POLITICA
La reforma laboral de Milei encuentra aliados en el peronismo
La denominada ley de modernización laboral no tenía ni siquiera cinco días hábiles de vigencia cuando se concretó esta semana el primer apretón de manos entre una empresa y un sindicato para modificar la jornada laboral de 190 empleados que se desempeñan en una autopartista de Baradero. El mecanismo establece “un banco de 200 horas” para suspender tareas ante la falta de insumos o caída de la demanda, y recuperarlas cuando la actividad se recupere. Es apenas un fragmento del acuerdo que sellaron la compañía Ontec, del Grupo Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), cuyo jefe, Ricardo Pignanelli, es vicepresidente 5° del PJ, la fuerza que lidera Cristina Kirchner.
No son nuevos este tipo de acuerdos para el Smata. Sirvió como un atajo durante la crisis de 2001 y también en 2008, cuando pactó con Toyota un trato similar por la caída en la producción de camionetas como coletazo del enfrentamiento del kirchnerismo con los productores agrícolas. Con la automotriz japonesa también ensayó un convenio por productividad en 2018, durante la gestión de Cambiemos. “El banco de horas es una herramienta en caso de emergencia y si la coyuntura lo amerita. No es un acuerdo a la baja ni es a cambio de horas extras”, expuso su veta pragmática un directivo del Smata. La situación del gremio de los mecánicos no es ajena a la del resto de otras actividades industriales: caída de empleo (en el caso del Smata calcularon 8000 bajas en dos años), retroceso salarial e incertidumbre a futuro ante el avance a ritmo de machete de los productos importados.
Pignanelli supo ser uno de los interlocutores sindicales de Cristina Kirchner. También lo fue su ladero Mario Manrique, otro directivo del Smata que es hoy diputado nacional de Unión por la Patria. Tal vez con ellos la expresidenta mantuvo intercambios cuando en febrero de 2024 publicó una carta abierta de 33 páginas con una enumeración de reformas que consideraba necesarias y que en la gestión del Frente de Todos, como número dos de Alberto Fernández, jamás se atrevió a poner en marcha. En su mensaje, la expresidenta pidió aquella vez discutir “un plan de actualización laboral” y señaló que “las formas de contratación laboral deben ser revisadas mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo”. Más de dos años después de ese pronunciamiento, la gestión de Milei intenta forzar este debate en cientos de actividades tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.
Durante la semana se dio otro acuerdo novedoso que también involucró a un empresario cercano al Gobierno. La aerolínea low-cost Flybondi pactó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (Ataf) para implementar suspensiones rotativas de personal hasta que logre recomponer su flota de aeronaves. Se garantiza el pago del 70% de los ingresos para los empleados de la empresa, controlada hoy por COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, el empresario que oficia de nexo con la gestión estadounidense de Donald Trump y que sumó al menos 21 contratos con el Estado desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, según publicó en agosto de 2025.
Los sindicatos por empresa representan el ideal para la gestión libertaria. Así lo reconoció Patricia Bullrich cuando expuso el 14 de abril pasado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Ahora ustedes, (los empresarios), tienen que convertir las leyes en realidad. La modernización laboral está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense. Anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento”, los arengó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En ese discurso, elogió también la ley de inocencia fiscal a la que pidió adherirse Manuel Adorni por su intríngulis patrimonial.
En el país habría registrados 109 sindicatos por empresa, según informaron en la Secretaría de Trabajo. Salvo algún caso aislado, no suelen jactarse por su rebeldía o su afán por confrontar. El de Flybondi sirve tal vez como botón de muestra. La Ataf surgió en 2018 y logró su inscripción gremial en tiempo récord gracias a la celeridad que le dio al trámite Dante Sica, por entonces a cargo de la cartera laboral de la gestión de Cambiemos. La primera conducción de la Ataf quedó en manos de Fernando Granelli, un piloto que antes de llegar a Flybondi era comandante de MacAir, una empresa que formaba parte de Socma, del Grupo Macri. Voces del sector aeronáutico aseguran que la Ataf nació financiada por la misma empresa. Granelli no respondió cuando se lo consultó por estas versiones.
