, again, I can’t believe you’ve been called here by the other side. But I’m glad we’ve had an opportunity to expose your hypocrisy.»
A report from the Justice Department found that Oyer’s 73-page memorandum only dedicated three paragraphs to address the grievances of the victims’ families.
JUSTICE DEPARTMENT ANNOUNCES IT’S READOPTING THE FIRING SQUAD AS A MEANS OF EXECUTION
Earlier in the hearing, Hawley pointed out some of the notorious federal death row inmates whose death sentences Oyer recommended be commuted to life in prison. Among them was Dylan Roof, who was convicted in the June 17, 2015, mass shooting at Emanuel African Methodist Episcopal (AME) Church in Charleston, South Carolina, where he killed nine Black parishioners during a Bible study. Biden ultimately declined to pardon him.
Sen. Josh Hawley, R-Mo., speaks while pointing to a sign during the second day of acting U.S. Attorney General Todd Blanche’s Senate Judiciary Committee confirmation hearing on his nomination to be attorney general on Capitol Hill in Washington July 16, 2026. (Ken Cedeno/AFP via Getty Images)
«You said that actually Roof is not a compelling candidate for clemency, but you recommended it anyway,» Hawley said, referring to Oyer’s memorandum. «Why? Because he suffered from anxiety. You said, ‘Right, he suffered from anxiety’. Did it ever occur to you that maybe the family of his victims might suffer a little bit of anxiety because he marched into their church and murdered them in cold blood, because he was an incredible racist and he wanted to get on TV?»
Hawley then turned to Oyer’s recommendation to commute the death sentence of Robert Bowers, who was convicted of 63 federal charges stemming from the 2018 Tree of Life synagogue shooting, which killed 11 Jewish worshipers. Biden also did not commute Bowers’ sentence.
«This guy killed people just because they’re Jews,» Hawley said. «A jury recommended that he be sentenced to death, and you substituted your judgment for theirs, and now he’s going to live. Are you proud of that?»
«Sir, what I am proud of is the fact that I took my job as pardon attorney extremely seriously,» Oyer said in response.
«I think your judgment is astoundingly terrible. I’m amazed that this side of the aisle has called you.» Hawley responded.
SENATOR TIM SHEEHY: SOFT-ON-CRIME JUDGES NEED CONSEQUENCES. THE JAIL ACT DELIVERS
But Grassley pointed out that Oyer also recommended commuting the death sentence of Jorge Avila-Torrez. Torrez was on federal death row for convictions for the stabbing deaths of two young girls in Illinois, the murder of Navy Petty Officer Amanda Snell at a Virginia military base and the abduction and rape of a University of Maryland graduate student.
He pressed Oyer on the pardon recommendations she made. Oyer refused to answer, invoking the president’s executive privilege.
«You can’t even tell me if you contacted the victim’s family?» Grassley asked. «You can’t say yes or no to that?»
Oyer said that all the death row inmates who received clemency will spend the rest of their lives behind bars.
Former Department of Justice Pardon Attorney Liz Oyer is sworn in during the second day of acting U.S. Attorney General Todd Blanche’s Senate Judiciary Committee confirmation hearing on his nomination to be attorney general on Capitol Hill in Washington, D.C., July 16, 2026. (Ken Cedeno/AFP via Getty Images)
«These are absolutely horrific cases,» Oyer said. «And every one of the individuals you mentioned will remain incarcerated for the rest of their lives, most likely in a maximum security prison facility.»
Sen. Cory Booker, D-N.J., condemned his Republican colleagues’ line of questioning with Oyer later in the hearing.
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«I just want to start off by saying, Miss Oyer, I hold you in the highest esteem and respect, especially what you’re doing now as a private citizen,» Booker said. «You use a platform to educate people about the law.
«It is technical, but yet accessible. And the badgering you just endured, it should be completely unacceptable. You were asked to comment on things you didn’t have before you. The treatment here, to me, is just outrageous. And I apologize on behalf of the United States Senate.»
Fox News Digital reached out to Biden’s office and Oyer for comment.
todd blanche, justice department, cory booker, senate elections, attorney general
INTERNACIONAL
A menos de tres meses de las elecciones entre Lula y Bolsonaro, Trump anunció nuevos aranceles sobre importaciones brasileñas
Estados Unidos anunció un nuevo arancel del 25% sobre ciertas importaciones procedentes de Brasil, cuyo gobierno condenó la medida y anunció la activación de una ley de reciprocidad aprobada el año pasado.
