POLITICA
“El trauma de las pasteras no se tiene que repetir”: Uruguay evalúa relocalizar la planta de hidrógeno verde tras los reclamos de Argentina
El gobierno uruguayo anunció que está evaluando alternativas para relocalizar la planta de hidrógeno verde de la empresa Hif Global en Paysandú, tras sostener un proceso de diálogo con autoridades argentinas que manifestaron inquietudes sobre el impacto visual del proyecto en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos.
El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, detalló en declaraciones a Radio Mitre con Eduardo Feinmann que la gestión bilateral prioriza la transparencia y la cooperación para evitar la repetición de conflictos ambientales como el de las pasteras en los años 2000.
La decisión de incorporar las observaciones argentinas en el análisis ambiental y buscar nuevas ubicaciones para la planta marca un cambio de enfoque en las relaciones entre ambos países, en un contexto de inversión superior a los cinco mil trescientos millones de dólares.
Uruguay analiza relocalizar la planta de hidrógeno verde tras el reclamo argentino
El canciller uruguayo relató que el proceso de diálogo con Argentina comenzó en agosto del año pasado, cuando una delegación liderada por el canciller argentino Pablo Quirno, el gobernador de Entre Ríos y el intendente de Colón visitaron la Cancillería en Montevideo. Durante ese encuentro, las autoridades argentinas plantearon inquietudes sobre los posibles efectos ambientales y el impacto visual de la planta de hidrógeno verde que la empresa Hif Global proyecta instalar en Paysandú, frente a la costa de Colón.
Lubetkin explicó que Uruguay respondió abriendo un canal de comunicación directa y transparente. “Iniciamos un diálogo muy válido, como modelo para cualquier tipo de desencuentro futuro”, señaló. Entre las primeras medidas, el Ministerio de Ambiente uruguayo solicitó a la delegación argentina que enviara preguntas concretas sobre el proyecto, las cuales fueron incorporadas al cuestionario oficial dirigido a la empresa para su evaluación ambiental.
En la segunda reunión de seguimiento, realizada seis meses después, Uruguay presentó sin reservas el estado de avance del proyecto y las gestiones vinculadas a los cuestionamientos planteados por Argentina. El canciller subrayó que el proceso “va por buen camino” y que ambas partes trabajan para garantizar la mayor claridad posible en cada etapa.
Evitar un nuevo conflicto como el de las pasteras
Consultado sobre las diferencias con el caso de las pasteras, Lubetkin admitió que el recuerdo de ese conflicto sigue latente y funciona como advertencia para la gestión actual. “Ese trauma es el que no se tiene que repetir”, afirmó, remitiendo al impacto negativo que el litigio por la instalación de plantas papeleras tuvo en la relación bilateral en los años 2000.
Recordó que desde el primer día, tanto el canciller argentino Pablo Quirno como él mismo, y el presidente Yamandú Orsi en su encuentro con el gobernador de Entre Ríos, coincidieron en que “nunca más el tema del puente, nunca más”. Lubetkin reivindicó la capacidad de ambos países para encontrar soluciones consensuadas, evitar daños y dejar atrás los escenarios de enfrentamiento. “Generó heridas profundas que nunca más se tienen que repetir”, enfatizó.
El canciller evocó el clima social de tensión de aquel momento, cuando sectores de ambos países llegaron a temer una escalada mayor. “Algunos querían la guerra entre Argentina y Uruguay. Por suerte, parece el prepaleolítico”, ironizó, y pidió que el pasado sirva como lección aprendida.
El monto de la inversión y avances en la relocalización
Lubetkin detalló que la inversión estimada para la planta de hidrógeno verde supera los $5.300 millones y que el proceso de análisis contempla varias etapas. Actualmente, las autoridades uruguayas analizan “un par de áreas” alternativas para la relocalización, más allá de la propuesta inicial. Aunque el proceso no está concluido, se comprometió a seguir avanzando de manera coordinada con las autoridades argentinas y a priorizar la “serenidad y garantías” para los habitantes de ambos países.
“Estamos yendo por las etapas que tenemos que ir primero, consolidar y garantizar que en nuestra zona fronteriza va a haber tranquilidad y garantías de que la empresa y su instalación no es para afectar, sino para crecer”, indicó el canciller.
Clima político y cooperación binacional
El funcionario destacó el clima de confianza y madurez que predomina en la relación política actual entre Uruguay y Argentina. En la última reunión bilateral participaron, del lado uruguayo, dos ministros (Industria y Medio Ambiente) y el intendente de Paysandú, quien pertenece a un partido opositor, lo que, según Lubetkin, prueba que el tema se gestiona como política de Estado, no partidaria.
“Trabajamos para tener las mejores relaciones con Argentina y este tipo de hechos que pone a prueba dificultades, intereses hasta contrapuestos, es la prueba de fuego que nos demuestra cuán cerca estamos y cuán sólida es nuestra relación”, afirmó. Lubetkin insistió en la existencia de una “enorme confianza” entre ambos gobiernos y aseguró que aún ante eventuales desencuentros, “hay voluntad, madurez y confianza” para resolverlos rápidamente.
