INTERNACIONAL
La Justicia de EE.UU. busca usar leyes sobre terrorismo para perseguir a funcionarios mexicanos

Esta semana, el gobierno de Donald Trump intensificó de manera significativa su campaña contra el narcotráfico procedente de México al dar instrucciones a sus fiscales federales para que persigan a los funcionarios mexicanos cómplices en el tráfico de estupefacientes con la intención de acusarlos en virtud de la legislación sobre terrorismo, según un funcionario estadounidense familiarizado con las declaraciones.
Esta nueva directiva fue anunciada el miércoles por Aakash Singh, vicefiscal general adjunto, durante una conferencia telefónica interna con fiscales de las oficinas regionales y representa una nueva táctica agresiva en la estrategia antinarcóticos del gobierno que, casi con toda seguridad, tensará aún más su relación con México.
La iniciativa es la última expansión de una política de línea dura que ha definido el programa político del presidente Trump desde su regreso a la Casa Blanca el año pasado, cuando firmó una orden ejecutiva que designaba a los cárteles de la droga latinoamericanos como organizaciones terroristas. En cuestión de meses, el ejército estadounidense comenzó a atacar embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, matando a casi 200 personas que, según el gobierno, eran contrabandistas de drogas.
La directiva del Departamento de Justicia, de la que no se había informado anteriormente, se produce dos semanas después de que fiscales federales de Nueva York imputaran al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, quien también es miembro del partido gobernante del país. Días antes, la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia en un accidente automovilístico en México reveló un elemento encubierto de la ofensiva de la Casa Blanca contra los cárteles. Los acontecimientos han intensificado de manera drástica las tensiones transfronterizas.
El papel de Singh incluye establecer prioridades para los 93 fiscales estadounidenses, y las órdenes que les dio el miércoles fueron tajantes y sorprendentemente poco diplomáticas.
“Deberíamos triplicar el número de acusaciones contra funcionarios corruptos de México que utilizan su poder y sus cargos para permitir que terroristas y monstruos trafiquen con miseria y veneno”, les dijo a sus colegas, según el funcionario estadounidense, que no estaba autorizado a hablar públicamente.
Las anteriores acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios latinoamericanos por delitos de narcotráfico han deteriorado las relaciones bilaterales, que incluían la cooperación en muchos frentes. Pero Singh pareció disfrutar de esa perspectiva al instar a los fiscales a acusar a funcionarios mexicanos de proporcionar apoyo material a organizaciones terroristas, además de delitos relacionados con las drogas.
“Si eso es algo desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y se ofenden porque lo hacemos, no se me ocurre nada que me importe menos”, dijo. “Si en el proceso los avergonzamos y los ponemos en evidencia, para nosotros es la cereza del pastel”.
El Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que no está satisfecha con la decisión estadounidense del mes pasado de imputar a un gobernador mexicano en funciones, Rubén Rocha Moya, de colaborar con los cárteles de la droga. Se ha negado a detener a Rocha, ha criticado a los funcionarios estadounidenses por no aportar pruebas suficientes y ha enmarcado varias veces las acusaciones contra él como una posible afrenta a la soberanía mexicana.
Rocha, que ha renunciado temporalmente a su cargo, ha negado las acusaciones y, en cambio, ha acusado al gobierno de Trump de haberlo señalado políticamente para debilitar al partido político de Sheinbaum.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, habla con los medios de comunicación durante una rueda de prensa junto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional en Ciudad de México el 26 de junio de 2025. (Foto: Luis Barron/REUTERS/Foto de archivo)
Aunque el Departamento de Justicia no ha manifestado de manera pública su intención de acusar a políticos mexicanos de delitos de terrorismo, funcionarios de alto rango del gobierno han dejado claro en los últimos días que la imputación de Rocha no sería un caso aislado.
“Son igualmente responsables de la muerte y la destrucción de cantidades récord de estadounidenses al cooperar, al conspirar, al ayudar a producir este veneno para que cruce la frontera y entre en nuestro país”, dijo el martes Terrance C. Cole, jefe de la Administración para el Control de Drogas, durante una comparecencia ante el Senado. Y añadió: “Esto es solo el principio”.
