POLITICA
El Senado vuelve a debatir el acuerdo con los bonistas del 2001 y el oficialismo espera conseguir el dictamen
Este martes, el oficialismo volverá a reunir a las comisiones para dictaminar el proyecto que habilita el acuerdo con los fondos que mantuvieron litigios contra la Argentina por el default de 2001. La nueva convocatoria surge tras la incorporación de una adenda que extendió los plazos originales y obligó a retirar el expediente de la última sesión prevista.
El Senado debatirá en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversiones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ratificar el acuerdo alcanzado con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior al default de 2001. La iniciativa contempla además la autorización para que el Estado argentino cancele las obligaciones derivadas de esos litigios.
La reunión estará encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Participarán también funcionarios del Ejecutivo: el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija.
La adenda que obligó a volver a comisión
La Libertad Avanza había conseguido a fines de abril un dictamen de mayoría sobre el proyecto. Sin embargo, el procurador del Tesoro informó la semana pasada una prórroga hasta el 31 de mayo para la ratificación del acuerdo, cuando originalmente estaba prevista para el 30 de abril.
La modificación no había sido comunicada previamente a los aliados del oficialismo en la Cámara alta. La situación derivó en el retiro del expediente que iba a tratarse en la última sesión y en la convocatoria a una nueva reunión de comisiones para que funcionarios del Ejecutivo explicaran los cambios incorporados.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, encabezó las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista. En paralelo, Agustín Monteverde solicitó en el recinto que el proyecto regresara a comisión.
Tras la firma de los dictámenes prevista para este martes, el oficialismo espera llevar la iniciativa al recinto del Senado en la próxima sesión.
Qué modifica la adenda del acuerdo
Según el texto oficial, la adenda únicamente actualiza el listado de bonos incluidos en el Anexo A para reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores.
El Gobierno sostiene que la modificación “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”. Además, remarca que el acuerdo de conciliación establece una exoneración total para el Estado argentino.
El monto total del entendimiento se mantiene en US$104 millones porque fue calculado exclusivamente sobre la base de sentencias emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen esos fallos. Los reclamos vinculados con bonos considerados prescriptos habían sido rechazados y no integraron el cálculo final.
El acuerdo alcanzado en Nueva York
El entendimiento definitivo se cerró ante tribunales de Nueva York entre representantes de la Argentina y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. El acuerdo exige su presentación y posterior ratificación por parte del Congreso argentino.
El Presidente remitió el proyecto al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Posteriormente, Patricia Bullrich definió su giro a las comisiones correspondientes.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos declarada tras el default.
El texto enviado al Senado establece que “la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67 millones”. Además, contempla pagos por US$104 millones al grupo Attestor.
El cierre de litigios y la protección de activos argentinos
El acuerdo prevé también suspender litigios vinculados con los bonos alcanzados y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque las partes conservarán el derecho de preservar posiciones sobre resoluciones previas.
El entendimiento busca además desactivar potenciales ejecuciones judiciales sobre activos argentinos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
De avanzar en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, el acuerdo marcará el cierre definitivo de los litigios originados tras el default declarado por la Argentina en 2001.
Deuda, Senado
POLITICA
Pese a la propuesta del Gobierno a las universidades, las negociaciones siguen trabadas y se anunció un paro
Pese a que el Gobierno y las universidades acercaron posiciones, las negociaciones por el presupuesto continúan trabadas por la cláusula que puso el Ejecutivo de retirar la demanda que debe resolver la Corte Suprema. Sin esperar una resolución, gremios docentes anunciaron nuevas medidas de fuerza para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento.
A través de un comunicado, la organización que nuclea a los gremios de las distintas universidades nacionales -Conadu- anunció un paro en las actividades de una semana entre el 16 y el 20 de junio.
En simultáneo, convocaron a clases públicas en distintos puntos del país para este martes, incluidos los Tribunales de Buenos Aires donde funciona la Corte Suprema, y otras acciones en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires el 11 y el 16 de junio, respectivamente.
