POLITICA
Una contribución de la Corte a la incertidumbre
La incertidumbre se apoderó de la vida pública. A tal punto que lo único estable parece ser el dólar. Los vientos del mundo -dirigidos por la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU., el precio del petróleo y la guerra comercial entre Washington y Pekín- se han vuelto imprevisibles. Brasil seguirá siendo una nave a la deriva, hasta que Bolsonaro se familiarice con la consola del Estado. La economía local ingresó en una recesión cuya otra orilla aún se desconoce. El Congreso es un mosaico en el que ninguna fracción puede fijar un rumbo por sí sola. El horizonte electoral se esconde detrás de la neblina. Y para un futuro todavía más dudoso, estalló un conflicto interno en la Corte.
Las consecuencias finales del enfrentamiento todavía están por verse. Sus integrantes preparan un espectáculo pocas veces visto: ministros de un tribunal supremo que recurren a los tribunales para resolver sus diferencias. Un atractivo más para el turismo receptivo.
La disputa se procesa a través de golpes de palacio. A comienzos de septiembre, los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz comunicaron a Ricardo Lorenzetti que ya estaba redactada la acordada que determinaba su reemplazo. Con la excepción de Juan Carlos Maqueda, todos votaron por Rosenkrantz, incluido Lorenzetti. Anteayer, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti comunicaron a Rosenkrantz que ya estaba redactada la acordada que lo despojaba de sus principales atribuciones como presidente. El enorme poder administrativo del que había gozado Lorenzetti, como sus innumerables antecesores, quedó socializado entre los jueces. Como el calendario de las sentencias se fija ahora por anticipado, la titularidad de la Corte asumió un rol decorativo.
Rosatti jugó en los dos equipos. El de los que defenestraron a Lorenzetti y el de los que desahuciaron a Rosenkrantz. Esa ubicuidad se escuda detrás de un pretexto irreprochable: impedir el personalismo. En ambos casos. Maqueda, en cambio, negó a Rosenkrantz, a quien no eligió como presidente, un poder que no le molestaba en Lorenzetti. Lorenzetti también le negó a Rosenkrantz un poder que no le molestaba en Lorenzetti.
Para jibarizar la jefatura de Rosenkrantz, los tres conjurados modificaron una acordada de 1961 que había establecido las funciones del presidente. Rosenkrantz planteó su propia reforma. Se negó a que, como establecieron sus rivales, pudieran hacerse contratos o designaciones con la firma de tres ministros. Y exigió que uno de ellos fuera siempre el presidente. Sostuvo su reclamo en lo que establece la ley 11.672, que en su artículo 4º indica que el administrador de las partidas asignadas por el presupuesto nacional será el presidente de la Corte. El corolario del argumento de Rosenkrantz es evidente. E inquietante. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda se habrían puesto al margen de la ley. Solo el Congreso podría reducir el poder del titular del tribunal. No una acordada.
¿Rosenkrantz demandará a sus pares ante la Justicia? ¿Recurrirá, como sugieren algunos de sus colaboradores, al artículo 248 del Código Penal? Dice así: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Si el enfrentamiento adquiriera esta dinámica, su desenlace sería imprevisible. ¿Podrían Lorenzetti, Rosatti y Maqueda destituir a Rosenkrantz? Tendrían un límite: la dificultad para acordar la identidad del sucesor.
La lucha entre el presidente de la Corte y este trío de colegas es una sofisticada partida de ajedrez si se la compara con la que tiene enredados a Lorenzetti y a Highton. La jueza no se plegó a la acordada contra Rosenkrantz. Pero antes la había firmado. Estrechísimos colaboradores de ella afirman que se había plegado a la mayoría por invitación de Lorenzetti. Pero que, cuando Rosenkrantz le hizo notar que el recorte de facultades que se disponía era ilegal, prefirió disentir. La versión se va volviendo truculenta. Según esos íntimos de Highton, Lorenzetti le impidió retirar la firma, razón por la cual tuvo que tachar el texto original. La versión que divulga el entorno de la jueza asegura que el expresidente de la Corte habría amenazado a Highton con inducir una avalancha de recusaciones, basadas en su supuesta parcialidad a favor del Poder Ejecutivo, que convalidó su permanencia en el cargo a pesar de tener más de 75 años. Lorenzetti habría asegurado, siempre de acuerdo con los funcionarios de la ministra, contar con el apoyo de Rosatti y de Maqueda para esa operación.
