POLITICA
El Senado vuelve a debatir el acuerdo con los bonistas del 2001 y el oficialismo espera conseguir el dictamen
Este martes, el oficialismo volverá a reunir a las comisiones para dictaminar el proyecto que habilita el acuerdo con los fondos que mantuvieron litigios contra la Argentina por el default de 2001. La nueva convocatoria surge tras la incorporación de una adenda que extendió los plazos originales y obligó a retirar el expediente de la última sesión prevista.
El Senado debatirá en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversiones el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para ratificar el acuerdo alcanzado con los bonistas que no ingresaron al canje de deuda posterior al default de 2001. La iniciativa contempla además la autorización para que el Estado argentino cancele las obligaciones derivadas de esos litigios.
La reunión estará encabezada por Agustín Monteverde, titular de Presupuesto y Hacienda, y Martín Goerling Lara, presidente de Economía Nacional e Inversiones. Participarán también funcionarios del Ejecutivo: el procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio; el secretario legal del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton; y el subprocurador del Tesoro Nacional, Juan Ignacio Stampalija.
La adenda que obligó a volver a comisión
La Libertad Avanza había conseguido a fines de abril un dictamen de mayoría sobre el proyecto. Sin embargo, el procurador del Tesoro informó la semana pasada una prórroga hasta el 31 de mayo para la ratificación del acuerdo, cuando originalmente estaba prevista para el 30 de abril.
La modificación no había sido comunicada previamente a los aliados del oficialismo en la Cámara alta. La situación derivó en el retiro del expediente que iba a tratarse en la última sesión y en la convocatoria a una nueva reunión de comisiones para que funcionarios del Ejecutivo explicaran los cambios incorporados.
La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, encabezó las negociaciones con sectores de la oposición dialoguista. En paralelo, Agustín Monteverde solicitó en el recinto que el proyecto regresara a comisión.
Tras la firma de los dictámenes prevista para este martes, el oficialismo espera llevar la iniciativa al recinto del Senado en la próxima sesión.
Qué modifica la adenda del acuerdo
Según el texto oficial, la adenda únicamente actualiza el listado de bonos incluidos en el Anexo A para reflejar la situación real de tenencia informada por los acreedores.
El Gobierno sostiene que la modificación “no altera el monto del acuerdo, no amplía obligaciones para la República Argentina y no genera exposición adicional alguna”. Además, remarca que el acuerdo de conciliación establece una exoneración total para el Estado argentino.
El monto total del entendimiento se mantiene en US$104 millones porque fue calculado exclusivamente sobre la base de sentencias emitidas por tribunales estadounidenses contra acreedores que actualmente poseen esos fallos. Los reclamos vinculados con bonos considerados prescriptos habían sido rechazados y no integraron el cálculo final.
El acuerdo alcanzado en Nueva York
El entendimiento definitivo se cerró ante tribunales de Nueva York entre representantes de la Argentina y bonistas que no participaron del canje de deuda de 2016, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska. El acuerdo exige su presentación y posterior ratificación por parte del Congreso argentino.
El Presidente remitió el proyecto al Senado con las firmas del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahíques, y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Posteriormente, Patricia Bullrich definió su giro a las comisiones correspondientes.
El caso involucra a Bainbridge Fund y al grupo de acreedores encabezado por Attestor, dos de los fondos que mantenían fallos firmes contra la Argentina por la cesación de pagos declarada tras el default.
El texto enviado al Senado establece que “la República abonará a Bainbridge un pago único en efectivo por el monto total de US$67 millones”. Además, contempla pagos por US$104 millones al grupo Attestor.
El cierre de litigios y la protección de activos argentinos
El acuerdo prevé también suspender litigios vinculados con los bonos alcanzados y evitar nuevas acciones judiciales sobre deuda pública emitida antes del 1° de enero de 2002, aunque las partes conservarán el derecho de preservar posiciones sobre resoluciones previas.
El entendimiento busca además desactivar potenciales ejecuciones judiciales sobre activos argentinos, entre ellos acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas.
De avanzar en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, el acuerdo marcará el cierre definitivo de los litigios originados tras el default declarado por la Argentina en 2001.
Deuda, Senado
POLITICA
AFA: la Justicia de EE.UU. intensifica la investigación sobre movimientos millonarios relacionados con la empresa de Javier Faroni
La investigación sobre la presunta operatoria financiera de TourProdEnter, la empresa vinculada al empresario Javier Faroni y registrada a nombre de su esposa, Erica Gillette, avanza en paralelo en Estados Unidos y la Argentina.
Mientras el FBI y fiscales federales estadounidenses analizan movimientos de dinero que pasaron por el sistema bancario de ese país, la Justicia argentina también abrió expedientes para determinar el destino de fondos relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la firma.
