El gobierno de Javier Milei impulsa una sesión en la Cámara de Diputados para recuperar la iniciativa política y volver a marcar agenda, con un temario que incluye la reforma del Régimen de Zonas Frías que reformula los subsidios al gas para regiones de bajas temperaturas y excluye del beneficio a más de 130 municipios y numerosas localidades de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Mendoza, entre otras.

La sesión fue convocada por el oficialismo para el próximo miércoles a las 10:00, en el marco de una pulseada política con la oposición. No obstante, los libertarios armaron una larga lista de proyectos entre los que se destacan la llamada «Ley Hojarascas» para derogar más de 70 normas y decretos que consideran «obsoletos» y el cambio en el régimen de Zonas Frías.

El oficialismo confía en que tiene «alrededor de 131 o 132» votos para abrir la sesión y aprobar todo el temario, según precisaron fuentes parlamentarias a iProfesional. El proyecto sobre Zonas Frías es el de mayor impacto directo sobre los ciudadanos porque afecta a unos 3 millones de usuarios de gas, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Si Diputados lo aprueba, luego definirá el Senado.

El proyecto enviado por Milei y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, busca revertir la ampliación territorial del Régimen de Zonas Frías que dispuso la Ley 27.637, sancionada en 2021 a instancias del kirchnerismo, lo que implica una significativa reducción del universo de usuarios que gozaban de descuentos de entre el 30% y el 50% en las tarifas de gas.

Zonas Frías: a qué regiones alcanza el subsidio y qué cambia con el proyecto del Gobierno

La normativa original (sancionada en 2002) establecía una bonificación universal del 50% sobre el precio del gas para los hogares de la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe, en Mendoza, por su clima más hostil. En 2021 el régimen se extendió de forma masiva con la incorporación de más provincias y municipios de climas templados-fríos.

Con ese cambio, estableció un descuento del 30% (y 50% para sectores vulnerables) y los beneficiarios pasaron de 950.000 a más de 4 millones, al incluirse la Costa Atlántica, la zona sur de Santa Fe, parte de Córdoba, así como localidades de La Pampa o Catamarca.

El proyecto que el oficialismo quiere aprobar en Diputados vuelve al diseño geográfico original, con lo que quedarán afuera del subsidio por zona fría algo más de 50 municipios de Buenos Aires, una docena de departamentos en Córdoba, así como en La Pampa y en San Juan, 8 en Santa Fe, en San Luis y en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja, y 1 en Tucumán.

Con la iniciativa del Gobierno, esas zonas perderán la bonificación universal del 50% sobre la tarifa de gas y solo mantendrán un subsidio adicional los hogares que estén anotados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), al cual acceden solo aquellos cuyo ingreso es igual o inferior a tres Canastas Básicas Totales, monto que hoy ronda los $4.400.000.

Qué localidades quedarán afuera del descuento por zona fría si avanza la ley

El mayor impacto se dará en la provincia de Buenos Aires, que fue la más beneficiada por la extensión de 2021. Los hogares de General Pueyrredón (Mar del Plata), Necochea, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Bahía Blanca, Patagones, Tres Arroyos, Tandil, Olavarría y Azul, entre otros, perderán el descuento por zona fría si el proyecto se convierte en ley.

También municipios de la región centro y norte de la Provincia como Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, General Las Heras, Junín, Pergamino, San Nicolás, Campana, Zárate, Chivilcoy, Balcarce y Bolívar se verían afectados.

En Mendoza únicamente se mantiene dentro del beneficio el departamento de Malargüe, contemplado en el régimen original, mientras que quedarán afuera el Gran Mendoza (incluida la Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz.

Córdoba es otro de los distritos que sentirá el impacto de la exclusión en el Régimen de Zonas Frías al quedar afuera los departamentos del sur y centro de la provincia, incluyendo algunas de las zonas más pobladas como Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto, entre otros.

Asimismo quedarán excluidos del beneficio los municipios de la zona sur de Santa Fe que habían sido alcanzados por la ampliación de la Ley 27.637 incluido Rosario, igual que los departamentos de Cafayate; Cerrillos; Chicoana; La Caldera; La Viña; Rosario de Lerma; San Carlos y la Capital en la provincia de Salta.

En el caso de La Pampa, limita con la Patagonia pero gran parte de su territorio no estaba incluido en la ley original y fue incorporado masivamente en 2021, por lo que si avanza el proyecto del Gobierno perderán el beneficio generalizado Santa Rosa y las localidades ubicadas en Maracó; Realicó; Trenel; Conhelo; Quemú; Chapaleufú; Rancul; Catriló; Atreucó; Guatraché y Utracán.

Misma situación en localidades de San Luis como Ciudad de San Luis, Villa Mercedes o Merlo; la zona del Gran San Juan; Andalgalá, Belén y Tinogasta en Catamarca; Famatina, Chilecito y General Lamadrid en La Rioja y Tafí del Valle en Tucumán.

Los argumentos del Gobierno y el desafío en Diputados

El oficialismo considera que la ampliación del Régimen de Zonas Frías generó una «distorsión» porque incluyó en el descuento a casi la mitad de los usuarios residenciales de la red de gas, sin distinguir tampoco a los hogares de más alto poder adquisitivo.

