Luego de varios años alejado de las entrevistas, el exsenador radical Ernesto Sanz dejó claro su postura ante la realidad actual del país, así como analizó el escenario de cara a las elecciones 2027. Frente a esto, destacó que “la reelección de Milei no es un hecho” y la definió como parte del relato oficialista. Luego, reclamó que “el peronismo explicite su propuesta para el país porque si no dice nada es grave” y anticipó que buscará trabajar para impedir otro mandato del presidente Javier Milei.

El radical planteó que la polarización entre el Gobierno de Javier Milei y el peronismo puede impedir la construcción de una alternativa política, por lo que sostuvo que la discusión pública atraviesa un momento de debilitamiento institucional. De esta manera, reclamó una oferta electoral más amplia, con partidos, internas competitivas y propuestas de mediano y largo plazo. También cuestionó tanto al kirchnerismo como al oficialismo libertario por sus estilos de conducción y su relación con las instituciones.

Según su diagnóstico, la política cambió y adquirió una lógica “líquida, gelatinosa”, en la que se diluyeron las instituciones, los partidos y los valores. En ese sentido, consideró que ese proceso afecta el funcionamiento de la democracia y deteriora la confianza ciudadana, especialmente entre los jóvenes.

“El problema de fondo impacta en la democracia, en su funcionamiento y en la convicción democrática de los ciudadanos”, sostuvo. Por esto mismo, de cara a las elecciones del año entrante y los nombres que empiezan a sonar como candidatos, dijo: “No reniego de los outsiders, pero a mí me importan más los partidos que las personas con sustento y mirada integral y controles internos”-

En su lectura, el sistema político tiene dos protagonistas centrales. Por un lado, ubicó al oficialismo, que apuesta a la reelección de Javier Milei y presenta ese objetivo como su plan para el país. Por el otro, señaló al peronismo, al que cuestionó por no exhibir una propuesta renovada ni dirigentes diferentes.

El dirigente sostuvo que la confrontación entre ambas fuerzas perjudica a la Argentina porque limita el debate sobre soluciones de fondo. “Si es pollo o pasta, estamos jodidos”, resumió.

Para ello, planteó la necesidad de mejorar esa oferta y de construir canales de diálogo entre espacios con vocación de Gobierno. Así, mencionó al exministro de Economía Hernán Lacunza —uno de los candidateados del PRO— como una de las figuras que, según su opinión, reúne formación y una mirada realista, y se preguntó si el radicalismo podría aportar dirigentes con características similares.

También propuso recuperar mecanismos de competencia interna, defendiendo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), al considerar que pueden ordenar a la oposición, aportar transparencia y fortalecer el sistema democrático. “Hay un 50% de los argentinos pero no es homogéneo y no se puede absorber a todos. Hay que mirar más allá. Puede ser 3 o 4 fuerzas disputando con PASO y ballotage, será un paso cualitativo enorme. Lograr un régimen de competencia entre todos y no la polarización”, señaló.

El exponente radical dijo que podría entusiasmarse con una construcción semejante a Cambiemos en 2015, integrada por sectores del PRO, la Coalición Cívica, la Unión Cívica Radical y el socialismo.

Pese a que reconoció que el Gobierno libertario logró ordenar la inflación y el déficit fiscal, cuestionó que ese esquema pueda trasladar sus resultados a los ingresos, las pequeñas y medianas empresas y la reducción de la desigualdad.

A su entender, el modelo oficial se concentra en grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con foco en minería, gas y petróleo, mientras espera que los efectos macroeconómicos alcancen al resto de la economía; sin embargo, señaló que “este modelo no piensa en las pymes”.

En consecuencia, sostuvo que “la reelección de Milei no es un hecho, es un relato del Gobierno”.

Al enumerar las prioridades pendientes, mencionó cuatro cuestiones: Justicia, educación, sistema político y sistema monetario. Consideró que el Gobierno avanzó sobre el último punto, pero no observa respuestas suficientes en los demás.