Este gravamen, que entrará en vigor el 22 de julio, responde a una investigación de un año de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sobre las políticas comerciales brasileñas, informó un funcionario estadounidense.
Este arancel adicional afectará a exportaciones brasileñas por cerca de 11.200 millones de dólares, según cálculos de la Cámara Americana de Comercio para Brasil (Amcham Brasil).
El valor represente cerca del 29,7% de los 37.700 millones de dólares en exportaciones brasileñas a Estados Unidos el año pasado.
La medida se conoce a menos de tres meses de las elecciones presidenciales del 4 de octubre en Brasil, en las que el mandatario Lula da Silva buscará su reelección. Su colega estadounidense, Donald Trump, respalda a su rival de derecha, Flávio Bolsonaro.
Qué productos brasileños estarán afectados por los aranceles estadounidenses
Una serie de productos, entre ellos la carne vacuna, el café y ciertas piezas de aeronaves, quedarán exentos, además de otros bienes que Estados Unidos no produce, añadió esa fuente.
“Las prácticas comerciales desleales de Brasil han impedido que los trabajadores y productores estadounidenses accedan a este importante mercado”, justificó luego en un comunicado el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El presidente Donald Trump habla en una academia militar en Carlisle, Pensilvania, el 15 de julio del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
“Seguimos abiertos a continuar las negociaciones con Brasil para lograr los cambios necesarios”, añadió.
Condena del gobierno brasileño
El gobierno del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, repudió el nuevo arancel y dijo que “no reconoce la legitimidad de investigaciones sin respaldo en las reglas multilaterales de comercio”, en referencia al proceso adelantado por la USTR.
“No hay justificación para medidas unilaterales contra nuestro país. Según estadísticas del propio gobierno norteamericano, Estados Unidos acumuló en los últimos 15 años 424.500 millones de dólares en superávit de bienes y servicios con Brasil”, se lee en un comunicado compartido por el mandatario en la red social X.
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El texto también precisa que Brasilia “iniciará de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad”, aprobada por unanimidad en abril de 2025 por el Congreso en medio de la ofensiva arancelaria que el gobierno de Donald Trump inició ese año contra decenas de países.
La presidencia brasileña anunció, igualmente, que “retomará el tema en el marco del mecanismo de solución de controversias de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”, sin dar más detalles.
“El precio que se debe pagar”
Las pesquisas estadounidenses ya habían determinado que ciertas prácticas de Brasil eran “irrazonables o discriminatorias y suponían una carga o restricción al comercio estadounidense”.
Poco después de conocerse el nuevo gravamen, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Lula y su gobierno “no han negociado con Estados Unidos de buena fe”.
“Lula ha antepuesto su propio ego a llegar a un acuerdo por el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que debe pagar por ello”, señaló el jefe de la diplomacia en una publicación en la red social X.
Este nuevo arancel llega cuando el presidente Trump impulsa una reforma de su agenda económica, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara en febrero gran parte de sus aranceles globales.
Funcionarios estadounidenses han propuesto nuevos gravámenes dirigidos a decenas de sus socios comerciales por sus supuestos incumplimientos a la hora de actuar contra el trabajo forzoso, según investigaciones del USTR.
(Con información de EFE y AFP)
Brasil, Lula Da Silva
INTERNACIONAL
El Partido Laborista confirmará a Andy Burnham como su nuevo líder y el lunes asumirá como primer ministro del Reino Unido
El Partido Laborista confirmará este viernes a Andy Burnham como su nuevo líder en una conferencia extraordinaria, un paso que lo dejará en condiciones de convertirse el lunes en el próximo primer ministro del Reino Unido en reemplazo de Keir Starmer. Con una amplia mayoría parlamentaria, la fuerza oficialista garantiza su llegada al 10 de Downing Street, apenas cuatro semanas después de que Burnham regresó a la Cámara de los Comunes tras nueve años de ausencia.
A sus 56 años, Burnham se convertirá en el séptimo primer ministro británico en una década, una nueva muestra de la inestabilidad en el liderazgo político del país pese a que el Partido Laborista conserva una cómoda mayoría en el Parlamento.