El caso volvió a cobrar impulso después de que se conociera la noticia de la citación a dirigentes de AFA por parte de la Corte de Florida, en Estados Unidos.
El requerimiento de la Justicia de EE.UU., incluye presentar las grabaciones de las comunicaciones entre TourProdEnter y los dirigentes Chiqui Tapia y Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero, que figura como empleado empleado de la empresa Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), que está a nombre de Javier Paz y Orlando Martín López, dos personas que aparecen en todas las empresas cercanas al tesorero de la AFA.
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La investigación que llevan adelante fiscales federales y el FBI pone bajo la lupa movimientos financieros vinculados con la AFA y empresarios relacionados con la entidad.
Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.
Los nombres que aparecen en la investigación
Uno de los ejes de la pesquisa es TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Miami a nombre de Erica Gillette que, según distintas investigaciones judiciales y denuncias incorporadas a expedientes, actuó como intermediaria en contratos comerciales internacionales de la AFA.
De acuerdo con la investigación, la empresa recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias de Estados Unidos. Parte de esos fondos habría provenido de acuerdos comerciales vinculados a la explotación internacional de los derechos de la Selección Argentina y de contratos de patrocinio.
La documentación incorporada a las investigaciones sostiene que TourProdEnter fue designada como representante comercial exclusiva de la AFA fuera de la Argentina mediante un contrato firmado el 9 de diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino. Ese acuerdo le otorgó la facultad de promover contratos vinculados a las marcas y derechos comerciales de la AFA, organizar eventos deportivos y comerciales y actuar como agente de cobro de contratos de sponsoreo y patrocinio.
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Según esos contratos, la empresa también percibía el 30% de los ingresos comerciales internacionales que generara la AFA y el 10% de las salidas de dinero vinculadas a tareas de logística contempladas en los convenios en los que intervenía.
Otra de las líneas de investigación se centra en el destino de premios obtenidos por la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Según documentos a los que accedió TN, la Justicia detectó un giro de 40 millones de dólares (30 millones provenientes de la FIFA y 10 millones de la Conmebol) hacia TourProdEnter LLC.
Siempre de acuerdo con esa documentación, esos fondos no figurarían ingresados en la Argentina ni registrados en la memoria o en los balances de la AFA. La Justicia busca determinar si el dinero permaneció en el exterior y cuál fue el circuito seguido por esos recursos.
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La investigación también analiza por qué TourProdEnter quedó como intermediaria de esas operaciones. Según la documentación relevada, la empresa administró un flujo de fondos superior a los 260 millones de dólares y los investigadores sospechan que el monto total podría haber sido mayor.
En otra línea de análisis aparecen contratos vinculados con patrocinadores internacionales, amistosos de la Selección y acuerdos comerciales celebrados en el exterior. Entre ellos figuran operaciones relacionadas con Binance, con partidos amistosos disputados en China y con derechos comerciales para mercados asiáticos.
La denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni ante autoridades estadounidenses sostiene que parte de esos fondos fueron canalizados a través de cuentas bancarias abiertas en Estados Unidos y que no habrían ingresado al sistema financiero argentino.
La investigación en Estados Unidos
La investigación estadounidense es llevada adelante por fiscales federales y el Departamento de Justicia, con participación del FBI, para determinar si parte del dinero que circuló por el sistema bancario norteamericano vinculado con la AFA pudo dar lugar a delitos de lavado de activos o fraude financiero.
En paralelo, los investigadores analizan la compra de al menos cuatro propiedades de lujo en el sur de Florida por parte de Faroni y Gillette.
Las adquisiciones, valuadas en conjunto en más de 11 millones de dólares, fueron realizadas entre 2022 y 2025 mediante distintas sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC. Las operaciones incluyen departamentos ubicados en Sunny Isles Beach y Aventura.
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Según la investigación periodística que reveló esas compras, los registros de propiedad no muestran hipotecas asociadas a varias de las operaciones, circunstancia que forma parte del análisis de las autoridades estadounidenses, que buscan establecer el origen de los fondos utilizados.
De acuerdo con información publicada semanas atrás, tres fiscales estadounidenses comenzaron además a preparar una lista de testigos en el marco de la investigación preliminar sobre TourProdEnter. Entre las medidas realizadas figura un encuentro con Guillermo Tofoni, quien obtuvo un discovery en la Justicia estadounidense que le permitió acceder a documentación vinculada con la empresa.
El capítulo argentino
La investigación también tiene un desarrollo paralelo en la Argentina. Faroni es investigado desde fines de 2025 por el destino de fondos de la AFA presuntamente canalizados a través de TourProdEnter. En diciembre pasado, la Justicia ordenó un allanamiento en su domicilio de Nordelta.
