POLITICA
Macri descuenta que Cristina será candidata
La respuesta resonó el viernes en uno de los salones de la quinta presidencial de Olivos: «No nos comemos ningún amague. Cristina va a ser candidata».
Mauricio Macri acababa de recibir a María Eugenia Vidal con los 69 intendentes bonaerenses de Cambiemos para insuflarles ánimo de cara a una campaña escarpada, y las conversaciones informales después de la cumbre quedaron dominadas por las especulaciones sobre el imprevisto viaje a Cuba de la expresidenta Kirchner.
La sola mención de la hipótesis de que Cristina abandone la carrera presidencial causa escalofríos en la dirigencia macrista. La lógica de la grieta es el factor que ordena el proyecto electoral de Cambiemos y lo mantiene con expectativas de ganar a pesar de la crisis económica que no da respiro y de los conflictos de convivencia en la coalición.
«Va a jugar», insiste un funcionario muy cercano al Presidente, a mitad de camino entre el análisis y el ruego. En términos generales, la tesis que desarrolló el consultor Jaime Durán Barba es que Cristina Kirchner encarna valores defendidos por una porción amplia de la sociedad, que tiene una base electoral demasiado sólida para entregarla sin nada a cambio y que, en todo caso, no hay nadie que pueda garantizarle un porvenir mejor si abandona la competencia.
En una mirada más microscópica, posterior a la exposición pública que hizo la expresidenta del estado de salud de su hija, en el círculo de confianza de Macri interpretaron que Cristina estaba dando la señal definitiva de que encarará el desafío electoral. Ven detrás del «caso Florencia» una jugada para conectar con sus votantes, similar a la construcción emocional que disparó su popularidad después de la muerte de Néstor Kirchner.
Como sea, el ecosistema político quedó temblando a partir de las señales ambiguas que emanan del búnker cristinista. La expresidenta resolvió su viaje al Caribe en el más estricto secreto. Solo media docena de personas -su hijo Máximo, Alberto Fernández, Oscar Parrilli, su abogado Carlos Beraldi- supieron con algo de anticipación el movimiento. El resto de los dirigentes kirchneristas se anotició por Twitter. Quedaron a la expectativa de un traductor.
Venían de una semana en la que había fallado severamente la planificación. Cristina llegó a creer en un triunfo de su candidato en Neuquén, Ramón Rioseco, que al final terminó a un mundo de distancia del gobernador Oscar Gutiérrez (MPN). La hoja de ruta presuponía ese resultado como una irrupción triunfal de su figura en la campaña nacional, seguida de horas críticas en los mercados para el Gobierno y coronada por el espectáculo -que igual siguió adelante- del juez Alejo Ramos Padilla en el Congreso para desacreditar las investigaciones de corrupción contra la cúpula kirchnerista .
Al anuncio del viaje a Cuba le sucedió un operativo confusión al que hizo su aporte el operador Eduardo Valdés cuando dijo que «en este clima no tiene sentido que sea candidata» a la presidencia. Juan Grabois hizo su aporte al referirse a una supuesta «evaluación» que estaría haciendo la actual senadora sobre las ventajas y desventajas de presentarse.
Otros allegados a Cristina enviaron en privado señales contradictorias entre dirigentes propios y opositores con los que tienen trato. Al propio Máximo le atribuyen haber dicho que su madre está «dispuesta a todo» para que pierda Macri. Incluso si eso implicara ceder el testigo a otro aspirante capaz de unificar a la oposición. Creer o reventar.
En La Habana, mientras acompaña a su hija con la intimidad que le garantiza el gobierno cubano, Cristina no se va a desconectar de las noticias de Buenos Aires. En las próximas horas se espera que el juez Claudio Bonadio homologue el acuerdo de colaboración judicial con el contador Víctor Manzanares, que puede desatar una nueva ola de detenciones en la causa de los cuadernos de las coimas . Fuentes judiciales señalan que figuras del entorno más cercano a la expresidenta podrían quedar salpicados por las revelaciones de ese hombre, un verdadero coleccionista de secretos de Estado.
El revuelo del viaje a Cuba ratificó que Cristina Kirchner subsiste como pieza determinante en el tablero de la política argentina. La solo hipótesis de su deserción -por improbable que suene- obliga a pensar todo de cero.
El peronismo baila al ritmo de esa intriga. Sergio Massa mantiene su candidatura, bastante invisibilizada por la instalación de su (¿ex?) asesor Roberto Lavagna, con la convicción de que Cristina no va a competir y que, entonces, él será el hombre mejor posicionado para atraer votos de todo el arco opositor.
