POLITICA
La reforma laboral de Milei encuentra aliados en el peronismo
La denominada ley de modernización laboral no tenía ni siquiera cinco días hábiles de vigencia cuando se concretó esta semana el primer apretón de manos entre una empresa y un sindicato para modificar la jornada laboral de 190 empleados que se desempeñan en una autopartista de Baradero. El mecanismo establece “un banco de 200 horas” para suspender tareas ante la falta de insumos o caída de la demanda, y recuperarlas cuando la actividad se recupere. Es apenas un fragmento del acuerdo que sellaron la compañía Ontec, del Grupo Mirgor, propiedad de Nicolás Caputo, y el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), cuyo jefe, Ricardo Pignanelli, es vicepresidente 5° del PJ, la fuerza que lidera Cristina Kirchner.
No son nuevos este tipo de acuerdos para el Smata. Sirvió como un atajo durante la crisis de 2001 y también en 2008, cuando pactó con Toyota un trato similar por la caída en la producción de camionetas como coletazo del enfrentamiento del kirchnerismo con los productores agrícolas. Con la automotriz japonesa también ensayó un convenio por productividad en 2018, durante la gestión de Cambiemos. “El banco de horas es una herramienta en caso de emergencia y si la coyuntura lo amerita. No es un acuerdo a la baja ni es a cambio de horas extras”, expuso su veta pragmática un directivo del Smata. La situación del gremio de los mecánicos no es ajena a la del resto de otras actividades industriales: caída de empleo (en el caso del Smata calcularon 8000 bajas en dos años), retroceso salarial e incertidumbre a futuro ante el avance a ritmo de machete de los productos importados.
Pignanelli supo ser uno de los interlocutores sindicales de Cristina Kirchner. También lo fue su ladero Mario Manrique, otro directivo del Smata que es hoy diputado nacional de Unión por la Patria. Tal vez con ellos la expresidenta mantuvo intercambios cuando en febrero de 2024 publicó una carta abierta de 33 páginas con una enumeración de reformas que consideraba necesarias y que en la gestión del Frente de Todos, como número dos de Alberto Fernández, jamás se atrevió a poner en marcha. En su mensaje, la expresidenta pidió aquella vez discutir “un plan de actualización laboral” y señaló que “las formas de contratación laboral deben ser revisadas mediante la actualización de los convenios colectivos de trabajo”. Más de dos años después de ese pronunciamiento, la gestión de Milei intenta forzar este debate en cientos de actividades tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso.
Durante la semana se dio otro acuerdo novedoso que también involucró a un empresario cercano al Gobierno. La aerolínea low-cost Flybondi pactó con la Asociación de Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (Ataf) para implementar suspensiones rotativas de personal hasta que logre recomponer su flota de aeronaves. Se garantiza el pago del 70% de los ingresos para los empleados de la empresa, controlada hoy por COC Global Enterprise, cuyo CEO es Leonardo Scatturice, el empresario que oficia de nexo con la gestión estadounidense de Donald Trump y que sumó al menos 21 contratos con el Estado desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, según publicó en agosto de 2025.
Los sindicatos por empresa representan el ideal para la gestión libertaria. Así lo reconoció Patricia Bullrich cuando expuso el 14 de abril pasado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. “Ahora ustedes, (los empresarios), tienen que convertir las leyes en realidad. La modernización laboral está en manos de las empresas. Hagan sindicatos por empresa, anímense. Anímense a contratar trabajadores que tienen un 70% de descuento”, los arengó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza. En ese discurso, elogió también la ley de inocencia fiscal a la que pidió adherirse Manuel Adorni por su intríngulis patrimonial.
En el país habría registrados 109 sindicatos por empresa, según informaron en la Secretaría de Trabajo. Salvo algún caso aislado, no suelen jactarse por su rebeldía o su afán por confrontar. El de Flybondi sirve tal vez como botón de muestra. La Ataf surgió en 2018 y logró su inscripción gremial en tiempo récord gracias a la celeridad que le dio al trámite Dante Sica, por entonces a cargo de la cartera laboral de la gestión de Cambiemos. La primera conducción de la Ataf quedó en manos de Fernando Granelli, un piloto que antes de llegar a Flybondi era comandante de MacAir, una empresa que formaba parte de Socma, del Grupo Macri. Voces del sector aeronáutico aseguran que la Ataf nació financiada por la misma empresa. Granelli no respondió cuando se lo consultó por estas versiones.
