Tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial y los festejos de algunos extranjeros que residen en el país, tuiteros libertarios lanzaron mensajes xenófobos, reclamaron deportaciones y reactivaron pedidos para arancelar la universidad y la salud pública para los residentes no permanentes.

La reacción llegó a punto tal que el diputado bonaerense Agustín Romo (La Libertad Avanza), cercano al estratega oficialista Santiago Caputo, anunció la presentación de un proyecto de ley en este sentido. “¿Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires», informó en sus redes.

“Excelente”, le respondió Juan Pablo Carreira, tuitero que a su vez está a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial, creada por el Gobierno para “desmentir” periodistas y versiones difundidas por los medios.

En rigor, en mayo de 2025, el Gobierno habilitó la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Lo hizo a través de un decreto, en el marco de la reforma migratoria. En concreto, en ese momento se modificó el artículo 2 bis de la Ley de Educación Superior y se eliminó la prohibición a que las instituciones de educación superior de gestión estatal tengan aranceles y decretaron que podrán “establecer retribuciones por los servicios de educación” para los ciudadanos que no sean argentinos nativos o por opción y todo extranjero que no cuente con residencia permanente.

Ayer Romo reflotó la imagen de la estampita “Universidad argentina. Gratuita. Pública. Federal” –símbolo de las marchas universitarias de tinte opositor–, pero con un agregado: “Solo para argentinos”.

El diputado bonaerense escribió: “Argentina es el único país del mundo que da salud y educación gratis a los extranjeros. ¿Y vienen a bardearnos y acusarnos de cualquier cosa? Está muy bien. Tenemos que cortarles todo ya”. Pidió, además, que se deporte a los inmigrantes que permanezcan en el país de forma irregular.

Y agregó: “Universidad pública y gratuita para los ARGENTINOS. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos”.

Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor de Economía, sostuvo una posición similar: en medio de la reconstrucción del país, dijo, “no podemos darnos el lujo” de pagarles salud y educación a ciudadanos de otras naciones.

El exlegislador porteño Ramiro Marra, alejado de La Libertad Avanza, se sumó al reclamo arancelario, “más ahora que todos se sumaron a esta propaganda anti Argentina”.

La furia contra España también se tradujo en una ofensiva contra la cantante española Rosalía, que se presentará en el país a comienzos de agosto. La artista compartió un video de la actriz Mia Khalifa con su tema “La Perla”, acompañado de un mensaje sobre la derrota de la Argentina.

Romo respondió con insultos hacia Rosalía y otros tuiteros –como Alejandro Sarubbi Benítez, conductor de un programa en el canal de streaming oficialista Carajo– pidieron directamente que se devolvieran las entradas ya compradas para sus espectáculos.

Sarubbi Benítez, alias Gordo Leyes, también se sumó al reclamo educativo: “Extranjero que no pueda pagar la educación de su propio país, extranjero al que se le cobra 10.000 dólares al mes acá. Extranjero que no pueda pagar nuestra educación, deportado”.

No es la primera vez que el Mundial destapa este tipo de reacciones entre los libertarios que orbitan alrededor de Caputo. Durante la competencia ya habían apuntado contra el jugador francés Kylian Mbappé –por su origen africano, versiones sobre una relación con una modelo transgénero y su postura contra la extrema derecha– y contra la selección de Egipto, con mensajes discriminatorios hacia el Islam y Medio Oriente tras el triunfo argentino en octavos de final.

En aquella oportunidad, Santiago Caputo lanzó un tuit racista. Esta vez, de momento, optó por no sumarse a la ola de mensajes.

Por su parte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, respondió al escritor español Arturo Pérez-Reverte –quien criticó a la selección argentina– con una alusión a la decadencia de “una monarquía vetusta”. Sus dichos provocaron la reacción de Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de Pro y exministro de Educación durante la gestión de Mauricio Macri.

MENDOZA.- No cesa la controversia por los dichos de la vicegobernadora Hebe Casado contra la Selección de Francia al calificarla de “equipo africano de flojos modales”. Después de la carta enviada por el gobernador Alfredo Cornejo al embajador galo en Argentina para bajar la tensión, no sólo hubo una denuncia penal en contra de la funcionaria, sino que ahora se presentó un pedido de juicio político para sacarla del cargo.

