A través de una resolución conjunta de la secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de las Semillas (Inase) el Gobierno estableció un protocolo para proteger la propiedad intelectual de las semillas y con ello reducir su uso no autorizado.

En base a lo dispuesto por la ley de Semillas N° 20.247, el nuevo protocolo tendrá como objetivo “el control de la identidad varietal en grano” para proteger “los derechos de los obtentores sobre las variedades vegetales registradas” y establece mecanismos destinados a asegurar “la propiedad intelectual sobre las creaciones fitogenéticas”.

Con esta regulación publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno estima que se generará un salto exportador para el sector agropecuario.

“Cada productor argentino va a tener la libertad de elegir este mecanismo y recuperar 30 años de atraso en la calidad de sus semillas. Gracias a esta actualización, se estima un incremento en las exportaciones en más de 4.000 millones de dólares anuales”, señaló en la red social X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Los considerandos de la norma señalan que a los fines de garantizar el correcto uso de variedades protegidas, resulta necesario impulsar la suscripción de acuerdos con entidades privadas especializadas que puedan colaborar activamente, aportando capacidad técnica, infraestructura y métodos específicos.

“La articulación entre el sector público y el sector privado permitirá optimizar los procesos de control, garantizando una mayor trazabilidad y transparencia en el mercado de semillas, así como la adecuada protección de los derechos de los obtentores, lo que a su vez constituye un incentivo clave para la inversión en el desarrollo de nuevas variedades y el incremento de la productividad del sector agroindustrial”, sostiene la resolución oficial.

El control de la identidad varietal en granos funciona a partir de la toma de muestras en el primer punto de entrega, realizado únicamente en establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA).

La toma de muestras sigue procedimientos técnicos específicos y solo pueden analizar las muestras las Cámaras Arbitrales o entidades privadas que tengan convenio o estén habilitadas por el Instituto Nacional de Semillas (INASE).

El análisis se realiza utilizando métodos reconocidos por el INASE. Luego, los laboratorios deben remitir los resultados de forma inmediata y simultánea al titular de la variedad registrada y al titular de la muestra.

El propietario de la tecnología dispone de 60 días corridos desde la emisión del certificado de análisis para presentar una denuncia si detecta un uso irregular. Durante ese plazo, las muestras se conservan en un sobre cerrado. Si se inicia una acción legal, el plazo de conservación se suspende hasta que la muestra sea remitida al INASE.

Si el titular de la variedad presenta una denuncia, solicita que la entidad que hizo el análisis envíe la muestra de respaldo y la porción analizada al INASE, que luego da curso a las acciones administrativas correspondientes.

El protocolo se aplica a los cultivares inscriptos a partir de la publicación de la norma y el incumplimiento puede ser sancionado según la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247. El procedimiento busca garantizar trazabilidad y transparencia en el mercado.

La medida surge al mismo tiempo que se espera el debate de una actualización de la Ley de Semillas. Cabe recordar que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta, y el director del INASE, Martín Famulari, se reunieron a fines de abril con entidades agropecuarias y representantes del sector semillero para analizar un nuevo proyecto orientado a fortalecer el control sobre el uso de semillas.

Entre los principales ejes del nuevo proyecto se destacan el establecimiento de controles en el primer punto de entrega del grano, como acopios, plantas de procesamiento y puertos; este es el nodo más eficiente para el monitoreo, ya que concentra el flujo previo a su dispersión.

“La iniciativa presentada por el Gobierno nacional busca equilibrar la protección efectiva de los derechos de los obtentores, que resulta clave para incentivar la inversión en innovación, con el respeto de los derechos de los productores establecidos en la normativa vigente”, habían asegurado fuentes oficiales.

os días pasan, la paz social peligra», con esta contundente frase, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió sobre las medidas de fuerza que pueden afectar el transporte de colectivos de corta, media y larga distancia, frente a la demora en cerrar una recomposición salarial para la actividad. Hoy, el salario básico conformado de los choferes de corta y media distancia (región AMBA) está en $1.425.500, alcanzando cerca de $2 M mensuales si se le suman adicionales como viáticos, antigüedad y premios.

La organización gremial exigió al gobierno un trato de igualdad de condiciones como agroexportadoras, petroleras o mineras, destacando que está pendiente una actualización de los ingresos desde mayo. «Queremos que nos traten como a los sectores ‘privilegiados’ de la economía (tenemos derecho a ello, no hay duda)», remarcó en un comunicado.

Reclamos directos a Caputo y dura interna gremial

También denunció que, hasta el momento, no han tenido respuestas concretas a sus demandas, sino solo «dilaciones». En la paritaria del transporte automotor, intervienen la UTA, las cámaras empresarias del transporte de pasajeros y el Estado, no solo como mediador, sino como actor importante, teniendo en cuenta que de su humor dependen los subsidios para las compañías.