En tren de avanzar contra los sindicatos más poderosos, la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, activó ayer la convocatoria a empresarios y sindicalistas de diferentes actividades para renegociar convenios colectivos. La intención es fijar límites en el cobro de aportes extraordinarios para gremios y cámaras empresarias, pero también explorar posibilidades de ampliar la cantidad de sindicatos por empresas, según advirtieron fuentes de los tres sectores. La llave para abrir la discusión será la revisión de convenios colectivos que estarían vencidos. El atajo para dar este paso se habilitó en la nueva legislación laboral al retocar el concepto de ultraactividad, que implicaba que todos los convenios colectivos de trabajo tienen un tiempo de duración y, si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Eso ahora cambió, y el Gobierno apuesta a revisar 446 convenios, según publicó en la red social X Capital Humano, el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, que está bajo la órbita de Pettovello, se encontró con un inesperado obstáculo antes de lanzar la convocatoria. Su organismo no zafó de la poda de recursos, se redujeron cargos jerárquicos y hay áreas claves que desaparecieron. Una de ellas es la dirección de Asociaciones Sindicales, cuya misión era regular la vida interna de los sindicatos. Además, se cerraron delegaciones en las provincias y un área importante, como la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se encuentra saturada y con menos personal, según fuentes del sector. Allí se apilan trámites que pueden tardar años de resolución y es donde se resuelven las negociaciones salariales, que están supeditadas a que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dé el visto bueno final. “No tienen estructura para llamar a nadie”, desafió un dirigente gremial de trayectoria y perfil dialoguista. Un jerárquico de la Unión Industrial también advirtió sobre las demoras y la falta de interlocución oficial para “resolver conflictos o trámites”.
Otra ironía de la convocatoria a gremialistas y empresarios es que ni Corderno ni Pettovello firmaron los tres decretos que reglamentaron la denominada ley de “modernización laboral”. La normativa fue rubricada por Milei, Adorni, Sturzenegger y Caputo mediante los decretos 407, 408 y 409, publicados el 1° de junio en el Boletín Oficial.
Diferencias en la CGT
Frente a este nuevo desafío, la CGT está lejos todavía de articular una estrategia común. El triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo se contradice cada vez que alguno de ellos se expresa públicamente. A Jerónimo le facturaron hace unos días que haya insinuado que se evaluaba convocar a un nuevo paro general cuando ni siquiera se había discutido en la mesa chica. Sucedió lo mismo cuando el 24 de marzo marchó junto con Máximo Kirchner y se interpretó como un acercamiento de la CGT a La Cámpora. Ese episodio reabrió la grieta entre el kirchnerismo duro y el sindicalismo clásico, hoy más dispuesto a trabajar por la candidatura presidencial de Axel Kicillof que por el reclamo de “Cristina libre”.
La CGT, en alianza con las dos vertientes de la CTA, llevó esta semana sus reclamos contra Milei a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló en Suiza. Denunciaron al Gobierno de “destruir el sistema de relaciones laborales y derechos sociales” y celebraron que el organismo internacional haya instado a la gestión libertaria a “garantizar instancias de diálogo social tripartito”. Los gremios levantaron la voz en Ginebra mientras que en Buenos Aires el Gobierno urde una estrategia para debilitar su poder de representación y recaudación.
“El Gobierno está jugando fuerte a disciplinar: la sanción a La Fraternidad y la UTA, la reforma laboral y la intervención de la UOM”, enumeró un dirigente del transporte. “Los muchachos [por el triunvirato] parecen a veces desorientados”, cuestionó otro referente del sector de los servicios. Es probable que, ante esta barahúnda, la CGT reúna a su consejo directivo en los próximos días. De todos modos, en ninguna de las diferentes tribus, se percibe por ahora ánimo de ir hacia un conflicto. Es decir, una huelga no es hoy una alternativa viable.
El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común y en la admisión de sus dirigentes de que la herramienta del paro está oxidada. La huelga ya no es garantía de éxito ni de solución del conflicto.
