POLITICA
Una contribución de la Corte a la incertidumbre
La incertidumbre se apoderó de la vida pública. A tal punto que lo único estable parece ser el dólar. Los vientos del mundo -dirigidos por la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU., el precio del petróleo y la guerra comercial entre Washington y Pekín- se han vuelto imprevisibles. Brasil seguirá siendo una nave a la deriva, hasta que Bolsonaro se familiarice con la consola del Estado. La economía local ingresó en una recesión cuya otra orilla aún se desconoce. El Congreso es un mosaico en el que ninguna fracción puede fijar un rumbo por sí sola. El horizonte electoral se esconde detrás de la neblina. Y para un futuro todavía más dudoso, estalló un conflicto interno en la Corte.
Las consecuencias finales del enfrentamiento todavía están por verse. Sus integrantes preparan un espectáculo pocas veces visto: ministros de un tribunal supremo que recurren a los tribunales para resolver sus diferencias. Un atractivo más para el turismo receptivo.
La disputa se procesa a través de golpes de palacio. A comienzos de septiembre, los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz comunicaron a Ricardo Lorenzetti que ya estaba redactada la acordada que determinaba su reemplazo. Con la excepción de Juan Carlos Maqueda, todos votaron por Rosenkrantz, incluido Lorenzetti. Anteayer, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti comunicaron a Rosenkrantz que ya estaba redactada la acordada que lo despojaba de sus principales atribuciones como presidente. El enorme poder administrativo del que había gozado Lorenzetti, como sus innumerables antecesores, quedó socializado entre los jueces. Como el calendario de las sentencias se fija ahora por anticipado, la titularidad de la Corte asumió un rol decorativo.
Rosatti jugó en los dos equipos. El de los que defenestraron a Lorenzetti y el de los que desahuciaron a Rosenkrantz. Esa ubicuidad se escuda detrás de un pretexto irreprochable: impedir el personalismo. En ambos casos. Maqueda, en cambio, negó a Rosenkrantz, a quien no eligió como presidente, un poder que no le molestaba en Lorenzetti. Lorenzetti también le negó a Rosenkrantz un poder que no le molestaba en Lorenzetti.
Para jibarizar la jefatura de Rosenkrantz, los tres conjurados modificaron una acordada de 1961 que había establecido las funciones del presidente. Rosenkrantz planteó su propia reforma. Se negó a que, como establecieron sus rivales, pudieran hacerse contratos o designaciones con la firma de tres ministros. Y exigió que uno de ellos fuera siempre el presidente. Sostuvo su reclamo en lo que establece la ley 11.672, que en su artículo 4º indica que el administrador de las partidas asignadas por el presupuesto nacional será el presidente de la Corte. El corolario del argumento de Rosenkrantz es evidente. E inquietante. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda se habrían puesto al margen de la ley. Solo el Congreso podría reducir el poder del titular del tribunal. No una acordada.
¿Rosenkrantz demandará a sus pares ante la Justicia? ¿Recurrirá, como sugieren algunos de sus colaboradores, al artículo 248 del Código Penal? Dice así: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Si el enfrentamiento adquiriera esta dinámica, su desenlace sería imprevisible. ¿Podrían Lorenzetti, Rosatti y Maqueda destituir a Rosenkrantz? Tendrían un límite: la dificultad para acordar la identidad del sucesor.
La lucha entre el presidente de la Corte y este trío de colegas es una sofisticada partida de ajedrez si se la compara con la que tiene enredados a Lorenzetti y a Highton. La jueza no se plegó a la acordada contra Rosenkrantz. Pero antes la había firmado. Estrechísimos colaboradores de ella afirman que se había plegado a la mayoría por invitación de Lorenzetti. Pero que, cuando Rosenkrantz le hizo notar que el recorte de facultades que se disponía era ilegal, prefirió disentir. La versión se va volviendo truculenta. Según esos íntimos de Highton, Lorenzetti le impidió retirar la firma, razón por la cual tuvo que tachar el texto original. La versión que divulga el entorno de la jueza asegura que el expresidente de la Corte habría amenazado a Highton con inducir una avalancha de recusaciones, basadas en su supuesta parcialidad a favor del Poder Ejecutivo, que convalidó su permanencia en el cargo a pesar de tener más de 75 años. Lorenzetti habría asegurado, siempre de acuerdo con los funcionarios de la ministra, contar con el apoyo de Rosatti y de Maqueda para esa operación.