Daniel Scioli preparó su acto de lanzamiento del jueves sin saber nada sobre el viaje de Cristina a Cuba. Pero su plan se sostiene en la fe y el optimismo de que ella ceda el lugar. En la construcción de su precandidatura trabajó el mandamás del PJ de La Matanza, Fernando Espinoza, que no para de ensalzar a la expresidenta, pero se entusiasma con un cambio de guardia que le permita convertirse en un kingmaker, al menos en la provincia de Buenos Aires.
El entorno de Lavagna también testea el ánimo de Cristina. Su proyecto presidencial se funda en la necesidad de una «tercera vía» que supere la polarización y pesque en el mar de los desencantados. Creen sus impulsores que si Macri y Cristina -con sus problemas de imagen a cuestas- van al choque Massa y Juan Manuel Urtubey terminarán por rendirse, al igual que los candidatos filokirchneristas como Scioli, Felipe Solá o Agustín Rossi.
Si, en cambio, quedara vacante el espacio principal de oposición a Macri la disputa sería feroz y se resolvería en un ambiente demasiado hostil para un hombre como Lavagna, que no tiene estructura política propia y no exhibe especial vocación por embarrarse en una interna peronista por el poder total.
A pesar del mensaje que baja de la cima del poder, en Cambiemos sobrevive la inquietud sobre un posible volantazo de Cristina. «No tenemos plan B. Estamos seguros de que es Macri contra Cristina. Esperemos no estar equivocados», se sincera un integrante de la mesa política de Cambiemos.
La variable Cristina figura hasta en el plan económico. Macri tenía en carpeta medidas financieras para enfrentar el previsible trauma en los mercados que podría causar el anuncio de la candidatura kirchnerista en momentos en que el Presidente fuera todavía incapaz de exhibir cifras de aprobación que garanticen su victoria.
Pero la crisis es cruel y el Presidente tuvo que jugar las cartas justo en la semana en que se intentó instalar la duda sobre la postulación de Cristina. El anuncio del permiso del FMI para vender hasta 60 millones de dólares por día para evitar saltos en la cotización de la divisa y la extensión del torniquete monetario eran medicinas pensadas para ser aplicadas durante el período de inscripción de listas.
En el laboratorio electoral de la Casa Rosada deslizan que un hipotético renunciamiento de la expresidenta implicará ajustes en la estrategia de campaña, pero no una reformulación total.
El mensaje central seguirá enfocado en que los argentinos tendrán que optar este año entre la normalización económico-institucional del país o el regreso al fracaso populista. El candidato que emergiera como referencia de la oposición heredará la carga de representar los valores kirchneristas, sostienen.
La tesis se resume en la expresión «son todos lo mismo», que involucra, de acuerdo con el mensaje macrista, a la gran mayoría de los peronistas. Acentuar esa percepción es el objetivo primordial del impulso a medidas como el proyecto de extinción de dominio, la ley de ética pública que obliga a transparentar los bienes de los sindicalistas y la reciente denuncia de Ramos Padilla ante el Consejo de la Magistratura.
Sobre esto último se preguntaban ayer en el Gobierno: ¿cómo van a actuar el senador Miguel Ángel Pichetto o la diputada Graciela Camaño, figura clave del massismo? ¿Apoyarán el enjuiciamiento del magistrado que lleva la causa soñada por el kirchnerismo como el antídoto contra los cuadernos de Centeno? ¿O se resignarán a ser señalados como «cómplices» de la corrupción? «Para nosotros es win-win«, dijo un integrante del gabinete.
El Gobierno decidió entrar en esa batalla después de meditar durante semanas si debía o no darle entidad a lo que define como una maniobra de impunidad kirchnerista. Es lo que hay: Macri todavía no encuentra incentivos para jugarse la reelección en el terreno de la economía.
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La incertidumbre se apoderó de la vida pública. A tal punto que lo único estable parece ser el dólar. Los vientos del mundo -dirigidos por la tasa de interés de la Reserva Federal de los EE.UU., el precio del petróleo y la guerra comercial entre Washington y Pekín- se han vuelto imprevisibles. Brasil seguirá siendo una nave a la deriva, hasta que Bolsonaro se familiarice con la consola del Estado. La economía local ingresó en una recesión cuya otra orilla aún se desconoce. El Congreso es un mosaico en el que ninguna fracción puede fijar un rumbo por sí sola. El horizonte electoral se esconde detrás de la neblina. Y para un futuro todavía más dudoso, estalló un conflicto interno en la Corte.