Adoptar una línea más dura contra los políticos mexicanos supone un cambio en la estrategia estadounidense, que se ha centrado en gran medida en perseguir a los líderes de los cárteles. Recientemente, México ha enviado a Estados Unidos a más de 90 miembros de cárteles detenidos, entre ellos el famoso jefe de cártel Rafael Caro Quintero, quien fue condenado por ser el autor intelectual del asesinato de un agente de la DEA hace más de 40 años.
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Esos traslados reflejan una cooperación más estrecha en materia de seguridad bajo los gobiernos de Trump y Sheinbaum, sobre todo en comparación con la relación que había con el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, quien aplicó un enfoque menos letal conocido como “abrazos, no balazos“.
Pero las investigaciones estadounidenses sobre políticos mexicanos han puesto a Sheinbaum en una posición política difícil. Muchos miembros de su partido dominante, Morena, han desconfiado profundamente del gobierno estadounidense, y varios de los políticos que podrían estar en el punto de mira pertenecen a Morena.
Sin embargo, parece probable que los acusados del cártel que México envió a Estados Unidos puedan ayudar ahora a llevar a cabo esos casos. A principios de este mes, Todd Blanche, fiscal general en funciones, dijo que esos narcotraficantes habían compartido información valiosa.
“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles durante el año pasado, en cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar”, dijo Blanche en una entrevista en un evento del sector de la seguridad fronteriza. “Esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”.
Al señalar públicamente su intención de perseguir a los políticos que han ayudado a los cárteles a introducir cocaína, fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, el gobierno de Trump puede tener varios objetivos, dijeron los analistas.
A primera vista, la amenaza podría tener un efecto amedrentador sobre los funcionarios del gobierno que apoyan activa o tácitamente el comercio, y cuyas campañas políticas pueden estar financiadas por los capos. Pero también podría dar ventaja a los funcionarios estadounidenses mientras negocian el futuro de una alianza comercial que incluye a Canadá, México y Estados Unidos antes de la fecha límite del 1 de julio. Las frecuentes amenazas de Trump de llevar a cabo una acción militar unilateral contra los cárteles en suelo mexicano también rondan sobre esas conversaciones.
“Mucha gente lo verá como una medida de mano dura contra México, que bajo el mandato de Sheinbaum ha hecho mucho más que cualquiera de sus predecesores en estas cuestiones”, dijo Roberta S. Jacobson, quien fue embajadora en México durante el gobierno de Barack Obama.
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Dado que muchos de los funcionarios a los que podría acusar el Departamento de Justicia son del partido Morena al que pertenece Sheinbaum, “podría ponerla quizá en la peor posición posible”, dijo Jacobson.
Funcionarios con altos cargos del gobierno de Sheinbaum están frustrados por la forma en que el gobierno de Trump ha gestionado el procesamiento de Rocha, gobernador de Sinaloa, según un funcionario mexicano que habló bajo condición de anonimato para hablar de conversaciones privadas. Su gobierno ha entregado prácticamente a todos los acusados de delitos que ha pedido el gobierno de Trump, dijo esta persona, pero ha recibido poca información de sus interrogatorios, lo que dificulta la colaboración en las investigaciones. Al mismo tiempo, Sheinbaum se ha quejado de manera pública de que Estados Unidos ha denegado decenas de solicitudes de extradición de México.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Foto: REUTERS/Evan Vucci).
Durante décadas, Estados Unidos ha acusado a altos cargos de América Latina de delitos relacionados con el narcotráfico. A menudo, estos casos han trastornado las estructuras de poder y la dinámica política en toda la región, pero el narcotráfico sigue siendo un gigante que genera miles de millones en ganancias, impulsado por la fuerte demanda de los estadounidenses.
