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La Justicia intervino el PJ de Salta y desplazó a las autoridades designadas por Cristina Kirchner

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La jueza federal María Servini de Cubría decidió intervenir al Partido Justicialista de la provincia de Salta, lo que implica el desplazamiento de las autoridades designadas allí por la aún presidenta del PJ, Cristina Kirchner.

La decisión judicial profundiza la crisis institucional del partido peronista en las provincias cuyas sedes resultaron intervenidas desde el PJ nacional en los últimos años por desavenencias frente a la conducción central, hegemonizada por el kirchnerismo.

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Asimismo, se da en la antesala del Congreso Nacional del PJ, que se celebrará el 19 de mayo, en momentos en los que esta formación política se encuentra atravesada por fuertes internas entre el kirchnerismo y gobernadores provinciales peronistas como el salteño Gustavo Sáenz.

El fallo dejó sin efecto las funciones del exdiputado Pablo Kosiner y Nora Canuni, quienes habían sido designados por el PJ nacional para avanzar con la normalización del distrito.

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El partido ya había presentado un cronograma electoral con internas previstas para el 25 de octubre, fecha que iba a ser ratificada en el encuentro partidario nacional.

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Los mandatarios enfrentados con la conducción nacional del PJ, como los de Salta y Jujuy, saludaron la medida, mientras que los interventores designados desde Buenos Aires la criticaron bajo el argumento de que viola la autonomía de los partidos políticos, que deben resolver sus disputas con mecanismos internos.

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Córdoba: Llaryora envía señales a la Rosada con el presupuesto provincial 2027

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CÓRDOBA.- El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, incluyó en el proyecto de presupuesto 2027 que presentó ante la Unicamerail mensajes a la Casa Rosada en dos direcciones. Por un lado, respondió con una reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos (IIBB), un reclamo de Luis Caputo a las provincias y uno de los tributos provinciales más cuestionados por las empresas. Por el otro, ratificó las demandas de Córdoba a la Nación por distribución de la carga fiscal y el financiamiento de la obra pública.

La decisión más significativa de cara al sector productivo es la reducción de la alícuota general de Ingresos Brutos, que pasará del 4,75% al 3,5% en el 2027 si se aprueba la iniciativa. La baja de 1,25 puntos porcentuales representa una disminución del 26,3% sobre la alícuota vigente.

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Además, se amplía el universo de contribuyentes que pueden acceder a la alícuota reducida del 2,5%. De los actuales 70.000 se pasará a unos 110.000, equivalentes al 57% del padrón, según datos oficiales.

Caputo varias veces planteó que se debe abrir una discusión para reducir impuestos considerados distorsivos y avanzar hacia un nuevo acuerdo fiscal. Viene reclamando que los gobernadores acompañen el proceso de desregulación y reducción tributaria que promueve la Rosada.

Sin embargo, Llaryora sostiene que la discusión debe contemplar también los impuestos nacionales y la distribución de los recursos. Plantea que las provincias no pueden resignar ingresos sin discutir qué hace Nación y cómo se financian las responsabilidades que quedaron en manos de las jurisdicciones.

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La obra pública es uno de los puntos claves de los reclamos de las provincias, que insisten en que debe arrancar la inversión en infraestructura. Los gobernadores señalan que las provincias no pueden reemplazar totalmente al Estado nacional sin recursos específicos.

Luis Caputo estuvo en Córdoba la semana pasada por la visita del Papa.Presidencia

El proyecto de presupuesto cordobés 2027 deja en claro que la provincia priorizará terminar las obras que ya están en ejecución y restringirá el inicio de nuevos proyectos, que dependerán de su importancia estratégica y de la disponibilidad de financiamiento.

Hace pocos días Caputo y Llaryora acordaron una compensación de deudas por $142.959 millones: el entendimiento no cerró las diferencias por el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones ni los reclamos judiciales que la provincia mantiene ante la Corte Suprema.

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Cargas patrimoniales

El paquete tributario anunciado por Llaryora incluye también una reducción del 30% del Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades y del 5% para el resto. Se mantendrán, además, los descuentos del 30% por “ciudadano cumplidor” y del 15% por pago en cuota única. Para el rural, las cuotas se actualizarán según el índice de precios mayoristas. No habrá revalúo en ningún caso.

“Hay que bajar para aliviar, entendiendo la situación”, dijo el gobernador al hacer el anuncio y agregó: “La nación también tiene que bajar”.

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El gobierno provincial calcula que el conjunto de las reducciones y beneficios tributarios representará un alivio de $1,5 billones en 2027. El costo de sostener las exenciones de Ingresos Brutos supera los $684.000 millones, mientras que las bonificaciones del Inmobiliario vinculadas con el cumplimiento y el pago en cuota única implican otros $240.990 millones.