La dispersión sindical quedó más en evidencia con la tibia reacción frente a la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un gremio histórico e influyente cuyas últimas elecciones estuvieron nubladas de sospechas, según el fallo del juez Víctor Arturo Pesino. Es cierto que Abel Furlán, surgido de la fábrica de Campana del Grupo Techint, había tomado distancia del nuevo triunvirato cegetista, pero apenas un tiempo atrás episodios como estos sirvieron para cohesionar al movimiento obrero. Eso no sucedió ahora.
En un intento por resistir a la intervención, Furlán asistió el martes último al Senado para presenciar la audiencia en la que expuso Pesino, impulsado por el Gobierno para continuar en la Cámara de Apelaciones del Trabajo a pesar de tener 75 años. Su pliego fue enviado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el día después de que fallara a favor de la reforma laboral libertaria, lo que sembró sospechas y provocó críticas de la oposición.
La Justicia designó a Alberto Biglieri como interventor de la UOM por 180 días. Su nombramiento no habría sido casual: Biglieri llegó gracias a una gestión del operador judicial macrista Daniel Angelici, pero sobre todo con el aval del ministro Mahiques, según reconstruyó de fuentes confiables. Con ambos tiene un vínculo cercano por su paso por el Consejo de la Magistratura porteño. Pettovello tal vez desconozca sobre este hilo de relaciones, aunque ella también tiene un lazo que la une de alguna manera con la UOM: una publicación de la Revista Caras de 1996 la vinculó en un fugaz romance con Lionel Miguel, el hijo del Loro, el histórico jefe metalúrgico. Una ironía del destino que el usuario de X @julianelen encontró en el archivo y lo divulgó en redes.
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El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha el Programa de Seguridad Migratoria mediante la resolución 551/2026 en Boletín Oficial. Se trata de una iniciativa que busca reforzar el control migratorio en el país y combatir los ilícitos.
Mediante una publicación en redes, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, contó que “el objetivo es seguir fortaleciendo nuestra política migratoria y nuestra política fronteriza”. A partir de esta iniciativa, se crearon las Unidades de Seguridad Migratoria para reforzar los controles, prevenir delitos y enfrentar a las organizaciones criminales.
El programa tiene siete componentes. El primero apunta a la actualización de la formación del personal de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), con foco en inspectores, supervisores, jefes de paso y analistas. El segundo extiende esa misma lógica a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para que puedan cumplir con mayor eficacia su rol de Policía Auxiliar Migratoria. El tercero prevé la mejora de los procesos de prevención, detección e investigación de delitos migratorios. El cuarto apunta a una mayor coordinación operativa entre la DNM y las fuerzas. El quinto es la creación de las Unidades de Seguridad Migratoria, tal como lo mencionó la funcionaria en el video. Los dos restantes contemplan la modernización de equipamiento e infraestructura y la ampliación de la cooperación internacional.
“Hemos venido dando una serie de pasos, planteando este programa de seguridad migratoria y que básicamente apunta a una capacitación especial, a procedimientos específicos de actuación. Muchas gracias a las fuerzas porque, como siempre, serán los que integrarán esta capacitación”, indicó Monteoliva.
De acuerdo con la reciente resolución, las Unidades de Seguridad Migratoria se crean en el ámbito de la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía Federal Argentina (PFA) y la Prefectura Naval Argentina. Según establece la resolución, estas unidades tendrán un rol meramente funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras organizativas. Su misión abarcará la prevención en áreas de control migratorio, el mantenimiento del orden público en zonas de frontera, la detección e investigación de ilícitos y las tareas subsidiarias de control migratorio. El personal que cumpla funciones dentro del programa llevará un distintivo de “Seguridad Migratoria”, independientemente de su dependencia de revista.
La norma establece que se deberán actualizar los mecanismos de actuación para que, en forma subsidiaria o ante situaciones de emergencia, esas fuerzas puedan llevar a cabo un control migratorio eficiente, con respeto por las responsabilidades primarias de cada institución. “El trabajo será realizado teniendo en cuenta las responsabilidades primarias de cada entidad, la eficacia, la complementación y el uso eficiente de las capacidades de las citadas instituciones”, reafirmaron en el texto oficial.