Lorenzetti no se queda atrás. Sus voceros prometen que, en la sesión de acuerdos de la próxima semana, pedirá una investigación para que se esclarezca por qué hubo un cambio de firma. Sugieren que fue para obedecer a Rosenkrantz por alguna intimidación distinta del argumento jurídico. A estas alturas sería interesante que Highton declarara ante alguna sede que pueda determinar lo que ocurrió.
Es curioso que, a pesar de imputaciones tan poco edificantes, el vínculo de Lorenzetti con la jueza parece conservar su antigua lozanía. Ayer por la tarde el expresidente visitó el despacho de su colega para dejarle un libro de su autoría, con una afectuosa dedicatoria de fin de año. Igual hubo algo raro. La secretaria de Highton cortó el paso a Lorenzetti. Como si quisiera detenerlo. El ministro habrá pensado si no sería mejor retirar también su firma. De la dedicatoria, claro.
La intriga de la Corte se proyecta sobre la política. En la Casa Rosada temen que se haya formado una mayoría que, inspirada en enfrentamientos burocráticos, se exprese en fallos con trascendencia general. El ejemplo más a mano es el del «caso Blanco», en el que Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton fallaron en contra de la Anses. Más allá de las objeciones al criterio adoptado por los jueces, en el corazón del Poder Ejecutivo sospechan que la sentencia corona una maniobra. Para entenderla, aconsejan, hay que prestar atención al juego del PJ exkirchnerista. Extraen conclusiones de una red de relaciones. Lorenzetti tiene un vínculo muy cercano con Guillermo Seita, el operador de prensa y de negocios en cuyas oficinas se lanzaron los cuatro transeúntes de la avenida del medio: Juan Schiaretti, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa.
Vincular a Lorenzetti con ese cuarteto por los servicios comunes de Seita puede ser injusto. Por la misma línea se podría llegar a Amado Boudou, que durante un tiempo fue promovido por ese gestor a la intendencia marplatense. O a Horacio Rodríguez Larreta, a quien Seita ofrece también sus prestaciones. Aunque la proximidad de Larreta puede ser, para el círculo íntimo de Macri, una corroboración de la sospecha: allí creen que Larreta también está en una combinación con Massa, como se advirtió durante el intento de cambio de gabinete de comienzos de septiembre.
Con independencia de alianzas objetivas, Massa quiso sumarse al pronunciamiento de la Corte. Dijo que venía a corregir errores del Gobierno. Debe haber sido una ironía. Porque durante buena parte del período en que, a pesar de la inflación, las jubilaciones no se actualizaban la Anses estaba bajo las órdenes de Massa. Esa injusticia se enmendó gracias a Boudou, que estableció un mecanismo de indexación. En otras palabras: Massa festejó una sentencia que vino a corregir errores de Massa. Por fin una autocrítica.
Hay otro protagonista político en esta urdimbre. Es Elisa Carrió. Enemiga implacable de Lorenzetti, la diputada prestó atención especial a la acordada contra Rosenkrantz. Ella coincide en que hay un túnel entre los jueces y el PJ. Pero lo identifica con Pichetto, no con Seita. Carrió no apunta tanto al recorte de poder como al párrafo en el que se convalida la administración financiera del tribunal. Fue un respaldo a Héctor Marchi, el administrador de Lorenzetti, a quien Carrió acusó de enriquecimiento ilícito. El juez Sergio Torres archivó el caso por inexistencia de delito. Marchi querelló a Carrió, quien se amparó en sus fueros. La Cámara Civil le acaba de negar esa protección.