Consultado sobre un posible encuentro formal entre los presidentes Javier Milei y Yamandú Orsi, Lubetkin detalló que ambos mandatarios ya coincidieron en “tres o cuatro eventos internacionales”, aunque solo por minutos. “La visita formal depende únicamente de cuadrar las agendas”, aclaró, invitando públicamente a las autoridades argentinas a Uruguay.
Impacto internacional: la guerra Estados Unidos-Israel-Irán y el efecto en Uruguay
En la última parte de la entrevista, Lubetkin abordó el impacto de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán sobre Uruguay y la región. Señaló que el efecto inmediato se percibe en el ámbito económico, especialmente en los costos energéticos y en la preocupación por el abastecimiento de fertilizantes.
El canciller advirtió que “en el estrecho de Ormuz pasa el veinticinco por ciento de los fertilizantes y entre el veinticinco y el cuarenta por ciento de los productos alimentarios”. Consideró que la situación puede derivar en escenarios de desabastecimiento y suba de precios, aunque también implica una oportunidad para los países productores de alimentos como Argentina y Uruguay.
Lubetkin concluyó que el escenario internacional afecta tanto la estabilidad socioeconómica como la geopolítica, y remarcó la importancia de analizar estos desafíos de manera conjunta para maximizar la capacidad de respuesta de la región.
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POLITICA
El Comando Sur de Estados Unidos anunció un acuerdo con el país para patrullar el Mar Argentino por cinco años
El Comando Sur de Estados Unidos anunció un acuerdo con la Argentina para patrullar la zona marítima del país durante cinco años. El programa, llamado ‘Protección de los Bienes Comunes Globales’, busca “impulsar la seguridad marítima en el Atlántico Sur”, según informó la embajada norteamericana.
La asociación comienza con la “entrega de una cámara especializada a bordo de una aeronave dedicada a patrullar la zona marítima argentina”.
Este programa se expandirá durante los próximos cinco años con “equipamiento avanzado, entrenamiento de élite y apoyo para interceptar y neutralizar amenazas marítimas”, señaló en las últimas horas la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, en un mensaje que fue replicado por el Comando Sur en redes sociales.
El contraalmirante Carlos Sardiello, de las Fuerzas Navales del Comando Sur, y el almirante Juan Carlos Romay, jefe del Estado Mayor General de la Armada, “firmaron la Carta de Intención que da inicio a esta alianza estratégica de cinco años para defender los bienes comunes globales y fortalecer la seguridad regional”, indicó la Embajada de Estados Unidos.
A fines de abril último, los gobiernos de Donald Trump y de Javier Milei habían dado un paso más para afianzar la alianza estratégica en materia militar con la visita del jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur de los Estados Unidos, contraalmirante Mark A. Schafer, y la llegada de dos buques militares de relieve para participar de ejercicios militares en aguas de la Zona Económica Exclusiva de la Argentina.
En esa oportunidad, Milei viajó al portaaviones nuclear USS Nimitz y participó allí de una actividad conjunta organizada por el Comando de Operaciones Especiales Sur como parte de los ejercicios navales de la operación conjunta Passex, que las fuerzas militares de ambos países llevan adelante en el Atlántico Sur.
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, quien había invitado a Milei a la visita al portaaviones, celebró la puesta en marcha del ejercicio de “capacidades concretas que fortalecen la seguridad marítima del Atlántico Sur como nunca antes”.
“Con la Argentina, estamos construyendo un hemisferio occidental más fuerte y más seguro”, afirmó por entonces.
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POLITICA
Waldo Wolff logró una medida judicial contra un usuario de X que lo agredió con una expresión antisemita
Una palabra. Eso bastó para desencadenar un proceso judicial que derivó en un fallo sin precedentes en Argentina frente a los discursos de odio en redes sociales. El legislador porteño Waldo Wolff recibió en la plataforma X el mensaje “gordo jabón” de parte del usuario Marcelo Fredes, en el contexto de una discusión política. Lejos de ignorar el insulto, el diputado advirtió al agresor que esa expresión constituye un delito en el país y, ante la provocación del tuitero —quien le respondió “dale, hacelo”—, presentó una denuncia formal por discriminación y antisemitismo.
El término “jabón” no es un insulto vulgar ordinario. Su uso contra una persona judía evoca una de las prácticas más aberrantes del régimen nazi durante el Holocausto: la fabricación de jabón con los restos de los cuerpos de las víctimas asesinadas en los campos de exterminio. Se trata, por tanto, de una referencia directa al genocidio, y su empleo como arma en una disputa política online representa una forma de banalización de esa tragedia histórica.
Wolff lo explicó con precisión: “Saben lo que es el término jabón. Es lo que hacían los nazis con los judíos después de pasarlos por la cámara de gas”.