“Nuestro propósito es claro, nuestro propósito es firme. Quien no cumple la ley, no entra. Lo venimos diciendo, lo venimos afirmando. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad horas antes de que se formalice la medida. Bajo este propósito, instruyeron a la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos y Fortalecimiento Institucional y la Dirección Nacional de Formación y Desarrollo Profesional a implementar la formación del personal.
Los refuerzos comenzaron a materializarse luego de que el Gobierno publicó la Reforma Migratoria mediante el decreto 366/2025. La misma endureció los criterios para la residencia de extranjeros y facilitó los procesos de deportación para aquellos que cometan delitos en el país. También estableció mayores controles en las fronteras y regularizó la situación de inmigrantes, entre otros puntos.
Incluso, la puesta en marcha de este nuevo programa se conoció después de que la ministra anunciara la expulsión de 14.000 extranjeros del país en los últimos seis meses.
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POLITICA
El Gobierno hizo oficial la privatización de la Hidrovía y anunció que generará una baja del 13% en los costos logísticos
El Gobierno adjudicó la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay al consorcio integrado por la empresa belga Jan De Nul y la firma argentina Servimagnus, que operará la principal vía de transporte fluvial del país durante los próximos 25 años.
La decisión fue formalizada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la resolución que puso fin al proceso licitatorio iniciado a fines de 2025 para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.
La concesión comprende las tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento de la ruta fluvial que conecta gran parte de la producción argentina con los mercados internacionales y por donde circula alrededor del 80% de las exportaciones nacionales.
Según la documentación presentada por el adjudicatario, el proyecto prevé una facturación promedio anual de US$628,2 millones y un volumen de ingresos estimado en US$15.707 millones a lo largo de toda la concesión.
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Las proyecciones también contemplan un crecimiento del tráfico de embarcaciones durante los próximos 25 años. De acuerdo con la oferta, el movimiento internacional aumentaría un 38,1%, el transporte de cabotaje un 28,2% y el tránsito de buques al norte de Santa Fe un 52,4%.
Desde el Gobierno destacaron que la firma del contrato, prevista para los próximos 30 días, permitirá poner en marcha una nueva etapa de inversiones sobre la vía navegable. Entre las obras previstas figuran trabajos de profundización del canal, mejoras operativas e incorporación de tecnología destinada a fortalecer la seguridad de la navegación y las tareas de control contra el narcotráfico.
El Ministerio de Economía sostuvo además que la nueva concesión generará una reducción del 13,5% en los costos logísticos, lo que permitirá a los buques completar cargas en los puertos de origen y mejorar la competitividad de las exportaciones argentinas.
Según la evaluación oficial, las principales inversiones se concentrarán durante los primeros siete años de la concesión, mientras que la recuperación económica del proyecto comenzaría en la segunda etapa del contrato.
El organismo también destacó que el proceso licitatorio concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes. En ese sentido, señaló que la adjudicación contó con el respaldo de distintos actores vinculados a la actividad, entre ellos cámaras exportadoras, entidades empresarias, operadores portuarios y gobiernos provinciales de la región.
Como parte de las condiciones establecidas en el pliego, el adjudicatario deberá constituir una Sociedad de Propósito Específico, presentar garantías por US$40 millones para asegurar el cumplimiento del contrato y otra garantía especial por US$35 millones antes de la firma definitiva.
La concesión funcionará bajo un esquema de obra pública por peaje y a riesgo empresario, sin financiamiento estatal. El contrato tendrá una duración inicial de 25 años y contempla la posibilidad de una prórroga de hasta cinco años adicionales.
Desde el Gobierno definieron la adjudicación como el cierre del proceso de privatización de la Vía Navegable Troncal y sostuvieron que la medida marca el inicio de una etapa basada en la inversión privada, mientras que el Estado conservará funciones de regulación y control sobre la infraestructura estratégica.
Hidrovía, Gobierno, Transporte
En medio del escándalo desatado en Allen, provincia de Río Negro, este jueves el intendente Marcelo Román fue imputado por los delitos de administración fraudulenta y peculado. De la misma manera, se fijó un plazo de dos meses para la investigación penal preparatoria, que tendrá como fecha límite el 30 de agosto de este año.