En tren de avanzar contra los sindicatos más poderosos, la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, activó ayer la convocatoria a empresarios y sindicalistas de diferentes actividades para renegociar convenios colectivos. La intención es fijar límites en el cobro de aportes extraordinarios para gremios y cámaras empresarias, pero también explorar posibilidades de ampliar la cantidad de sindicatos por empresas, según advirtieron fuentes de los tres sectores. La llave para abrir la discusión será la revisión de convenios colectivos que estarían vencidos. El atajo para dar este paso se habilitó en la nueva legislación laboral al retocar el concepto de ultraactividad, que implicaba que todos los convenios colectivos de trabajo tienen un tiempo de duración y, si no hay nuevos convenios, se mantiene el actual. Eso ahora cambió, y el Gobierno apuesta a revisar 446 convenios, según publicó en la red social X Capital Humano, el ministerio que encabeza Sandra Pettovello.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero, que está bajo la órbita de Pettovello, se encontró con un inesperado obstáculo antes de lanzar la convocatoria. Su organismo no zafó de la poda de recursos, se redujeron cargos jerárquicos y hay áreas claves que desaparecieron. Una de ellas es la dirección de Asociaciones Sindicales, cuya misión era regular la vida interna de los sindicatos. Además, se cerraron delegaciones en las provincias y un área importante, como la Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, se encuentra saturada y con menos personal, según fuentes del sector. Allí se apilan trámites que pueden tardar años de resolución y es donde se resuelven las negociaciones salariales, que están supeditadas a que el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, dé el visto bueno final. “No tienen estructura para llamar a nadie”, desafió un dirigente gremial de trayectoria y perfil dialoguista. Un jerárquico de la Unión Industrial también advirtió sobre las demoras y la falta de interlocución oficial para “resolver conflictos o trámites”.
Otra ironía de la convocatoria a gremialistas y empresarios es que ni Corderno ni Pettovello firmaron los tres decretos que reglamentaron la denominada ley de “modernización laboral”. La normativa fue rubricada por Milei, Adorni, Sturzenegger y Caputo mediante los decretos 407, 408 y 409, publicados el 1° de junio en el Boletín Oficial.
Diferencias en la CGT
Frente a este nuevo desafío, la CGT está lejos todavía de articular una estrategia común. El triunvirato de mando que integran Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo se contradice cada vez que alguno de ellos se expresa públicamente. A Jerónimo le facturaron hace unos días que haya insinuado que se evaluaba convocar a un nuevo paro general cuando ni siquiera se había discutido en la mesa chica. Sucedió lo mismo cuando el 24 de marzo marchó junto con Máximo Kirchner y se interpretó como un acercamiento de la CGT a La Cámpora. Ese episodio reabrió la grieta entre el kirchnerismo duro y el sindicalismo clásico, hoy más dispuesto a trabajar por la candidatura presidencial de Axel Kicillof que por el reclamo de “Cristina libre”.
La CGT, en alianza con las dos vertientes de la CTA, llevó esta semana sus reclamos contra Milei a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló en Suiza. Denunciaron al Gobierno de “destruir el sistema de relaciones laborales y derechos sociales” y celebraron que el organismo internacional haya instado a la gestión libertaria a “garantizar instancias de diálogo social tripartito”. Los gremios levantaron la voz en Ginebra mientras que en Buenos Aires el Gobierno urde una estrategia para debilitar su poder de representación y recaudación.