Respecto del PRO, indicó que el partido enfrenta una “disyuntiva de hierro” entre preservar su peso en la Ciudad de Buenos Aires y mantener una presencia nacional y expresó que conversó con el expresidente Mauricio Macri hace algunos meses sobre ese escenario.

Una frase de Donald Trump en el Salón Oval abrió a principios de septiembre uno de los capítulos más tensos de la disputa por las Islas Malvinas en décadas. Lo que siguió fue una escalada de declaraciones cruzadas, decretos, alertas militares y movimientos diplomáticos entre Argentina y el Reino Unido que tendrá como escenario, esta semana, a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el centro del conflicto, además de la soberanía, está el petróleo: el proyecto Sea Lion, un yacimiento en aguas profundas a 220 kilómetros al norte del archipiélago, cuya explotación se convirtió en una preocupación de Casa Rosada, es una disputa por unos ingresos estimados por las autoridades británicas en USD 2.000 millones en concepto de regalías a lo largo de 30 años.

El primer movimiento público

Fue el 25 de abril cuando la agencia Reuters publicó el contenido de un correo interno del Pentágono que enumeraba posibles represalias de la administración Trump contra aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se negaron a respaldar las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente. Entre esas medidas figuraba la reconsideración del apoyo diplomático de Washington a reclamos europeos sobre “posesiones imperiales”, con mención explícita a las Malvinas.

El trasfondo era la creciente fricción entre Trump y el entonces primer ministro británico Keir Starmer, a quien el mandatario republicano había calificado de “cobarde” por la negativa de Londres a conceder a las fuerzas estadounidenses derechos de acceso, base y sobrevuelo para operaciones contra Irán.

En aquel momento, el subsecretario del Departamento de Estado Thomas G. DiNanno, en una ronda con medios, entre ellos Infobae, hizo una breve mención a filtración: “No puedo hablar sobre el respaldo en el tema de las islas. Estados Unidos es neutral en ese asunto”.

La Casa Rosada, en tanto, recibía la noticia con expectativa y cautela. El presidente Javier Milei, por entonces, señalaba que su gobierno hacía “todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina”. Desde Londres, la respuesta fue la posición histórica de las autoridades británicas: “La soberanía de las Islas Malvinas no está en cuestión”.

Otro aviso de Trump

El segundo detonante llegó el 1 de septiembre, cuando un periodista le preguntó a Trump en el Salón Oval si su gobierno reconsideraría su postura sobre la soberanía del archipiélago. La respuesta fue breve, pero tuvo un enorme impacto diplomático: “Siempre reviso cada posición. Es solo una de muchas”.

En Buenos Aires, el efecto fue inmediato: Milei calificó esas palabras como algo “muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada” de los argentinos y activó un operativo comunicacional que incluyó el anuncio por anticipado de una cadena nacional. Ya en ese momento, en el ámbito diplomático analizaban que el movimiento de Trump era “muy fuerte en lo discursivo” y los analistas coincidían en que debía leerse en clave de presión sobre la OTAN, no como un giro genuino sobre la soberanía argentina sobre las Malvinas.

Cadena nacional y sanciones a las petroleras

En la noche del 3 de septiembre, y en medio de una fuerte expectativa, Milei utilizó la cadena nacional para formalizar las acciones que el gobierno venía preparando. “Las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho. No hay debate”, afirmó desde la Casa Rosada. El discurso incluyó un paquete de medidas: sanciones contra las empresas involucradas en la explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización argentina, ampliación del presupuesto del Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El blanco central fue Sea Lion, cuya explotación impulsa el consorcio formado por Rockhopper Exploration —de capital británico— y Navitas Petroleum, con sede en Israel, con planes de comenzar a bombear petróleo en 2028. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, advirtió Milei. El mandatario también rechazó el argumento del derecho de autodeterminación de los isleños y declaró “sin validez” el referéndum de 2013, en el que el 99,8% de los habitantes votó por seguir siendo un Territorio Británico de Ultramar.