El sindicato que lidera Roberto Fernández además atraviesa desde hace años una dura interna, con firmas como el grupo Dota, cuyos trabajadores no responden a la conducción nacional. A esto hay que agregarle el cruce con la Casa Rosada, a raíz del último paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) que derivó en una multa de $70.000 M, por adherir a la protesta mientras regía la conciliación obligatoria.

La UTA direccionó sus reclamos al ministro de Economía, Luis Caputo, para que atienda «las cuestiones pendientes» del sector, reiterando que «los días pasan, la paz social peligra. ¿Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpes de conciliación obligatoria?», dejando en claro que, si no reciben una mejora salarial, iniciarán un plan de lucha que afectará a miles de usuarios.

Críticas al superávit fiscal y el costo para los trabajadores

Las demandas gremiales fueron acompañadas por una dura crítica al modelo libertario. El sindicato manifestó que «los trabajadores de la actividad son sacrificados en el altar del ‘superávit fiscal’», cuestionando el costo de equilibrar las cuentas públicas a expensas de los salarios. «La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo, y el superávit fiscal es sano; el tema es: ¿a qué costo?», planteó.

Asimismo, explicó que el equilibrio de las cuentas públicas no debe construirse a expensas de los salarios de los trabajadores, indicando que «el superávit fiscal no se construye con nuestros salarios, que se construya de otra forma. Entendemos que hay otras formas, y los privilegiados son otros».

En este punto, se dirigió directamente a Caputo: «Señor ministro, trate, responda y resuelva el asunto; dilatar no sirve para nada, trátenos como agroexportadores, petroleras o mineros. Los trabajadores necesitan del transporte y ahí estamos nosotros».

Qué puede pasar con el transporte de pasajeros

Las demandas de la UTA parten de su dirigencia, pero, también, de las bases que exigen sostener el poder adquisitivo que lograron en los últimos años y que se fueron diluyendo. Por ahora, el gobierno y las empresas no han convocado a una reunión paritaria, y para Fernández los tiempos se acortan, aunque la Casa Rosada cuenta con la conciliación obligatoria y la Ley de Modernización Laboral para desactivar un posible paro. No se descarta la convocatoria a un cese de actividades que afectaría a miles de usuarios del transporte público.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que “ya no alcanza solamente con el ajuste” y que para mantener el superávit fiscal requiere aumentar la recaudación. Y si bien distintos informes advierten, durante los primeros cinco meses de 2026, que el gasto total de la Administración Pública Nacional (APN) cayó 31% en comparación con mayo de 2023, a valores constantes, en la comparación con mayo de 2025 muestra un leve aumento interanual del 0,5%. Pero este comportamiento no es uniforme en todas las áreas: mientras la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó sus fondos, la Administración Nacional de la Seguridad Social vio una reducción del 7% y los hospitales nacionales sufrieron recortes que oscilaron entre el 33% y el 51 por ciento.

La distribución del gasto por funciones exhibió modificaciones sustanciales. De acuerdo con Centro de Economía Política Argentina (CEPA), Seguridad Social concentró la mayor proporción del presupuesto, aunque su participación bajó del 63% al 59% en el periodo enero-mayo. Este cambio se vinculó con un mayor peso de los Servicios de la Deuda Pública, que representaron el 12% del gasto total ejecutado, mostrando un incremento respecto del mes anterior. Programas como Educación y Cultura y Salud participaron con el 5% cada uno, mientras que Energía, Combustibles y Minería, Justicia, y Promoción y Asistencia Social tuvieron incidencias menores.

El informe detalló caídas significativas en la mayoría de los organismos de gobierno nacional. CEPA remarcó recortes en la Agencia de Acceso a la Información Pública (-37%), la Defensoría del Pueblo de la Nación (-41%), la Cámara de Diputados (-41%) y el Senado (-40%). Otros organismos, como la Auditoría General de la Nación (-19%), la Defensoría General de la Nación (-11%), la Procuración General de la Nación (-10%) y la Unidad de Información Financiera (-26%) también vieron reducciones. En contraposición, la Secretaría de Inteligencia del Estado registró un incremento del 34% en su ejecución.

El área de Salud mostró una dinámica heterogénea según el CEPA. Entre los organismos con información comparable, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán cayó 33%, la ANMAT bajó 41% y la Superintendencia de Servicios de Salud retrocedió 64%. La Secretaría Nacional de Discapacidad, ex Agencia Nacional de Discapacidad, tuvo una reducción del 41,2%. En medio de los reclamos porque el Gobierno cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad que se aprobó en el Congreso.

Los hospitales nacionales también presentaron descensos: el Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer cayó 50%, el Hospital Nacional en Salud Mental Laura Bonaparte 51%, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas 33% y el Hospital Nacional Dr. Ramón Carrillo 45%. En este contexto, el INCUCAI fue la excepción, con un incremento real del 85% frente a igual periodo de 2023.

