POLITICA
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
Alicia López, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la incorporación de activos no declarados en sus declaraciones patrimoniales.
En diálogo con Infobae al Amanecer, advirtió sobre dificultades técnicas y legales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y señaló una posible derivación hacia lavado de activos.
La exposición pública de Adorni, quien admitió haber ahorrado en negro y justificó la existencia de fondos sin declarar a través de inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, motivó la presentación de nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La rectificación patrimonial incorpora USD 513.000 en criptomonedas y concentra el eje de la investigación judicial.
La extitular de la UIF sostuvo que la estrategia declarativa de Adorni implica riesgos penales más graves que los discutidos al inicio. Según López, “es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario”.
La especialista explicó que, como las inversiones declaradas por Adorni corresponden a un período anterior a su desempeño como funcionario público, la figura de enriquecimiento ilícito pierde peso y la investigación podría encuadrarse en el delito de lavado de activos. “En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos”, indicó.
También planteó que la situación procesal de Adorni y del fiscal a cargo se vuelve más compleja por la necesidad de demostrar el origen y la trazabilidad del dinero involucrado, en especial por la naturaleza de las inversiones en criptomonedas.
Las dudas sobre el relato patrimonial
Para la exfuncionaria, el argumento de Adorni resulta poco verosímil desde el punto de vista técnico y de la experiencia del mercado. “Me da la impresión que Adorni se metió en un tema que está mal asesorado. Primero porque habla de colocaciones que hizo en un periodo, 2013-2018, yo soy contadora y en el 2013 poco y nada podía saber de las inversiones en criptomonedas, bitcoin fundamentalmente, y tampoco me hubiera atrevido a utilizar mis ahorros en algo que desconocía. La conclusión es poco creíble, esa es la realidad”, sentenció.
López consideró que las inconsistencias en los relatos de Adorni se suman a otras declaraciones previas cuestionadas y que la rectificación patrimonial no despeja las sospechas. “Es poco creíble todo lo que dijo antes. O sea que esto es algo que viene a acompañar todas las cosas que dijo antes con dos jubiladas, con mutuos, exactamente”.
López advirtió que la operatoria con criptomonedas dificulta la posibilidad de probar el origen de los fondos y su titularidad real. “Cuando vos iniciaste el ahorro en cripto, tuviste que tener cash. No hay forma de iniciar ninguna inversión si no es a través de cash. Hay que encontrar a dónde lo depositó”, explicó.
La extitular de la UIF detalló que, para acreditar la legitimidad de la inversión, Adorni debería presentar comprobantes financieros de una entidad reconocida que respalden el movimiento inicial de fondos. “Lo que sirve es el comprobante financiero de una entidad en la cual él puso el dinero cash y que le otorgó ese algoritmo”, señaló.
López agregó que las criptomonedas adquiridas en negro y la ausencia de regulación en 2013 dificultan la reconstrucción documental. “El primer problema es encontrar en dónde se puso el dinero. Si es que se transforma en lavado de activos, como yo pienso, porque no era funcionario público, ya ahora queda en manos de la Justicia empezar a demostrar toda esta trazabilidad”, afirmó.
Además, mencionó la posibilidad de simular titularidad mediante la compra de billeteras virtuales ajenas. “Una persona que tenía una billetera en 2013, son algoritmos y tienen una clave secreta, o sea, no dice que es Adorni. Él perfectamente le pueden dar una de aquella época y decir: ‘Es esta’”.
En su intervención, López también repasó el uso de instrumentos como los mutuos y las operaciones back to back en maniobras de lavado de dinero. “Los mutuos son muy utilizados por los lavadores. Porque es un instrumento válido para el back to back. Yo te doy la plata y vos me prestás algo. Y se registra todo en un mutuo”, comentó.
La exfuncionaria expresó su escepticismo sobre la transparencia y el control de los nuevos instrumentos financieros no regulados, y sostuvo que las explicaciones de Adorni resultan insuficientes para sostener su versión. “Me parece que realmente cada vez la va empeorando más”, cerró.
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POLITICA
Campaña anti Argentina: Milei habilitó por decreto a expulsar a los extranjeros que agravien al país o a sus ciudadanos
El Presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece como nueva causal de prohibición de ingreso y de expulsión del territorio nacional a cualquier extranjero que promueva o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, así como a quienes ultrajen los símbolos patrios, según informó la Oficina del Presidente.
La normativa responde a recientes manifestaciones consideradas hostiles hacia la República Argentina y sus habitantes. El decreto enfatiza que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable para el Gobierno Nacional. “Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, expresó Milei en el comunicado oficial.