Las nuevas medidas de fuerza se anunciaron mientras el Gobierno y las casas de estudio representadas en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) continúan las conversaciones para destrabar el conflicto.
La propuesta del Gobierno a las universidades
Según explicó TN la semana pasada, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida del poder adquisitivo de parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluye la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
Según explicaron a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representa llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%. Se trata de una cifra menor al 0,75% que exige la Ley de Financiamiento vigente (que sigue sin ejecutarse), pero entre los rectores consideran que es una propuesta “razonable” para comenzar a destrabar el conflicto.
El punto muerto de las negociaciones: la cautelar judicial
Pese a que ambos sectores reconocen condiciones para avanzar, las conversaciones encontraron un punto muerto debido a una condición que puso el Gobierno: que las universidades retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento.
Dicha ley nunca fue aplicada por la Casa Rosada con el argumento de que el texto no establecía de dónde obtener el financiamiento para su ejecución. Sin embargo, la comunidad universitaria presentó una cautelar ante la Justicia para exigir el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas en función de la variación del IPC.
En el Gobierno sostienen que dicha cifra, que ronda los 2,5 billones de pesos, atenta contra el superávit fiscal. La disputa debe ser dirimida por la Corte Suprema.
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En ese contexto, desde las universidades habían enfatizado a TN la semana pasada que no estaban dispuestas a perder el resguardo que implicaba la demanda judicial, una medida que además no contaría con el consenso de la comunidad universitaria.
Por su parte, el Gobierno insistió en que las casas de estudio se resistían a ceder para sostener el conflicto político, aunque este lunes aseguraron que las conversaciones continúan en buenos términos.
Gobierno, universidades, paro universitario
POLITICA
Con críticas al Gobierno, el camarista Leopoldo Bruglia solicitó a la CIDH una cautelar para evitar ser reemplazado
Con duras críticas a funcionarios del gobierno de Javier Milei y a colegas del Poder Judicial, el camarista federal Leopoldo Bruglia solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar de no innovar. Reclamó que se suspendan todas las acciones vinculadas al concurso del Consejo de la Magistratura con el que, según denunció, buscan removerlo de la Sala I de la Cámara Federal porteña.
La presentación se incorporó a fines de la semana pasada dentro de la petición P-35-21, en trámite ante la CIDH desde 2021, en la que se analiza la situación de Bruglia y la de sus colegas Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández.
Bruglia identificó un punto de no retorno para sostener su petición a la CIDH: el momento en que la eventual designación de reemplazantes tornaría irreversible su salida del cargo. Según sostuvo, el 27 de abril pasado el consejero Diego Barrotaveña reactivó el concurso 461, que había permanecido paralizado durante la instancia de solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH. Tres días después, el 30 de abril, las ternas fueron aprobadas en la Comisión de Selección del Consejo, en menos de quince minutos y, según planteó Bruglia, sin debate sustantivo, tras una reunión previa a puertas cerradas.
De acuerdo con el planteo de Bruglia, el Poder Ejecutivo proyecta que las ternas sean elevadas al Ministerio de Justicia a mediados de este mes, que los pliegos ingresen al Senado en julio y que los nuevos jueces juren en agosto. Ese sería, sostuvo, el momento en que la situación se volvería irreversible.
En su presentación, además, Bruglia señaló al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y al viceministro, Santiago Viola. Consignó que Viola fue designado por Milei como representante del Poder Ejecutivo ante el propio Consejo y recordó que tanto él como Bertuzzi lo habían procesado en el pasado en una causa en la que Viola fue acusado de haber promovido testigos falsos que declararon contra el juez federal Sebastián Casanello.
Así, el camarista sostuvo que funcionarios y jueces que integran el Consejo impulsan una aplicación selectiva del fallo de la Corte Suprema de 2020 que estableció que los jueces trasladados ocupan sus cargos de manera transitoria hasta completar el proceso constitucional de designación.
