Misiones vivió este martes lo que muchos interpretan como el quiebre definitivo entre el gobernador Hugo Passalacqua y quien maneja los hilos de la provincia desde principios de siglo, Carlos Rovira, luego de que el mandatario, contradiciendo los intereses de quien fuera su jefe político, sumara el apoyo de más de 60 intendentes para ir en busca de su reelección.

Las interpretaciones de lo ocurrido este mediodía en la localidad de Ruiz Montoya son variadas. “Nació el passalacquismo”, indicó un operador político de primera línea recargado de entusiasmo. “Fue un gesto de los intendentes. Passalacqua fue convocado a escucharlos”, dijo con sonrisa socarrona un funcionario de acceso directo al despacho del gobernador.

El hecho es que 66 intendentes firmaron un documento que presentaron como un “acta acuerdo” que los vincula. Uno de los apartados del texto se llama “Liderazgo y gobernabilidad”. El párrafo dice: “Reconocemos la figura del gobernador, Lic. Hugo Mario Passalacqua, como máxima autoridad política del Estado y articulador estratégico del vínculo permanente entre la Provincia y los municipios”.

Los títulos de principal figura política y estratega correspondían, hasta ayer nomás, a Rovira.

“Destacamos esta impronta de gestión cercana al territorio, con capacidad de escucha, vocación de respuesta y presencia efectiva del Estado en cada rincón de Misiones”, agrega.

Luego, completa: “Es precisamente ese equilibrio entre prudencia política y celeridad ejecutiva lo que dinamiza los procesos de la administración pública, traduciéndose de manera directa en respuestas ágiles, concretas y efectivas para las demandas de nuestras comunidades”.

Los mandatarios locales crearon una Mesa Política. Quedará en sesión permanente. En la perspectiva de las elecciones 2027, reclamaron representación “real y efectiva” en la decisión política y partidaria. Pretenden tener voz y voto en las negociaciones, en la conformación de listas y en la definición de estrategia electoral.

Cómo fue la trama

El encuentro tenía la fachada de un acto institucional. Se había presentado como la reunión de dos organismos municipales. Se trataba de la CODEIM (Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios) y de la Adinm (asociación de intendentes del norte misionero).

Sin embargo, terminó constituyéndose en un hito que, según cómo concluya la historia, podría convertirse en el Rubicón, en el punto de no retorno, de la relación entre Passalacqua y Rovira.

Hasta ahora, la dinámica misionera tenía dos roles bien definidos. El gobernador administraba y el “hombre fuerte” se encargaba de las decisiones políticas estratégicas. Rovira, que se hacía llamar “líder” y “conductor”, decidía las listas y quién competería por los principales cargos en Misiones. Los representantes de gobiernos nacionales de todo signo volaban a Posadas para reunirse con él y garantizar los votos de los legisladores misioneros.

El vínculo se definía por una sentencia de Rovira: “Gobernabilidad con gobernabilidad se paga”.

Passalacqua tuvo un 2025 complejo por problemas de salud. Eso facilitó que otros actores ocuparan posiciones de poder en su administración. Luego de recuperarse, el gobernador tomó las riendas, se puso en el centro de la escena y avanzó con decisiones fuertes, como eliminar la aduana interna y cerrar o privatizar organismos.

Tras los magros resultados electorales del año pasado (una victoria escasa en las legislativas provinciales y derrota ante La Libertad Avanza en las nacionales), Rovira dio un golpe de timón.

Dejó atrás la denominación histórica de su espacio (Frente Renovador de la Concordia) y lo reemplazó por Encuentro Misionero. También nombró a cuatro referentes como jefes de la campaña de 2027 y los mandó a territorio.

El objetivo era, a su vez, que se conviertan en precandidatos para suceder a Passalacqua. La tarea recayó en el vicegobernador Lucas Romero Spinelli (de vínculo estrecho con Ramiro Rovira, hijo de Carlos). También en Sebastián Macías (presidente de la Legislatura unicameral). Completaban el póker Leonardo Stellato (intendente de Posadas) y Oscar Herrera Ahuad (antecesor de Passalacqua y actual diputado nacional).

