Banco Macro participó de la edición 2026 de «La Noche de Intendentes», el encuentro federal más convocante del municipalismo argentino, organizado por la Red de Innovación Local (RIL Argentina) en la ciudad de Rosario.
El evento reunió a más de 800 líderes políticos, empresarios y referentes de la sociedad civil en torno a un objetivo compartido: construir ciudades de oportunidades para los argentinos.
La presencia de Banco Macro en este espacio reafirmó el compromiso de la entidad con el desarrollo federal del país y su convicción de que el crecimiento sostenible se construye desde las ciudades, junto a quienes las gestionan.
«La Noche de Los Intendentes» nació en Buenos Aires en el año 2022 y se consolidó, edición a edición, como el foro de referencia para los gobiernos locales de la Argentina.
Su tercera convocatoria, celebrada en Rosario, marcó un hito: el evento reunió a más de 800 participantes, entre ellos líderes de 235 ciudades de todo el país, cerca de 400 funcionarios públicos —entre ministros nacionales y provinciales, senadores y gobernadores— y más de 360 empresarios, embajadores RIL y referentes de la sociedad civil.
La Red de Innovación Local trabaja desde hace más de 11 años junto a intendentes y equipos de gobiernos locales de Argentina y América Latina para mejorar la gestión pública y, con ello, la calidad de vida de las personas.
Banco Macro formó parte de La Noche de los Intendentes.
Hoy acompaña a 917 ciudades, de las cuales 622 son argentinas, a través de programas de aprendizaje, trabajo en red y desarrollo de capacidades de liderazgo. La convicción es clara: las ciudades mejor gestionadas son la base para generar más y mejores oportunidades para las personas.
La jornada tuvo dos momentos centrales. En el Teatro El Círculo de Rosario, se realizó la Entrega de los Premios RIL, un espacio para reconocer a los equipos de gobierno que se destacan por su compromiso con la transformación de sus ciudades.
Luego, en el Salón Metropolitano, se desarrolló la cena central del evento, organizada en mesas público-privadas temáticas —ciudades del conocimiento, turísticas, industriales, portuarias, biotecnológicas y agrotecnológicas— concebidas como espacios concretos de articulación y colaboración.
Banco Macro tuvo una participación destacada en la jornada: Juan Mazzón, Gerente de Estrategia, Control de Gestión y Relaciones Institucionales de la entidad, fue el encargado de entregar las distinciones a las ciudades ganadoras en el marco de los Premios RIL.
La Secretaria de Innovación de la Municipalidad de Escobar con Juan Mazzón, gerente de Macro.
La presencia de Macro en este espacio no es circunstancial. Banco Macro tiene una historia de más de cuatro décadas acompañando el desarrollo de las economías regionales de la Argentina.
Con sucursales en casi todas las provincias del país y un foco estratégico en el financiamiento de las pymes, las familias y los gobiernos del interior, el banco conoce de cerca los desafíos que enfrentan los municipios.
Estar presentes en «La Noche de los Intendentes» fue, para Banco Macro, una expresión concreta de su modelo de negocio y de sus valores.
«Para Banco Macro, este evento representa lo que creemos que debe ser la relación entre el sector privado y los gobiernos locales: una alianza genuina, basada en el respeto mutuo y en un objetivo compartido que es el desarrollo de las comunidades. Cada municipio que recibe un reconocimiento demuestra que es posible gestionar mejor y poner a las personas en el centro de las decisiones. Eso es lo que nosotros también buscamos como banco: ser parte de esa transformación», expresó Juan Mazzón durante la ceremonia de premiación.
Macro reconoció a la Secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica de Jesús María.
Marianela Piazzano, Secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica de la Municipalidad de Jesús María, Córdoba, recibió su premio de la mano de Juan Mazzón
Al momento de entregar las distinciones, Mazzón destacó el valor de lo que las ciudades premiadas representan: «Cada ciudad que recibe un premio es la prueba de que la buena gestión pública es posible en cualquier rincón del país, más allá del presupuesto, con cualquier punto de partida. Lo que las une es algo que no se compra, ni se improvisa: la voluntad de hacer las cosas bien. Eso merece ser celebrado, y estamos orgullosos de ser parte de este evento.»