Esa misma noche, en una entrevista con la cadena británica GB News, Trump daba otro gesto al negarse a confirmar si respaldaría al Reino Unido ante un eventual nuevo conflicto con Argentina y recordó que Londres “no estuvo ahí” para ayudarlo en la guerra contra Irán.

El Reino Unido en alerta

La respuesta de Londres llegó al día siguiente a través de un portavoz de Downing Street: “Nuestras fuerzas armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, según informó la BBC. El secretario de Defensa, Wes Streeting, fue más directo: “Las Malvinas son británicas porque los isleños eligieron ser británicos”, y calificó el discurso de Milei como un reflejo de “la política interna argentina” antes que una amenaza real.

En paralelo, el gobierno argentino anunciaba simultáneamente por X que iniciaba procesos sancionatorios contra 45 personas y empresas. Los DNU 867/2026 y 868/2026 formalizaron parte de las medidas: el Decreto 868/2026 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que establece penalidades para actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso del país, y fijó un plazo de cinco días hábiles para que los organismos estatales comuniquen posibles incumplimientos.

El Reino Unido calificó esas sanciones de “inaceptables” y reiteró que el comercio en las islas se rige por la legislación británica. La Cancillería argentina rechazó “de la manera más enérgica” una guía del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) de Londres que promueve la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona y declara que la legislación argentina no aplica sobre las islas.

El mensaje de Dublín y el “desastre potencial”

La escalada retórica sumó un nuevo capítulo el 12 de septiembre, cuando Trump ofreció declaraciones ante la prensa en Dublín tras reunirse con el primer ministro irlandés Micheál Martin. El presidente estadounidense afirmó que las Malvinas le parecen “muy interesantes”, que Argentina y el Reino Unido son “dos países que están enfadados” y que un eventual conflicto sería “un desastre potencial”. Al mismo tiempo, se mostró confiado en poder resolverlo si lo convocaran en un eventual rolde mediador. Trump también evocó la guerra de 1982 y cuestionó si Londres estaría en condiciones de defender las islas, dada su situación interna: “Tienen un pequeño problema con la inmigración, con la energía y otros asuntos que resolver, así que no sé si van a estar dispuestos a viajar tan lejos, hablamos de semanas en barcos”, sostuvo, según reportó EFE.

La respuesta británica

En medio de la escalada, el gobierno británico confirmó el 14 de septiembre el reemplazo de los cuatro cazas Typhoon Tranche 1 desplegados en las islas por aeronaves Tranche 2 de mayor capacidad operativa, en una rotación prevista para fines de noviembre de 2027. El Ministerio de Defensa aclaró que la renovación estaba planificada con anterioridad y era independiente de la tensión en curso, aunque reconoció que la confirmación resultaba relevante como señal del compromiso militar permanente con el archipiélago.

Ese mismo día, la agencia EFE describió desde las propias islas la reacción de sus habitantes: más hastío que preocupación. Un analista local sintetizó el sentimiento general: “Estamos cansados de ser un juguete político, de ser peones en un tablero de ajedrez”.

Más sanciones a empresas

El siguiente movimiento llegó de Argentina. Por medio del Decreto 983/2026, el gobierno de Milei creó el Sistema de Articulación de la Política Exterior en el ámbito de la Cancillería, con el mandato de coordinar las acciones de todos los organismos estatales que puedan incidir en el reclamo por las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. Cada organismo alcanzado debe designar un enlace institucional para canalizar la información hacia el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Para esa fecha, el gobierno había abierto procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas con actividad directa o indirecta en la cuenca Malvinas.

En paralelo, medios británicos como The Times, The Guardian y Daily Mail informaron que Burnham y Trump podrían reunirse por primera vez esta semana en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, y que las Malvinas figurarían en la agenda junto a Ucrania, Irán y la inteligencia artificial.