“El Gobierno está jugando fuerte a disciplinar: la sanción a La Fraternidad y la UTA, la reforma laboral y la intervención de la UOM”, enumeró un dirigente del transporte. “Los muchachos [por el triunvirato] parecen a veces desorientados”, cuestionó otro referente del sector de los servicios. Es probable que, ante esta barahúnda, la CGT reúna a su consejo directivo en los próximos días. De todos modos, en ninguna de las diferentes tribus, se percibe por ahora ánimo de ir hacia un conflicto. Es decir, una huelga no es hoy una alternativa viable.
El encogimiento del poder sindical no solo encuentra hoy razones en la caída del empleo registrado (la torta de potenciales afiliados es cada vez más chica), sino que también en su dificultad para articular una estrategia común y en la admisión de sus dirigentes de que la herramienta del paro está oxidada. La huelga ya no es garantía de éxito ni de solución del conflicto.
La dispersión sindical quedó más en evidencia con la tibia reacción frente a la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), un gremio histórico e influyente cuyas últimas elecciones estuvieron nubladas de sospechas, según el fallo del juez Víctor Arturo Pesino. Es cierto que Abel Furlán, surgido de la fábrica de Campana del Grupo Techint, había tomado distancia del nuevo triunvirato cegetista, pero apenas un tiempo atrás episodios como estos sirvieron para cohesionar al movimiento obrero. Eso no sucedió ahora.
En un intento por resistir a la intervención, Furlán asistió el martes último al Senado para presenciar la audiencia en la que expuso Pesino, impulsado por el Gobierno para continuar en la Cámara de Apelaciones del Trabajo a pesar de tener 75 años. Su pliego fue enviado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el día después de que fallara a favor de la reforma laboral libertaria, lo que sembró sospechas y provocó críticas de la oposición.
La Justicia designó a Alberto Biglieri como interventor de la UOM por 180 días. Su nombramiento no habría sido casual: Biglieri llegó gracias a una gestión del operador judicial macrista Daniel Angelici, pero sobre todo con el aval del ministro Mahiques, según reconstruyó de fuentes confiables. Con ambos tiene un vínculo cercano por su paso por el Consejo de la Magistratura porteño. Pettovello tal vez desconozca sobre este hilo de relaciones, aunque ella también tiene un lazo que la une de alguna manera con la UOM: una publicación de la Revista Caras de 1996 la vinculó en un fugaz romance con Lionel Miguel, el hijo del Loro, el histórico jefe metalúrgico. Una ironía del destino que el usuario de X @julianelen encontró en el archivo y lo divulgó en redes.
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POLITICA
Javier Milei reúne al Gabinete antes de enviar el proyecto sobre Malvinas al Congreso: la posible reunión con Trump
A lo largo de todo el fin de semana, los disintos equipos del Gobierno, con la Cancillería a la cabeza, estuvieron trabajando intensamente para poder tener listo el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que esperan intensificar el reclamo de soberanía de la Argentina sobre las islas Malvinas, aunque para eso deberán convencer primero a la oposición para aprobarlo en el Congreso.
Según pudo confirmar Infobae, si bien fueron muchas las áreas que intervinieron en la redacción del texto, debido a que la autoridad de aplicación será mayormente del Ministerio de Relaciones Exteriores, su titular, Pablo Quirno, fue el funcionario que más influyó, junto con el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Puntualmente, la medida va a plantear una serie de endurecimiento de las sanciones contra las empresas extranjeras que exploten recursos naturales en el archipiélago. Aunque al principio era solamente para evitar la extracción de hidrocarburos, en los últimos días se incluyó además la pesca.
Las modificaciones se harán más que nada sobre la base de la ley 26.659, sancionada en 2011, que ya prevé penas por este tipo de accionar, pero la intención es dejar explícito que la prohibición aplica para toda la extensión marítima hasta las 200 millas desde las costas argentinas, incluidas las islas.
Además, se buscará facilitar el juicio en ausencia para las compañías y sus directivos de otros países que incumplan con esto, así como también crear un marco jurídico para que las firmas que actualmente están realizando estas actividades en las Malvinas puedan retirarse y así no tengan consecuencias.