La Entrega de los Premios RIL distinguió, en su edición 2026, a 37 ciudades argentinas de 9 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Tucumán.
Sellos Temáticos:
Certificación en Gestión Eficiente. 17 ciudades lograron esta distinción, que RIL otorga a los gobiernos locales comprometidos con el uso responsable de los recursos públicos. Tras un proceso de evaluación sobre atención ciudadana y transformación de los servicios, los municipios reciben una certificación en tres niveles: Ciudad Promesa, Ciudad Faro y Ciudad Líder.
Juan Mazzón de Banco Macro entregó un premio al Coordinador de Prensa de Santa Catalina, Córdoba.
Ezequiel Rogante, Coordinador de Comunicación y Prensa de la Municipalidad de Santa Catalina, Córdoba, junto a Juan Mazzón de Banco Macro
Premio a la Innovación Local 2026: Río Cuarto (Córdoba) obtuvo el reconocimiento más esperado de la noche gracias a su «Programa Más 16», identificado como la política municipal más destacada del país por su capacidad de promover el trabajo colectivo y generar impacto positivo en la comunidad.
Ciudad RIL. Por primera vez en la historia del evento, RIL entregó el premio «Ciudad RIL», que valora el compromiso y el nivel de involucramiento de los gobiernos locales dentro de la red. Luján de Cuyo (Mendoza) fue la primera ciudad en recibir esta distinción.
El Gobernador de Santa Fé, Maximiliano Pullaro.
Entre los reconocimientos de la noche, el premio «Gente que Ama lo que Hace» se destacó por su carácter humano y su mensaje hacia adentro de la gestión pública. A diferencia de las distinciones que reconocen políticas o resultados, este premio pone el foco en las personas: en aquellos funcionarios que, más allá de sus responsabilidades formales, demuestran vocación genuina, capacidad para inspirar a sus equipos y compromiso real con las comunidades que les toca servir.
En esta edición 2026, la distinción recayó en tres líderes que encarnan ese perfil: Ana Carina Rodríguez, de Escobar (Buenos Aires), reconocida por impulsar transformaciones profundas poniendo la innovación al servicio de las personas; Marianela Piazzano, de Jesús María (Córdoba), por construir sistemas de gestión sólidos que garantizan que los cambios perduren más allá de las gestiones; y Ezequiel Rogante, de Santa Catalina (Córdoba), por sostener una forma de liderar que pone el cuidado de las personas en el centro de cada decisión. El premio funcionó como un recordatorio de algo que suele quedar fuera de los informes de gestión: que detrás de cada política pública hay equipos de trabajo, y que la calidad de esos equipos define, en gran medida, la calidad de vida de los ciudadanos.
Pablo Javkin, Intendente de la ciudad de Rosario.
Banco Macro entiende que el desarrollo del país pasa por sus ciudades. Con más de cuatro décadas de presencia en las provincias argentinas, la entidad ha construido con el interior una relación que va más allá de los servicios financieros: es una apuesta sostenida por las economías regionales como motor del crecimiento nacional.
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Con una producción que se desplomó casi 21% interanual, seis de cada diez máquinas paradas y miles de puestos de trabajo perdidos, la industria textil argentina atraviesa una profunda crisis que encendió las alarmas entre los empresarios del sector. “La viabilidad del sector textil es una decisión política”, advirtió Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, al presentar los últimos indicadores de una actividad que acumula una contracción del 33,9% respecto de 2023 y enfrenta un fuerte avance de las importaciones.
Los datos fueron difundidos este jueves por la Fundación Pro Tejer, en la previa de una nueva edición de ProTextil 2026, el encuentro de la cadena de valor que se realizará desde las 15 en La Herencia, en Pilar. Los empresarios expusieron un diagnóstico sobre el deterioro de la actividad y plantearon la necesidad de adoptar medidas para sostener la producción nacional, en un contexto de retracción del consumo, mayor participación de los productos importados y dificultades de competitividad.
“Para crecer y desarrollarnos en un país de casi 50 millones de habitantes necesitamos a todos los sectores: no podemos sostener al país con una economía de nicho o basada en sectores extractivos”, afirmó Galfione, al cuestionar la posibilidad de sostener el desarrollo económico únicamente sobre determinadas actividades.