Las consecuencias finales del enfrentamiento todavía están por verse. Sus integrantes preparan un espectáculo pocas veces visto: ministros de un tribunal supremo que recurren a los tribunales para resolver sus diferencias. Un atractivo más para el turismo receptivo.
La disputa se procesa a través de golpes de palacio. A comienzos de septiembre, los jueces Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz comunicaron a Ricardo Lorenzetti que ya estaba redactada la acordada que determinaba su reemplazo. Con la excepción de Juan Carlos Maqueda, todos votaron por Rosenkrantz, incluido Lorenzetti. Anteayer, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti comunicaron a Rosenkrantz que ya estaba redactada la acordada que lo despojaba de sus principales atribuciones como presidente. El enorme poder administrativo del que había gozado Lorenzetti, como sus innumerables antecesores, quedó socializado entre los jueces. Como el calendario de las sentencias se fija ahora por anticipado, la titularidad de la Corte asumió un rol decorativo.
Rosatti jugó en los dos equipos. El de los que defenestraron a Lorenzetti y el de los que desahuciaron a Rosenkrantz. Esa ubicuidad se escuda detrás de un pretexto irreprochable: impedir el personalismo. En ambos casos. Maqueda, en cambio, negó a Rosenkrantz, a quien no eligió como presidente, un poder que no le molestaba en Lorenzetti. Lorenzetti también le negó a Rosenkrantz un poder que no le molestaba en Lorenzetti.
Para jibarizar la jefatura de Rosenkrantz, los tres conjurados modificaron una acordada de 1961 que había establecido las funciones del presidente. Rosenkrantz planteó su propia reforma. Se negó a que, como establecieron sus rivales, pudieran hacerse contratos o designaciones con la firma de tres ministros. Y exigió que uno de ellos fuera siempre el presidente. Sostuvo su reclamo en lo que establece la ley 11.672, que en su artículo 4º indica que el administrador de las partidas asignadas por el presupuesto nacional será el presidente de la Corte. El corolario del argumento de Rosenkrantz es evidente. E inquietante. Lorenzetti, Rosatti y Maqueda se habrían puesto al margen de la ley. Solo el Congreso podría reducir el poder del titular del tribunal. No una acordada.
¿Rosenkrantz demandará a sus pares ante la Justicia? ¿Recurrirá, como sugieren algunos de sus colaboradores, al artículo 248 del Código Penal? Dice así: «Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». Si el enfrentamiento adquiriera esta dinámica, su desenlace sería imprevisible. ¿Podrían Lorenzetti, Rosatti y Maqueda destituir a Rosenkrantz? Tendrían un límite: la dificultad para acordar la identidad del sucesor.
La lucha entre el presidente de la Corte y este trío de colegas es una sofisticada partida de ajedrez si se la compara con la que tiene enredados a Lorenzetti y a Highton. La jueza no se plegó a la acordada contra Rosenkrantz. Pero antes la había firmado. Estrechísimos colaboradores de ella afirman que se había plegado a la mayoría por invitación de Lorenzetti. Pero que, cuando Rosenkrantz le hizo notar que el recorte de facultades que se disponía era ilegal, prefirió disentir. La versión se va volviendo truculenta. Según esos íntimos de Highton, Lorenzetti le impidió retirar la firma, razón por la cual tuvo que tachar el texto original. La versión que divulga el entorno de la jueza asegura que el expresidente de la Corte habría amenazado a Highton con inducir una avalancha de recusaciones, basadas en su supuesta parcialidad a favor del Poder Ejecutivo, que convalidó su permanencia en el cargo a pesar de tener más de 75 años. Lorenzetti habría asegurado, siempre de acuerdo con los funcionarios de la ministra, contar con el apoyo de Rosatti y de Maqueda para esa operación.
Lorenzetti no se queda atrás. Sus voceros prometen que, en la sesión de acuerdos de la próxima semana, pedirá una investigación para que se esclarezca por qué hubo un cambio de firma. Sugieren que fue para obedecer a Rosenkrantz por alguna intimidación distinta del argumento jurídico. A estas alturas sería interesante que Highton declarara ante alguna sede que pueda determinar lo que ocurrió.