La solicitud fue realizada por un grupo de dirigentes radicales, distantes del oficialismo provincial, liderado por el abogado mendocino y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela, que considera que la número dos del gobierno local tuvo “conducta impropia” e incurrió en “mal desempeño de sus funciones”, causales que contempla la Constitución de Mendoza para el proceso de enjuiciamiento.

El reclamo se suma a otras iniciativas que elevó el justicialismo en la Legislatura para repudiar las polémicas declaraciones de Casado durante el Mundial de Fútbol 2026, además de una denuncia en la Justicia local, que ahora pasó a la órbita federal, impulsada por Alfredo Guevara, abogado de extracción kirchnerista, que la acusó del delito previsto en la Ley 23.592, de Actos Discriminatorios.

El pedido de juicio político contra la vicegobernadora ingresó en la Cámara de Diputados, dirigida al presidente del cuerpo, André Lombardi, también presidente de la Unión Cívica Radical de Mendoza y hombre de estrecha confianza del mandatario provincial.

Los denunciantes, entre los que también se encuentra el referente de la UCR y exdiputado nacional Fernando Armagnague, se basaron en el artículo 109 de la Carta Magna local para reclamar el inicio del proceso de juicio político contra la funcionaria. Además, la carta fue suscrita por Eduardo Fabio Asís, Julio Orozco, Agustín César Vera Pages, Sonia Espinosa y Valeria Barrionuevo, Laura Pérez, Mario Pescara, Miguel Valdivieso, Mauricio Medinilla, Miguel Figueroa, Hugo Estrella Tampieri y José Jorge Chade.

La tensión con el gobierno europeo se acrecentó luego de que la embajada francesa en Argentina repudiara y declarara “persona non grata” a Casado, quien dijo que la selección gala de fútbol es un “equipo africano”. En contacto con este diario, dijo que no tenía razones para retractarse. Por su parte, el gobernador decidió calmar las aguas y presentar una carta a las autoridades galas donde se diferencia de su vice y cuestiona sus dichos, al considerarlos de “carácter discriminatorio”.

La funcionaria se quejó de que la acusaran de racismo y dijo que habló en el marco del folclore futbolero. “Hacen un mundo de todo”, relativizó. De hecho, luego de que el embajador francés, Romain Nadal, la acusara de “persona racista”, sostuvo que no tuvo comentarios de esas características.

“No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad», respondió la funcionaria mendocina, y agregó: “Hay mucho wokismo y correctismo político que hace rato impide que la gente se exprese”. Asimismo, la vicegobernadora elevó su reclamo a Nadal. “Es lamentable que el embajador considere peyorativo ser africano. Para mí, no es un calificativo racista”, sostuvo.

Los denunciantes que piden el juicio político de la vicegobernadora hacen hincapié en la inconducta evidenciada en las redes sociales, cuando escribió: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. En este sentido, señalaron que se trata de declaraciones que “pintan de manera clara los prejuicios que nutre y manifiesta la segunda autoridad pública de Mendoza, desprestigiando la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”. Es más, en la presentación destacan que la funcionaria no ha pedido las correspondientes disculpas y que incluso continuó con otras expresiones en los partidos siguientes “sin exhibir el recato ni la discreción que debería tener un funcionario de tal nivel”.

Para los radicales que presentaron el pedido de juicio político, Casado provocó “un daño moral y material a la Provincia de Mendoza, a su Gobierno y a sus ciudadanos” y dejó “en ridículo su cargo”, además de poner “en riesgo la cooperación económica con la República Francesa y, por su intermedio, con la Unión Europea”. Asimismo, consideraron que tuvo “desorden de conducta”, obligando al gobernador a dar explicaciones ante el gobierno francés.

El artículo 109 de la Constitución de Mendoza dispone que el gobernador, sus ministros, el vicegobernador, los integrantes de la Suprema Corte y el procurador pueden ser sometidos a juicio político por “mal desempeño, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes”. En tanto, la denuncia se basa en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Ley Nacional 23.592 contra actos discriminatorios y la Ley Provincial 4.970.

Ahora resta esperar el tratamiento que se le dé a la solicitud en la Legislatura provincial, con mayoría oficialista, que deberá expedirse por rechazarla o aceptarla. El primer paso, de acusación, lo debe dar Diputados, luego, el Senado realiza el juzgamiento, en ambos casos con los dos tercios de los votos. Aunque a la hora de las voluntades son pocas las posibilidades de que avance el proceso, en caso de que siga su curso podría derivar en la separación del cargo y en la destitución de la vicegobernadora.