El dirigente, conocido como el “Rey del Norte” por sus tres victorias consecutivas como alcalde del Gran Manchester, no enfrentó rivales en la contienda por la conducción laborista. El respaldo interno resultó contundente: 379 de los 403 diputados laboristas apoyaron su candidatura y ningún legislador consiguió las 81 nominaciones necesarias para presentar una alternativa.
Burnham alcanzó la conducción del partido en su tercer intento, luego de las derrotas sufridas en 2010 frente a Ed Miliband y en 2015 ante Jeremy Corbyn.
El nuevo líder laborista ocupó una banca parlamentaria entre 2001 y 2017 y también integró el gobierno británico como ministro. Durante los últimos años consolidó su perfil político desde la alcaldía de Manchester, con un estilo cercano al electorado y una fuerte presencia en redes sociales.
Los diputados laboristas consideran que Burnham tiene una mayor capacidad para conectar con la opinión pública que Starmer y esperan que impulse reformas más profundas para los servicios públicos y la economía.
En una entrevista publicada el miércoles en un podcast del ex futbolista Gary Lineker, Burnham planteó cuáles serán sus prioridades al frente del Gobierno. “Tenemos que dar a la gente un impulso, ¿no? Tenemos que dar a la gente un sentido más fuerte de esperanza y la sensación de que el país está de vuelta en el camino correcto”, expresó.
El Partido Laborista apuesta además a que Burnham pueda contener el crecimiento de Reform UK, el partido antiinmigración liderado por Nigel Farage, que encabeza varias encuestas de intención de voto de cara a las próximas elecciones generales previstas para 2029.
La llegada de Burnham al liderazgo se produjo tras la salida de Keir Starmer, quien llevó al laborismo de regreso al poder en julio de 2024 después de 14 años en la oposición, con una amplia victoria sobre el Partido Conservador.
Sin embargo, la gestión de Starmer atravesó una serie de dificultades políticas y controversias internas. Entre ellas figuró el nombramiento de Peter Mandelson, antiguo asociado de Jeffrey Epstein, como embajador británico en Washington.
La presión sobre Starmer aumentó después de los malos resultados obtenidos por el Partido Laborista en las elecciones locales y regionales de mayo. La situación se agravó cuando Burnham ganó una elección legislativa parcial el 18 de junio, lo que le permitió regresar al Parlamento y competir por el liderazgo del partido.
Pocos días después, la mayoría de los diputados laboristas retiró su respaldo a Starmer y el 22 de junio el entonces primer ministro anunció su renuncia. Ese mismo día, Burnham recibió el apoyo público de decenas de legisladores durante su juramento como diputado, una señal de que el bloque parlamentario buscaba su llegada al Gobierno.
Tras asegurar la conducción del partido, Burnham agradeció el respaldo de sus colegas y presentó las principales líneas de su proyecto político. “Estoy profundamente agradecido por el apoyo y la confianza de los diputados laboristas de todo el partido”, afirmó.
También resumió su propuesta de gobierno con una definición sobre la distribución del poder y el desarrollo económico. “Ese es el cambio de rumbo que ofrezco: sacar el poder de Westminster, una economía rediseñada para la gente común y un buen crecimiento en cada código postal”, sostuvo.
Su principal iniciativa consiste en ampliar la descentralización del poder hacia las ciudades y crear un “No. 10 North” con sede en Manchester, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las regiones fuera de Londres.
Burnham asumirá el cargo después de reunirse con el rey Carlos III, jefe de Estado del Reino Unido. Además, prometió respetar el programa electoral con el que el Partido Laborista ganó los comicios de 2024 y descartó aumentos en los principales impuestos.
El nuevo primer ministro también afrontará importantes desafíos económicos. Entre ellos figuran un crecimiento moderado, elevados costos del endeudamiento público, la necesidad de cubrir un déficit de 4.700 millones de libras en el plan de inversiones en defensa para los próximos cuatro años y el debate sobre la reforma del sistema de bienestar.
A esos desafíos se suman la llegada de migrantes irregulares a través del Canal de la Mancha, el impacto de la volatilidad de los precios de la energía vinculada a la guerra entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre generada por la política exterior del presidente estadounidense Donald Trump.
(Con información de AFP)
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