La incertidumbre se apoderó de la vida pública. A tal punto que lo único estable parece ser el dólar. Los vientos del mundo -dirigidos por la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU., el precio del petróleo y la guerra comercial entre Washington y Pekín- se han vuelto imprevisibles. Brasil seguirá siendo una nave a la deriva, hasta que Bolsonaro se familiarice con la consola del Estado. La economía local ingresó en una recesión cuya otra orilla aún se desconoce. El Congreso es un mosaico en el que ninguna fracción puede fijar un rumbo por sí sola. El horizonte electoral se esconde detrás de la neblina. Y para un futuro todavía más dudoso, estalló un conflicto interno en la Corte.

Las consecuencias finales del enfrentamiento todavía están por verse. Sus integrantes preparan un espectáculo pocas veces visto: ministros de un tribunal supremo que recurren a los tribunales para resolver sus diferencias. Un atractivo más para el turismo receptivo.

La disputa se procesa a través de golpes de palacio. A comienzos de septiembre, los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz comunicaron a Ricardo Lorenzetti que ya estaba redactada la acordada que determinaba su reemplazo. Con la excepción de Juan Carlos Maqueda, todos votaron por Rosenkrantz, incluido Lorenzetti. Anteayer, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti comunicaron a Rosenkrantz que ya estaba redactada la acordada que lo despojaba de sus principales atribuciones como presidente. El enorme poder administrativo del que había gozado Lorenzetti, como sus innumerables antecesores, quedó socializado entre los jueces. Como el calendario de las sentencias se fija ahora por anticipado, la titularidad de la Corte asumió un rol decorativo.

Rosatti jugó en los dos equipos. El de los que defenestraron a Lorenzetti y el de los que desahuciaron a Rosenkrantz. Esa ubicuidad se escuda detrás de un pretexto irreprochable: impedir el personalismo. En ambos casos. Maqueda, en cambio, negó a Rosenkrantz, a quien no eligió como presidente, un poder que no le molestaba en Lorenzetti. Lorenzetti también le negó a Rosenkrantz un poder que no le molestaba en Lorenzetti.

Para jibarizar la jefatura de Rosenkrantz, los tres conjurados modificaron una acordada de 1961 que había establecido las funciones del presidente. Rosenkrantz planteó su propia reforma. Se negó a que, como establecieron sus rivales, pudieran hacerse contratos o designaciones con la firma de tres ministros. Y exigió que uno de ellos fuera siempre el presidente. Sostuvo su reclamo en lo que establece la ley 11.672, que en su artículo 4º indica que el administrador de las partidas asignadas por el presupuesto nacional será el presidente de la Corte. El corolario del argumento de Rosenkrantz es evidente. E inquietante. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda se habrían puesto al margen de la ley. Solo el Congreso podría reducir el poder del titular del tribunal. No una acordada.

¿Rosenkrantz demandará a sus pares ante la Justicia? ¿Recurrirá, como sugieren algunos de sus colaboradores, al artículo 248 del Código Penal? Dice así: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Si el enfrentamiento adquiriera esta dinámica, su desenlace sería imprevisible. ¿Podrían Lorenzetti, Rosatti y Maqueda destituir a Rosenkrantz? Tendrían un límite: la dificultad para acordar la identidad del sucesor.

La lucha entre el presidente de la Corte y este trío de colegas es una sofisticada partida de ajedrez si se la compara con la que tiene enredados a Lorenzetti y a Highton. La jueza no se plegó a la acordada contra Rosenkrantz. Pero antes la había firmado. Estrechísimos colaboradores de ella afirman que se había plegado a la mayoría por invitación de Lorenzetti. Pero que, cuando Rosenkrantz le hizo notar que el recorte de facultades que se disponía era ilegal, prefirió disentir. La versión se va volviendo truculenta. Según esos íntimos de Highton, Lorenzetti le impidió retirar la firma, razón por la cual tuvo que tachar el texto original. La versión que divulga el entorno de la jueza asegura que el expresidente de la Corte habría amenazado a Highton con inducir una avalancha de recusaciones, basadas en su supuesta parcialidad a favor del Poder Ejecutivo, que convalidó su permanencia en el cargo a pesar de tener más de 75 años. Lorenzetti habría asegurado, siempre de acuerdo con los funcionarios de la ministra, contar con el apoyo de Rosatti y de Maqueda para esa operación.