Lorenzetti no se queda atrás. Sus voceros prometen que, en la sesión de acuerdos de la próxima semana, pedirá una investigación para que se esclarezca por qué hubo un cambio de firma. Sugieren que fue para obedecer a Rosenkrantz por alguna intimidación distinta del argumento jurídico. A estas alturas sería interesante que Highton declarara ante alguna sede que pueda determinar lo que ocurrió.
Es curioso que, a pesar de imputaciones tan poco edificantes, el vínculo de Lorenzetti con la jueza parece conservar su antigua lozanía. Ayer por la tarde el expresidente visitó el despacho de su colega para dejarle un libro de su autoría, con una afectuosa dedicatoria de fin de año. Igual hubo algo raro. La secretaria de Highton cortó el paso a Lorenzetti. Como si quisiera detenerlo. El ministro habrá pensado si no sería mejor retirar también su firma. De la dedicatoria, claro.
La intriga de la Corte se proyecta sobre la política. En la Casa Rosada temen que se haya formado una mayoría que, inspirada en enfrentamientos burocráticos, se exprese en fallos con trascendencia general. El ejemplo más a mano es el del «caso Blanco», en el que Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton fallaron en contra de la Anses. Más allá de las objeciones al criterio adoptado por los jueces, en el corazón del Poder Ejecutivo sospechan que la sentencia corona una maniobra. Para entenderla, aconsejan, hay que prestar atención al juego del PJ exkirchnerista. Extraen conclusiones de una red de relaciones. Lorenzetti tiene un vínculo muy cercano con Guillermo Seita, el operador de prensa y de negocios en cuyas oficinas se lanzaron los cuatro transeúntes de la avenida del medio: Juan Schiaretti, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa.
Vincular a Lorenzetti con ese cuarteto por los servicios comunes de Seita puede ser injusto. Por la misma línea se podría llegar a Amado Boudou, que durante un tiempo fue promovido por ese gestor a la intendencia marplatense. O a Horacio Rodríguez Larreta, a quien Seita ofrece también sus prestaciones. Aunque la proximidad de Larreta puede ser, para el círculo íntimo de Macri, una corroboración de la sospecha: allí creen que Larreta también está en una combinación con Massa, como se advirtió durante el intento de cambio de gabinete de comienzos de septiembre.
Con independencia de alianzas objetivas, Massa quiso sumarse al pronunciamiento de la Corte. Dijo que venía a corregir errores del Gobierno. Debe haber sido una ironía. Porque durante buena parte del período en que, a pesar de la inflación, las jubilaciones no se actualizaban la Anses estaba bajo las órdenes de Massa. Esa injusticia se enmendó gracias a Boudou, que estableció un mecanismo de indexación. En otras palabras: Massa festejó una sentencia que vino a corregir errores de Massa. Por fin una autocrítica.
Hay otro protagonista político en esta urdimbre. Es Elisa Carrió. Enemiga implacable de Lorenzetti, la diputada prestó atención especial a la acordada contra Rosenkrantz. Ella coincide en que hay un túnel entre los jueces y el PJ. Pero lo identifica con Pichetto, no con Seita. Carrió no apunta tanto al recorte de poder como al párrafo en el que se convalida la administración financiera del tribunal. Fue un respaldo a Héctor Marchi, el administrador de Lorenzetti, a quien Carrió acusó de enriquecimiento ilícito. El juez Sergio Torres archivó el caso por inexistencia de delito. Marchi querelló a Carrió, quien se amparó en sus fueros. La Cámara Civil le acaba de negar esa protección.
