POLITICA
Una contribución de la Corte a la incertidumbre
La incertidumbre se apoderó de la vida pública. A tal punto que lo único estable parece ser el dólar. Los vientos del mundo -dirigidos por la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU., el precio del petróleo y la guerra comercial entre Washington y Pekín- se han vuelto imprevisibles. Brasil seguirá siendo una nave a la deriva, hasta que Bolsonaro se familiarice con la consola del Estado. La economía local ingresó en una recesión cuya otra orilla aún se desconoce. El Congreso es un mosaico en el que ninguna fracción puede fijar un rumbo por sí sola. El horizonte electoral se esconde detrás de la neblina. Y para un futuro todavía más dudoso, estalló un conflicto interno en la Corte.
Las consecuencias finales del enfrentamiento todavía están por verse. Sus integrantes preparan un espectáculo pocas veces visto: ministros de un tribunal supremo que recurren a los tribunales para resolver sus diferencias. Un atractivo más para el turismo receptivo.
La disputa se procesa a través de golpes de palacio. A comienzos de septiembre, los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz comunicaron a Ricardo Lorenzetti que ya estaba redactada la acordada que determinaba su reemplazo. Con la excepción de Juan Carlos Maqueda, todos votaron por Rosenkrantz, incluido Lorenzetti. Anteayer, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti comunicaron a Rosenkrantz que ya estaba redactada la acordada que lo despojaba de sus principales atribuciones como presidente. El enorme poder administrativo del que había gozado Lorenzetti, como sus innumerables antecesores, quedó socializado entre los jueces. Como el calendario de las sentencias se fija ahora por anticipado, la titularidad de la Corte asumió un rol decorativo.
Rosatti jugó en los dos equipos. El de los que defenestraron a Lorenzetti y el de los que desahuciaron a Rosenkrantz. Esa ubicuidad se escuda detrás de un pretexto irreprochable: impedir el personalismo. En ambos casos. Maqueda, en cambio, negó a Rosenkrantz, a quien no eligió como presidente, un poder que no le molestaba en Lorenzetti. Lorenzetti también le negó a Rosenkrantz un poder que no le molestaba en Lorenzetti.
Para jibarizar la jefatura de Rosenkrantz, los tres conjurados modificaron una acordada de 1961 que había establecido las funciones del presidente. Rosenkrantz planteó su propia reforma. Se negó a que, como establecieron sus rivales, pudieran hacerse contratos o designaciones con la firma de tres ministros. Y exigió que uno de ellos fuera siempre el presidente. Sostuvo su reclamo en lo que establece la ley 11.672, que en su artículo 4º indica que el administrador de las partidas asignadas por el presupuesto nacional será el presidente de la Corte. El corolario del argumento de Rosenkrantz es evidente. E inquietante. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda se habrían puesto al margen de la ley. Solo el Congreso podría reducir el poder del titular del tribunal. No una acordada.
¿Rosenkrantz demandará a sus pares ante la Justicia? ¿Recurrirá, como sugieren algunos de sus colaboradores, al artículo 248 del Código Penal? Dice así: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Si el enfrentamiento adquiriera esta dinámica, su desenlace sería imprevisible. ¿Podrían Lorenzetti, Rosatti y Maqueda destituir a Rosenkrantz? Tendrían un límite: la dificultad para acordar la identidad del sucesor.
La lucha entre el presidente de la Corte y este trío de colegas es una sofisticada partida de ajedrez si se la compara con la que tiene enredados a Lorenzetti y a Highton. La jueza no se plegó a la acordada contra Rosenkrantz. Pero antes la había firmado. Estrechísimos colaboradores de ella afirman que se había plegado a la mayoría por invitación de Lorenzetti. Pero que, cuando Rosenkrantz le hizo notar que el recorte de facultades que se disponía era ilegal, prefirió disentir. La versión se va volviendo truculenta. Según esos íntimos de Highton, Lorenzetti le impidió retirar la firma, razón por la cual tuvo que tachar el texto original. La versión que divulga el entorno de la jueza asegura que el expresidente de la Corte habría amenazado a Highton con inducir una avalancha de recusaciones, basadas en su supuesta parcialidad a favor del Poder Ejecutivo, que convalidó su permanencia en el cargo a pesar de tener más de 75 años. Lorenzetti habría asegurado, siempre de acuerdo con los funcionarios de la ministra, contar con el apoyo de Rosatti y de Maqueda para esa operación.