Lorenzetti no se queda atrás. Sus voceros prometen que, en la sesión de acuerdos de la próxima semana, pedirá una investigación para que se esclarezca por qué hubo un cambio de firma. Sugieren que fue para obedecer a Rosenkrantz por alguna intimidación distinta del argumento jurídico. A estas alturas sería interesante que Highton declarara ante alguna sede que pueda determinar lo que ocurrió.

Es curioso que, a pesar de imputaciones tan poco edificantes, el vínculo de Lorenzetti con la jueza parece conservar su antigua lozanía. Ayer por la tarde el expresidente visitó el despacho de su colega para dejarle un libro de su autoría, con una afectuosa dedicatoria de fin de año. Igual hubo algo raro. La secretaria de Highton cortó el paso a Lorenzetti. Como si quisiera detenerlo. El ministro habrá pensado si no sería mejor retirar también su firma. De la dedicatoria, claro.

La intriga de la Corte se proyecta sobre la política. En la Casa Rosada temen que se haya formado una mayoría que, inspirada en enfrentamientos burocráticos, se exprese en fallos con trascendencia general. El ejemplo más a mano es el del «caso Blanco», en el que Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton fallaron en contra de la Anses. Más allá de las objeciones al criterio adoptado por los jueces, en el corazón del Poder Ejecutivo sospechan que la sentencia corona una maniobra. Para entenderla, aconsejan, hay que prestar atención al juego del PJ exkirchnerista. Extraen conclusiones de una red de relaciones. Lorenzetti tiene un vínculo muy cercano con Guillermo Seita, el operador de prensa y de negocios en cuyas oficinas se lanzaron los cuatro transeúntes de la avenida del medio: Juan Schiaretti, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa.

Vincular a Lorenzetti con ese cuarteto por los servicios comunes de Seita puede ser injusto. Por la misma línea se podría llegar a Amado Boudou, que durante un tiempo fue promovido por ese gestor a la intendencia marplatense. O a Horacio Rodríguez Larreta, a quien Seita ofrece también sus prestaciones. Aunque la proximidad de Larreta puede ser, para el círculo íntimo de Macri, una corroboración de la sospecha: allí creen que Larreta también está en una combinación con Massa, como se advirtió durante el intento de cambio de gabinete de comienzos de septiembre.

Con independencia de alianzas objetivas, Massa quiso sumarse al pronunciamiento de la Corte. Dijo que venía a corregir errores del Gobierno. Debe haber sido una ironía. Porque durante buena parte del período en que, a pesar de la inflación, las jubilaciones no se actualizaban la Anses estaba bajo las órdenes de Massa. Esa injusticia se enmendó gracias a Boudou, que estableció un mecanismo de indexación. En otras palabras: Massa festejó una sentencia que vino a corregir errores de Massa. Por fin una autocrítica.

Hay otro protagonista político en esta urdimbre. Es Elisa Carrió. Enemiga implacable de Lorenzetti, la diputada prestó atención especial a la acordada contra Rosenkrantz. Ella coincide en que hay un túnel entre los jueces y el PJ. Pero lo identifica con Pichetto, no con Seita. Carrió no apunta tanto al recorte de poder como al párrafo en el que se convalida la administración financiera del tribunal. Fue un respaldo a Héctor Marchi, el administrador de Lorenzetti, a quien Carrió acusó de enriquecimiento ilícito. El juez Sergio Torres archivó el caso por inexistencia de delito. Marchi querelló a Carrió, quien se amparó en sus fueros. La Cámara Civil le acaba de negar esa protección.

El aval a la gestión material de Marchi y, por elevación, de Lorenzetti abre una incógnita en la relación de la diputada con Rosatti. El magistrado llegó a la Corte gracias al respaldo de Carrió, quien respalda a poca gente. Los dos compartieron, igual que Maqueda, la Convención Constituyente de 1994. Carrió conversó de este duelo con varios diputados de su bloque. Les dijo: «Por ahora no voy a hablar. Quiero ver cuánto dura la adhesión de Rosatti a Lorenzetti. Pero sepan que en mi cruzada contra Marchi y Lorenzetti no voy a ceder».