El aval a la gestión material de Marchi y, por elevación, de Lorenzetti abre una incógnita en la relación de la diputada con Rosatti. El magistrado llegó a la Corte gracias al respaldo de Carrió, quien respalda a poca gente. Los dos compartieron, igual que Maqueda, la Convención Constituyente de 1994. Carrió conversó de este duelo con varios diputados de su bloque. Les dijo: «Por ahora no voy a hablar. Quiero ver cuánto dura la adhesión de Rosatti a Lorenzetti. Pero sepan que en mi cruzada contra Marchi y Lorenzetti no voy a ceder».
Los cambios de alianza dentro del tribunal son incesantes. Si llaman la atención, es porque las enemistades se habían justificado en razones éticas. Macri suele comentar ante su entorno que no entiende cómo Lorenzetti puede asociarse con Rosatti «después de las cosas que me decía de él y de sus asesores». Carrió dice lo mismo de Rosatti en relación con Lorenzetti. No conocen, por lo visto, la lección del filósofo catamarqueño Jorge Díaz Martínez: «En política, la ética es un procedimiento para aplicar al adversario».
Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Juan Carlos Maqueda,Carlos Pagni,Horacio Rosatti,Carlos Rosenkrantz,Ricardo Lorenzetti,Conforme a,Horacio Rosatti,,»Fallas en la institucionalidad». Rosatti cuestionó la judicialización de la política por falta de consensos,,Los fallos de la Corte y la rebelde justicia laboral,,Justicia. El hijo de Rosatti quedó primero para ser juez gracias a un último paso de los concursos que ahora la Corte quiere revisar
POLITICA
Piccirillo pidió el cese de la prisión preventiva y que se destrabe la inhibición sobre sus bienes
En medio del escándalo por los videos de Jésica Cirio exhibiendo fajos de dólares, Elías Piccirillo presentó este martes un escrito donde volvió a pedir el cese de la prisión domiciliaria, que le otorguen de manera inmediata la libertad y que bajen el monto del embargo trabado en su contra.
Sus abogados, Alejandro Montiel y Fernando Diez, presentaron un extenso escrito ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, al que tuvo acceso TN, donde se opuso “en todos sus términos” al pedido de la querella de ampliar y reforzar las reglas de conducta y adoptar medidas complementarias de control.
Como medida principal, la defensa pidió el cese de la prisión preventiva. Actualmente, Piccirillo cumple su detención en un departamento en Banfield, con acceso a una terraza donde colocó un jacuzzi, una parrilla y una mesa para varios comensales.
La causa contra Piccirillo se inició el 13 de febrero de 2025 y fue detenido el 20 de marzo de ese año. En un primer momento fue alojado en la cárcel de Ezeiza y luego se le concedió el arresto domiciliario con vigilancia electrónica y se le trabó un embargo de $900.000.000.
Los abogados argumentaron que, desde entonces, según los informes de la oficina de monitoreo electrónico y del Servicio Penitenciario Federal, Piccirillo cumplió con todo lo establecido “sin irregularidad alguna”.
Además, destacó la defensa, es “el único de los imputados que permanece sometido a encierro”, mientras los restantes coimputados, incluidos exintegrantes de fuerzas de seguridad, transitan el proceso en libertad.
“La prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, y se desnaturaliza cuando opera como pena anticipada”, argumentó la defensa, al tiempo que agregó que no existe riesgo concreto de entorpecimiento ni de fuga acreditado y que “el cumplimiento intachable del arresto domiciliario demuestra empíricamente que los fines de la coerción están asegurados por medios menos lesivos”.
“En suma: descontados los adjetivos, la presentación se queda sin un solo hecho. No hay una prueba, no hay un acto concreto, no hay una conducta determinada de mi asistido dirigida a obstaculizar el proceso. Hay conjeturas. Y con las conjeturas no se restringe a nadie”, se lee en el escrito.
Leé también: Un informe sobre los ingresos de Jesica Cirio pone en duda que sea la dueña de los millones de dólares del video
Por todo eso, los abogados pidieron que se revierta la suma del embargo y se tome el depósito judicial de $200.000.000 en sustitución y se levanten las anotaciones sobre los inmuebles.