Cabe recordar que en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde un tribunal oral a la Cámara Federal porteña, con el aval del Consejo de la Magistratura. Pero tras el fallo de la Corte Suprema, Bruglia remarcó que las nuevas pautas ordenadoras se aplicaron únicamente en sus casos. En otras palabras, en decenas de situaciones similares no se activaron concursos ni se retrotrajeron vacantes.
Como respaldo a su planteo, Bruglia presentó el caso “testigo” de Carlos Mahiques. Lejos de activar un concurso en el Consejo de la Magistratura, el presidente Javier Milei impulsó darle un nuevo acuerdo por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal. Ese acto, sostuvo Bruglia, evidencia con nitidez el trato desigual.
La gravedad institucional del argumento tiene, para Bruglia, un respaldo inesperado: las palabras del ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, uno de los firmantes del fallo “Bertuzzi”, quien declaró públicamente que “la decisión del Consejo de la Magistratura de hacer concursos para algunos jueces trasladados y no para otros afecta la legitimidad”, y contrastó el tratamiento recibido por Carlos Mahiques con el de Leopoldo Bruglia.
El conflicto se remonta a noviembre de 2020, cuando la Corte Suprema dictó el fallo “Bertuzzi” en el marco de un “per saltum” y fijó el carácter transitorio de todos los traslados de jueces y camaristas. En 2024, el Estado argentino impulsó ante la CIDH un proceso de solución amistosa que implicó la paralización de los concursos 461 y 479 durante casi dos años.
Sin embargo, ese proceso se interrumpió el 15 de octubre de 2025, apenas veinte días antes del inicio del juicio oral en la “causa Cuadernos”. El cambio de estrategia se consolidó con la llegada de Juan Mahiques al Ministerio de Justicia y de Viola al Consejo, en marzo de este año.
Bruglia sostuvo además que ya agotó las instancias internas, al solicitar sin éxito ante el Consejo de la Magistratura la suspensión del concurso al amparo del artículo 25 del reglamento de la CIDH. Según indicó, el organismo habría considerado que no reviste carácter de parte interesada, una interpretación que el magistrado cuestionó.
Así, la cautelar apunta a suspender todas las acciones vinculadas al concurso 461 hasta que la Comisión Interamericana se pronuncie sobre el fondo del caso. Bruglia sostuvo que se encuentran acreditados los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable, e invocó la posible vulneración de garantías como la estabilidad judicial, la igualdad ante la ley y el debido proceso. Según alertó, si los nuevos jueces juran antes de que la CIDH resuelva, cualquier decisión posterior del organismo podría resultar de imposible cumplimiento.
concurso del Consejo de la Magistratura,tras los embates que lideró contra ellos el kirchnerismo durante la presidencia,solución amistosa que se había iniciado ante la CIDH,Poder Ejecutivo,Justicia Federal,Conforme a,Justicia Federal,,»Es un pliego más». El ministro de Justicia dijo que Milei no está obligado a firmar el nombramiento de Michelli como jueza,,La interna libertaria. Guerra de facciones sin respiro,,Revés para el Gobierno. Un juez frenó el cierre de una unidad del INTA y suspendió la venta de inmuebles
POLITICA
Bullrich se despega de los partidos y construye liderazgo propio: por qué su imagen supera a la de Milei
Patricia Bullrich volvió a ocupar el centro de la escena política con un video en el que interpreta “Se dice de mí”, la clásica canción popularizada por Tita Merello. Pero detrás del gesto estético hay una construcción política más profunda.Para
Shila Vilker, directora de la consultora Trespuntozero, la ministra de Seguridad busca proyectarse como una dirigente con liderazgo propio, capaz de trascender las fronteras partidarias y consolidar una identidad nacional en un escenario marcado por la fragmentación política.
En una entrevista con el equipo de Infobae al Regreso, Vilker sostuvo que el mensaje del spot puede resumirse en una idea: “Soy líder, soy magnánima en el Congreso. Estoy por encima de un partido político. Soy una política de Estado”. Según la analista, la estrategia se apoya además en un dato que aparece en las últimas mediciones de la consultora: Bullrich mantiene una imagen positiva superior a la del presidente Javier Milei.
