POLITICA
Milei evalúa presentar por cadena nacional la reforma del Banco Central, uno de los ejes de campaña del Gobierno
El Gobierno evalúa que Javier Milei presente por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que la Casa Rosada quiere convertir en eje económico y electoral para el segundo semestre. En Nación reconocen que ese formato está entre las opciones que se analizan para el anuncio oficial previo al envío de la iniciativa al Congreso.
El Ejecutivo, sin embargo, descarta que el Presidente vaya al recinto como hizo con el Presupuesto. En despachos oficiales, sostienen que el proyecto tendrá una presentación política de alto impacto, pero no bajo el mismo esquema que utilizó Milei para defender la Ley de Gastos e Ingresos ante diputados y senadores.
La Casa Rosada tampoco rechaza otros formatos. Entre las alternativas que se evalúan, aparecen una conferencia o un evento económico específico con el Presidente como principal expositor. La definición quedará atada al estado de avance del texto y a la estrategia de comunicación que termine de ordenar la mesa política.
En Balcarce 50 remarcan que la reforma todavía no está cerrada. El proyecto sigue bajo revisión de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y aún no llegó a la Secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal. Ese dato muestra que la iniciativa está avanzada en términos políticos, pero todavía no ingresó en la etapa final de control jurídico.
El Gobierno quiere enviar el proyecto al Congreso en agosto. La mesa política informó que Luis Caputo expuso los avances en la elaboración de la reforma y que Milei realizará un anuncio oficial antes de la presentación legislativa, aunque el formato será definido en los próximos días.
El Ejecutivo ubica la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central dentro del paquete de reformas con el que Milei planea hacer campaña. La Casa Rosada quiere instalar la idea de que la baja de la inflación no depende solo del programa económico actual, sino también de un cambio legal que impida volver a financiar al Tesoro con emisión.
La Casa Rosada presenta la iniciativa como una señal institucional para blindar el equilibrio fiscal y la política monetaria. El núcleo del proyecto es limitar o prohibir el financiamiento directo e indirecto del Banco Central al Tesoro, restringir adelantos transitorios, utilidades contables y mecanismos como las Letras Intransferibles.
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En Balcarce 50 también buscan que el BCRA tenga como mandato central la preservación del valor de la moneda. La reforma apunta a revertir los cambios introducidos en 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, cuando se ampliaron los objetivos del organismo a metas como empleo, desarrollo económico y equidad social.
El Gobierno quiere además endurecer la gobernanza del Banco Central. En el oficialismo analizan reglas más exigentes para remover al presidente y al directorio de la entidad, con el argumento de reforzar su independencia frente a los cambios de gobierno y reducir la presión política sobre la autoridad monetaria.
El Ejecutivo también estudia un régimen de responsabilidades y sanciones para funcionarios que habiliten el uso del Banco Central como financista del déficit. En la mesa chica de Milei, sostienen que ese capítulo es clave para que la reforma no quede solo en una declaración de principios.
La Casa Rosada analiza incorporar además una discusión sobre la autonomía del INDEC. La idea surgió en la reunión de Milei con legisladores libertarios y apunta a reforzar la credibilidad de los datos oficiales, en especial si la reforma del Banco Central incluye reglas atadas al comportamiento de la inflación.
El Ejecutivo sabe que el proyecto tendrá tensión técnica y política. Una prohibición absoluta de emisión podría quitarle margen operativo al Banco Central para comprar reservas, administrar liquidez o actuar ante escenarios de estrés financiero. Por eso, en los equipos económicos trabajan en una redacción que limite el financiamiento monetario del Tesoro sin bloquear herramientas monetarias ordinarias.
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El Gobierno quiere que la presentación del proyecto ordene también el mensaje de campaña. Milei busca contrastar su programa con el modelo de la gestión anterior y vincular la reforma con la idea de “nunca más” financiamiento del déficit con emisión, uno de los argumentos centrales de su discurso económico.
El Ejecutivo combina esa agenda con otros proyectos del segundo semestre, como Inocencia Fiscal, la regla fiscal, la reforma presupuestaria inspirada en el “shutdown”, los códigos Penal, Civil y Aduanero, y el paquete de seguridad y defensa. La diferencia es que la reforma del BCRA aparece como una de las iniciativas más personales del Presidente.