También que se ordene la devolución de la caución de $100.000.000 de la exención de prisión y se levante la inhibición general de bienes.
Elías Piccirillo, Jesica Cirio, Justicia
POLITICA
Un juez anuló la conformación de la comisión del Congreso que debe designar al Defensor del Niño tras un reclamo del PJ
Un fallo judicial paralizó este martes la actividad de la Comisión Bicameral encargada de designar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y profundizó la disputa entre el oficialismo y la oposición por el futuro del organismo.
El juez federal Enrique Lavié Pico declaró la nulidad de la integración de la Bicameral aprobada por el Senado que favorecía a los libertarios al considerar que vulneró el criterio de representación proporcional de los bloques. El magistrado ordenó rehacer su composición.
La decisión tuvo un efecto inmediato: la presidenta de la comisión, la senadora Vilma Bedia (La Libertad Avanza), suspendió la reunión prevista para hoy a las 11. En ese encuentro el oficialismo pretendía avanzar con un nuevo reglamento para el concurso de selección del Defensor del Niño, una iniciativa que ya había despertado fuertes críticas de organizaciones de la sociedad civil.
El fallo hizo lugar a un amparo presentado por el bloque Justicialista del Senado y rechazó el argumento de que se trataba de una cuestión interna del Congreso ajena al control judicial. Para Lavié Pico, los tribunales deben intervenir cuando existe una lesión manifiesta de derechos derivada del incumplimiento de la ley y del reglamento parlamentario.
“Ahora el Senado deberá integrar nuevamente la Comisión l artículo 49 de la ley 26.061 y a la representación proporcional”, explicó el senador Pablo Bensusán (PJ) en su cuenta de X. Junto con la mendocina Anabel Fernández Sagasti interpuso la acción de amparo.
El magistrado consideró arbitraria la distribución de los lugares en la comisión. Señaló que LLA, con 21 senadores, obtuvo dos representantes, mientras que el bloque Justicialista, con la misma cantidad de integrantes, quedó sin ninguno. En contraste, destacó que la Cámara de Diputados sí respetó el criterio de proporcionalidad al asignar tres lugares al oficialismo y dos a Unión por la Patria, bloques de tamaño similar.
La suspensión de la reunión también dejó en pausa el intento del oficialismo de modificar las reglas del concurso para elegir al nuevo Defensor del Niño.
Una decena de organizaciones, entre ellas ACIJ, CELS, Amnistía Internacional y Poder Ciudadano, advirtió que el proyecto elimina el examen escrito y el orden de mérito, pese a que la Ley 26.061 exige un concurso de antecedentes y oposición. También cuestionaron la creación de un registro especial para participar de las audiencias públicas, con nuevos requisitos administrativos y de financiamiento, y denunciaron que el texto elimina los mecanismos de participación directa de niñas, niños y adolescentes durante el proceso de selección.
Para las organizaciones, esos cambios desvirtúan el concurso y reducen las garantías de transparencia e idoneidad previstas por la ley.
“Es indispensable que se garanticen las condiciones para una participación amplia de niñas, niños, adolescentes y organizaciones de la sociedad civil, a fin de seleccionar a un Defensor Nacional idóneo que esté a la altura de las graves problemáticas que hoy atraviesan las infancias en nuestro país”, sostienen.
La pelea de fondo
El conflicto tiene un antecedente: la frustrada designación de la abogada María Paz Bertero.
En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó su postulación con 156 votos afirmativos, incluido el respaldo de sectores de la UCR, Pro y el MID. Sin embargo, el oficialismo bloqueó su tratamiento en el Senado y luego interpretó que su concurso había perdido vigencia al cumplirse 180 días corridos desde la conformación de la terna.
La oposición rechazó esa lectura y sostuvo que históricamente ese plazo se computó en días hábiles legislativos, por lo que la selección seguía vigente. Detrás de la discusión reglamentaria aparece además una diferencia política: mientras el oficialismo cuestiona el perfil de Bertero por su trayectoria en materia de género y su apoyo a la legalización del aborto, la oposición denuncia que el objetivo es reiniciar el proceso para promover un candidato cercano a organizaciones provida y sectores religiosos.