Sobre esa base, el gobierno de Milei argumenta que el beneficio debe enfocarse solo en las regiones tradicionalmente alcanzadas por el régimen y apuntar a que la asistencia llegue solo a los hogares más vulnerables.

Por ese motivo, además de los hogares inscriptos en el SEF (que incluye a quienes poseen el Certificado de Vivienda Familiar del RENABAP y beneficiarios de la pensión vitalicia a veteranos de la Guerra de Malvinas) el subsidio también se mantendría para familias donde al menos un miembro tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

El oficialismo logró darle dictamen de mayoría al proyecto la semana pasada en un plenario de comisiones donde la secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, señaló que «los recursos económicos son escasos» y que la «forma justa de utilizar los recursos que el Estado puede destinar a subsidiar la energía, en este caso el gas natural, tiene que ser exclusivamente a la gente que lo necesita».

Tettamanti señaló que el régimen hoy «subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo» y que esa es «la primera injusticia» que justifica su reforma. «El Estado Nacional está poniendo 500.000 millones de pesos para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país. Entonces nosotros creemos que acá hay que hacer una modificación importante», remarcó.

Con el dictamen firmado, el gobierno de Javier Milei apunta a aprobar la reforma del Régimen de Zonas Frías en la sesión que se realizará el miércoles en la Cámara de Diputados y girar el proyecto al Senado para su sanción final, de ser posible antes del Mundial. Confía en tener los votos, pero está por verse qué tan sólido es el respaldo de los gobernadores de las zonas afectadas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) transferirá $24,4 billones al Tesoro Nacional en concepto de utilidades. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida y aseguró que contribuirá a reducir la deuda bruta y, en simultáneo, a sanear el balance de la entidad. Pese a ello, analistas cuestionan ese impacto y advierten que el Tesoro solo podrá usar $6 billones para comprar dólares y afrontar vencimientos de deuda externa, ya que destinarlos a otros fines implicaría emisión monetaria, un escenario que no figura en los planes oficiales.

La autoridad monetaria informó que, de los fondos transferidos, $6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y los $18,4 billones restantes se utilizarán para la recompra de Letras Intransferibles. Estas letras forman parte del activo del Banco Central y, según el Ministerio de Economía, representan un valor nominal original de 21.700 millones de dólares. El Gobierno afirmó que, con esta operatoria, la deuda bruta del Tesoro Nacional se reducirá en aproximadamente 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

“No es monetariamente expansivo porque los pesos van a la cuenta del Tesoro en el BCRA (entonces no hay efecto monetario). Y esos pesos solo se van a usar exclusivamente para cancelar deuda en pesos o en dólares”, comentó una fuente del Ministerio de Economía a Infobae.

El economista Fausto Spotorno analizó las implicancias prácticas del movimiento de fondos y señaló que los $6 billones que ingresen al Tesoro permanecerán en la cuenta del Banco Central, disponibles para ser utilizados en alguna operación, ya que el Gobierno mantiene una política de emisión cero. Todo indica que esos fondos se destinarían a la compra de dólares y al pago de los próximos vencimientos.

Spotorno explicó que, si el Tesoro decide comprar reservas al BCRA para pagar deuda, no se genera emisión de moneda, ya que los recursos permanecen dentro del circuito del BCRA. De acuerdo con datos oficiales de Economía, los compromisos de capital en mayo sumaban USD 219 millones (USD 29 millones al BIRF, USD 166 millones al BID y USD 24 millones a otros organismos), mientras que en junio el monto asciende a USD 117 millones (USD 43 millones al BIRF, USD 20 millones al BID y USD 54 millones a otras entidades). El total de capital a saldar entre ambos meses alcanzaba los 336 millones de dólares.

En cuanto a intereses, los pagos en mayo trepaban a USD 971 millones (USD 30 millones al BIRF, USD 156 millones al BID, USD 751 millones al FMI y USD 33 millones a otros acreedores). Para junio, el desembolso previsto es de USD 144 millones (USD 85 millones al BIRF, USD 30 millones al BID y USD 29 millones a otros organismos), lo que daba un total de USD 1.115 millones en intereses para ese bimestre. Así, la necesidad de divisas para afrontar compromisos externos entre mayo y junio sumaba USD 1.451 millones, sin contemplar otros pagos menores.

Con ese telón de fondo, el Tesoro podría utilizar los pesos del superávit fiscal o la transferencia de los $6 billones del BCRA para comprar los dólares necesarios y cumplir con las obligaciones.

Por su parte, el economista jefe de EcoAnalytics, Santiago Casas, describió el giro de utilidades como un “mecanismo de financiamiento monetario al Tesoro Nacional”. Casas señaló que, aunque el Gobierno criticó ese instrumento en el pasado, ahora lo utiliza y explicó que los $6 billones depositados en la cuenta del Tesoro constituían un pasivo para el BCRA, mientras que la recompra de Letras Intransferibles implicaba usar utilidades del propio BCRA para rescatar activos emitidos por el Tesoro.