Entre los procesamientos de alto perfil que el Departamento de Justicia ha llevado a cabo en los últimos años se incluyen los casos de Nicolás Maduro, exdirigente de Venezuela detenido en Caracas durante una atrevida operación llevada a cabo por fuerzas de operaciones especiales estadounidenses en enero, y de Genaro García Luna, exfuncionario de alto cargo de las fuerzas de seguridad de México. Maduro está a la espera de juicio junto con su esposa, Cilia Flores, en Nueva York. García Luna fue condenado a 38 años de prisión en 2024, tras ser declarado culpable en un juicio celebrado en Nueva York.
Otro caso destacado, el de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, tuvo un giro inusual. Poco más de un año después de que un juez lo condenara a 45 años de prisión por su participación en el tráfico de 400 toneladas de cocaína, Trump lo indultó, atendiendo una petición de Roger J. Stone Jr., un antiguo asesor, y de otras figuras de la derecha.
Un caso estadounidense contra un funcionario mexicano de alto rango —Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, detenido en el aeropuerto de Los Ángeles en 2020 y acusado de tener vínculos con el violento cártel H-2– fracasó estrepitosamente. El Departamento de Justicia retiró sus cargos contra Cienfuegos bajo la presión del gobierno mexicano, que amenazó con expulsar a los agentes estadounidenses y posteriormente aprobó una ley que restringía gravemente la cooperación bilateral en materia de seguridad.
De cara al futuro, Singh, un asesor de alto rango de Blanche conocido por su estilo tosco, dijo que el Departamento de Justicia tenía la intención de adoptar un enfoque de clemencia cero. Además de acusar a los políticos de delitos relacionados con drogas y armas de fuego, que pueden acarrear largas penas de prisión, los fiscales deberían tratar de acusarlos también de apoyo material a grupos terroristas, dijo.
Las condenas pueden conllevar penas de prisión de hasta 15 años, o cadena perpetua, si el delito subyacente causó la muerte de una persona.
Pero hasta ahora, el Departamento de Justicia ha utilizado con mesura los cargos de terrorismo contra los cárteles. Hace un año, los fiscales imputaron a dos dirigentes del cártel de Sinaloa de apoyo material al terrorismo en relación con sus presuntos esfuerzos por introducir grandes cantidades de droga en Estados Unidos.
Singh dijo que el departamento quería perseguir más casos de ese tipo. “Tenemos que tratar a estas personas como los terroristas que son”, dijo.
*Por Ernesto Londoño, reportero del Times radicado en Minnesota que cubre noticias en el Medio Oeste sobre el uso de drogas y las políticas de lucha contra el narcotráfico; Alan Feuer, que cubre extremismo y violencia política para el Times, centrándose en los casos penales relacionados con el ataque del 6 de enero al Capitolio y contra el expresidente Donald Trump; y Jack Nicas, jefe de la corresponsalía del Times en Ciudad de México que lidera la cobertura sobre México, Centroamérica y el Caribe.
The New York Times, México, Estados Unidos
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INTERNACIONAL
Exiled Muslim scholar warns far-left–Islamist alliance behind anti-Israel protests echoes Iran’s rise

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A Muslim scholar who was forced to flee Egypt after criticizing Hamas’ Oct. 7 attacks is warning America’s far left that its alliance with Islamist extremism could end the same way Iran’s did in 1979 — with an Islamic regime seizing power after partnering with leftist factions.
Dalia Ziada, a Middle East scholar and Washington, D.C.-based coordinator at the Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, later relocated to the United States and said she is now seeing similar and troubling dynamics take shape here.
Her warning comes as a global network of anti-Israel activist groups is mobilizing coordinated «Nakba 78» protests across the United States and around the world this weekend, with organizers using the anniversary of Israel’s founding to stage demonstrations that critics say challenge the Jewish state’s legitimacy, and, in some cases, call for its dismantling
«For five or seven years now, we have been seeing some kind of a ‘sinful marriage’ between the radical left and the radical Islamism, the groups that hate Western liberal democracies and desire to destroy them,» she told Fox News Digital.