Mientras tanto, la Justicia Federal argentina avanzó también en la última semana con una causa penal contra las petroleras extranjeras acusadas de explotar petróleo en el archipiélago sin autorización estatal. Es más, la jueza federal Mariel Borruto, de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las petroleras abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en marcha la explotación petrolera.

La ONU como escenario y vidriera

Con la Asamblea General de la ONU como marco, la Cancillería argentina trabaja con el protocolo de la Casa Blanca y el Departamento de Estado para concretar un encuentro formal entre Milei y Trump en torno al 21 y 22 de septiembre. El objetivo es que el mandatario argentino exponga los derechos históricos que reclama el país sobre el archipiélago y solicite formalmente una mediación de Washington, aunque fuentes diplomáticas reconocen que el margen geopolítico es estrecho: para que Estados Unidos asuma ese rol, Londres debería acceder a negociar.

Según Benjamin Gedan, investigador del Centro Stimson, para actuar como mediador por las Malvinas, “Trump debe convencer a ambas partes de que es neutral”.

El discurso de Milei ante la Asamblea General, previsto para el próximo miércoles, incluiría la defensa de los derechos soberanos argentinos y cuestionaría la negativa británica a cumplir las resoluciones del Comité de Descolonización de la ONU. El canciller Quirno, en tanto, fue enfático: “El objetivo es recuperar la soberanía mediante el diálogo diplomático. Y nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que están a nuestro alcance, legales, diplomáticas, jurídicas, de defensa, de inteligencia, para defender nuestros intereses”.

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La conducción de la Armada Argentina apartó de sus funciones a diez militares involucrados en las actuaciones por la trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos y puso en marcha una instrucción disciplinaria que puede terminar con la destitución de los responsables. La medida fue dispuesta por el jefe del Estado Mayor General de la fuerza, almirante Juan Carlos Romay, mientras avanza en paralelo la investigación de la Justicia Federal por 645 acreditaciones indebidas que alcanzaron un monto histórico de $981.148.567,88.

Fuentes oficiales de la Armada confirmaron a Infobae que el universo reconstruido hasta ahora comprende 23 beneficiarios: diez militares y trece civiles o personas ajenas a la fuerza. Todo el personal militar alcanzado por las actuaciones fue separado de las funciones que desempeñaba y quedó sometido desde el 16 de septiembre a un procedimiento disciplinario interno. La decisión se terminó de sustanciar anoche.

La precisión modifica la información inicial que había circulado sobre nueve efectivos apartados y también permite delimitar el alcance de las medidas. La Armada no dispuso todavía la destitución automática de los involucrados. Abrió una instrucción disciplinaria por una falta considerada “gravísima”, dentro de la cual la expulsión de la fuerza aparece como la máxima sanción posible.

En el ámbito de la Armada consideran que el proceso podría terminar con destituciones, pero cada situación deberá ser analizada individualmente y los involucrados tendrán derecho a ejercer su defensa. Un abogado militar ya fue designado para conducir la instrucción. A medida que avance el procedimiento se terminarán de conformar las autoridades que deberán evaluar las pruebas, recibir los descargos y resolver las responsabilidades disciplinarias.

La decisión cuenta con una instrucción expresa del ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, que intervino una vez que la investigación administrativa interna tomó dimensión y los responsables de la Armada reunieron los elementos que luego fueron enviados a la Justicia.

Presti se refirió públicamente al caso y buscó separar la conducta de los investigados del conjunto de la institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.

Después explicitó la orden impartida a Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.

La expresión del ministro establece la orientación política con la que Defensa pretende abordar el caso, aunque el resultado formal deberá surgir del procedimiento disciplinario. Dentro de la Armada remarcan precisamente esa diferencia: primero debe desarrollarse la instrucción, analizarse la conducta de cada integrante y garantizarse el derecho de defensa. La destitución es uno de los resultados posibles y constituye la sanción más grave dentro del régimen militar.