Los cambios de alianza dentro del tribunal son incesantes. Si llaman la atención, es porque las enemistades se habían justificado en razones éticas. Macri suele comentar ante su entorno que no entiende cómo Lorenzetti puede asociarse con Rosatti «después de las cosas que me decía de él y de sus asesores». Carrió dice lo mismo de Rosatti en relación con Lorenzetti. No conocen, por lo visto, la lección del filósofo catamarqueño Jorge Díaz Martínez: «En política, la ética es un procedimiento para aplicar al adversario».

La respuesta resonó el viernes en uno de los salones de la quinta presidencial de Olivos: «No nos comemos ningún amague. Cristina va a ser candidata».

Mauricio Macri acababa de recibir a María Eugenia Vidal con los 69 intendentes bonaerenses de Cambiemos para insuflarles ánimo de cara a una campaña escarpada, y las conversaciones informales después de la cumbre quedaron dominadas por las especulaciones sobre el imprevisto viaje a Cuba de la expresidenta Kirchner.

La sola mención de la hipótesis de que Cristina abandone la carrera presidencial causa escalofríos en la dirigencia macrista. La lógica de la grieta es el factor que ordena el proyecto electoral de Cambiemos y lo mantiene con expectativas de ganar a pesar de la crisis económica que no da respiro y de los conflictos de convivencia en la coalición.

«Va a jugar», insiste un funcionario muy cercano al Presidente, a mitad de camino entre el análisis y el ruego. En términos generales, la tesis que desarrolló el consultor Jaime Durán Barba es que Cristina Kirchner encarna valores defendidos por una porción amplia de la sociedad, que tiene una base electoral demasiado sólida para entregarla sin nada a cambio y que, en todo caso, no hay nadie que pueda garantizarle un porvenir mejor si abandona la competencia.

En una mirada más microscópica, posterior a la exposición pública que hizo la expresidenta del estado de salud de su hija, en el círculo de confianza de Macri interpretaron que Cristina estaba dando la señal definitiva de que encarará el desafío electoral. Ven detrás del «caso Florencia» una jugada para conectar con sus votantes, similar a la construcción emocional que disparó su popularidad después de la muerte de Néstor Kirchner.

Como sea, el ecosistema político quedó temblando a partir de las señales ambiguas que emanan del búnker cristinista. La expresidenta resolvió su viaje al Caribe en el más estricto secreto. Solo media docena de personas -su hijo Máximo, Alberto Fernández, Oscar Parrilli, su abogado Carlos Beraldi- supieron con algo de anticipación el movimiento. El resto de los dirigentes kirchneristas se anotició por Twitter. Quedaron a la expectativa de un traductor.

Venían de una semana en la que había fallado severamente la planificación. Cristina llegó a creer en un triunfo de su candidato en Neuquén, Ramón Rioseco, que al final terminó a un mundo de distancia del gobernador Oscar Gutiérrez (MPN). La hoja de ruta presuponía ese resultado como una irrupción triunfal de su figura en la campaña nacional, seguida de horas críticas en los mercados para el Gobierno y coronada por el espectáculo -que igual siguió adelante- del juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso para desacreditar las investigaciones de corrupción contra la cúpula kirchnerista .

Al anuncio del viaje a Cuba le sucedió un operativo confusión al que hizo su aporte el operador Eduardo Valdés cuando dijo que «en este clima no tiene sentido que sea candidata» a la presidencia. Juan Grabois hizo su aporte al referirse a una supuesta «evaluación» que estaría haciendo la actual senadora sobre las ventajas y desventajas de presentarse.

Otros allegados a Cristina enviaron en privado señales contradictorias entre dirigentes propios y opositores con los que tienen trato. Al propio Máximo le atribuyen haber dicho que su madre está «dispuesta a todo» para que pierda Macri. Incluso si eso implicara ceder el testigo a otro aspirante capaz de unificar a la oposición. Creer o reventar.

En La Habana, mientras acompaña a su hija con la intimidad que le garantiza el gobierno cubano, Cristina no se va a desconectar de las noticias de Buenos Aires. En las próximas horas se espera que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo de colaboración judicial con el contador Víctor Manzanares, que puede desatar una nueva ola de detenciones en la causa de los cuadernos de las coimas . Fuentes judiciales señalan que figuras del entorno más cercano a la expresidenta podrían quedar salpicados por las revelaciones de ese hombre, un verdadero coleccionista de secretos de Estado.