Además, existen otras actuaciones judiciales relacionadas con la operatoria de la empresa. Una de ellas tramita por una denuncia contra Gillette por presunta defraudación por administración fraudulenta.
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En paralelo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió recientemente que la causa vinculada con la mansión de 17 millones de dólares atribuida a Toviggino dejara de tramitar ante el juez federal Adrián González Charvay y pasara al juzgado en lo penal económico de Verónica Straccia.
También se incorporó a expedientes locales documentación obtenida mediante el discovery realizado en Estados Unidos, con el objetivo de que pueda ser utilizada como herramienta investigativa dentro de las actuaciones que se desarrollan en la Argentina.
AFA, Javier Faroni, Chiqui Tapia, Claudio Tapia, Pablo Toviggino
POLITICA
Retoman la protesta en las calles: marcharon los jubilados con apoyo de la CGT y los movimientos sociales
Una vez terminado el mundial, la agenda de la oposición en las calles se reinició este miércoles con una protesta de los jubilados contra el Gobierno, que la Central General del Trabajo (CGT) acompañó en un plan de acciones sectorizadas. En la protesta confluyeron las dos vertientes de la CTA, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), los estatales porteños de ATE, agrupaciones de la Izquierda y emisarios del gobernador Axel Kicillof.
El eje principal de la movilización fue el reclamo por una mejora en los haberes de los adultos mayores. Desde julio, el haber mínimo pasó de $403.302,81 a $411.989 por la actualización mensual. Con el bono extraordinario de $70.000 —que permanece congelado desde el inicio de la gestión libertaria—, el ingreso mínimo alcanza los $481.989, un monto que fue calificado como una “miseria” durante la protesta.
La movilización no fue masiva, pero implicó el regreso de sectores opositores al gobierno de Javier Milei a la escena pública. A partir de ahora, estos grupos podrían intensificar las protestas, anticiparon los dirigentes consultados por en el lugar.
Entre los dirigentes que dieron el presente estuvieron los triunviros cegetistas Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Empleados del Vidrio); Juan Carlos Schmid (CATT); Julio Piumato y Maia Volcovinsky (Judiciales); el diputado Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores); Hugo Godoy (CTA Autónoma), Alejandro Gramajo (UTEP); el también diputado Mario Manrique (SMATA) y Roberto Baradel (CTA bonaerense).
Además, fue de la partida Daniel Catalano (ATE Capital). En representación del gobierno bonaerense y del sello axelista Movimiento Derecho al Futuro (MDF) se mostró Walter Correa, el ministro de Trabajo de la provincia.
“Nos sumamos a la convocatoria de todos los miércoles de los trabajadores jubilados porque es una bandera que llevamos siempre, es una necesidad que están reclamando desde hace tiempo y forma parte de nuestra agenda”, dijo Sola, quien exigió “no solamente recuperar su poder adquisitivo a través de de los haberes jubilatorios, sino también las prestaciones en el PAMI, y también la recuperación de los planes Volver al Trabajo, del que dependían más de 900 mil personas”.
Además, anticipó que “la CGT continuará acompañando los conflictos sociales” y confirmó la participación de la central obrera en la marcha de San Cayetano organizada por los movimientos sociales todos los 7 de agosto, la cual —todo indica— concluirá con un acto en Plaza de Mayo. También adelantó que impulsarán “una movilización al Ministerio de Economía por el endeudamiento de las familias trabajadoras” y que proyectan una “gran marcha federal” en los próximos meses.
Sola definió como “distante y esquiva” la relación de la CGT con el Gobierno y acusó al oficialismo de “considerar al sindicalismo como un adversario político antes que como representante de los trabajadores”, pese al reciente decreto en el cual la Casa Rosada introdujo modificaciones en la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral y flexibilizó el esquema de aportes destinados a los sindicatos.
El co-secretario de la CGT dijo que en la actual gestión “se perdieron más de 300.000 puestos de trabajo y cerraron más de 23.000 pymes”, como consecuencia de un rumbo que —según afirmó— “abandonó la producción y el desarrollo industrial”. Describió la situación social como “grave” por “el avance de la informalidad laboral”, “el deterioro del sistema de salud” y “la pérdida del poder adquisitivo incluso entre los trabajadores con paritarias”, lo que —aseguró— “alimenta un creciente malestar social”.
La marcha de los jubilados de los miércoles supo ser un escenario de tensión en diversas oportunidades entre el oficialismo y la oposición en las calles a comienzos de la gestión libertaria. Nacida hace años por iniciativa de un grupo de jubilados vinculados a espacios de izquierda, en el último tiempo había perdido capacidad de convocatoria y quedado reducida a expresiones minoritarias. Si bien las columnas sindicales hoy presentes no fueron masivas, ampliaron considerablemente el volumen, así como también llevaron a que distintos sectores opositores volvieran a compartir una misma postal.