Lorenzetti no se queda atrás. Sus voceros prometen que, en la sesión de acuerdos de la próxima semana, pedirá una investigación para que se esclarezca por qué hubo un cambio de firma. Sugieren que fue para obedecer a Rosenkrantz por alguna intimidación distinta del argumento jurídico. A estas alturas sería interesante que Highton declarara ante alguna sede que pueda determinar lo que ocurrió.
Es curioso que, a pesar de imputaciones tan poco edificantes, el vínculo de Lorenzetti con la jueza parece conservar su antigua lozanía. Ayer por la tarde el expresidente visitó el despacho de su colega para dejarle un libro de su autoría, con una afectuosa dedicatoria de fin de año. Igual hubo algo raro. La secretaria de Highton cortó el paso a Lorenzetti. Como si quisiera detenerlo. El ministro habrá pensado si no sería mejor retirar también su firma. De la dedicatoria, claro.
La intriga de la Corte se proyecta sobre la política. En la Casa Rosada temen que se haya formado una mayoría que, inspirada en enfrentamientos burocráticos, se exprese en fallos con trascendencia general. El ejemplo más a mano es el del «caso Blanco», en el que Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton fallaron en contra de la Anses. Más allá de las objeciones al criterio adoptado por los jueces, en el corazón del Poder Ejecutivo sospechan que la sentencia corona una maniobra. Para entenderla, aconsejan, hay que prestar atención al juego del PJ exkirchnerista. Extraen conclusiones de una red de relaciones. Lorenzetti tiene un vínculo muy cercano con Guillermo Seita, el operador de prensa y de negocios en cuyas oficinas se lanzaron los cuatro transeúntes de la avenida del medio: Juan Schiaretti, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa.
Vincular a Lorenzetti con ese cuarteto por los servicios comunes de Seita puede ser injusto. Por la misma línea se podría llegar a Amado Boudou, que durante un tiempo fue promovido por ese gestor a la intendencia marplatense. O a Horacio Rodríguez Larreta, a quien Seita ofrece también sus prestaciones. Aunque la proximidad de Larreta puede ser, para el círculo íntimo de Macri, una corroboración de la sospecha: allí creen que Larreta también está en una combinación con Massa, como se advirtió durante el intento de cambio de gabinete de comienzos de septiembre.
Con independencia de alianzas objetivas, Massa quiso sumarse al pronunciamiento de la Corte. Dijo que venía a corregir errores del Gobierno. Debe haber sido una ironía. Porque durante buena parte del período en que, a pesar de la inflación, las jubilaciones no se actualizaban la Anses estaba bajo las órdenes de Massa. Esa injusticia se enmendó gracias a Boudou, que estableció un mecanismo de indexación. En otras palabras: Massa festejó una sentencia que vino a corregir errores de Massa. Por fin una autocrítica.
Hay otro protagonista político en esta urdimbre. Es Elisa Carrió. Enemiga implacable de Lorenzetti, la diputada prestó atención especial a la acordada contra Rosenkrantz. Ella coincide en que hay un túnel entre los jueces y el PJ. Pero lo identifica con Pichetto, no con Seita. Carrió no apunta tanto al recorte de poder como al párrafo en el que se convalida la administración financiera del tribunal. Fue un respaldo a Héctor Marchi, el administrador de Lorenzetti, a quien Carrió acusó de enriquecimiento ilícito. El juez Sergio Torres archivó el caso por inexistencia de delito. Marchi querelló a Carrió, quien se amparó en sus fueros. La Cámara Civil le acaba de negar esa protección.