La utilización de “Se dice de mí” no fue casual. Para Vilker, la canción remite a una tradición de mujeres con carácter fuerte y capacidad de liderazgo, una imagen con la que Bullrich busca identificarse. “La canción tiene que ver con mujeres fuertes, mujeres de carácter”, explicó.
Sin embargo, la socióloga señaló que el fenómeno excede a la ministra. “La política argentina hoy tiene muchas mujeres fuertes. Por supuesto, Bullrich, también Cristina, también Bregman. No podemos dejar de lado a Karina. Villarruel también”, afirmó.
Según su análisis, todas ellas comparten una característica común: la capacidad de transmitir convicción en tiempos de incertidumbre. “Hay algo acá de mujeres aguerridas que ordenan, que están al frente, que no les tiembla la voz, que parecerían transmitir una convicción fuerte respecto del hacia dónde”, sostuvo.
Ese perfil le permite a Bullrich consolidar una base de apoyo propia. “A ella la tengo medida a nivel nacional. Es una de las principales figuras nacionales. Ahí está con 43 puntos. Oscila. Está entre los primeros cinco puestos en la última medición”, detalló Vilker.
Una dirigente que concentra al electorado libertario y al votante del PRO
Las encuestas de Trespuntozero muestran una particularidad: Bullrich logra articular sectores que hoy resultan clave para cualquier proyecto electoral competitivo.
“Hace un tiempo que está arriba del presidente, alrededor de tres o cuatro puntos. Supongo que eso lo debe inquietar. No es la primera vez que está con una imagen un poco mejor”, afirmó Vilker.
Para la directora de la consultora, parte de ese desempeño se explica por la capacidad de la ministra para sintetizar dos universos políticos que hasta hace poco competían entre sí. “Bullrich logra concentrar todo el electorado violeta y ecualizar mejor con el electorado amarillo”, señaló.
Esa combinación le permite proyectarse más allá de su rol actual dentro del Gobierno y construir una identidad política propia, con capacidad de diálogo tanto con los votantes de La Libertad Avanza como con los sectores que históricamente respaldaron al PRO.
En ese marco, el video puede leerse como una reafirmación de liderazgo, aunque su significado no es unívoco. “Hay quien ve ahí desafío, pero también hay quien ve un lugar de garante del republicanismo, de un gobierno que está en el límite”, observó Vilker.
El desafío del Gobierno: recuperar expectativas
La principal dificultad que enfrenta la administración de Milei no pasa únicamente por los indicadores económicos sino por la pérdida de expectativas que había generado durante la campaña y los primeros meses de gestión.
“La pérdida de expectativa, la pérdida de futuro, que fue un gran activo de este presidente, que fue la posibilidad de abrir ilusión, expectativa, sentido del futuro, sentido del porvenir, sentido de un rumbo. Y creo que todo eso entró en crisis”, explicó Vilker.
Los estudios de opinión muestran una creciente percepción pesimista sobre el futuro. “Casi el 60% de la gente dice: ‘Creo que lo peor está por venir’“, indicó la analista.
El Gobierno enfrenta dificultades para reconstruir esa expectativa positiva que durante meses funcionó como uno de sus principales activos políticos. “Hay algo que se rompió en términos de ética sacrificial. Eso entró en crisis hace un tiempo y el Gobierno no tiene facilidad para recuperarlo. O sea, la expectativa se perdió”, sostuvo.
Pese a ello, Vilker advirtió que el oficialismo conserva una característica que le permitió atravesar distintos momentos de desgaste sin perder por completo su base de apoyo. “Es un gobierno elástico”, definió.
Según explicó, Milei nunca logró captar de manera significativa al electorado opositor, pero sí consiguió mantener un núcleo de respaldo relativamente estable incluso en contextos adversos. “El voto opositor no lo tuvo nunca, en ningún momento”, cerró Vilker.
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