La Casa Rosada espera definir en los próximos días si el anuncio será por cadena nacional, conferencia o acto económico. La decisión dependerá del avance técnico del texto, del timing legislativo de agosto y del objetivo político de Milei: convertir la reforma del Banco Central en una bandera de campaña antes de que empiece la etapa más intensa de negociación electoral.
Javier Milei, Banco Central, cadena nacional
POLITICA
“Juanchi” Zabaleta habló sobre la interna del peronismo y advirtió: “Si Axel no gana una primaria, va a ser muy difícil que pueda ser presidente”
Con las elecciones presidenciales de 2027 en el horizonte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof lanzó este lunes su candidatura presidencial con una definición dirigida al oficialismo: “Estamos trabajando para ganarle a Milei”. El anuncio llegó dos días después del acto que encabezó en Avellaneda, donde presentó un armado político de alcance nacional.
El exministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta planteó que el gobernador de Buenos Aires tiene condiciones para competir por la Presidencia, aunque remarcó que debería imponerse en una elección interna. “Si eliminan la PASO, el peronismo no creo que pueda ser alternativa”, afirmó.
Según afirmó en Infobae A las Nueve, el espacio necesita presentar un programa claro sobre producción, empleo, inversión y deuda para consolidarse como una alternativa al gobierno de Javier Milei.
Para el exfuncionario, una competencia electoral serviría para ordenar tanto la candidatura presidencial como la de la provincia de Buenos Aires antes de las elecciones de 2027.
Ordenar las candidaturas
Zabaleta defendió las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como el mecanismo para que los votantes definan qué dirigentes representarán a cada fuerza. En términos simples, se trata de una elección previa a los comicios generales, en la que pueden competir distintas listas de un mismo espacio político.
Al mismo tiempo rechazó que el peronismo defina sus postulaciones en una elección reservada a los afiliados partidarios. Consideró que los padrones de los partidos, es decir, los registros de sus integrantes, no alcanzan para organizar una competencia de alcance nacional.
También sostuvo que una primaria permitiría participar a todos los dirigentes que aspiren a la Presidencia. Mencionó a Sergio Massa como un referente con expectativas electorales. Sostuvo que quienes aspiren a competir deberían presentar sus listas y someterse a una primaria abierta. “Si no hay primaria, el peronismo tiene mucho riesgo de implosionar, de romperse” aseguró.
La misma discusión, según Zabaleta, debería incluir la candidatura a gobernador bonaerense. El dirigente advirtió que, sin PASO, el peronismo perdería una herramienta para resolver sus disputas y podría debilitar su posición como alternativa electoral. “No es un gasto en la democracia una elección”, afirmó al defender ese mecanismo.
El exministro consideró que una primaria le daría a Kicillof respaldo electoral y permitiría ordenar las diferencias dentro del peronismo. “Si Axel no gana una primaria contra los que quieren competir, va a ser muy difícil que pueda ser presidente”, afirmó.
A la vez, pidió que exponga una propuesta más amplia, con definiciones sobre zonas de inversión, industria nacional, desendeudamiento y el funcionamiento de un eventual gobierno.
Zabaleta también reclamó una diferenciación respecto de sectores del kirchnerismo. Cuestionó que dirigentes con posiciones distintas convivan dentro de una misma estructura y planteó la necesidad de una conducción con mayor autoridad para resolver conflictos internos.
Sobre Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que está injustamente presa, según su criterio. Sin embargo, sostuvo que la estrategia del peronismo no puede concentrarse solo en esa situación y debe responder a los problemas económicos y sociales de la población. “¿Les alcanza Cristina libre? No. Una campaña Cristina Libre no alcanza”, planteó.
Coordinación durante el gobierno anterior
Zabaleta repasó su paso por el gobierno de Alberto Fernández y describió dificultades para coordinar decisiones dentro de la coalición oficialista. Según relató, distintos sectores intervenían en medidas de gestión, lo que limitaba la capacidad de acción de los ministros.
A su entender, esa falta de orden político tuvo consecuencias en la economía, la administración estatal y la relación con organizaciones sociales que reclamaban recursos y programas. También vinculó esas tensiones con la salida de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque oficialista en Diputados, durante el debate del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
El exfuncionario reconoció que su gestión al frente de Desarrollo Social no alcanzó los resultados esperados. Mencionó conflictos con organizaciones sociales, cortes de calles y acampes, en un contexto de reclamos por planes y asistencia estatal.