El segundo camino es judicial y transcurre de manera independiente. La Armada presentó el 15 de septiembre una denuncia ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que se investiguen las eventuales responsabilidades penales.

Presti también se refirió en diálogo con TN a esa vía. “Más allá de la Justicia Federal, espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”, afirmó.

Así, el caso quedó dividido en dos carriles. La Armada debe resolver las responsabilidades disciplinarias de sus integrantes y puede imponer las sanciones previstas por el régimen militar. La Justicia Federal, en cambio, deberá determinar si existieron delitos, quiénes participaron y qué responsabilidad penal corresponde a cada una de las personas investigadas.

La investigación interna reconstruyó pagos irregulares desde 2022

La reacción de la conducción militar es consecuencia de una investigación iniciada por la propia Armada y que se extendió durante varias semanas hasta reconstruir operaciones realizadas durante más de tres años.

Las primeras señales aparecieron en febrero de 2026, cuando una revisión sobre la liquidación de enero permitió detectar cinco acreditaciones incorrectas correspondientes a integrantes del Departamento Revista. Una vez detectados los pagos, el dinero fue devuelto.

En ese momento no había elementos suficientes para establecer que las inconsistencias formaban parte de un mecanismo deliberado. Tampoco existían indicios que vincularan personalmente al entonces jefe del Departamento Revista, capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff.

Las irregularidades iniciales llevaron, sin embargo, a reforzar los controles. En marzo se modificó parte del circuito administrativo: Tesorería pasó a encargarse de la tramitación de las acreditaciones ante el Banco de la Nación Argentina y Contabilidad comenzó a realizar de manera independiente la conciliación de la cuenta utilizada para pagar los haberes.

La decisión permitió separar la liquidación, la orden de acreditación y el control posterior de los movimientos bancarios.

El punto de inflexión ocurrió en agosto. Nuevas revisiones de períodos anteriores permitieron detectar pagos que no tenían respaldo en los haberes liquidados y, entre ellos, acreditaciones realizadas a María del Carmen Prieto, esposa de Atanasoff.

Fue el primer elemento que vinculó personalmente al jefe del Departamento Revista con las operaciones bajo análisis. Atanasoff fue relevado preventivamente de manera inmediata, se resguardaron los equipos informáticos empleados para preparar los archivos enviados al Banco Nación y se dispuso una revisión integral hacia períodos anteriores.

Entre el 20 de agosto y el 14 de septiembre, la Armada reconstruyó la operatoria, obtuvo información adicional del Banco Nación y abrió actuaciones administrativas de acuerdo con el Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares.

El resultado fue considerablemente mayor que las primeras anomalías.

La revisión determinó que entre julio de 2022 y enero de 2026 se habían producido 645 acreditaciones indebidas a 23 beneficiarios por $981.148.567,88. El número es el monto histórico comprobado por la investigación interna y posteriormente incorporado a la denuncia penal.

Fuentes de alto nivel de la Armada ratificaron además a Infobae que esa es la cifra respaldada por la documentación reunida hasta ahora. Otras estimaciones superiores que circularon públicamente no forman parte de la cuantificación efectuada por la investigación interna que derivó en la denuncia judicial.

El dinero surgía de pagos bloqueados antes de su devolución al Tesoro

La pesquisa permitió también entender de qué manera se generaban los fondos utilizados para realizar los pagos.

La maniobra aprovechaba el período existente entre el cierre de la liquidación mensual y el envío definitivo del archivo de acreditaciones al Banco Nación.

Después de confeccionarse una liquidación pueden existir pagos que originalmente estaban previstos pero que finalmente deben bloquearse por distintas razones: una baja, un retiro, el fallecimiento de un integrante de la fuerza o un error detectado durante los controles.

Cuando eso ocurre, ese dinero ya no debe ser transferido al destinatario inicialmente previsto. Los fondos que finalmente quedan disponibles deben ser reingresados posteriormente a la Tesorería General de la Nación.