El aval a la gestión material de Marchi y, por elevación, de Lorenzetti abre una incógnita en la relación de la diputada con Rosatti. El magistrado llegó a la Corte gracias al respaldo de Carrió, quien respalda a poca gente. Los dos compartieron, igual que Maqueda, la Convención Constituyente de 1994. Carrió conversó de este duelo con varios diputados de su bloque. Les dijo: «Por ahora no voy a hablar. Quiero ver cuánto dura la adhesión de Rosatti a Lorenzetti. Pero sepan que en mi cruzada contra Marchi y Lorenzetti no voy a ceder».
Los cambios de alianza dentro del tribunal son incesantes. Si llaman la atención, es porque las enemistades se habían justificado en razones éticas. Macri suele comentar ante su entorno que no entiende cómo Lorenzetti puede asociarse con Rosatti «después de las cosas que me decía de él y de sus asesores». Carrió dice lo mismo de Rosatti en relación con Lorenzetti. No conocen, por lo visto, la lección del filósofo catamarqueño Jorge Díaz Martínez: «En política, la ética es un procedimiento para aplicar al adversario».
Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Juan Carlos Maqueda,Carlos Pagni,Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Conforme a,Horacio Rosatti,,»Fallas en la institucionalidad». Rosatti cuestionó la judicialización de la política por falta de consensos,,Los fallos de la Corte y la rebelde justicia laboral,,Justicia. El hijo de Rosatti quedó primero para ser juez gracias a un último paso de los concursos que ahora la Corte quiere revisar
POLITICA
AFA: la Justicia de EE.UU. intensifica la investigación sobre movimientos millonarios relacionados con la empresa de Javier Faroni
La investigación sobre la presunta operatoria financiera de TourProdEnter, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni y registrada a nombre de su esposa, Erica Gillette, avanza en paralelo en Estados Unidos y la Argentina.
Mientras el FBI y fiscales federales estadounidenses analizan movimientos de dinero que pasaron por el sistema bancario de ese país, la Justicia argentina también abrió expedientes para determinar el destino de fondos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma.
El caso volvió a cobrar impulso después de que se conociera la noticia de la citación a dirigentes de AFA por parte de la Corte de Florida, en Estados Unidos.
El requerimiento de la Justicia de EE.UU., incluye presentar las grabaciones de las comunicaciones entre TourProdEnter y los dirigentes Chiqui Tapia y Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero, que figura como empleado empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen en todas las empresas cercanas al tesorero de la AFA.
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La investigación que llevan adelante fiscales federales y el FBI pone bajo la lupa movimientos financieros vinculados con la AFA y empresarios relacionados con la entidad.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.
Los nombres que aparecen en la investigación
Uno de los ejes de la pesquisa es TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Miami a nombre de Erica Gillette que, según distintas investigaciones judiciales y denuncias incorporadas a expedientes, actuó como intermediaria en contratos comerciales internacionales de la AFA.
De acuerdo con la investigación, la empresa recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos. Parte de esos fondos habría provenido de acuerdos comerciales vinculados a la explotación internacional de los derechos de la Selección Argentina y de contratos de patrocinio.
La documentación incorporada a las investigaciones sostiene que TourProdEnter fue designada como representante comercial exclusiva de la AFA fuera de la Argentina mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino. Ese acuerdo le otorgó la facultad de promover contratos vinculados a las marcas y derechos comerciales de la AFA, organizar eventos deportivos y comerciales y actuar como agente de cobro de contratos de sponsoreo y patrocinio.
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Según esos contratos, la empresa también percibía el 30% de los ingresos comerciales internacionales que generara la AFA y el 10% de las salidas de dinero vinculadas a tareas de logística contempladas en los convenios en los que intervenía.
Otra de las líneas de investigación se centra en el destino de premios obtenidos por la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Según documentos a los que accedió TN, la Justicia detectó un giro de 40 millones de dólares (30 millones provenientes de la FIFA y 10 millones de la Conmebol) hacia TourProdEnter LLC.
Siempre de acuerdo con esa documentación, esos fondos no figurarían ingresados en la Argentina ni registrados en la memoria o en los balances de la AFA. La Justicia busca determinar si el dinero permaneció en el exterior y cuál fue el circuito seguido por esos recursos.
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La investigación también analiza por qué TourProdEnter quedó como intermediaria de esas operaciones. Según la documentación relevada, la empresa administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares y los investigadores sospechan que el monto total podría haber sido mayor.