En ese marco, la Fundación Pro Tejer planteó que la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero insuficiente para impulsar el desarrollo industrial, y reclamó medidas específicas para contener la crisis que atraviesan las empresas después de tres años consecutivos de caída de la actividad.
Entre los principales pedidos de los empresarios figuraron la regulación de las plataformas digitales y del régimen courier, mayores controles aduaneros para combatir el contrabando y medidas para mejorar la competitividad de la producción nacional. También reclamaron una reducción de la carga tributaria, mejores condiciones de financiamiento, menores costos logísticos y políticas específicas para las pymes y las economías regionales.
La advertencia se produjo en medio de un escenario de deterioro que, según las estadísticas presentadas por la entidad, afecta a los distintos eslabones de la cadena productiva. La caída de la actividad no se limita a las fábricas textiles, sino que también alcanza a la confección de prendas de vestir y a la fabricación de calzado, aunque con diferentes niveles de contracción.
Uno de los indicadores más preocupantes es el nivel de producción. De acuerdo con los datos del Indec incluidos en la presentación, la industria textil produjo 33,9% menos que en 2023, mientras que la comparación interanual mostró una caída del 20,8% durante los primeros ocho meses de 2026.
El deterioro también se refleja en la continuidad de los resultados negativos. De los 32 meses transcurridos desde enero de 2024 hasta agosto de este año, en 31 la producción textil se ubicó por debajo del nivel registrado en el mismo mes de 2023.
La situación se trasladó directamente al funcionamiento de las plantas industriales. Durante los primeros ocho meses del año, el sector utilizó en promedio apenas 40,6% de su capacidad instalada, el registro más bajo de la serie, con excepción de 2020. Esto implica que alrededor del 60% de la capacidad productiva permaneció sin utilizarse, en un contexto de menor demanda y retroceso de la fabricación nacional.
El panorama también es negativo para los otros segmentos de la cadena. La producción de indumentaria cayó 11,5% interanual entre enero y agosto, mientras que frente a 2023 acumuló una contracción del 13,7%. En el caso del calzado, la baja fue todavía más pronunciada: 24,8% respecto de 2025 y 41,3% en comparación con 2023.
En el conjunto de la industria manufacturera, la situación también presenta dificultades. Según los datos correspondientes al acumulado entre enero y septiembre, 12 de las 16 ramas industriales produjeron menos que en 2023 y la misma cantidad registró caídas frente a 2025. Dentro de ese universo, los textiles se ubicaron entre las actividades con mayores retrocesos, junto con maquinaria y equipo, que acumuló una contracción del 35,2% respecto de 2023.
La contracción de la actividad también tuvo consecuencias sobre el empleo formal. Según las cifras de la Secretaría de Trabajo presentadas por Pro Tejer, la cadena de textiles, indumentaria y calzado perdió 28.818 puestos de trabajo registrados entre diciembre de 2023 y julio de 2026.
La cantidad de trabajadores pasó de 120.810 a 91.992, lo que representa una disminución del 23,9%. La pérdida de puestos laborales en estas actividades explicó aproximadamente un tercio de los 89.209 empleos industriales que desaparecieron durante el mismo período.
El cierre de establecimientos constituye otro de los indicadores del deterioro sectorial. De acuerdo con la información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y julio de 2026 dejaron de registrarse 1.090 empleadores industriales vinculados con textiles, indumentaria y calzado, equivalentes al 17,7% del total inicial.
La cantidad de establecimientos pasó de 6.142 a 5.052. Dentro de ese conjunto, la industria textil perdió 285 empleadores, una reducción del 12,9%, mientras que en indumentaria desaparecieron 524, equivalentes al 18,4%. En cuero y calzado, la disminución alcanzó a 281 establecimientos, con una caída del 25,8%.
El retroceso también se extendió a los comercios vinculados con la cadena. En ese segmento, la cantidad de empleadores registrados pasó de 21.362 a 17.558, lo que representa 3.804 establecimientos menos, una baja del 17,8%. Al sumar los segmentos industriales y comerciales, la cadena perdió 4.894 empleadores desde diciembre de 2023.