La denuncia no quedó en el vacío. La causa fue receptada por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación, a cargo de la doctora Andrea Scanga, bajo la conducción del Fiscal General Martín López Zabaleta. El hecho fue encuadrado en el artículo 71 del Código Contravencional porteño, que tipifica las conductas discriminatorias. A lo largo de aproximadamente un año, la fiscalía logró identificar la cuenta desde la que se emitió el mensaje.
El tuit que originó la causa fue: “Mirá, nunca le pegás al desfinanciamiento de Nación, siempre le echás la culpa a PBA. Andá a meter presos a grafiteros, gordo jabón”. Con ese texto, Fredes no solo atacó al legislador con un epíteto antisemita, sino que lo hizo en el marco de un intercambio sobre política argentina, lo que subraya la naturalidad con la que ese tipo de expresiones puede circular en el debate público digital.
Una vez identificado el autor, el proceso avanzó hacia una instancia de mediación penal. Allí, Fredes reconoció los hechos y pidió disculpas públicas a Wolff, a la comunidad judía y a las víctimas del Holocausto y sus descendientes. Según relató el propio diputado, el agresor, “de manera sincera, se disculpó, dijo que no sabía lo que estaba diciendo” y formalizó ese reconocimiento mediante una carta dirigida a todos los damnificados.
“Los damnificados somos todos los argentinos, porque eso es ilegal”, subrayó Wolff.
Como parte del acuerdo alcanzado en la mediación, Fredes también se comprometió a participar de una jornada de reflexión y capacitación en el Museo del Holocausto de la Ciudad de Buenos Aires. La visita, que tendrá lugar este martes, tiene por objeto que el agresor tome contacto directo con el registro histórico del exterminio nazi y comprenda el peso real de las palabras que utilizó.
Wolff fue explícito al valorar el trabajo del Ministerio Público Fiscal: “Quiero agradecerle al doctor Martín López Zabaleta y a la doctora Scanga por el trabajo que hicieron”, declaró. El legislador también extendió el reconocimiento a Fredes por las disculpas ofrecidas e invitó a quienes participan del debate político a entender que “hay límites, que no vale todo”.
El caso instala un punto de inflexión en el tratamiento judicial del antisemitismo en plataformas digitales dentro del país. Hasta ahora, la impunidad relativa de los mensajes de odio en redes sociales se sostenía, en parte, en la dificultad para identificar a sus autores y en la falta de precedentes que demostraran la viabilidad de ese tipo de procesos.
“Esto sienta un precedente enorme en la Argentina. Tenés que saber que a partir de ahora que alguien te diga jabón es un delito”, resaltó Wolff.
Un grupo de agrupaciones barriales que integran una de las vertientes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) se manifestó hoy frente a un country de la localidad de Paso del Rey, en Moreno, donde tiene una casa la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para reclamar por la continuidad y el aumento del monto del plan Volver al Trabajo.
Los manifestantes, del Frente Barrial de la CTA de los Trabajadores (la rama de la CTA que conduce el kirchnerista Hugo Yasky), se acercaron con banderas y carteles hasta el ingreso al country para presentar un petitorio que el personal de vigilancia del barrio privado no aceptó recibir.
“No nos quisieron recibir el petitorio, que plantea que no se baje el programa y que se suba el ingreso, que hoy es de $78.000″, dijo a Omar Muñoz, uno de los integrantes del Frente Barrial de la CTA que participó de la protesta.
Desde el ministerio, sostuvieron que “el plan está activo, porque la cautelar así lo marcó”, e indicaron que “el reclamo muestra lo que la sociedad no quiere más, los piquetes”.
A fines de abril, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por un grupo de beneficiarios del plan social Volver al Trabajo y frenó la eliminación de ese subsidio, una decisión que había tomado el ministerio que conduce Pettovello, que propone reemplazarlo por vouchers de capacitación.
La eliminación del plan había generado protestas de los movimientos sociales. La intención del Gobierno era eliminarlo a partir del 9 de abril. Los grupos piqueteros (nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Frente de Lucha Piquetero y la organización Territorios en Lucha) lanzaron jornadas de protesta que incluyeron, el 7 de abril, piquetes en accesos a la Capital Federal y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
“Nos plantearon que Pettovello se fue de ahí [por el country], pero sabemos que sigue viviendo allí”, agregó Muñoz. “Llamamos a la unidad del campo popular. Milei logró dividir las peleas, pero necesitamos unificar la lucha”, afirmó.
En la protesta, se vieron pancartas que criticaban “el chantaje de Pettovello”, mezcladas con banderas de agrupaciones como el Movimiento Territorial de Liberación (MTL).
Los manifestantes se ubicaron a un costado de la colectora de la autopista del Oeste, sin interrumpir el tránsito ni obstruir el ingreso y egreso al country.
La de este martes no fue la primera protesta en barrios privados donde residen funcionarios. El 31 de marzo, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se manifestó frente al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, donde tiene una casa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En ese momento, agitaron el mismo reclamo por el plan Volver al Trabajo que este martes reeditaron los manifestantes que protestaron frente al barrio privado en el que tiene una propiedad la ministra de Capital Humano.
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