Luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria celebrada la semana pasada, el Gobierno acercará una propuesta a las universidades para cerrar el conflicto alrededor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento que tramita la Justicia.

Según explicó a TN un funcionario al tanto de las negociaciones, el Ejecutivo les propuso a los rectores de las casas de estudio transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal. La reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.

A cambio, las universidades deberán retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.

En caso de obtener un fallo en contra, el Ejecutivo deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades.

Por eso, el Gobierno busca desactivar la amenaza con una propuesta de menor impacto.

Según pudo saber este medio, las partidas de fondos cuentan con el visto bueno del Ministerio de Economía y estos se ejecutarían una vez cerrado el acuerdo. “Incluiría todo lo que esta en nuestro proyecto de ley”, aseguró la fuente, lo cual evitaría que la iniciativa deba pasar por el Congreso.

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Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron a este medio que no recibieron ninguna propuesta del Gobierno. “No hay nada de nada”, enfatizaron.

En ese contexto, tampoco avanzó hasta el momento la convocatoria anticipada por el Ministerio de Capital Humano a las universidades con hospitales para destrabar el reclamo por una partida de $79 mil millones sin ejecutar para el sector.

Qué dice la Ley de Financiamiento del oficialismo y en qué se diferencia con la norma actual

Además de solo reconocer la pérdida salarial de 2025 —omitiendo la caída salarial durante 2024—, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso establece que la recomposición se efectuaría en tres tramos.

Así, en caso de avanzar con la propuesta, los aumentos del 4,1% se pagarían a lo largo del año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.

A su vez, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, pero no obliga a actualizar los salarios por inflación como sí marca la ley vigente.

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Otra diferencia sustancial recae en los gastos de funcionamiento de las universidades. La ley vigente demanda la recomposición por inflación de los últimos dos años en distintas partidas presupuestarias, entre ellas las de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica.

Sin embargo, el proyecto oficialista omite esos fondos y solo establece que, si la inflación anual de 2026 supera el 14,5%, el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Finalmente, algo que sí incorpora la ley oficialista es una recomposición de más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, uno de los sectores que más reclamaron por el ajuste en el sector en la previa de la última marcha federal.

Gobierno, universidades, Marcha universitaria

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El plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda del Senado dictaminó esta tarde un proyecto del radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) para crear una segunda sala en la estratégica Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Durante la reunión expuso el titular de la única sala allí vigente, Alejandro Osvaldo Tazza, quien habló de “colapso”. El magistrado detalló que Mar del Plata es el único lugar en el que la justicia federal de la Provincia no suma otra Cámara, a diferencia de San Martín, La Plata y Bahía Blanca.

Según Tazza, la competencia original “se fue ampliando” y, en la actualidad, ya ocupa “el 40%” de Buenos Aires. Luego, explicó: “Unos 8.900 expedientes ingresaron año pasado, con un promedio de casi 35 por día hábil y dos jueces en una sola sala”.

El magistrado añadió que el el “75% apunta al carácter previsional y de salud”, algo “imposible de abordar ante semejante cantidad de expedientes para un mismo tribunal”. En ese sentido, reconoció: “El margen de error es superior y va mellando lo físico y lo mental, con un incremento de pedido de licencias”.

Por su parte, Abad señaló que “una justicia eficaz no sólo justa, sino también rápida”. Y agregó: “La sociedad pide claramente que haya servicio y eso se lo da una justicia que esté a la altura de las circunstancias”. En los fundamentos de su iniciativa, el bonaerense resaltó que “se trata de un órgano judicial de competencia múltiple, por lo que debe resolver aquellas cuestiones vinculadas con los expedientes Civiles, Comerciales, Laborales, Contencioso Administrativo y Penales”.

Coincidió la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien dijo que “de 1992 hasta ahora”, la situación es “irreconocible”, con “zona de puertos, lugares de delitos federales y complejos y una población que crece de una manera muy importante y permanente, con más de 900.000 personas viviendo en la ciudad”. La porteña dejó en claro que, en caso de avanzar este asunto, deberá contemplar el presupuesto correspondiente.

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