El aval a la gestión material de Marchi y, por elevación, de Lorenzetti abre una incógnita en la relación de la diputada con Rosatti. El magistrado llegó a la Corte gracias al respaldo de Carrió, quien respalda a poca gente. Los dos compartieron, igual que Maqueda, la Convención Constituyente de 1994. Carrió conversó de este duelo con varios diputados de su bloque. Les dijo: «Por ahora no voy a hablar. Quiero ver cuánto dura la adhesión de Rosatti a Lorenzetti. Pero sepan que en mi cruzada contra Marchi y Lorenzetti no voy a ceder».
Los cambios de alianza dentro del tribunal son incesantes. Si llaman la atención, es porque las enemistades se habían justificado en razones éticas. Macri suele comentar ante su entorno que no entiende cómo Lorenzetti puede asociarse con Rosatti «después de las cosas que me decía de él y de sus asesores». Carrió dice lo mismo de Rosatti en relación con Lorenzetti. No conocen, por lo visto, la lección del filósofo catamarqueño Jorge Díaz Martínez: «En política, la ética es un procedimiento para aplicar al adversario».
Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Juan Carlos Maqueda,Carlos Pagni,Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Conforme a,Horacio Rosatti,,»Fallas en la institucionalidad». Rosatti cuestionó la judicialización de la política por falta de consensos,,Los fallos de la Corte y la rebelde justicia laboral,,Justicia. El hijo de Rosatti quedó primero para ser juez gracias a un último paso de los concursos que ahora la Corte quiere revisar
POLITICA
Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
POLITICA
Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
POLITICA
Bullrich volvió a diferenciarse del Gobierno por los recortes en Discapacidad y cruzó a Santilli: “Lo que dijo es mentira”
La senadora Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el Gobierno por los cambios en la Ley de Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027 y advirtió que buscará discutir el tema con Javier Milei para evitar un “error no forzado”. Además, profundizó la interna al cruzar al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por su versión sobre cómo se conocieron las modificaciones: “Lo que dijo es mentira”.
“Yo tengo una responsabilidad que es generar consensos para que las leyes que manda el Gobierno se aprueben y no sean proyectos perdidos en la nada”, dijo Bullrich.
En esa línea, la funcionaria agregó en declaraciones a LN+: “Hay mucha gente que cuando vio esto dijo ‘es un tren que va directo contra una pared’. Yo lo digo en voz alta, hay un montón que lo piensan y lo voy a hablar con el Presidente, que va a estar de acuerdo”.
“Nuestros aliados están dispuestos a votar el presupuesto y saben que tienen puntos que no vamos a negociar de ninguna manera. Hay cosas que no las vamos a tocar. Ahora, aquellas cosas que generan sensibilidad en la sociedad y se pueden solucionar de otra forma, sí”, dijo la senadora. “Es tan claro que, si cometemos un error no forzado, ¿qué van a pensar? Que somos crueles», advirtió.
La dirigente destacó que los funcionarios deben estar cerca de las personas que tienen una discapacidad. “Arreglas las maneras siempre dentro de un superávit fiscal. Si mandas algo que no vas a poder convertir en ley, estás desgastando al Presidente”, insistió.
Por otra parte, Bullrich cruzó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que aseguró que no se enteró de los cambios porque se fue antes de la reunión de la mesa política: “Eso es mentira, cuando se habló del Presupuesto yo estaba”.
“Martín Menem tampoco sabía nada y él se quedó tres minutos más que yo”, aclaró la senadora, al tiempo que agregó: “Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es”.
Las críticas de Bullrich
El conflicto de la jefa del bloque oficialista en el Senado comenzó cuando criticó los cambios en la Ley de Discapacidad. En ese momento, Bullrich declaró: “No estaba enterada, tenemos que corregir eso”.
“Me sorprendió, porque estando en la mesa política del Gobierno el tema no salió a la luz. Llegó el Presupuesto 2027 al Congreso, con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad, que no eran conocidos”, detalló la senadora.
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