Casas sostuvo que la operatoria producía un impacto patrimonial negativo en el BCRA por dos motivos: aumentaban los pasivos (por depósitos del Tesoro) y disminuían los activos (por la cancelación de Letras Intransferibles). En contrapartida, el Tesoro obtenía margen en pesos para cancelar deuda local y reducía su exposición con el BCRA.

Bajo su perspectiva, la emisión vinculada al giro de utilidades solo podría incidir en la inflación si los $6 billones depositados se usan para cancelar deuda y circulan como pesos en la economía. Por otro lado, la cancelación de Letras Intransferibles representa un ajuste contable que no tiene impacto sobre el nivel de precios y beneficia al Tesoro en detrimento del patrimonio del Banco Central.

En Economía aseguraron a Infobae que la operatoria no va a implicar una emisión monetaria, una palabra prohibida en esta gestión, dado que los fondos permanecerán depositados en el BCRA y solo se utilizarán para pagar deuda en pesos o en dólares. Por lo tanto, no tendría impacto en la inflación. En los próximos dos meses, el Gobierno tiene que enfrentan vencimientos por más de USD 1.400 millones, siendo el principal desafío antes de los USD 4.300 millones de julio para el que se aseguran ya se tienen las fuentes de financiamiento.

Los salarios del sector privado volvieron a mostrar una nueva caída en términos de poder adquisitivo en marzo. Según divulgó el Indec, la suba ese mes fue de solo 2,1% contra una inflación del 3,4 por ciento. La buena noticia es que esta tendencia declinante empezó a cambiar en abril: la mayor parte de las paritarias se cerró por encima del 2,6% de inflación mensual.

Un ejemplo claro se dio en la industria de la construcción, donde los salarios aumentaron 5,5% en abril. Esto fue al menos en parte lo que explicó un salto en el costo del metro cuadrado a construir en la Ciudad de Buenos Aires del 3,1%, es decir por encima de la inflación del mes.

Una estimación realizada por el economista Fernando Marull arrojó que las paritarias de abril se cerraron con una suba promedio del 4,8%, muy por encima de la inflación del 2,6% registrada en abril.

Algunas de las negociaciones destacadas fueron Comercio con una suba de 5,4%, Metalúrgicos 5%, y Gastronómicos 6,8 por ciento. Otros en cambio tuvieron incrementos más bajos en abril en relación a la inflación como Camioneros, Seguridad Privada, Bancarios y Publicidad.

Aunque en abril no se sostuvo el rebote de actividad de marzo, distintos indicadores de consumo empiezan a mostrar que se tocó un piso y se vislumbra un repunte. El presidente de la Cámara de Autoservicios Mayoristas (Cadam), Armando Farina, quien explicó que “en el consumo masivo estamos viendo dos situaciones bien diferenciadas. En las provincias del sur y las relacionadas con el campo las ventas vuelan. Pero en grandes centros urbanos, en especial en el Conurbano, no estamos viendo un repunte. En el agregado estamos cayendo menos mes a mes en relación al año anterior”.

Algo parecido, por ejemplo, sucedió con la evolución del IVA, que ya en abril tuvo una caída muy inferior a la que venía mostrando en meses anteriores.

Por eso, la estrategia del Gobierno está enfocada en reducir todo lo posible la inflación, porque entiende que la recuperación de los salarios permitirán una mejora gradual del consumo.

De alguna manera es poner en marcha un círculo virtuoso que se revirtió sobre todo luego de las elecciones legislativas, cuando la inflación empezó a tomar más velocidad, rezagando a los salarios.

En cuanto al dato del Indec de marzo que se conoció ayer, el nivel general de ingresos creció 3,4 por ciento. Sin embargo, otra vez crecieron los ingresos del sector informal, mientras que los salarios formales (privados y públicos sen mantuvieron por debajo de la inflación del mes.

Al desagregar por sector se observa que, el salario del sector privado registrado aumentó 2,1% contra el mes anterior y 27,5% interanual, lo que implica una caída real de 1,2% en el mes analizado y un descenso del 3,9% en la comparación real interanual.

En el sector público, la suba fue de 5% mensual, reflejando una suba real de 1,6% en el mes bajo análisis. En la comparación interanual, el alza fue de 29,6%, equivalente a un descenso real de 2,2%.

En cambio, los trabajadores informales (sector privado no registrado) tuvieron un aumento muy superior: 4,7% en el mes y 74% interanual, más que duplicando la inflación acumulada.

Según los últimos sondeos de opinión la imagen presidencial frenó su deterioro en niveles de 36% positiva, pero cerca de 53% negativa. Por eso, la expectativa ahora es que esos niveles muestren una mejora gradual, a partir de una baja más pronunciada de la inflación y una mejora gradual en los niveles de consumo.

Por lo pronto, el índice de mayo apunta a ubicarse en niveles cercanos al 2%, lo que implicaría el segundo mes consecutivo de desinflación. Una baja en el precio de la carne, subas menores a las previstas en las tarifas de gas y la decisión de YPF de subir solo 1% la nafta ayudarían a que se cumpla este objetivo.