Además, cuestionó la respuesta del Estado ante necesidades concretas, como la atención de jubilados. En ese sentido, mencionó las condiciones de funcionamiento de un establecimiento del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en el oeste del conurbano bonaerense.
Zabaleta afirmó que el peronismo debe ampliar su base política y no limitarse a sus estructuras tradicionales. Propuso convocar a dirigentes de otros espacios y a sectores vinculados con la producción, siempre que existan condiciones para construir acuerdos fuera de las disputas internas.
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juan zabaleta
CÓRDOBA.- El análisis y tratamiento del proyecto de presupuesto de 2027 coincide con las negociaciones que la Casa Rosada lleva adelante con los gobernadores por la reforma política (con eje en la eliminación de las PASO).
Los contactos previos empezaron mal por los cambios planteados en las prestaciones vinculadas a discapacidad. En ítems que alcanzan directamente a las provincias, el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé una recomposición de ingresos que mejoraría las transferencias directas, pero aun así, la distribución de ATN (el fondo se alimenta de la coparticipación) correría muy por detrás.
Tampoco se recomponen las partidas para obras públicas. En el caso de las obras, la alternativa que plantea Caputo es trasladar parte de las responsabilidades a los gobiernos provinciales. El proyecto incluye autorizaciones de garantías del Tesoro para siete distritos. Son instrumentos que muchos financiadores -por ejemplo, los mercados asiáticos- piden como aval.
Para este año, la Nación había previsto recuperar parte de la inversión en obra pública después del fuerte ajuste de 2024 y 2025, pero las transferencias de capital a provincias siguen muy rezagadas: representaban apenas 1% de lo efectivamente girado.
Para el próximo año -mientras los gobernadores siguen reclamando por infraestructura-, el planteo es avanzar con el traslado de responsabilidades a las provincias. La iniciativa da cuenta de que, de 2339 obras relevadas, 1683 fueron dadas de baja o quedaron en proceso de rescisión; 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a provincias y municipios, y 199 permanecen bajo gestión nacional (55 de esas están terminadas).
Las transferencias de las obras a través de convenios -se firmaron con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses- supone para esas jurisdicciones no solo hacerse cargo de la ejecución, sino del financiamiento pendiente y el mantenimiento. El proyecto alcanza algo más de $1 billón en obras geolocalizadas en las provincias, la mayoría en rutas nacionales.
En paralelo, habilita financiamiento y contempla avales del Tesoro para algunas jurisdicciones. No se trata de transferencias ni de recursos que ingresen directamente a las cuentas provinciales, sino de mecanismos que pueden facilitar el acceso al crédito. La distribución incluida es: Córdoba, hasta US$530 millones; Santa Fe, hasta US$300 millones; Corrientes, hasta US$150 millones; Chaco, hasta US$120 millones; San Juan, US$100 millones; Neuquén, US$20 millones, y Mendoza, hasta 100 millones de euros.
Además, Caputo mantiene abierta la posibilidad de compensar deudas recíprocas entre la Nación y provincias mediante quitas, esperas, compensaciones, reconocimientos y otras formas de cancelación. Según el texto, 21 jurisdicciones adhirieron a acuerdos que involucran $3,7 billones en obligaciones cruzadas y 37 litigios.
Transferencias
Las transferencias automáticas alcanzarían los $104.031.500 millones en 2027 (7,3% del PIB), lo que implica un alza real interanual del 7,5% (calculado sobre la inflación proyectada oficialmente). Ese crecimiento, según analiza Politikon Chaco, se fundamenta en la espera de una mejora de la recaudación nacional, impulsada por IVA y Ganancias.
Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz y San Luis mostrarían las mayores alzas (superiores al 8%) y Salta, la suba más leve, con 5,6%.
Por el lado de los giros no automáticos, sumarían $2.588.186 millones (0,2% del PIB), 94% corresponde a transferencias corrientes y 6%, a las de capital. De cumplirse esa cifra, implicaría una caída de 1,8% real contra el cierre estimado para 2026. Las corrientes bajarían 0,4%, mientras que las de capital lo harían 20%.
Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) integran estas partidas y lo presupuestado es $300.994 millones. Así, los envíos se mantendrían estables en moneda constante.
Desde Politikon Chaco remarcan “una evidente paradoja: mientras que los envíos por coparticipación y otros automáticos crecerían al 7,5% anual y, por ende, la composición del Fondo ATN (de recaudación automática) lo haría a un ritmo similar, la distribución de los mismos correría muy por detrás, por lo cual se prevé una considerable subejecución”, tal como viene pasando. Lo que se recauda y no se reparte, se lo queda el Tesoro Nacional.
Cajas no transferidas
El artículo 60 del proyecto establece un crédito presupuestario por $503.326 millones de Anses para giros a las 13 cajas previsionales provinciales que no pasaron a manos de Nación.
El texto plantea que “solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo” con Anses y que corresponda “al menos al Ejercicio 2021 o posterior”. A la vez que determina que el jefe de Gabinete, con previa intervención del Ministerio de Economía, podrá ampliar el límite establecido.
Para este año, el monto asignado originalmente fue de $122.763 millones, pero en julio, por el avance en la firma de convenios con las provincias, se amplió hasta $409.343 millones. Así, la suba prevista para el 2027 es de 1,8% interanual en términos reales.
Previsiones fiscales
Según el mensaje que acompaña el proyecto, el gobierno nacional espera una relativa mejora del resultado primario consolidado de las provincias para este año, del -0,05% del PIB en 2025 al 0,00% en 2026 y un sostenimiento del déficit financiero (del 0,34% de 2025 al -0,29%).
Para el año que viene, la proyección también incluye mejoras; 2027 cerraría con superávit primario por el 0,20% de PIB y un déficit financiero que se achicaría al 0,04% del Producto.
En términos de ingresos, el superávit primario sería equivalente al 1,3% y el déficit financiero, al 0,2%. Esta relativa mejora se daría porque se prevé un crecimiento real anual de los ingresos totales de los subnacionales en torno al 4% mientras que el gasto total se incrementaría en 2,3%.
Gabriela Origlia,Luis Caputo,Conforme a
POLITICA
El polémico antecedente de la jueza porteña que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de robar
La jueza porteña Laura Beatriz de Marinis, que quedó en el centro de una controversia por declarar inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseer a un menor de 14 años, ya había intervenido en el caso del playero atacado en un estacionamiento de Monserrat.
A fines de 2023, dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Andrés, el joven condenado por golpear a Arturo López en noviembre de 2021.
Andrés había recibido una condena de cuatro años y seis meses de prisión por el ataque contra el trabajador. Al momento de la agresión tenía 17 años y López, de 67, quedó inconsciente después de recibir una fuerte trompada en la cara. El golpe le provocó graves secuelas y la víctima permaneció internada durante un largo período.
El caso ocurrió el 19 de noviembre de 2021, cerca de las 17, en un estacionamiento de la calle Moreno al 800, en el barrio porteño de Monserrat. Según se pudo observar en las cámaras de seguridad, el joven se acercó a López después de encontrar un rayón en el auto y lo golpeó de manera sorpresiva. El playero cayó al piso y quedó inmóvil.
Qué decidió De Marinis en el caso del playero
A fines de 2023, De Marinis dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Andrés. El argumento de la jueza fue que el joven contaba con una tobillera electrónica que permitía conocer su ubicación mediante geolocalización.
El antecedente corresponde a una etapa posterior al ataque y al juicio. Para entonces, Andrés ya había sido condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el hecho. La decisión de De Marinis se vinculó con las condiciones en las que cumplía la pena.
El ataque había generado una fuerte repercusión porque quedó registrado por una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo el joven golpea a López, que cae al piso y pierde el conocimiento. La víctima sufrió lesiones graves y quedó con secuelas de por vida.
Quién es Laura Beatriz de Marinis
De Marinis quedó en el centro de la escena judicial tras declarar inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseer a un menor de 14 años, en una causa por tentativa de robo. La decisión generó un pedido de juicio político impulsado por Jorge Macri.
La magistrada comenzó su carrera en la Justicia en 2006 y pasó por distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Antes de ser jueza, fue Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas.
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