De acuerdo con la causa impulsada por la fiscal jefe Graciela Echegaray y la fiscal del caso Celeste Benatti, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el jefe comunal habría sustraído fondos públicos municipales para autorizar la compra de un teléfono celular por $479.999, bajo la modalidad de servicio corporativo, con un abono mensual a nombre de la Municipalidad que significó un gasto de $596.812,38.
Durante la última audiencia, la Fiscalía detalló que el imputado apartó el dispositivo de la actividad patrimonial del municipio y se lo entregó a una persona ajena a la administración pública, sin vínculo contractual que legitimara la tenencia del bien estatal.
En este sentido, los fiscales sostuvieron que, al entregar el bien, el intendente quebrantó la custodia legal que debía ejercer sobre el patrimonio municipal, debido a que permitió que un tercero ajeno dispusiera del recurso como propio y generara un perjuicio al erario público.
Según la información publicada por el Ministerio Público de Río Negro, en la audiencia también estuvo presente un segundo acusado. Para la Fiscalía, su papel fue considerado esencial para la consumación del delito, debido a que recibió y utilizó el teléfono pese a que tenía conciencia de que no era agente municipal ni tenía designación oficial alguna.
De la misma manera, este individuo habría utilizado el dispositivo para dar órdenes y directivas indirectas a empleados de la Municipalidad, por lo que consideraron que se habría hecho uso de facultades propias de la gestión y habría consolidado así la disposición privada del recurso estatal.
Por este motivo, ambos fueron acusados bajo la figura de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado todo en concurso ideal”, conforme a los artículos 173, inciso 7, en función del 174 inc. 5, 261 primer párrafo, 45 y 54 del Código Penal. No obstante, para el segundo imputado, la acusación es como partícipe necesario de administración fraudulenta.
Como parte del sustento probatorio, la Fiscalía mencionó la denuncia penal del Tribunal de Cuentas de Allen, documentación institucional como el acta de asunción del intendente, la carta orgánica y copias de comodatos de celulares corporativos, así como la factura de compra del aparato involucrado. Además, se sumaron más de 35 entrevistas tomadas en sede fiscal.
Al mismo tiempo, figuró un informe del Departamento de Contaduría Forense del Ministerio Público de Río Negro, que analizó las órdenes de pago secuestradas en el allanamiento a la sede municipal. Además, se incluyeron copias certificadas de pagos internos y externos, facturas y transferencias a una empresa de telefonía, el legajo de la investigación del Tribunal de Cuentas y reportes de las divisiones judiciales e investigativas de San Antonio Oeste y Allen.
Por su parte, las defensas solicitaron que no se tengan por formulados los cargos y requirieron imputar como partícipe necesario a la entonces secretaria de Hacienda. Además, exigieron la exclusión de la declaración de la exfuncionaria como testigo, así como de la documentación recabada durante el allanamiento, la pericia contable y las extracciones realizadas del celular de la mencionada mujer.
Desde que se abrió una investigación en contra de Román, la ciudad enfrenta una fuerte crisis institucional tras la presentación de más de 3.000 firmas vecinales que solicitan la revocatoria de su mandato. La iniciativa fue impulsada por Silvina Cantero, una docente jubilada y ex afiliada al gremio docente provincial, junto a una ex empleada municipal despedida durante la gestión actual.
Cantero comenzó a reunir firmas a fines de 2025, tras argumentar una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales como eje central del reclamo. En el petitorio elevado al Concejo Municipal, se señaló que la administración evidenció una profunda ineptitud en el manejo de servicios básicos, lo que habría generado un estado de abandono progresivo que afectó la calidad de vida en los barrios de Allen.
Tras ser consultada por medios locales, la docente jubilada afirmó que la campaña para desplazar al intendente responde a una convicción personal y negó cualquier tipo de motivación política detrás de la iniciativa. Según la Carta Orgánica local, la acumulación de firmas permitiría activar el proceso formal de revocatoria de mandato ante el órgano legislativo municipal.
El petitorio fue entregado formalmente ante el Concejo Municipal en mayo de este año, por lo que deberá iniciar el procedimiento establecido por la normativa local. Mientras tanto, la gestión permanece bajo la presión de la investigación judicial y la demanda popular de cambio en la conducción del municipio.
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