La jornada había comenzado con otras protestas impulsadas por organizaciones sociales y piqueteras en distintos puntos del país. Una de ellas derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad, principalmente en el Puente Pueyrredón, cuando las columnas de la UTEP y el Polo Obrero intentaban avanzar hacia la ciudad de Buenos Aires para luego sumarse a la marcha de los jubilados frente al Congreso.
El conflicto se originó por la decisión del Gobierno de eliminar definitivamente el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), que asistía a alrededor de 900 mil beneficiarios con un ingreso mensual de $78.000, y reemplazarlo por un sistema de vouchers de capacitación.
La medida, apoyada en señalamientos de irregularidades y falta de efectividad, fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Sandra Pettovello, y quedó firme tras un fallo de la Cámara Federal de San Martín que revocó una cautelar favorable a las organizaciones sociales. Ahora, según indicaron desde la UTEP, “la decisión final la tendrá la Corte Suprema”.
Manuel Casado,Conforme a
POLITICA
Rechazaron el pedido de juicio político contra la vicegobernadora de Mendoza por sus polémicos dichos contra Francia
Luego de las polémicas que dejó el partido entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026, la vicegobernadora de la provincia de Mendoza, Hebe Casado, enfrentaba este miércoles una serie de proyectos de juicio político en su contra. La dirigente había calificado a la selección francesa como un “equipo africano de flojos modales” y despertó el rechazo de la oposición.
En esa línea, en los últimos días, un grupo de dirigentes del radicalismo local solicitó formalmente su destitución ante la Legislatura provincial por considerar que incurrió en “conducta impropia” y “mal desempeño de sus funciones”.
Sin embargo, este miércoles el proyecto se trató en la Cámara de Diputados de la provincia, donde finalmente se trató sobre tablas la iniciativa y fue rechazada. La votación resultó con 33 votos negativos y 11 positivos, habiendo 3 diputados ausentes; por lo que se desestimó.
Justamente, de acuerdo con la legislación provincial, una vez presentado el pedido de juicio político, la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos si los cargos por los que se los acusa al funcionario en cuestión importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Como en este caso la decisión fue negativa, la acusación quedó de hecho desestimada
Todo se inició después de que Casado se haya expresado en redes sociales, tras el partido que enfrentó a Paraguay contra Francia por los octavos de final, con una polémica frase: “Muy bien Paraguay. El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappé”. Estas declaraciones generaron rechazo tanto en el ámbito político local como internacional, y motivaron que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, enviara una carta al embajador francés en Argentina para distender el conflicto. El propio gobernador calificó los dichos de su vicegobernadora como “de carácter discriminatorio” y se distanció públicamente de sus expresiones.
Las repercusiones diplomáticas no se hicieron esperar. La embajada de Francia en Argentina repudió las palabras de la vicegobernadora y la declaró persona non grata. “Es una decisión mía como representante de Francia en Argentina y defensor de los valores fundamentales compartidos por nuestros países. En la cooperación franco-argentina no hay lugar para el racismo. La declaración de la vicegobernadora calificando a la selección francesa de ‘equipo africano flojos de modales’ es claramente racista. Y el racismo no es una opinión, es un delito”, le dijo a Infobae Romain Nadal, embajador francés en Argentina.
A modo de defensa, Casado afirmó: “No he dicho nada racista ni discriminatorio, ¿por qué me rectificaría? Que se rectifique quien piense que ser africano es una condición de inferioridad”. Además, atribuyó la controversia al “correctismo político” y al “wokismo”, y sostuvo que sus comentarios se dieron en el marco del folclore futbolero.
En tanto, en entrevistas posteriores sostuvo que sus comentarios formaban parte del “folklore futbolero” y negó que existiera una intención discriminatoria. Además, cuestionó la interpretación que hicieron sus críticos y afirmó que quienes consideran ofensiva la referencia a África son quienes, en realidad, estarían atribuyendo una valoración negativa a ese origen.
El pedido de juicio político había sido presentado por el abogado y exsenador nacional Miguel Mathus Escorihuela junto a otros referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes fundamentaron la solicitud en el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. El documento también fue firmado por Fernando Armagnague, exdiputado nacional, y otros dirigentes partidarios. Según los autores, las declaraciones de Casado “desprestigian la institución que inviste, como así también a la Provincia y a la ciudadanía mendocina”.
La denuncia contra Casado también llegó al ámbito judicial. El abogado Alfredo Guevara promovió una causa bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, que inicialmente tramitó en la justicia local y luego pasó al fuero federal. Por otro lado, el justicialismo presentó diversas iniciativas en la Legislatura para repudiar las declaraciones de la funcionaria.
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