En ese contexto, el diputado libertario Santiago Santurio, integrante de la comisión, defendió la posición oficialista. “El Defensor del Niño debe defender a todos los niños, incluso los por nacer. No aceptamos designaciones a dedo ni activismo disfrazado de buenas intenciones. Exigimos transparencia y verdadera protección de los niños, niñas y adolescentes”, afirmó.
Con la resolución judicial, el Senado deberá volver a integrar la comisión respetando la representación proporcional de los bloques. Hasta entonces, el oficialismo quedaría impedido de avanzar con el nuevo reglamento y la disputa por la Defensoría del Niño vuelve a quedar abierta.
@anabelfsagasti,June 29, 2026,pic.twitter.com/89jkKQxISS,May 14, 2026,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,Congreso Nacional,,Más poder. Karina Milei amplía su influencia sobre el Congreso y convoca a los bloques libertarios a la Casa Rosada,,Posturas divergentes. Advertencias y dudas por las concesiones del Súper RIGI, el nuevo régimen de inversiones,,¿Empresas sin personas y helados de un solo sabor?
POLITICA
Sur Finanzas: dos imputados no se presentaron a indagatoria y la Policía los podría buscar si persisten en “rebeldía”
“En boca cerrada no entran moscas” parece ser la estrategia que adoptaron los principales acusados en la causa Sur Finanzas, la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) investigada por lavado de activos, asociación ilícita y defraudación por administración fraudulenta. Los representantes legales de Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña no se presentaron a declarar en indagatoria ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. El juez Luis Armella respondió con una resolución que les fija nuevas audiencias para el 15 de julio, bajo advertencia de que la incomparecencia injustificada derivará en su rebeldía y en la búsqueda a través de la fuerza pública.
No es la primera vez que el silencio se instala en esta causa. En mayo, cuando llegó el turno de Maximiliano Ariel Vallejo —dueño del holding y amigo del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia—, su defensa también intentó esquivar la cita judicial. Sus abogados interpusieron una nulidad de la convocatoria a indagatoria y, ante su rechazo, presentaron una apelación. El argumento era que los tres cargos que pesaban sobre su cliente —lavado de activos vinculado al Fideicomiso Banfileño, la denuncia de ARCA y las operaciones con clubes de la AFA—correspondían a otros juzgados. Vallejo no se presentó el 5 de mayo, tal como informó este medio. La instancia revisora, no obstante, no avaló la estrategia de la defensa y el financista terminó ante el juez el 26 de mayo.
Esa comparecencia, sin embargo, fue acotada. Vallejo entregó un escrito, respondió únicamente preguntas de su propia defensa y cerró su intervención con una frase terminante: “Me declaro inocente y estoy a derecho desde el 1 de diciembre de 2025, no tengo más nada para decir y no voy a contestar preguntas”. En el documento escrito había afirmado: “Rechazo enfática y categóricamente cada una de las imputaciones formuladas en mi contra”. Además, calificó al expediente como una causa “mediática” y no respondió sobre las operaciones con San Lorenzo, Argentinos Juniors, Temperley ni Estrella del Sur, entre otros equipos en los que Sur Finanzas actuó como sponsor u otorgó préstamos a tasas que la justicia califica de usurarias.
El silencio de los demás imputados fue más rotundo. Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Gerardo Salvador Carrozza y Daniela Eliana Sánchez se negaron a declarar ante el tribunal. Ese silencio no produce efectos procesales adversos: el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación impiden que sea interpretado como indicio de culpabilidad. Ahora, se suman a esa lista los representantes de las dos personas jurídicas que la fiscal Cecilia Incardona identifica como el núcleo del esquema de opacidad diseñado para reciclar los fondos desviados del club.