En este contexto, Galfione también hizo referencia a la dimensión social de la actividad económica. “El equilibrio económico solo es sostenible cuando incluye al ser humano dentro de la ecuación”, sostuvo el presidente de Pro Tejer.
La Fundación Pro Tejer identificó a la caída del consumo interno como uno de los principales factores detrás de la contracción productiva. Según los datos presentados, el poder adquisitivo de distintos sectores de la población permanece por debajo de los niveles de 2023, mientras que las ventas comerciales también muestran retrocesos significativos.
Entre enero y agosto de 2026, el salario registrado privado perdió 4% de poder adquisitivo respecto del mismo período de 2023. En el caso del salario público, la disminución alcanzó el 25%, mientras que el haber mínimo jubilatorio, incluido el bono, retrocedió 10%. En paralelo, las ventas en supermercados acumularon una caída del 16,2% frente a 2023, mientras que en los shoppings la contracción llegó al 28,5%.
A esta situación se sumó el incremento del costo de los servicios públicos, que redujo los ingresos disponibles de los hogares. Según la información presentada, la canasta de luz, gas, agua y transporte sin subsidios en el AMBA aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026, frente a una inflación acumulada del 241%.
El otro fenómeno que destacó la entidad fue el avance de las importaciones sobre el mercado interno. De acuerdo con sus estimaciones, los productos importados pasaron de representar históricamente alrededor del 50% del abastecimiento a explicar cerca del 70%, mientras que la participación de la producción nacional se redujo al 30%.
El comportamiento del comercio exterior mostró, además, cambios importantes durante los últimos dos años. Según las estadísticas difundidas, las importaciones de toda la cadena de valor crecieron 95% en toneladas entre enero y septiembre de 2025 respecto del mismo período de 2024. En cambio, durante los primeros nueve meses de 2026 registraron una caída del 21% interanual.
En el caso específico de la indumentaria, las importaciones aumentaron 144% en toneladas durante 2025 y retrocedieron 46% en los primeros nueve meses de 2026. La evolución también fue dispar en materias primas, hilados y tejidos.
Para Pro Tejer, el avance de los productos extranjeros se produjo sobre un mercado interno de menor tamaño, lo que modificó la participación relativa de la fabricación nacional y las importaciones.
Otro de los puntos abordados por la entidad fue el incremento de las compras al exterior mediante el régimen de courier, junto con la expansión de las plataformas digitales internacionales.
De acuerdo con los datos presentados, las importaciones realizadas por courier alcanzaron los USD 960 millones entre enero y septiembre de 2026, frente a USD 602 millones durante el mismo período de 2025 y USD 153 millones en 2024. Esto representa un crecimiento del 60% interanual y un volumen 6,3 veces superior al registrado dos años atrás.
La entidad vinculó esta expansión con los cambios normativos introducidos desde diciembre de 2024, cuando el límite por envío courier aumentó de USD 1.000 a USD 3.000, con franquicias específicas para compras de menor valor.
En julio de 2026 también se modificaron las condiciones para los envíos puerta a puerta mediante Correo Argentino, con una ampliación de los montos permitidos.
En paralelo, Pro Tejer puso el foco en el crecimiento de plataformas como Temu y Shein, que comenzaron a ganar participación entre los consumidores argentinos.
Según los datos correspondientes al primer semestre de 2025 incluidos en la presentación, el 10% de los compradores utilizó Temu y el 8% recurrió a Shein, dos plataformas que no figuraban en el relevamiento de 2024. La entidad también planteó cuestionamientos sobre las condiciones de competencia y los controles aplicados a los productos importados.
En ese sentido, señaló que el valor FOB por kilo de la indumentaria importada cayó 37% respecto de 2023, mientras que en las confecciones la disminución alcanzó el 46%. Además, citó un estudio sobre comercio ilícito que estimó una penetración superior al 45% en indumentaria y calzado. Ese indicador contempla contrabando, falsificación, piratería y venta informal, entre otras modalidades, y no representa directamente el valor económico de las operaciones.
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Las medidas de fuerza comenzarán este viernes y podrían generar demoras en las partidas de los vuelos. ¿Interviene la secretaría de Trabajo?