La investigación estableció que parte de esos recursos era aprovechada antes de la devolución para realizar las acreditaciones irregulares.

Había básicamente dos mecanismos.

En algunos casos se aumentaba de manera transitoria el monto correspondiente a una persona determinada. En otros se incorporaba directamente un pago para el cual no existía ninguna liquidación de haberes que pudiera justificarlo.

Las modificaciones se realizaban después de los controles ordinarios y antes del envío definitivo de los archivos al Banco Nación. Eso permitía incluir los pagos cuestionados dentro de un volumen mensual superior a las 24.000 acreditaciones correspondientes al personal de la Armada.

El sistema tenía además una instancia posterior que dificultaba la detección.

Después de confeccionarse el archivo destinado al banco, los registros modificados podían ser restituidos a sus valores anteriores. Como consecuencia, la transferencia efectivamente recibida por un beneficiario podía no coincidir con el monto que luego aparecía en su recibo de haberes dentro del sistema.

La diferencia quedó expuesta cuando los investigadores comenzaron a comparar las distintas fuentes de información: las liquidaciones originales, los recibos publicados, las diferentes versiones de los archivos confeccionados para pagar y las confirmaciones bancarias.

La evidencia reunida tiene un elemento especialmente relevante para la investigación: las acreditaciones se hicieron mediante transferencias bancarias a cuentas a nombre de los respectivos beneficiarios. Por eso fue posible vincular los pagos cuestionados con personas concretas y contrastarlos con los haberes que legítimamente debían percibir.

La pesquisa contó también con información extraída de los equipos informáticos preservados por la Armada, registros enviados por el Banco Nación y las actuaciones administrativas desarrolladas después de detectar el mecanismo.

Cuatro de los 23 beneficiarios no tenían relación laboral ni funcional con la Armada. En conjunto recibieron 184 acreditaciones por $434.200.718,04, equivalentes al 44,25% del total histórico reconstruido.

María del Carmen Prieto fue la mayor beneficiaria individual. Según consta en la denuncia a la que accedió Infobae, recibió 46 acreditaciones por $152.259.495,86. Prieto es esposa de Atanasoff.

Damián Andrés Santana recibió 47 acreditaciones por $99.496.225,47 y Amalia Cristina Díaz registró 46 pagos por $91.978.048,38. La documentación de la Armada identifica a los cuatro receptores externos como personas que no tenían relación funcional con la institución.

Las actuaciones administrativas atribuyen a Atanasoff un papel central.

Según la documentación interna a la que accedió Infobae, el entonces jefe del Departamento Revista manifestó durante la investigación que conocía los pagos realizados a las personas ajenas a la Armada, que las acreditaciones se hacían manualmente, que él definía los beneficiarios y los importes y que ejecutaba personalmente las operaciones.

El informe interno agrega un elemento de especial importancia: Atanasoff manifestó que ese mecanismo tenía como finalidad favorecer económicamente no solamente a los beneficiarios externos, sino también a las restantes 19 personas pertenecientes a la Armada alcanzadas por la investigación.

Ese dato conecta su declaración administrativa con el conjunto de los 23 beneficiarios identificados.

La Justicia Federal y la Armada deberán determinar responsabilidades individuales

La investigación reconstruyó además situaciones particulares dentro de la fuerza.

El capitán de Corbeta Contador Roberto Eduardo Castro aparece en la denuncia por haber recibido, durante determinados períodos, haberes en la Argentina en simultáneo con los que percibía mientras estaba destinado en el exterior.

La situación resultó significativa porque el sistema identifica automáticamente al personal destinado fuera del país y lo excluye de los archivos utilizados para pagar haberes localmente. La investigación sostuvo que esos pagos sólo pudieron concretarse mediante la incorporación de registros por fuera del proceso automático.

También fueron detectadas acreditaciones a Luana Magalí Piedigrossi, esposa de Castro, durante períodos en los que estaba de licencia sin goce de haberes.