SCATHING REPORT CALLS ON US TO LABEL ISLAMIST GROUP INFILTRATING ALL ASPECTS OF AMERICAN LIFE AS TERRORIST ORG
Left: Protesters gather in Tehran in February 1979 during the Iranian Revolution, carrying banners calling for an Islamic Republic. Right: Dalia Ziada, a Middle East scholar and Washington, D.C.-based coordinator at the Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy, speaks during an interview. (Gabriel Duval/AFP via Getty Images; Provided by Dalia Ziada)
Ziada said Islamist movements, including groups tied to the Muslim Brotherhood, have for years sought to use the Palestinian cause as a way to mobilize support and build alliances with other activist movements in the West, a phenomenon some analysts have described as a «red–green alliance.
She also argued that Islamist movements have increasingly targeted Jewish communities in the West, which she described as a «pillar» supporting liberal democratic systems.
«They agree on one thing, that they need to destroy the West as we know it today and replace it with something else. For the radicalists, they want to replace it with the Marxist system. For the Islamists, they want to replace it with an Islamist system, which they think is the ideal system,» she said.
Global protest network
A Fox News Digital investigation found that approximately 425 organizations — including communist groups, Muslim advocacy organizations and anti-Israel activist coalitions — are operating within a coordinated transnational protest network with a combined funding footprint of roughly $1 billion in annual revenues.
The groups have organized an estimated 736 events across 39 countries this weekend.
Ziada said the alliance reflects what she described as a shared hostility toward Western liberal democracies and has intensified in the wake of the Oct. 7 Hamas attacks.
She argued the war in Gaza has provided what she described as a «moral umbrella» for the movement.
«They used that to give themselves some moral legitimacy to go on and accelerate the process of destroying the West,» she said.

Pro-Palestinian demonstrators protest outside Columbia University in New York City on Feb. 2, 2024. (Eduardo Munoz Alvarez/VIEWpress)
Lessons from Iran
Ziada pointed to the 1979 Iranian Revolution as a cautionary example.
«We saw this exactly happening in Iran in the 1970s. The Islamists used the left because the legitimacy of the left is stronger, because they don’t come from a religious background,» she said. «They allied the communists there, made them believe that we all are going to change Iran and make it a better place. And how it ended in 1979, the Islamic Revolution happened. The Islamists took over the country and the first group they sacrificed … was the communists, the leftists in Iran.»
Ziada warned that similar dynamics could emerge in the United States if ideological alliances continue to deepen, arguing that movements built around shared opposition can fracture once power shifts.
She said that while the groups involved may appear aligned in the short term, their long-term goals are fundamentally incompatible — a pattern she said has played out repeatedly in the Middle East.
She said such alliances are often temporary, warning that once power is secured, more extreme factions tend to dominate.

A split image shows Americans held hostage during the 1979 seizure of the U.S. Embassy in Tehran alongside modern-day protests in Iran. (Bettmann/Getty Images; Atta Kenare/AFP via Getty Images)
ASRA NOMANI: I WATCHED HATE CONSUME DEMOCRATS’ ‘NON-VIOLENT’ #NOKINGS RALLIES
She said the protests themselves are expected to follow a familiar pattern of anti-Israel demonstrations that she described as «very well organized worldwide.»
«I don’t think this time it would be any different in the general sense of demonizing Israel, trying to blame Israel for everything,» she said.
Ziada said protesters are likely to frame Israel using terms such as «apartheid» and «genocide,» language she argued points to a broader, coordinated alignment of groups operating with similar messaging and goals.
Ziada said the term «Nakba,» meaning «catastrophe,» has been reframed over time, arguing it was originally used in part to criticize Arab leaders for rejecting a proposed Palestinian state — a context she said is largely absent from modern protests.
«I wouldn’t say it’s kind of a bureau… but they all agree on one thing, which is destroying the United States or weakening the Western world,» she said.

A demonstrator holds a picture of Iran’s former Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei during a rally in Tehran on June 14, 2025, showing solidarity with the government against Israel’s attacks and marking Eid al-Ghadir. (Atta Kenare/AFP)
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Ziada said she has already seen the consequences of such alliances firsthand in the Middle East.