Herrera Ahuad se bajó pronto de la carrera. Quiere cumplir su mandato en el Congreso. Considera que dejar el cargo, como ya hizo con su banca en la Legislatura misionera, sería una traición a sus votantes.

Luego, Rovira arremetió con la agenda legislativa. Tomó todas las iniciativas que había presentado LLA como programa y las reconvirtió en propias.

“Fuimos los primeros en impulsar Ficha Limpia. Defendemos transparencia real y votamos con convicción, no con especulación. La Libertad Avanza Misiones se consolida como la única oposición firme”, respondió Adrián Núñez, legislador provincial libertario y presidente de LLA Misiones.

La reacción de Passalacqua se mostró días después con la convocatoria de los intendentes. A un año y medio del recambio de autoridades, la campaña electoral está en marcha en la tierra colorada.

Gabriela Origlia,Conforme a

Luego de la cuarta Marcha Federal Universitaria celebrada la semana pasada, el Gobierno acercará una propuesta a las universidades para cerrar el conflicto alrededor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento que tramita la Justicia.

Según explicó a TN un funcionario al tanto de las negociaciones, el Ejecutivo les propuso a los rectores de las casas de estudio transferirles los fondos previstos en el proyecto que había enviado el oficialismo al Congreso para reformar la ley vigente y amortiguar su impacto fiscal. La reforma del oficialismo plantea solo reconocer la pérdida salarial de los docentes durante 2025 y no desde el 2023.

A cambio, las universidades deberán retirar la cautelar que presentaron contra el Gobierno, que actualmente espera por una resolución de la Corte Suprema. La misma exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC.

En caso de obtener un fallo en contra, el Ejecutivo deberá desembolsar alrededor de 2,5 billones de pesos a las universidades.

Por eso, el Gobierno busca desactivar la amenaza con una propuesta de menor impacto.

Según pudo saber este medio, las partidas de fondos cuentan con el visto bueno del Ministerio de Economía y estos se ejecutarían una vez cerrado el acuerdo. “Incluiría todo lo que esta en nuestro proyecto de ley”, aseguró la fuente, lo cual evitaría que la iniciativa deba pasar por el Congreso.

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Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguraron a este medio que no recibieron ninguna propuesta del Gobierno. “No hay nada de nada”, enfatizaron.

En ese contexto, tampoco avanzó hasta el momento la convocatoria anticipada por el Ministerio de Capital Humano a las universidades con hospitales para destrabar el reclamo por una partida de $79 mil millones sin ejecutar para el sector.

Qué dice la Ley de Financiamiento del oficialismo y en qué se diferencia con la norma actual

Además de solo reconocer la pérdida salarial de 2025 —omitiendo la caída salarial durante 2024—, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo al Congreso establece que la recomposición se efectuaría en tres tramos.

Así, en caso de avanzar con la propuesta, los aumentos del 4,1% se pagarían a lo largo del año sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025.

A su vez, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá convocar a negociaciones paritarias cada tres meses, pero no obliga a actualizar los salarios por inflación como sí marca la ley vigente.

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Otra diferencia sustancial recae en los gastos de funcionamiento de las universidades. La ley vigente demanda la recomposición por inflación de los últimos dos años en distintas partidas presupuestarias, entre ellas las de los hospitales universitarios y el de ciencia y técnica.

Sin embargo, el proyecto oficialista omite esos fondos y solo establece que, si la inflación anual de 2026 supera el 14,5%, el Gobierno actualizará el presupuesto con el aumento correspondiente.

Finalmente, algo que sí incorpora la ley oficialista es una recomposición de más de $80.000 millones para el funcionamiento del sistema de salud universitario, uno de los sectores que más reclamaron por el ajuste en el sector en la previa de la última marcha federal.

Gobierno, universidades, Marcha universitaria