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el Régimen Especial de reducción de multas previsto por la Ley de Inocencia Fiscal II, que establece una rebaja del 50% para pymes, personas físicas y entidades sin fines de lucro alcanzadas por determinadas infracciones formales.
Con esta medida, publicada hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno finalizó la reglamentación de la ley aprobada por el Congreso en septiembre con el objetivo de que los “dólares del colchón” de los argentinos ingresen al sistema financiero formal. En octubre pasado, un decreto había modificado la Declaración Jurada Simplificada, el requisito clave para acceder a los beneficios de la ley.
La reducción de las multas incluye a obligaciones vencidas desde el 2 de enero de 2026 y a infracciones cometidas antes del 9 de octubre de este año. Según precisó ARCA en el comunicado, el beneficio “consiste en una quita del 50% en el monto de las infracciones para aquellas obligaciones vencidas que se hayan originado a partir del 2 de enero de este año y con anterioridad al 9 de octubre.”
En los casos en que la multa esté bajo discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, los contribuyentes deberán realizar una presentación antes del 18 de diciembre de 2026 inclusive a través del servicio web “Presentaciones Digitales”. Para solicitar el beneficio, deberán seleccionar el trámite “Beneficio especial de reducción de multas – Ley 27.826” e identificar la sanción alcanzada mediante el número de sumario, resolución u otro instrumento que hubiera dispuesto su aplicación.
Si la multa no está bajo discusión, no hará falta ese trámite. Pero la pyme deberá cumplir con otro requisito: antes del 18 de diciembre, tendrán que regularizar “los deberes formales omitidos que originaron la multa”. Por ejemplo, presentar el balance en formato PDF de una sociedad anónima. Vencido ese plazo sin haber subsanado la obligación formal, no se obtiene la reducción de la multa.
La reducción dispuesta por la ley y su reglamentación abarca únicamente al importe de las multas, sin modificar el impuesto adeudado ni los intereses. Aplica únicamente a micro, pequeñas y medianas empresas con Certificado MiPyME, personas humanas y entidades sin fines de lucro, por lo que quedan excluidos los Grandes Contribuyentes. Y quién la utilice, ya no puede volver a reclamarle a ARCA por el monto de la multa aplicada.
Según el tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, la reducción sancionada hoy puede combinarse con otra ya existente en el artículo 49 bis de la Ley 11.683. Al respecto, puso como ejemplo: la multa por no presentar en término el Libro de IVA Digital para una sociedad anónima es de $10.000.000. “Si la sociedad califica como MiPyME, el artículo 49 bis la reduce a $7.500.000 y, al cumplir la obligación omitida hasta el 18 de diciembre de 2026, la ley de Inocencia Fiscal II la reduce a la mitad de ese valor, es decir, a $3.750.000. La reducción total es del 62,5%”, señaló.
Domínguez consideró que “una reducción de multas por incumplimientos formales es bienvenida”, aún cuando el monto de esa quita, a su juicio, “resulta insuficiente”, ya que “la mayoría de las pymes no puede afrontar” una multa de $3.750.000 tal como la explicitada en el ejemplo anterior.
“Es relevante que las multas por incumplimientos formales, que no implican falta de pago del impuesto, guarden proporción con la gravedad de la infracción y con la capacidad contributiva de quien las recibe, de modo que la sanción cumpla su función de promover el cumplimiento sin comprometer la continuidad de la empresa”, afirmó Domínguez.
El especialista recomendó a los contribuyentes revisar las multas por incumplimientos formales generadas desde el 2 de enero de 2026 e identificar su situación: si no están firmes, si fueron confirmadas pero siguen impagas, si integran un plan de pagos o si continúan en discusión.
También aconsejó comprobar si el contribuyente reúne las condiciones para acceder al régimen al momento de la infracción, en particular la vigencia del Certificado MiPyME y su registración en el Sistema Registral. A su vez, plantea verificar si corresponde aplicar el descuento adicional ya mencionado del 25% previsto en el artículo 49 bis de la Ley 11.683.
Por último, recomienda regularizar los deberes formales omitidos antes del 18 de diciembre de 2026. Cuando las multas estén bajo discusión, dentro de ARCA o incluso en una instancia judicial, sugiere “evaluar el allanamiento y, en su caso, realizar la presentación digital hasta esa fecha”.
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