Es curioso que, a pesar de imputaciones tan poco edificantes, el vínculo de Lorenzetti con la jueza parece conservar su antigua lozanía. Ayer por la tarde el expresidente visitó el despacho de su colega para dejarle un libro de su autoría, con una afectuosa dedicatoria de fin de año. Igual hubo algo raro. La secretaria de Highton cortó el paso a Lorenzetti. Como si quisiera detenerlo. El ministro habrá pensado si no sería mejor retirar también su firma. De la dedicatoria, claro.
La intriga de la Corte se proyecta sobre la política. En la Casa Rosada temen que se haya formado una mayoría que, inspirada en enfrentamientos burocráticos, se exprese en fallos con trascendencia general. El ejemplo más a mano es el del «caso Blanco», en el que Lorenzetti, Rosatti, Maqueda y Highton fallaron en contra de la Anses. Más allá de las objeciones al criterio adoptado por los jueces, en el corazón del Poder Ejecutivo sospechan que la sentencia corona una maniobra. Para entenderla, aconsejan, hay que prestar atención al juego del PJ exkirchnerista. Extraen conclusiones de una red de relaciones. Lorenzetti tiene un vínculo muy cercano con Guillermo Seita, el operador de prensa y de negocios en cuyas oficinas se lanzaron los cuatro transeúntes de la avenida del medio: Juan Schiaretti, Juan Urtubey, Miguel Pichetto y Sergio Massa.
Vincular a Lorenzetti con ese cuarteto por los servicios comunes de Seita puede ser injusto. Por la misma línea se podría llegar a Amado Boudou, que durante un tiempo fue promovido por ese gestor a la intendencia marplatense. O a Horacio Rodríguez Larreta, a quien Seita ofrece también sus prestaciones. Aunque la proximidad de Larreta puede ser, para el círculo íntimo de Macri, una corroboración de la sospecha: allí creen que Larreta también está en una combinación con Massa, como se advirtió durante el intento de cambio de gabinete de comienzos de septiembre.
Con independencia de alianzas objetivas, Massa quiso sumarse al pronunciamiento de la Corte. Dijo que venía a corregir errores del Gobierno. Debe haber sido una ironía. Porque durante buena parte del período en que, a pesar de la inflación, las jubilaciones no se actualizaban la Anses estaba bajo las órdenes de Massa. Esa injusticia se enmendó gracias a Boudou, que estableció un mecanismo de indexación. En otras palabras: Massa festejó una sentencia que vino a corregir errores de Massa. Por fin una autocrítica.
Hay otro protagonista político en esta urdimbre. Es Elisa Carrió. Enemiga implacable de Lorenzetti, la diputada prestó atención especial a la acordada contra Rosenkrantz. Ella coincide en que hay un túnel entre los jueces y el PJ. Pero lo identifica con Pichetto, no con Seita. Carrió no apunta tanto al recorte de poder como al párrafo en el que se convalida la administración financiera del tribunal. Fue un respaldo a Héctor Marchi, el administrador de Lorenzetti, a quien Carrió acusó de enriquecimiento ilícito. El juez Sergio Torres archivó el caso por inexistencia de delito. Marchi querelló a Carrió, quien se amparó en sus fueros. La Cámara Civil le acaba de negar esa protección.
El aval a la gestión material de Marchi y, por elevación, de Lorenzetti abre una incógnita en la relación de la diputada con Rosatti. El magistrado llegó a la Corte gracias al respaldo de Carrió, quien respalda a poca gente. Los dos compartieron, igual que Maqueda, la Convención Constituyente de 1994. Carrió conversó de este duelo con varios diputados de su bloque. Les dijo: «Por ahora no voy a hablar. Quiero ver cuánto dura la adhesión de Rosatti a Lorenzetti. Pero sepan que en mi cruzada contra Marchi y Lorenzetti no voy a ceder».
Los cambios de alianza dentro del tribunal son incesantes. Si llaman la atención, es porque las enemistades se habían justificado en razones éticas. Macri suele comentar ante su entorno que no entiende cómo Lorenzetti puede asociarse con Rosatti «después de las cosas que me decía de él y de sus asesores». Carrió dice lo mismo de Rosatti en relación con Lorenzetti. No conocen, por lo visto, la lección del filósofo catamarqueño Jorge Díaz Martínez: «En política, la ética es un procedimiento para aplicar al adversario».
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POLITICA
El Gobierno profundizará la alianza militar con países de la OTAN y enviará tropas al Ártico
El Gobierno confirma que enviará efectivos del Ejército a la Operación Nanook, un ejercicio militar que Canadá realiza en el Ártico y que forma parte de su despliegue anual en el norte del país. La participación argentina será en 2027, en calidad de observadores, y todavía no está definida la cantidad de militares que viajarán.
