La denominada ley de modernización laboral no tenía ni siquiera cinco días hábiles de vigencia cuando se concretó esta semana el primer apretón de manos entre una empresa y un sindicato para modificar la jornada laboral de 190 empleados que se desempeñan en una autopartista de Baradero. El mecanismo establece “un banco de 200 horas” para suspender tareas ante la falta de insumos o caída de la demanda, y recuperarlas cuando la actividad se recupere. Es apenas un fragmento del acuerdo que sellaron la compañía Ontec, del Grupo Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), cuyo jefe, Ricardo Pignanelli, es vicepresidente 5° del PJ, la fuerza que lidera Cristina Kirchner.

No son nuevos este tipo de acuerdos para el Smata. Sirvió como un atajo durante la crisis de 2001 y también en 2008, cuando pactó con Toyota un trato similar por la caída en la producción de camionetas como coletazo del enfrentamiento del kirchnerismo con los productores agrícolas. Con la automotriz japonesa también ensayó un convenio por productividad en 2018, durante la gestión de Cambiemos. “El banco de horas es una herramienta en caso de emergencia y si la coyuntura lo amerita. No es un acuerdo a la baja ni es a cambio de horas extras”, expuso su veta pragmática un directivo del Smata. La situación del gremio de los mecánicos no es ajena a la del resto de otras actividades industriales: caída de empleo (en el caso del Smata calcularon 8000 bajas en dos años), retroceso salarial e incertidumbre a futuro ante el avance a ritmo de machete de los productos importados.

Pignanelli supo ser uno de los interlocutores sindicales de Cristina Kirchner. También lo fue su ladero Mario Manrique, otro directivo del Smata que es hoy diputado nacional de Unión por la Patria. Tal vez con ellos la expresidenta mantuvo intercambios cuando en febrero de 2024 publicó una carta abierta de 33 páginas con una enumeración de reformas que consideraba necesarias y que en la gestión del Frente de Todos, como número dos de Alberto Fernández, jamás se atrevió a poner en marcha. En su mensaje, la expresidenta pidió aquella vez discutir “un plan de actualización laboral” y señaló que “las formas de contratación laboral deben ser revisadas mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo”. Más de dos años después de ese pronunciamiento, la gestión de Milei intenta forzar este debate en cientos de actividades tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.

Durante la semana se dio otro acuerdo novedoso que también involucró a un empresario cercano al Gobierno. La aerolínea low-cost Flybondi pactó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (Ataf) para implementar suspensiones rotativas de personal hasta que logre recomponer su flota de aeronaves. Se garantiza el pago del 70% de los ingresos para los empleados de la empresa, controlada hoy por COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, el empresario que oficia de nexo con la gestión estadounidense de Donald Trump y que sumó al menos 21 contratos con el Estado desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, según publicó en agosto de 2025.

Los sindicatos por empresa representan el ideal para la gestión libertaria. Así lo reconoció Patricia Bullrich cuando expuso el 14 de abril pasado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Ahora ustedes, (los empresarios), tienen que convertir las leyes en realidad. La modernización laboral está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense. Anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento”, los arengó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En ese discurso, elogió también la ley de inocencia fiscal a la que pidió adherirse Manuel Adorni por su intríngulis patrimonial.

En el país habría registrados 109 sindicatos por empresa, según informaron en la Secretaría de Trabajo. Salvo algún caso aislado, no suelen jactarse por su rebeldía o su afán por confrontar. El de Flybondi sirve tal vez como botón de muestra. La Ataf surgió en 2018 y logró su inscripción gremial en tiempo récord gracias a la celeridad que le dio al trámite Dante Sica, por entonces a cargo de la cartera laboral de la gestión de Cambiemos. La primera conducción de la Ataf quedó en manos de Fernando Granelli, un piloto que antes de llegar a Flybondi era comandante de MacAir, una empresa que formaba parte de Socma, del Grupo Macri. Voces del sector aeronáutico aseguran que la Ataf nació financiada por la misma empresa. Granelli no respondió cuando se lo consultó por estas versiones.