Sobre este tema va a conversar este lunes el preisdente Javier Milei cuando, a partir de las 10:00, lidere una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, que a lo largo de toda la jornada -y también parte de la del martes- será sede de la planificación de la estrategia para que el proyecto sea sancionado.
Es que, más tarde, desde las 15:00, el mandatario recibirá en la sede de Gobierno a diputados y senadores de La Libertad Avanza. La convocatoria tendrá como uno de sus ejes el análisis del libro La economía en una lección, del periodista y filósofo Henry Hazlitt, una obra que el libertario suele tomar como referencia en sus exposiciones sobre política económica.
Sin embargo, el encuentro también servirá para dialogar sobre los proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas, que incluye también el Presupuesto 2027, que deberá ser enviado mañana.
Del acto participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los jefes del bloque del oficialismo en ese recinto, Gabriel Bornoroni, y del Senado, Patricia Bullrich, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.
No se descarta la asistencia de algún ministro, como ocurrió en el encuentro pasado, al que fueron el de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
En la Casa Rosada consideran que la discusión sobre la soberanía de las islas puede ordenar parte de la agenda legislativa, mientras el Gobierno intenta sostener el respaldo de sus aliados para avanzar con otras iniciativas pendientes.
Incluso, tal como anticipó este medio, el Presidente no descarta pedirle la intervención en este asunto a los Estados Unidos, si es que finalmente logra acordar una reunión con su par norteamericano, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de la ONU.
La Argentina ya forma parte del Board of Peace (Junta por la Paz), el organismo que inauguró el republicano meses atrás para involucrarse más activamente en diferentes conflictos globales, como las guerras en Medio Oriente y entre Rusia y Ucrania, siempre por fuera de las Naciones Unidas.
El grupo cuenta con una estructura ejecutiva integrada, entre otros, por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio; el enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff; el consejero Jared Kushner, y el ex primer ministro británico Tony Blair.
Desde hace un tiempo, Trump viene dando señales de estar analizando abandonar la posición históricamente neutral de su país con respecto a Malvinas, aunque por el momento no dio definiciones finales al respecto.
“(Los británicos) tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que deben resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos (…) estamos hablando de semanas en barcos. Estoy seguro que me involucrarían en ese desastre potencial, pero probablemente sería capaz de solucionarlo”, comentó recientemente.
Por su parte, el Reino Unido está en una situación compleja, no solo por las tensiones con Washington, sino también con sus propios vecinos: este mismo lunes, líderes de los partidos nacionalistas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte se reunirán en Cardiff para firmar un memorando de entendimiento en favor de la independencia y exigirle a Londres la convocatoria de referendos en sus respectivos territorios.
En este escenario, Milei enviará el proyecto de ley con el que, además, propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por funcionarios de Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Según trascendió, el Poder Ejecutivo le solicitará al Congreso facultades especiales para ese organismo, con el argumento de que pueda actuar con rapidez cuando detecte, por ejemplo, algún barco extranjero que ingrese sin autorización en las 200 millas que componen la Zona Económica Exclusiva (ZEE)
Hacia la noche, solamente los diputados libertarios se trasladarán al local recientemente inaugurado en el barrio porteño de San Telmo, que pertenece a la estructura bonaerense, aunque está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
El anfitrión será Sebastián Pareja, en su rol de titular del espacio en la provincia, aunque también se espera la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien conduce el partido a nivel nacional.
De esta manera, se cerrará el día en el que el oficialismo comenzará a coordinar la estrategia antes de una semana marcada por el envío del proyecto sobre Malvinas y la preparación del Presupuesto 2027.
El martes continuará esta tarea cuando se reúna la mesa política, encabezada por la funcionaria e integrada además por Santilli, Devitt, los Menem, Bullrich, Santiago Caputo y Fernández, además del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.
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POLITICA
Villa La Angostura: la Justicia ordenó completar un desalojo mapuche que quedó inconcluso en agosto
La Justicia de Neuquén ordenó completar el desalojo de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, donde permanece un grupo de integrantes de una comunidad mapuche. La medida había comenzado a ejecutarse el 19 de agosto, pero quedó inconclusa luego de que la Policía desalojara una parte del terreno y suspendiera el operativo antes de avanzar sobre otro sector en el que se encontraban menores.