El revuelo del viaje a Cuba ratificó que Cristina Kirchner subsiste como pieza determinante en el tablero de la política argentina. La solo hipótesis de su deserción -por improbable que suene- obliga a pensar todo de cero.

El peronismo baila al ritmo de esa intriga. Sergio Massa mantiene su candidatura, bastante invisibilizada por la instalación de su (¿ex?) asesor Roberto Lavagna, con la convicción de que Cristina no va a competir y que, entonces, él será el hombre mejor posicionado para atraer votos de todo el arco opositor.

Daniel Scioli preparó su acto de lanzamiento del jueves sin saber nada sobre el viaje de Cristina a Cuba. Pero su plan se sostiene en la fe y el optimismo de que ella ceda el lugar. En la construcción de su precandidatura trabajó el mandamás del PJ de La Matanza, Fernando Espinoza, que no para de ensalzar a la expresidenta, pero se entusiasma con un cambio de guardia que le permita convertirse en un kingmaker, al menos en la provincia de Buenos Aires.

El entorno de Lavagna también testea el ánimo de Cristina. Su proyecto presidencial se funda en la necesidad de una «tercera vía» que supere la polarización y pesque en el mar de los desencantados. Creen sus impulsores que si Macri y Cristina -con sus problemas de imagen a cuestas- van al choque Massa y Juan Manuel Urtubey terminarán por rendirse, al igual que los candidatos filokirchneristas como Scioli, Felipe Solá o Agustín Rossi.

Si, en cambio, quedara vacante el espacio principal de oposición a Macri la disputa sería feroz y se resolvería en un ambiente demasiado hostil para un hombre como Lavagna, que no tiene estructura política propia y no exhibe especial vocación por embarrarse en una interna peronista por el poder total.

A pesar del mensaje que baja de la cima del poder, en Cambiemos sobrevive la inquietud sobre un posible volantazo de Cristina. «No tenemos plan B. Estamos seguros de que es Macri contra Cristina. Esperemos no estar equivocados», se sincera un integrante de la mesa política de Cambiemos.

La variable Cristina figura hasta en el plan económico. Macri tenía en carpeta medidas financieras para enfrentar el previsible trauma en los mercados que podría causar el anuncio de la candidatura kirchnerista en momentos en que el Presidente fuera todavía incapaz de exhibir cifras de aprobación que garanticen su victoria.

Pero la crisis es cruel y el Presidente tuvo que jugar las cartas justo en la semana en que se intentó instalar la duda sobre la postulación de Cristina. El anuncio del permiso del FMI para vender hasta 60 millones de dólares por día para evitar saltos en la cotización de la divisa y la extensión del torniquete monetario eran medicinas pensadas para ser aplicadas durante el período de inscripción de listas.

En el laboratorio electoral de la Casa Rosada deslizan que un hipotético renunciamiento de la expresidenta implicará ajustes en la estrategia de campaña, pero no una reformulación total.

El mensaje central seguirá enfocado en que los argentinos tendrán que optar este año entre la normalización económico-institucional del país o el regreso al fracaso populista. El candidato que emergiera como referencia de la oposición heredará la carga de representar los valores kirchneristas, sostienen.

La tesis se resume en la expresión «son todos lo mismo», que involucra, de acuerdo con el mensaje macrista, a la gran mayoría de los peronistas. Acentuar esa percepción es el objetivo primordial del impulso a medidas como el proyecto de extinción de dominio, la ley de ética pública que obliga a transparentar los bienes de los sindicalistas y la reciente denuncia de Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura.

Sobre esto último se preguntaban ayer en el Gobierno: ¿cómo van a actuar el senador Miguel Ángel Pichetto o la diputada Graciela Camaño, figura clave del massismo? ¿Apoyarán el enjuiciamiento del magistrado que lleva la causa soñada por el kirchnerismo como el antídoto contra los cuadernos de Centeno? ¿O se resignarán a ser señalados como «cómplices» de la corrupción? «Para nosotros es win-win«, dijo un integrante del gabinete.

El Gobierno decidió entrar en esa batalla después de meditar durante semanas si debía o no darle entidad a lo que define como una maniobra de impunidad kirchnerista. Es lo que hay: Macri todavía no encuentra incentivos para jugarse la reelección en el terreno de la economía.