«I have seen my native Egypt being destroyed by these groups, by these people, and I’ve seen the entire Middle East actually falling under this. And I don’t want to see the United States, the country that has given me my education, has given my career, has given me a refuge when these radicals tried to kill me — I don’t want to see being destroyed by the same bad guys.»
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INTERNACIONAL
ActBlue CEO faces June 10 grilling after fundraising powerhouse allegedly misled Congress on foreign donations

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FIRST ON FOX: The embattled head of a Democratic fundraising behemoth is headed for a congressional grilling next month over allegations of fraudulent donations on its platform.
ActBlue’s CEO Regina Wallace-Jones will testify in a public hearing before the House Administration Committee on June 10, a committee spokesman told Fox News Digital.
Wallace-Jones’ agreement to testify comes as ActBlue faces mounting scrutiny over whether it misled Congress regarding foreign donations on its payment processing platform.
«Ms. Wallace-Jones allegedly misled our committee at the outset of our investigation into ActBlue’s fraud prevention standards,» House Administration Committee Chairman Brian Steil, R-Wis., said in a statement. «It’s past time we set the record straight and got answers for the American people. I look forward to hearing her testify.»
House Administration Committee Chairman Brian Steil, R-Wis., holds a press conference in Washington, D.C., on Oct. 10, 2025. (Anna Rose Layden/Getty Images)
DEM FUNDRAISING GIANT ACTBLUE ROCKED BY ALLEGATIONS IT MISLED CONGRESS ABOUT FOREIGN DONATIONS
The statement referenced an explosive report in The New York Times earlier this year that said ActBlue’s then-outside counsel warned Wallace-Jones in 2023 the group may have misrepresented facts to Steil’s committee about its vetting of potentially illegal foreign donations.
Under U.S. law, foreign nationals who are not lawful permanent residents are generally prohibited from donating to candidates seeking federal office or political action committees.
Steil previously requested that Wallace-Jones testify before his committee on May 19. The invitation was met with outrage from ActBlue’s lawyers, who dismissed the committee action as a «partisan attack.»
But Republicans have pointed to documents that ActBlue has allegedly withheld in response to subpoenas issued in 2025, which Steil has characterized as «deliberately incomplete.»
All five current or former ActBlue employees who appeared in depositions with the committee in April invoked their Fifth Amendment rights against self-incrimination a combined 146 times, according to an interim staff report released by House Republicans.

ActBlue CEO Regina Wallace-Jones, a delegate from California, wears a U.S.-flag themed outfit ahead of the Democratic National Convention at the United Center in Chicago, Ill., on Aug. 19, 2024.
TEXAS AG PAXTON SUES DEM FUNDRAISING PLATFORM ACTBLUE, ALLEGING ‘FRAUDULENT AND FOREIGN DONATIONS’
The House Administration Committee has been probing ActBlue’s fraud prevention safeguards since 2023, when Steil’s panel investigated the group’s failure to require credit card verification value (CVV) when processing payments.
«Given ActBlue’s demonstrated history of misleading Congress, there is considerable reason to believe that ActBlue may have deliberately withheld this responsive material to impede our investigation,» Steil and House Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., and House Judiciary Chairman Jim Jordan, R-Ohio, wrote in a letter to Wallace-Jones in April.
In the letter, the senior Republicans also directed ActBlue to produce a trove of documents related to its vetting of political contributions from abroad.
Wallace-Jones has denied making false statements to Congress. The group’s lawyers have previously characterized the investigation as politically motivated and contended that ActBlue has been forthright with the committee.
Amid the GOP scrutiny, ActBlue has experienced a wave of resignations from senior legal and compliance staff.

An election countdown calendar hangs at the ActBlue fundraising office in Somerville, Mass. (Jessica Rinaldi/The Boston Globe via Getty Images)
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The June hearing notice immediately follows the House Administration Committee advancing legislation to crack down on fraudulent political donations, including illegal contributions from foreigners. The campaign finance measure cleared Steil’s panel unanimously on Thursday.
«It’s a positive sign that people are beginning to take this risk and this threat seriously,» the Wisconsin Republican told Spectrum News.
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