El dato que más llama la atención es que La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cayó 7%, con alta incidencia en el gasto global. La ejecución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia bajó 75%, y la Defensoría de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 31%. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) presentó un descenso del 82 por ciento.

En los organismos vinculados al desarrollo productivo, CEPA identificó caídas pronunciadas: el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero retrocedió 31%, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 42%, el Instituto Nacional de Semillas 47%, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 81%, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial 30% y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 36%.

En cuanto a las fuerzas de seguridad federales, los recortes fueron amplios: la Policía Federal Argentina bajó 34%, la Prefectura Naval 31% y la Gendarmería Nacional 30%. Las fuerzas armadas también sufrieron recortes: Armada Argentina 19%, Ejército Argentino 15% y Fuerza Aérea 18%. La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal cayó 21% y el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros Militares 17%. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas mostró un incremento del 43%. El Servicio Penitenciario Federal registró una disminución del 8%.

El capítulo de Justicia y Derechos Humanos incluyó recortes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (-35%), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (-57%), la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (-73%), el Consejo de la Magistratura (-15%) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (-35%). La Corte Suprema de Justicia de la Nación registró una baja del 11%. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, ahora bajo el programa Atención y Desarrollo de Asuntos Indígenas, mostró una caída del 57%. En transporte y obra pública, la Dirección Nacional de Vialidad bajó 84%, el Organismo Regulador de Aeropuertos 61%, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte 40% y la Agencia Nacional de Seguridad Vial 44%. La Dirección Nacional de Migraciones tuvo una reducción del 6% y la Agencia de Administración de Bienes del Estado 26%.

En el área educativa, dos programas no registraron ejecución: Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, ambos con una caída del 100%. Otros programas presentaron descensos: Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes (-87%), Acciones de Formación Docente (-89%) e Infraestructura y Equipamiento (-97%). El Desarrollo de la Educación Superior bajó 28%.

Obra pública y transporte mostraron niveles extremadamente bajos de ejecución. Programas como Infraestructura en Municipios, Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios sufrieron caídas del 100%. La Construcción de Túneles y Puentes Grandes retrocedió 99,7%, el Desarrollo de Obra Pública 98%, la Cuenca Matanza-Riachuelo 96%, la Infraestructura Hidráulica 87%, Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación 95% y la Construcción de Rutas Seguras 94%.

Las transferencias también retrocedieron de manera crítica. La cooperación y asistencia técnica a municipios bajó 97%, la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios 99%. La asistencia a entes de la Secretaría de Obras Públicas cayó 86% y a entes de la Secretaría de Transporte, 49%. La Asistencia Financiera a entes de la Secretaría de Energía retrocedió 88%. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires se redujo 100%, mientras que el programa Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional aumentó 23%.

De acuerdo con el informe de IARAF, el gasto en intereses tuvo un incremento real interanual del 30% en mayo y del 52,5% en el acumulado del año, lo que mantuvo prácticamente constante el gasto total entre mayo de 2025 y mayo de 2026. Sin embargo, en el acumulado parcial, la variación real fue positiva en 0,5 por ciento. Sólo tres de once tipos de gasto tuvieron aumentos: activos financieros (+126%), transferencias a otras entidades del SPN (+22,3%) y jubilaciones y pensiones (+7%). Los gastos con mayores caídas fueron transferencias al exterior (-98,8%), transferencias a provincias y municipios (-70%) y servicios no personales (-45,2%).

Al analizar los principales componentes del gasto primario, IARAF identificó que en los primeros cinco meses del año cuatro de los once tipos de gasto subieron en términos reales interanuales: activos financieros (+74,3%), otras transferencias al sector privado (+20,3%), bienes de consumo (+3,1%) y jubilaciones y pensiones (+2%). Entre las mayores bajas estuvieron transferencias a provincias y municipios (-55,4%), bienes de uso (-33,4%) y transferencias al exterior (-28,1%).

La baja en las transferencia a provincias y municipios supone, y lo hará en mayor medida en los próximos meses, un problema que generará tensión con el Gobierno. Es que si bien en mayo la recaudación de impuestos cortó la tendencia a la baja luego de nueves meses y subió por encima de la inflación, ese dato se explicó por el Impuesto a las Ganancias impulsado por las mayores utilidades de las empresas y de la base imponible de los trabajadores.

Pero este dato positivo podría revertirse a causa del mismo impuesto. En julio se deben actualizar por la inflación tanto el Mínimo No Imponible (MNI) como las deducciones del impuesto a las Ganancias para los trabajadores en relación de dependencia. Y en un contexto en donde los salarios vienen aumentando por detrás de la inflación todo parece indicar que una gran cantidad de contribuyentes dejaran de pagar el impuesto, impuesto que se coparticipa con las provincias.

Y es en este escenario donde el ministro de Economía, Caputo, apuesta a que la reforma laboral y la Ley de Inocencia Fiscal -que ahora enviará un proyecto al Congreso para modificar los puntos débiles- se generen mayores ingreso para el Estado.