En el Ministerio de Defensa remarcan que no se trata de una misión de combate ni de una operación bajo mando argentino. La participación será acotada y técnica: efectivos del Ejército observarán el desarrollo de actividades militares en condiciones extremas, con foco en logística polar, operaciones en clima frío y coordinación entre fuerzas.
La Operación Nanook es definida por el gobierno canadiense como la principal operación de sus Fuerzas Armadas en el norte. Incluye actividades diseñadas para ejercitar la defensa de Canadá y asegurar sus regiones septentrionales, en un escenario de creciente atención internacional sobre el Ártico.
El tema también formó parte del diálogo bilateral más reciente entre Javier Milei y el primer ministro canadiense, Mark Carney. El 1 de mayo ambos hablaron sobre comercio, minería, energía, inversiones y la relación industrial en materia de defensa. Según el comunicado oficial de Canadá, los dos gobiernos “dieron la bienvenida” a la próxima participación argentina en la Operación Nanook, en el norte canadiense.
La definición se inscribe en la agenda de acercamiento de la Argentina con socios occidentales y países de la OTAN. Canadá es miembro de la Alianza Atlántica, aunque Nanook es una operación canadiense y no una misión formal de la OTAN. En el Ejecutivo buscan presentar el movimiento como parte de una política más amplia de coordinación militar, interoperabilidad y entrenamiento con fuerzas aliadas.
En el Gobierno aseguran que las tratativas por la participación en Nanook vienen de la gestión de Luis Petri y que continúan ahora bajo la conducción de Carlos Presti. La transición en Defensa no modificó esa línea: Nación busca profundizar la relación con Estados Unidos, Canadá y otros países aliados, sin limitarla al plano diplomático.
El próximo paso administrativo será enviar al Congreso el proyecto de ley para autorizar la salida de tropas. En el Ejecutivo reconocen que, si el trámite legislativo no avanza a tiempo, podrían habilitar la participación por decreto. Esa alternativa ya fue utilizada para el ingreso de personal y medios de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al ejercicio Daga Atlántica, autorizado por el DNU 264/2026 para realizarse entre el 21 de abril y el 12 de junio en Puerto Belgrano, Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno.
Leé también: El Gobierno busca aprobar cuatro leyes antes del Mundial y prepara otros 10 proyectos que enviará al Congreso
La agenda militar con Estados Unidos también tuvo un capítulo reciente en el mar argentino. Javier Milei y Presti participaron hace dos semanas de ejercicios navales Passex 2026 a bordo del portaaviones USS Nimitz, en una actividad organizada por el Comando Sur y la Embajada de Estados Unidos al sur de Mar del Plata.
Ese antecedente se suma al ejercicio Passex “Gringo-Gaucho II”, realizado en 2024 entre las Armadas de Argentina y Estados Unidos. La Armada también envió el destructor ARA “La Argentina” a Estados Unidos para participar del ejercicio multinacional UNITAS LXVI. La unidad arribó a Mayport, participó de operaciones frente a las costas estadounidenses y luego finalizó la fase operativa en Norfolk, con adiestramientos antisubmarinos, defensa antiaérea, ejercicios antisuperficie, reabastecimiento en el mar y maniobras con aeronaves.
Presti en febrero participó de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde mantuvo reuniones con funcionarios de Defensa de Italia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos y con el representante especial de la OTAN para la Vecindad Sur, Javier Colomina. En marzo, rubricó una declaración multilateral en la cumbre “Escudo de las Américas”, impulsada por Estados Unidos y orientada a cooperación hemisférica en seguridad.
Gobierno, otan, Canadá
POLITICA
Edgardo Kueider espera el juicio por contrabando en Paraguay entre expectativas y escepticismo
El exsenador Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, se preparan para el inicio del juicio por contrabando que iniciará el próximo 1 de junio en la capital paraguaya de Asunción. Ambos afrontarán el cargo de contrabando en grado de tentativa y se los acusa de haber querido ingresar USD 200 mil sin declarar por el puente que une Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.
El exparlamentario por Entre Ríos se mostró con confianza sobre el resultado que podría arrojar el juicio en el país vecino. Apuesta a un veredicto absolutorio. Pero también sopesa que en la Justicia, a la que considera una ruleta, hay mucho de suerte.