Otros integrantes aparecen en las actuaciones como perceptores de sumas posteriormente restituidas.

Los capitanes de Corbeta Contadores Ariel Vicente Gallo, Roberto Eduardo Castro, Cristian Sebastián Lobato y Juan Carlos Barrios realizaron transferencias a la cuenta operativa del Servicio Administrativo Financiero por importes percibidos en exceso con los haberes correspondientes a enero de 2026.

También efectuaron devoluciones los capitanes de Corbeta Gerardo Horacio Heredia, Anabela Alejandra Farias y Mathías Agustín Pieroni. Los tres transfirieron el 11 de septiembre la totalidad de las sumas que habían recibido indebidamente.

La existencia de un cobro indebido no determina por sí sola el grado de responsabilidad de cada perceptor. Tanto la investigación disciplinaria como la causa federal deberán establecer qué conocimiento tenía cada uno sobre el origen de las acreditaciones y qué intervención pudo haber tenido en el mecanismo.

Hasta el momento de formularse la denuncia habían sido restituidos $42.574.267,63. Por eso, del monto histórico de $981.148.567,88, permanecía una diferencia de $938.574.300,25.

La Armada aclaró desde el inicio que las devoluciones posteriores no modifican el volumen histórico de las acreditaciones detectadas. Permiten únicamente establecer cuánto dinero fue recuperado y cuánto permanecía pendiente al momento de llevar el caso a la Justicia.

El 15 de septiembre, una vez reunidos los elementos técnicos, bancarios y administrativos, la denuncia fue presentada por el capitán de Navío Contador Carlos Alberto Castro Maggio, jefe de Administración Financiera de la Armada.

La presentación puso a disposición de la Justicia informes técnicos, documentación bancaria, planillas con las inconsistencias, declaraciones administrativas y registros informáticos. La Armada también ofreció los equipos preservados y cualquier otro soporte requerido por el juzgado.

Al día siguiente llegó la reacción disciplinaria.

Romay resolvió apartar de sus cargos a todo el personal militar alcanzado por las actuaciones y dio inicio a la instrucción por una falta gravísima.

La Armada ya designó a un abogado militar para conducir esta primera etapa del procedimiento. Los involucrados podrán contar con defensores y presentar las pruebas y explicaciones que consideren pertinentes. Posteriormente deberá completarse la estructura disciplinaria encargada de evaluar las actuaciones y resolver las sanciones.

La máxima pena posible dentro de ese camino es la destitución.

La secuencia institucional quedó así definida: la propia Armada detectó las anomalías, reforzó los controles, reconstruyó operaciones que se remontaban a 2022, apartó preventivamente al responsable del área, preservó la evidencia, realizó una investigación administrativa, presentó el caso ante la Justicia y finalmente inició el proceso disciplinario sobre sus propios integrantes.

La fuerza sostiene que la respuesta busca evitar que la conducta de un grupo de miembros comprometa el prestigio de una institución integrada por alrededor de 24.000 personas.

La cantidad precisa de militares alcanzados también quedó ahora delimitada con mayor claridad. Fuentes oficiales de la conducción de la Armada indicaron a Infobae que son diez los efectivos comprendidos en las actuaciones disciplinarias, mientras que los restantes beneficiarios identificados son civiles o personas que no integran la fuerza.

El resultado del proceso no está formalmente decidido. La instrucción disciplinaria comenzó esta semana y debe analizar cada caso. Pero tanto Defensa como la conducción naval dejaron definida la orientación con la que pretenden avanzar.

Presti pidió que se adopten las máximas medidas dentro de la institución. La Armada apartó a todos los militares alcanzados. Y en paralelo, la Justicia Federal deberá determinar las responsabilidades penales por un esquema que durante más de tres años permitió desviar casi $1.000 millones mediante modificaciones introducidas en el circuito utilizado para pagar los salarios.