En tren de avanzar contra los sindicatos más poderosos, la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, activó ayer la convocatoria a empresarios y sindicalistas de diferentes actividades para renegociar convenios colectivos. La intención es fijar límites en el cobro de aportes extraordinarios para gremios y cámaras empresarias, pero también explorar posibilidades de ampliar la cantidad de sindicatos por empresas, según advirtieron fuentes de los tres sectores. La llave para abrir la discusión será la revisión de convenios colectivos que estarían vencidos. El atajo para dar este paso se habilitó en la nueva legislación laboral al retocar el concepto de ultraactividad, que implicaba que todos los convenios colectivos de trabajo tienen un tiempo de duración y, si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Eso ahora cambió, y el Gobierno apuesta a revisar 446 convenios, según publicó en la red social X Capital Humano, el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, que está bajo la órbita de Pettovello, se encontró con un inesperado obstáculo antes de lanzar la convocatoria. Su organismo no zafó de la poda de recursos, se redujeron cargos jerárquicos y hay áreas claves que desaparecieron. Una de ellas es la dirección de Asociaciones Sindicales, cuya misión era regular la vida interna de los sindicatos. Además, se cerraron delegaciones en las provincias y un área importante, como la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se encuentra saturada y con menos personal, según fuentes del sector. Allí se apilan trámites que pueden tardar años de resolución y es donde se resuelven las negociaciones salariales, que están supeditadas a que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dé el visto bueno final. “No tienen estructura para llamar a nadie”, desafió un dirigente gremial de trayectoria y perfil dialoguista. Un jerárquico de la Unión Industrial también advirtió sobre las demoras y la falta de interlocución oficial para “resolver conflictos o trámites”.

Otra ironía de la convocatoria a gremialistas y empresarios es que ni Corderno ni Pettovello firmaron los tres decretos que reglamentaron la denominada ley de “modernización laboral”. La normativa fue rubricada por Milei, Adorni, Sturzenegger y Caputo mediante los decretos 407, 408 y 409, publicados el 1° de junio en el Boletín Oficial.

Diferencias en la CGT

Frente a este nuevo desafío, la CGT está lejos todavía de articular una estrategia común. El triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo se contradice cada vez que alguno de ellos se expresa públicamente. A Jerónimo le facturaron hace unos días que haya insinuado que se evaluaba convocar a un nuevo paro general cuando ni siquiera se había discutido en la mesa chica. Sucedió lo mismo cuando el 24 de marzo marchó junto con Máximo Kirchner y se interpretó como un acercamiento de la CGT a La Cámpora. Ese episodio reabrió la grieta entre el kirchnerismo duro y el sindicalismo clásico, hoy más dispuesto a trabajar por la candidatura presidencial de Axel Kicillof que por el reclamo de “Cristina libre”.

La CGT, en alianza con las dos vertientes de la CTA, llevó esta semana sus reclamos contra Milei a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló en Suiza. Denunciaron al Gobierno de “destruir el sistema de relaciones laborales y derechos sociales” y celebraron que el organismo internacional haya instado a la gestión libertaria a “garantizar instancias de diálogo social tripartito”. Los gremios levantaron la voz en Ginebra mientras que en Buenos Aires el Gobierno urde una estrategia para debilitar su poder de representación y recaudación.

“El Gobierno está jugando fuerte a disciplinar: la sanción a La Fraternidad y la UTA, la reforma laboral y la intervención de la UOM”, enumeró un dirigente del transporte. “Los muchachos [por el triunvirato] parecen a veces desorientados”, cuestionó otro referente del sector de los servicios. Es probable que, ante esta barahúnda, la CGT reúna a su consejo directivo en los próximos días. De todos modos, en ninguna de las diferentes tribus, se percibe por ahora ánimo de ir hacia un conflicto. Es decir, una huelga no es hoy una alternativa viable.

El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común y en la admisión de sus dirigentes de que la herramienta del paro está oxidada. La huelga ya no es garantía de éxito ni de solución del conflicto.

La dispersión sindical quedó más en evidencia con la tibia reacción frente a la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un gremio histórico e influyente cuyas últimas elecciones estuvieron nubladas de sospechas, según el fallo del juez Víctor Arturo Pesino. Es cierto que Abel Furlán, surgido de la fábrica de Campana del Grupo Techint, había tomado distancia del nuevo triunvirato cegetista, pero apenas un tiempo atrás episodios como estos sirvieron para cohesionar al movimiento obrero. Eso no sucedió ahora.

En un intento por resistir a la intervención, Furlán asistió el martes último al Senado para presenciar la audiencia en la que expuso Pesino, impulsado por el Gobierno para continuar en la Cámara de Apelaciones del Trabajo a pesar de tener 75 años. Su pliego fue enviado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el día después de que fallara a favor de la reforma laboral libertaria, lo que sembró sospechas y provocó críticas de la oposición.

La Justicia designó a Alberto Biglieri como interventor de la UOM por 180 días. Su nombramiento no habría sido casual: Biglieri llegó gracias a una gestión del operador judicial macrista Daniel Angelici, pero sobre todo con el aval del ministro Mahiques, según reconstruyó de fuentes confiables. Con ambos tiene un vínculo cercano por su paso por el Consejo de la Magistratura porteño. Pettovello tal vez desconozca sobre este hilo de relaciones, aunque ella también tiene un lazo que la une de alguna manera con la UOM: una publicación de la Revista Caras de 1996 la vinculó en un fugaz romance con Lionel Miguel, el hijo del Loro, el histórico jefe metalúrgico. Una ironía del destino que el usuario de X @julianelen encontró en el archivo y lo divulgó en redes.