El presupuesto contempla un superávit financiero de apenas 0,1%. Para sostener el equilibrio, el Ejecutivo anunció una reducción del 40% en publicidad oficial y concentrará los recursos en salud, educación, seguridad y programas sociales.

La decisión se toma en un escenario de actividad debilitada: según los datos difundidos por la provincia, cerraron más de 3000 establecimientos comerciales y se perdieron más de 35.000 puestos de trabajo. Además, la recaudación provincial acumula más de diez meses consecutivos de caída.

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La Justicia investiga pagos por más de US$1.000.000 vinculados a la AFA: yates de lujo y un viaje de Toviggino al Caribe

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Una serie de transferencias por más de US$1,27 millones a empresas vinculadas con el alquiler de yates de lujo vuelve a poner bajo la lupa el manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los movimientos financieros incluyen pagos realizados por una compañía encargada de administrar ingresos internacionales de la entidad y coinciden con viajes de dirigentes a destinos exclusivos.

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A ese escenario se suma un dato sobre Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia: en enero de 2023 viajó en un avión privado a Miami y luego a la isla caribeña de Saint Martin. Durante su estadía en Estados Unidos, la entidad recibió un servicio de alquiler de un yate de lujo que fue abonado meses después.

Según reveló Clarín, los nuevos datos se conocen mientras la Justicia investiga distintas operaciones económicas relacionadas con la conducción del fútbol argentino, entre ellas las transferencias realizadas a empresas vinculadas con Toviggino y el destino del dinero administrado en el exterior.

El viaje de Toviggino a Miami y el alquiler de un yate de lujo

El tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en la llegada a Tribunales de Retiro previo a la indagatoria por presunta evasión. (Foto: NA – Daniel Vides)

El 15 de enero de 2023, Toviggino salió del Aeropuerto Internacional de San Fernando rumbo a Miami, con una escala en Quito, Ecuador. Viajó en un Cessna 680 Citation Sovereign, matrícula LV-KCP, que entonces pertenecía a Excel Servicios Aéreos SA.

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De acuerdo con los registros de vuelo, el dirigente llegó a Miami el 17 de enero. Un día después, el 18 de enero, se prestó un servicio de alquiler de un superyate Sanlorenzo SX76, una embarcación de casi 24 metros de eslora, con interiores de lujo y comodidades similares a las de una residencia.

Por ese servicio, la AFA realizó un pago de US$9.150 a la firma AB Yachts and Lifestyle LLC, aunque la transferencia se concretó el 13 de julio de 2023, casi seis meses después.

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Qué son las colectoras, el sistema que de votación que analiza el gobierno para las elecciones 2027

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En su intento por imponer su proyecto de reforma política, el gobierno de Javier Milei propone a sus aliados incluir una modificación al texto original que autoriza a usar el sistema de “colectoras” o “adhesiones”. Se trata de un mecanismo que permite a un candidato presidencial competir con más de una lista de legisladores adosada a la propia.

De ser aprobado, le permitiría al Gobierno ofrecerles a sus aliados la posibilidad de tener una lista propia de candidatos legislativos que esté ligada a la candidatura presidencial del propio Milei. Como el corazón de la reforma es la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la inclusión de las adhesiones dejaría un espacio de diferenciación a los partidos aliados que no quieren diluir su identidad en la boleta de La Libertad Avanza (LLA).

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El sistema de colectoras fue prohibido en 2019 a partir de un decreto que firmó Mauricio Macri previo a las elecciones en las que perdió contra Alberto Fernández.

Antes se había usado profusamente. Lo usó, por caso, Cristina Kirchner en 2011 en la provincia de Buenos Aires, cuando su candidatura presidencial a la reelección tuvo dos candidatos distintos a gobernador, Daniel Scioli (por el sello oficial Frente para la Victoria) y Martín Sabbatella (por Nuevo Encuentro).

Cristina Kirchner y Scioli, en 2011Casa Rosada

De otro modo, en 2019 el radical Gerardo Morales presentó su candidatura a gobernador de Jujuy adosada tanto a la lista presidencial de Macri como a la de Sergio Massa. Así ganó la provincia.

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Aunque todavía no se presentó el texto definitivo del proyecto, fuentes del oficialismo sostienen que se pondrá un límite de dos listas de adhesión en cada frente principal. Esto se debe a que el sistema debería convivir con la boleta única, cuyo espacio es limitado.

Durante años las colectoras no estaban ni permitidas ni prohibidas por el Código Electoral. Su uso se popularizó después de la crisis de los partidos políticos que significó el estallido de 2001.

La reforma electoral que creó las PASO, después de la derrota kirchnerista en los comicios de mitad de mandato de 2009, abrió la puerta a una regulación de las colectoras. Se hizo en el decreto reglamentario, de 2011, en el que se dispuso que en la formación de alianzas “pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.

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