La Cámara en lo Penal Económico rechazó el pedido del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, para apartar al juez Diego Amarante de la causa en la que fue procesado junto a Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes por la retención indebida de aportes.

El tribunal consideró que no existen elementos objetivos que demuestren enemistad o pérdida de imparcialidad del magistrado.

La decisión, adoptada por el camarista Roberto Hornos, representa el segundo rechazo a una recusación presentada por la defensa de Toviggino contra Amarante.

“Por ninguna de las circunstancias invocadas por los planteos de recusación se revela la existencia de elementos objetivos que permitan considerar acreditada una enemistad, una animosidad o una aversión del magistrado”, sostuvo el fallo.

La defensa del tesorero de la AFA había argumentado que el juez había perdido imparcialidad y actuaba con arbitrariedad. Entre los motivos invocados figuraba una nota periodística publicada titulada “El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a AFA nuevamente para complicar a Tapia y Toviggino”.

Hornos consideró que esa publicación carece de respaldo probatorio en las actuaciones y no fue admitida.

El segundo argumento se refería a la decisión del juez Amarante de tramitar una ampliación de denuncia presentada por ARCA, el organismo que originó la causa.

La defensa lo interpretó como una maniobra de “forum shopping”. Sin embargo, la Cámara consideró que es habitual que surjan nuevos hechos vinculados a una investigación en curso y que esa actuación no evidencia enemistad ni pérdida de imparcialidad.

El caso se originó en la investigación por la retención indebida de más de 19.300 millones de pesos en impuestos y contribuciones previsionales que la AFA habría retenido a sus empleados, proveedores y terceros, pero que no depositó en tiempo y forma en las cuentas del fisco.

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Los dirigentes fueron procesados por el delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social. El juez determinó que la AFA retuvo y no depositó en plazo el dinero correspondientes a aportes e impuestos entre marzo de 2024 y septiembre del 2025.

Amarante aseguró que la conducta fue “un evidente plan que abarcaba el depósito tardío de enormes montos dinerarios, con la consiguiente posibilidad de obtener cuantiosos beneficios financieros”.

Las medidas dispuestas por el juez para Chiqui Tapia, Toviggino y otras autoridades de la AFA

El juez dispuso una serie de medidas que tanto Tapia como Toviggino deberán cumplir tras el procesamiento y el embargo

1. La obligación de no ausentarse de sus respectivos domicilios por un término mayor a las 72 horas sin poner en conocimiento dicha circunstancia al Tribunal.
2. La prohibición de modificar sus lugares de residencia sin notificarlo al Tribunal.
3. La obligación de comparecer ante este Tribunal cada vez que se les requiera.
4. La obligación de mantener una fluida comunicación con sus defensas a los fines de cumplir con las eventuales citaciones que este Tribunal pudiese disponer.

Pablo Toviggino, Claudio Tapia, Justicia

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Un grupo de senadores y diputados kirchneristas que integran el Consejo de la Magistratura presentaron un informe este lunes en la Facultad de Derecho en el que rechazaron las condiciones “arbitrarias y discriminatorias” de detención de Cristina Kirchner a casi un año de la condena por la causa Vialidad.

El documento fue presentado por los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti en el Salón Azul de la Facultad de Derecho. Allí, expusieron las condiciones de detención que tienen personas condenadas por delitos federales y sostuvieron que la ex presidenta “cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”.

El informe se elaboró a partir de datos obtenidos mediante los pedidos de Acceso a la Información Pública que realizó el grupo de consejeros del Consejo de la Magistratura.

Todo esto se da en la previa del próximo 10 de junio cuando se cumpla un año del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra la líder del PJ por la Causa Vialidad.

Entre los datos que expone el documento presentado por los dirigentes kirchneristas, se señala que más de la mitad de las personas condenadas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios. En la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas enfrenta limitaciones en materia de visitas. El informe concluye que, entre quienes cumplen condena por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Kirchner es la única con ese tipo de restricciones vigentes.

Tailhade fue el primero en tomar la palabra y planteó sus conclusiones en términos políticos. “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país”, afirmó el diputado nacional y consejero.

Siley fue quien presentó los datos específicos del relevamiento y subrayó su carácter comparativo. “Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, sostuvo la consejera. Siley también vinculó la situación de la ex mandataria con lo que describió como una vulneración de garantías fundamentales: “A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, expresó.

Recalde, por su parte, fue directo en su caracterización del caso. “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”, afirmó el senador. Agregó que el informe “demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia”.

Grau trazó paralelismos históricos entre el caso de Kirchner y el de Hipólito Yrigoyen, al señalar cómo distintos procesos políticos y judiciales buscaron, en diferentes momentos, perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de sectores económicos concentrados, tanto nacionales como extranjeros.

El cierre estuvo a cargo de Fernández Sagasti, quien dirigió sus cuestionamientos al funcionamiento del Poder Judicial en su conjunto y a la Corte Suprema de Justicia en particular. “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, sostuvo la senadora.

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