En otra línea de análisis aparecen contratos vinculados con patrocinadores internacionales, amistosos de la Selección y acuerdos comerciales celebrados en el exterior. Entre ellos figuran operaciones relacionadas con Binance, con partidos amistosos disputados en China y con derechos comerciales para mercados asiáticos.
La denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante autoridades estadounidenses sostiene que parte de esos fondos fueron canalizados a través de cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos y que no habrían ingresado al sistema financiero argentino.
La investigación en Estados Unidos
La investigación estadounidense es llevada adelante por fiscales federales y el Departamento de Justicia, con participación del FBI, para determinar si parte del dinero que circuló por el sistema bancario norteamericano vinculado con la AFA pudo dar lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero.
En paralelo, los investigadores analizan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte de Faroni y Gillette.
Las adquisiciones, valuadas en conjunto en más de 11 millones de dólares, fueron realizadas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC. Las operaciones incluyen departamentos ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura.
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Según la investigación periodística que reveló esas compras, los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a varias de las operaciones, circunstancia que forma parte del análisis de las autoridades estadounidenses, que buscan establecer el origen de los fondos utilizados.
De acuerdo con información publicada semanas atrás, tres fiscales estadounidenses comenzaron además a preparar una lista de testigos en el marco de la investigación preliminar sobre TourProdEnter. Entre las medidas realizadas figura un encuentro con Guillermo Tofoni, quien obtuvo un discovery en la Justicia estadounidense que le permitió acceder a documentación vinculada con la empresa.
El capítulo argentino
La investigación también tiene un desarrollo paralelo en la Argentina. Faroni es investigado desde fines de 2025 por el destino de fondos de la AFA presuntamente canalizados a través de TourProdEnter. En diciembre pasado, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio de Nordelta.
Además, existen otras actuaciones judiciales relacionadas con la operatoria de la empresa. Una de ellas tramita por una denuncia contra Gillette por presunta defraudación por administración fraudulenta.
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En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió recientemente que la causa vinculada con la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino dejara de tramitar ante el juez federal Adrián González Charvay y pasara al juzgado en lo penal económico de Verónica Straccia.
También se incorporó a expedientes locales documentación obtenida mediante el discovery realizado en Estados Unidos, con el objetivo de que pueda ser utilizada como herramienta investigativa dentro de las actuaciones que se desarrollan en la Argentina.
AFA, Javier Faroni, Chiqui Tapia, Claudio Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Retoman la protesta en las calles: marcharon los jubilados con apoyo de la CGT y los movimientos sociales
Una vez terminado el mundial, la agenda de la oposición en las calles se reinició este miércoles con una protesta de los jubilados contra el Gobierno, que la Central General del Trabajo (CGT) acompañó en un plan de acciones sectorizadas. En la protesta confluyeron las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los estatales porteños de ATE, agrupaciones de la Izquierda y emisarios del gobernador Axel Kicillof.
El eje principal de la movilización fue el reclamo por una mejora en los haberes de los adultos mayores. Desde julio, el haber mínimo pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Con el bono extraordinario de $70.000 —que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria—, el ingreso mínimo alcanza los $481.989, un monto que fue calificado como una “miseria” durante la protesta.
La movilización no fue masiva, pero implicó el regreso de sectores opositores al gobierno de Javier Milei a la escena pública. A partir de ahora, estos grupos podrían intensificar las protestas, anticiparon los dirigentes consultados por en el lugar.
Entre los dirigentes que dieron el presente estuvieron los triunviros cegetistas Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Juan Carlos Schmid (CATT); Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales); el diputado Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Hugo Godoy (CTA Autónoma), Alejandro Gramajo (UTEP); el también diputado Mario Manrique (SMATA) y Roberto Baradel (CTA bonaerense).
Además, fue de la partida Daniel Catalano (ATE Capital). En representación del gobierno bonaerense y del sello axelista Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se mostró Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia.