El juez Francisco Astoul Bonorino libró ahora un nuevo mandamiento de desalojo para completar la diligencia, aunque no estableció una fecha para su ejecución.
El conflicto judicial se inició en 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron sin autorización a un predio y, según la denuncia de la propietaria, impidieron su ingreso al lugar. A comienzos de 2012, María Cristina Broers denunció la usurpación de las tierras, un lote pastoril de aproximadamente 625 hectáreas.
Con el paso del tiempo, integrantes de la familia Quintriqueo se sumaron a la ocupación y conformaron la comunidad identificada como Lof Kinxikew. A partir de entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, en las que los planteos de la defensa fueron rechazados y se mantuvo la orden de restitución del inmueble.
El operativo iniciado en agosto permitió desalojar a integrantes de la Lof Melo de uno de los sectores del predio. Cuando las fuerzas de seguridad se disponían a avanzar sobre el resto de las tierras, la presencia de menores y la ausencia de funcionarios vinculados a organismos de minoridad llevaron a interrumpir la diligencia.
El nuevo mandamiento judicial apunta precisamente al sector en el que permanecen integrantes de la Lof Kinxikew.
Un predio atravesado por la Ruta 40
Las tierras en conflicto se encuentran entre Bariloche y Villa La Angostura y son atravesadas por la Ruta Nacional 40. La Lof Melo ocupaba un sector del perilago, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. La nueva etapa del operativo se concentrará en el sector opuesto del predio.
Después del desalojo parcial del 19 de agosto, una numerosa caravana de vehículos llegó hasta el lugar en señal de acompañamiento a los integrantes de la comunidad que permanecían en las tierras.
Broers sostiene que es propietaria del inmueble desde 1969 y cuenta con documentación que acredita la titularidad registral. Su reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta obtener resoluciones favorables que dejaron firme la orden de restitución.
Un expediente que lleva más de una década
La causa tuvo distintos capítulos antes de llegar a la instancia de ejecución. En marzo de este año, una comitiva integrada por alrededor de una decena de funcionarios judiciales de Neuquén se trasladó hasta la zona para avanzar con el desalojo. Sin embargo, el operativo no pudo concretarse por la falta de efectivos de la Policía provincial destinados a cumplir la medida.
En ese momento, fuentes vinculadas a la parte denunciante atribuyeron la ausencia de efectivos a una eventual decisión política del gobierno neuquino para evitar el costo que podía generar un operativo de estas características. Esa interpretación no fue confirmada oficialmente.
En abril de 2025, la Justicia había reiterado la orden de efectivizar el desalojo. “El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo”, señalaron entonces a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.
La situación procesal quedó consolidada luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara, en julio de 2023, un recurso presentado por la comunidad contra la sentencia que había ordenado el desalojo. Esa decisión confirmó el fallo de primera instancia y dejó habilitada la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.
En octubre de 2024, el TSJ de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia. De ese modo, quedó firme la orden de restitución del inmueble y expedita su ejecución.
El conflicto por la ocupación
Broers sostiene que los integrantes de la familia Melo ingresaron al inmueble alegando una preexistencia ancestral sobre las tierras. Según la documentación invocada por la propietaria, los ocupantes tampoco cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Posteriormente, integrantes de la familia Quintriqueo se incorporaron a la ocupación y comenzaron a identificarse como Lof Kinxikew.
Desde el sector denunciante sostienen que, una vez agotadas las instancias judiciales, la discusión dejó de estar centrada en la validez de la orden de desalojo y pasó a concentrarse en su ejecución.
La respuesta de la Confederación Mapuche
Luego del operativo del 19 de agosto, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que denunció un “violento despojo” de las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y cuestionó el despliegue de fuerzas de seguridad provinciales.
La organización acusó al Gobierno neuquino de haber intervenido directamente en el operativo y cuestionó las decisiones que derivaron en el desalojo.