Ante la incomparecencia, Armella dispuso nuevas audiencias indagatorias. Lo hizo de esta manera: “Atento a la incomparecencia de los representantes de las personas jurídicas Banfileños S.A. y del Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña, desígnese nuevas audiencias indagatorias para el día 15 de julio de 2026 a las 10:30 y 11:30 hs respectivamente, bajo apercibimiento de en caso de incomparecencia injustificada, se ordenará su rebeldía en el proceso“. Y agregó: ”A tales fines, notifíquese a través de la preventora toda vez que aquellas personas jurídicas no han designado a la fecha, representante ni letrado. Oficíese y hágasele saber que deberán dichas personas jurídicas designar un representante para efectivizar la audiencias fijadas».
Para la fiscal que impulsa la causa la arquitectura del presunto entramado es la siguiente: a Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista, la acusación la ubica como integrante de la asociación ilícita y la vincula con 13 firmas del holding, entre ellas Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Sur Finanzas Group S.A., Sur Crypto S.A. y Sur Pagos S.A.. Según el expediente, administró fondos por $669.800.081 en el Banco Masventas entre octubre de 2022 y mayo de 2023 y tiene a su nombre un Mercedes Benz GLC 300, un BMW X2 valuado en $49.374.400 y un Alfa Romeo Stelvio Veloce valuado en $96.450.000.
La Fiscalía sostiene que María Fernanda Sena Argis ocupó presidencias en Roma Inversiones S.A., Sur Pagos S.A. y Sur Finanzas Group S.A. con “roles administrativos ficticios” por orden de Vallejo.
Desde esas posiciones, siempre según la acusación, canalizó fondos para comprar al menos 15 vehículos —entre ellos un Audi Q5 valuado en $87.820.000 y un BMW 320i valuado en $39.500.000— y para adquirir la sede central de la firma en Adrogué por $45.000.000. Su hermana Bárbara Denise Sena Argis, presidenta de Cluster Palace Beach S.A., figura en el expediente como pieza para disimular el patrimonio real de Vallejo: a través de esa empresa figuró como titular de un Ferrari California Descapotable valuado en $152.100.000 que la fiscalía atribuye al uso personal del financista. Tras los allanamientos, ese automóvil fue transferido a un tercero; la sociedad también compró tres inmuebles en Adrogué por USD 300.000 y otro en San Vicente por $395.400.000.
Gerardo Salvador Carrozza, vicepresidente de Sur Finanzas Group y Sur Finanzas PSP S.A., está acusado de certificar orígenes falsos de fondos. La imputación menciona $45.000.000 mediante un mutuo ficticio de Roma Inversiones para justificar la compra de la sede de la empresa, $109.800.000 de Graciela Vallejo ante REBA Compañía Financiera presentados como “anticipo de honorarios”, y fondos millonarios del propio Vallejo a través de préstamos cruzados entre firmas investigadas.
Daniela Eliana Sánchez, secretaria privada del financista, enfrenta cargos por encubrimiento y destrucción de pruebas: según la acusación, en la madrugada del 1 de diciembre de 2025 envió instrucciones a la tesorera de la firma para ocultar evidencia pocas horas antes de los allanamientos.
La causa también tiene en la mira a cuatro ex directivos de Banfield. Eduardo Juan Spinosa, ex presidente del club e imputado como jefe u organizador de la asociación ilícita; y su hermano Federico José Spinosa, ex vicepresidente; Ignacio Javier Uzquiza, ex tesorero del club y actual tesorero de la Asociación Argentina de Tenis (AAT); y Oscar Fabián Tucker, ex vicepresidente.
A todos los imputados de la causa se les impuso prohibición de salida del país, retención de documentos de viaje, obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado y restricción para alejarse más de 100 kilómetros de la sede judicial.
La investigación —caratulada “Tucker Oscar y otros s/Estafa e infracción art. 303”— se originó en una denuncia por estafa y lavado de la empresa Auriga League S.A., que le había otorgado al club un préstamo de dos millones de euros que nunca fue devuelto. A partir de ese hecho, la pesquisa de Incardona fue desentrañando un esquema que, según la acusación, operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025, movió más de USD 108 millones a través de 16 clubes de fútbol y generó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones, según una denuncia de ARCA. El volumen total de operaciones sospechosas asciende a $818.000 millones.
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