“Nos sumamos a la convocatoria de todos los miércoles de los trabajadores jubilados porque es una bandera que llevamos siempre, es una necesidad que están reclamando desde hace tiempo y forma parte de nuestra agenda”, dijo Sola, quien exigió “no solamente recuperar su poder adquisitivo a través de de los haberes jubilatorios, sino también las prestaciones en el PAMI, y también la recuperación de los planes Volver al Trabajo, del que dependían más de 900 mil personas”.
Además, anticipó que “la CGT continuará acompañando los conflictos sociales” y confirmó la participación de la central obrera en la marcha de San Cayetano organizada por los movimientos sociales todos los 7 de agosto, la cual —todo indica— concluirá con un acto en Plaza de Mayo. También adelantó que impulsarán “una movilización al Ministerio de Economía por el endeudamiento de las familias trabajadoras” y que proyectan una “gran marcha federal” en los próximos meses.
Sola definió como “distante y esquiva” la relación de la CGT con el Gobierno y acusó al oficialismo de “considerar al sindicalismo como un adversario político antes que como representante de los trabajadores”, pese al reciente decreto en el cual la Casa Rosada introdujo modificaciones en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y flexibilizó el esquema de aportes destinados a los sindicatos.
El co-secretario de la CGT dijo que en la actual gestión “se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron más de 23.000 pymes”, como consecuencia de un rumbo que —según afirmó— “abandonó la producción y el desarrollo industrial”. Describió la situación social como “grave” por “el avance de la informalidad laboral”, “el deterioro del sistema de salud” y “la pérdida del poder adquisitivo incluso entre los trabajadores con paritarias”, lo que —aseguró— “alimenta un creciente malestar social”.
La marcha de los jubilados de los miércoles supo ser un escenario de tensión en diversas oportunidades entre el oficialismo y la oposición en las calles a comienzos de la gestión libertaria. Nacida hace años por iniciativa de un grupo de jubilados vinculados a espacios de izquierda, en el último tiempo había perdido capacidad de convocatoria y quedado reducida a expresiones minoritarias. Si bien las columnas sindicales hoy presentes no fueron masivas, ampliaron considerablemente el volumen, así como también llevaron a que distintos sectores opositores volvieran a compartir una misma postal.
La jornada había comenzado con otras protestas impulsadas por organizaciones sociales y piqueteras en distintos puntos del país. Una de ellas derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad, principalmente en el Puente Pueyrredón, cuando las columnas de la UTEP y el Polo Obrero intentaban avanzar hacia la ciudad de Buenos Aires para luego sumarse a la marcha de los jubilados frente al Congreso.
El conflicto se originó por la decisión del Gobierno de eliminar definitivamente el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), que asistía a alrededor de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, y reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación.
La medida, apoyada en señalamientos de irregularidades y falta de efectividad, fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Sandra Pettovello, y quedó firme tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín que revocó una cautelar favorable a las organizaciones sociales. Ahora, según indicaron desde la UTEP, “la decisión final la tendrá la Corte Suprema”.
Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus polémicos dichos contra Francia
Luego de las polémicas que dejó el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, enfrentaba este miércoles una serie de proyectos de juicio político en su contra. La dirigente había calificado a la selección francesa como un “equipo africano de flojos modales” y despertó el rechazo de la oposición.
En esa línea, en los últimos días, un grupo de dirigentes del radicalismo local solicitó formalmente su destitución ante la Legislatura provincial por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.
Sin embargo, este miércoles el proyecto se trató en la Cámara de Diputados de la provincia, donde finalmente se trató sobre tablas la iniciativa y fue rechazada. La votación resultó con 33 votos negativos y 11 positivos, habiendo 3 diputados ausentes; por lo que se desestimó.
Justamente, de acuerdo con la legislación provincial, una vez presentado el pedido de juicio político, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos si los cargos por los que se los acusa al funcionario en cuestión importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Como en este caso la decisión fue negativa, la acusación quedó de hecho desestimada
Todo se inició después de que Casado se haya expresado en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final, con una polémica frase: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.
Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. “Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión, es un delito”, le dijo a Infobae Romain Nadal, embajador francés en Argentina.
A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.
En tanto, en entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.
El pedido de juicio político había sido presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.
La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.
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