Desde la otra parte del conflicto remarcaron que el procedimiento policial respondió a una orden judicial y que las fuerzas de seguridad actuaron para cumplir una medida dispuesta por la Justicia.
La Confederación Mapuche también cuestionó al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien acusó de haber mantenido conversaciones con integrantes de las comunidades mientras se preparaba el operativo.
Por ahora, la Justicia no fijó una fecha para completar el desalojo. La parte denunciante evalúa gestionar nuevamente el acompañamiento necesario para garantizar la ejecución de la medida, mientras en el predio todavía permanece el grupo de ocupantes alcanzado por la orden judicial.
Este último martes 8 de septiembre, en plena sesión de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados de Chile, un legislador trazó un paralelo entre dos de las disputas territoriales más sensibles del Cono Sur: las Islas Malvinas y el Estrecho de Magallanes.
El diputado que pronunció esas palabras es Javier Olivares Avendaño, miembro del Partido de la Gente —fuerza de derecha populista— y presidente de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado. Su intervención fue parte del debate vinculado con el ida y vuelta que se registra entre personalidades de ambos países por la soberanía del Estrecho, desatado días antes por las declaraciones de un alto mando militar argentino. Con un breve titubeo previo, Olivares Avendaño tomó el micrófono y sentenció: “Es decir, así como las Falkland son inglesas, el Estrecho de Magallanes es chileno”.
Lo dicho por el legislador ocurrió en plena sesión de la comisión parlamentaria, ante sus pares, en un escenario institucional formal. El contexto inmediato de sus palabras era el contrapunto diplomático que había derivado de las declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien a fines de agosto se refirió al Estrecho como un espacio de “soberanía”. Esa sola afirmación bastó para que Santiago enviara una nota de protesta formal a Buenos Aires y para que varios legisladores chilenos de distintas fuerzas políticas alzaran la voz contra el Gobierno argentino.
La tensión se descomprimió cuando el ministro de Defensa de Argentina, Carlos Presti, llamó a su par chileno, Fernando Barros Tocornal, y atribuyó los dichos de Valverde “a una confusión y desprolijidad”, según explicaron desde el Ministerio de Defensa de Chile. En esa comunicación, Presti aseguró que el brigadier conoce “la legislación, tratados y fallos vigentes sobre la materia” y dejó asentado que el Gobierno de Javier Milei entiende que “no está en discusión que el Estrecho de Magallanes es chileno”. Sin embargo, la oposición chilena consideró que esa respuesta no alcanzó.
Fue, precisamente, esa lectura la que motorizó el siguiente paso parlamentario. El martes posterior, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna por 57 votos a favor, 49 en contra y una abstención. La instancia quedó fijada para el 28 de septiembre. Congresistas de la oposición señalaron que la Cancillería tuvo una actuación “desprolija” y “ambigua” bajo la conducción de Pérez Mackenna, y que las medidas adoptadas frente a Buenos Aires fueron “muy débiles”.
Todo esto se desarrolló mientras el gobierno de José Antonio Kast mantenía, en paralelo, una posición diferente a la de Olivares Avendaño respecto de las Malvinas. El propio Kast había respaldado la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas durante la visita de Milei a Santiago, y en la reunión bilateral del 3 de septiembre ambos mandatarios acordaron por escrito que “el régimen jurídico del Estrecho de Magallanes es el establecido por el Tratado de 1881 y por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, instrumentos que se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo”.
En ese mismo marco, Kast reiteró el apoyo de Chile a los derechos soberanos de Argentina sobre las islas y los espacios marítimos circundantes, e instó a que ambos países reanuden las negociaciones “a la mayor brevedad posible”.
Así, mientras la posición oficial del Ejecutivo chileno se mantenía alineada con el reclamo argentino, la declaración del diputado del Partido de la Gente apuntaba en la dirección opuesta, al equiparar la postura británica sobre el archipiélago con la chilena sobre el Estrecho. La interpelación al canciller, programada para el 28 de septiembre, será la próxima instancia en la que el Congreso chileno evaluará la gestión diplomática del Gobierno local.
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