Contra la prensa
En sus proyecciones está poder volver a la Argentina sin el peso de una condena por contrabando. Se imagina regresar con la absolución a su favor para disputar una revancha mediática. El fin de esa lucha es sacarse las etiquetas de que robó al Estado o lavó dinero.
Sin embargo, no es tan optimista con lograr un desquite. Ha dicho y repetido que considera que ante la opinión pública argentina ya fue condenado. Y que no habrá vuelta atrás. Es consciente de que su nombre se asocia con facilidad al adjetivo “corrupto”. Y está al tanto de que la idea que predomina en la sociedad es que durante su reclusión en Paraguay se da la gran vida.
Por eso se ha llamado al silencio en los últimos meses. Tras un intenso raid en canales, radios y streamings nacionales y locales, se ha recluido.
En su lógica, los medios han sido parciales para con él, ya que se han centrado en información de los elementos que lo incriminan. De allí se decanta que la exposición le resta o, al menos, no le suma a su estrategia defensiva.
Dardos contra la Justicia
Kueider está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Hay dos Juzgados con expedientes abiertos al respecto. Uno es el Federal de San Isidro. La pesquisa allí está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y del fiscal Fernando Domínguez. En parte, este caso ya fue elevado a juicio. El restante está en Concordia y lo tienen el juez provincial Ives Bastián y el fiscal José Arias.
Para resolver esta situación, se solicitó la intervención de la Corte Suprema. El máximo tribunal debe definir la competencia, es decir, quién se queda con la causa. El primer paso es el dictamen de la Procuración General. El trámite llegó a ese organismo el 5 de noviembre del 2025 y todavía no hay pronunciamiento.
En los inicios, la defensa del exsenador evaluó que el mejor escenario es que la investigación se desarrolle en San Isidro. En su esquema de razonamiento, el fiscal Arias era un “gorila” que perseguía peronistas. Como argumentos citaban que había sido corrido de tres causas contra otro dirigente del PJ concordiense por pérdida de la imparcialidad en las pesquisas.
Pero la estimación ha cambiado. Ahora ni la jueza Arroyo Salgado ni el fiscal Domínguez son bien vistos.
Entre los motivos para este cambio figura que la causa en San Isidro en su contra comenzó con dos elementos. El primero, un desprendimiento del caso Securitas. En este expediente se investiga el presunto pago de coimas por parte de la empresa de seguridad privada a compañías y entes estatales. En las escuchas de la investigación a los empresarios entrerrianos vinculados, uno de ellos mencionó a “Cuaider” y su influencia para lograr un contrato.
A ese elemento, Arroyo Salgado y Domínguez sumaron una denuncia por enriquecimiento ilícito y otros delitos que se presentó en San Isidro. La base documental era la propia declaración jurada como senador que había hecho Kueider. Allí figuraba una empresa, Betail, con departamentos en un edificio de lujo en Paraná, la capital de Entre Ríos. De inmediato, la jueza dictó la conexidad objetiva y subjetiva de ambos casos.
En el entorno de Kueider evalúan que este paso acarreó el armado de una causa. Y se quejan de que, habiendo elementos en las escuchas para implicar a otros dirigentes y empresarios de Entre Ríos, Arroyo Salgado no tuvo el mismo celo.
En la evaluación que realizan, el accionar judicial ha generado un daño terrible.
El juicio
El exsenador espera que la tercera sea la vencida. El inicio de las audiencias ya tuvo dos postergaciones. Iban a realizarse el 24 de noviembre de 2025, pero se pasaron al 26 de abril de este año. Dos días antes, una complicación de Fiscalía obligó a una nueva reprogramación. La fecha definitiva, por ahora, es el 1° de junio.
Ese lunes, desde las 8 de la mañana, la Sala 1 del Tribunal Especializado en Delitos Económicos comenzará a juzgar a los acusados. El cuerpo está compuesto por los magistrados Elsa García (presidenta), Matías Garcete Piris y Adriana Planas.
El exsenador nacional y su ex exsecretaria llegarán a esta instancia en calidad de detenidos. Ambos están en prisión preventiva domiciliaria desde el 4 de diciembre de 2024. En las primeras horas de ese día, la Prefectura paraguaya los detuvo y les secuestró el dinero que no habían declarado.
Al 1° de junio, Kueider y Guinsel habrán acumulado casi un año y seis meses de detención. Ese tiempo que llevan privados de su libertad será considerado en caso de que haya una sentencia condenatoria. Se los acusa de contrabando en grado de tentativa. El delito tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, toda condena superior a los 24 meses es de cumplimiento efectivo.
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