Prohibiciones y fundamentos de la medida
El decreto incorpora formalmente como causa de inadmisión y expulsión del país a los extranjeros que dirijan o inciten expresiones de odio, discriminación y violencia por razones de nacionalidad, y a quienes realicen actos de ultraje contra los símbolos nacionales. La disposición abarca tanto la incitación pública como cualquier manifestación directa que implique un agravio a la identidad nacional.
La decisión fue justificada por el Ejecutivo en función de preservar la integridad social y el respeto hacia la Argentina y sus emblemas. Según la comunicación de la Oficina del Presidente, el endurecimiento en las políticas migratorias busca evitar situaciones que puedan poner en riesgo la convivencia y el orden institucional.
Contexto de la decisión y alcance
La medida surge en un contexto de tensión por recientes expresiones públicas consideradas agravios hacia la Argentina y sus ciudadanos. El Gobierno Nacional sostuvo que la soberanía y el respeto a los símbolos patrios son elementos esenciales que no admiten negociación.
Con este decreto, el Ejecutivo argentino refuerza su posición respecto a quiénes pueden permanecer en el territorio nacional, advirtiendo que cualquier acto percibido como ataque a la República será motivo suficiente para la denegación de ingreso o la expulsión inmediata, de acuerdo con la nueva normativa. La Oficina del Presidente subraya que la defensa de la Nación y sus principios es prioritaria ante cualquier circunstancia.
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POLITICA
El Gobierno prohibirá el ingreso al país a extranjeros que “expresen mensajes de odio” contra argentinos
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
El cambio fue dispuesto mediante el decreto de necesidad y urgencia 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y permitirá además cancelar la residencia de los extranjeros que incurran en esas conductas, con la posibilidad de ordenarles abandonar el país o disponer su expulsión. En la normativa, el Ejecutivo aclaró que no podrán incluirse dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas amparadas por la Constitución.
En los considerandos del decreto, el Gobierno sostiene que aumentaron considerablemente” los mensajes de odio y los actos de hostilidad y menosprecio dirigidos contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional. Según argumentó, esas manifestaciones representan un riesgo para los ciudadanos y quebrantan “el respeto básico” que deben mantener los extranjeros que pretendan ingresar o permanecer en el territorio nacional.
El texto de la normativa también señala que ese tipo de conductas desnaturaliza el sentido de la política migratoria argentina y afecta las condiciones de “convivencia armónica y paz social”. También se sostiene que las acciones de odio o la propagación de la violencia pueden producir un impacto concreto sobre la integridad, la salud y los derechos de las personas.
Noticia en desarrollo.
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POLITICA
Milei firmó un DNU para impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten al odio contra argentinos
El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir la entrada al país y disponer la expulsión de extranjeros que inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por su nacionalidad.
La Oficina del Presidente anunció la decisión y la vinculó con las “recientes manifestaciones de hostilidad” contra la Argentina. El decreto 681/2026 se publicó este jueves en el Boletín Oficial.
El mensaje del Gobierno tras anunciar la medida
En la parte final del documento, la administración de Milei justificó la decisión por lo que definió como recientes expresiones contra el país y sus habitantes.
“Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, sostuvo la Oficina del Presidente.
Qué establece el DNU firmado por Javier Milei
El DNU incorporó un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece las causas por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.
Según el decreto, la nueva normativa permitirá prohibir el ingreso o expulsar del territorio argentino a extranjeros que promuevan ataques contra el país, sus ciudadanos o sus símbolos.
A partir de la modificación, se impedirá la entrada a quienes hayan dirigido “mensajes de odio en forma oral o escrita” o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano por su nacionalidad.
La restricción también alcanzará a quienes hayan realizado, participado o incitado a cometer “actos de ultraje de símbolos patrios nacionales”.
Sin embargo, el texto aclara que no podrán quedar comprendidas dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de derechos constitucionales.
En los fundamentos, el Gobierno sostuvo que aumentaron “considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”.
Además, argumentó que esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de “convivencia armónica y paz social” que justifican la admisión y permanencia de extranjeros en el país.
En qué casos se podrá cancelar la residencia y ordenar una expulsión
El decreto también incorporó estas conductas como causal para cancelar la residencia de una persona extranjera que ya se encuentre dentro del territorio argentino.
La modificación del artículo 62 establece que podrá perder su residencia quien haya difundido mensajes de odio, promovido la violencia contra argentinos por su nacionalidad o participado en actos contra los símbolos patrios.
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En esos casos, la decisión podrá derivar en una intimación para abandonar el país dentro de un plazo determinado o directamente en la expulsión del territorio nacional.
Para adoptar esa medida, las autoridades deberán tener en cuenta “las circunstancias fácticas y personales del interesado”, según establece el nuevo texto del artículo 63.
Javier Milei, DNU, Extranjeros, odio
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