La lista provisoria de candidatos a gobernador bonaerense muestra una amplia variedad de aspirantes en el peronismo, un escenario más acotado en el frente de La Libertad Avanza y Pro, nombres ya lanzados en el radicalismo e indefinición en la izquierda.

El justicialismo cuenta con un listado preliminar de posibles postulantes a la gobernación provincial que se divide entre quienes se alinean con el gobernador Axel Kicillof, los que responden a la expresidenta Cristina Kirchner, los alfiles del exministro de Economía Sergio Massa, y los que se reparten entre la denominada Liga de Intendentes y el peronismo federal.

En el Movimiento Derecho al Futuro, espacio del gobernador bonaerense, aparecen en carrera, al menos, el exintendente de Avellaneda Jorge Ferraresi; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis y el jefe comunal de La Plata, Julio Alak.

En el sector de La Cámpora, quien aparece con proyección para competir en 2027 por la candidatura para el cargo que ostenta Kicillof es Mayra Mendoza, diputada provincial y exintendenta de Quilmes. Muy cercana a Cristina Kirchner, Mendoza está “caminando” incluso fuera de su distrito de origen, afirmaron en el camporismo. “Ella va a moverse dentro de un proyecto general”, aclararon.

En la vereda de los intendentes peronistas, también se anota para intentar competir por la candidatura a gobernador Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas de buen vínculo con el cristinismo.

Con el carácter preliminar que impone la distancia temporal hasta la elección del año próximo, en el massismo se puede contar la alternativa del actual intendente de San Fernando, Juan Andreotti. Es uno de los jefe comunales sin reelección posible, salvo que se modifique la ley que limita a dos los mandatos consecutivos, cambio al que se opone el Frente Renovador.

En el peronismo federal, suenan la diputada Victoria Tolosa Paz y el intendente de Pilar, Federico De Achával, un jefe comunal que también integra la Liga de Intendentes, sin posibilidad de reelección con el régimen vigente. Ese grupo pretende que un jefe comunal sea el próximo gobernador y adoptó una actitud de equilibrio en la interna entre el cristinismo y el kicillofismo.

Junto a De Achával, integran la Liga de Intendentes los jefes comunales Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Juan De Jesús (La Costa), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Mariel Fernández (Moreno). Fernández, del Movimiento Evita, es otra de las aspirantes a una candidatura a la gobernación.

Sin definiciones de candidaturas, camina la provincia de Buenos Aires también una rama del peronismo encabezada por el líder del gremio de encargados de edificios y empresario de medios, Víctor Santa María. El periodista Santiago Cúneo, reciente incorporación del PJ bonaerense que conduce Kicillof, aspira a una PASO para ser precandidato a gobernador.

La sociedad política entre La Libertad Avanza y Pro parece muy encaminada hacia la definición por Diego Santilli (jefe de Gabinete) como candidato a gobernador bonaerense en 2027. No obstante, se mantiene en el escenario de alternativas el diputado nacional y titular de LLA bonaerense, Sebastián Pareja. “Es el Colorado”, subrayó una fuente clave de LLA en la provincia. Dentro de Pro, no se resigna Pablo Petrecca, actual senador provincial, vicepresidente de Pro bonaerense y exintendente de Junín, quien está “recorriendo la provincia”, indicaron en su entorno.

En la Unión Cívica Radical bonaerense comenzaron los posicionamientos. Un postulante ya lanzado es el intendente de General Viamonte, Franco Flexas, quien confirmó a su intención de ser candidato a gobernador bonaerense. Gobierna su distrito desde 2015 y es uno de los jefes comunales que no puede ir por una nueva reelección, con la ley actual vigente.

“En el marco del acuerdo de unidad que hemos logrado en la conducción partidaria, todos coincidimos en la necesidad de trabajar para poner en valor la herramienta partidaria. Hay convicción de trabajar para tener candidato a gobernador y muchas opciones de nombres. El radicalismo tiene 27 intendencias, una dirigencia pujante en universidades de la provincia y ahí se encuentran nombres”, sostuvo un dirigente del radicalismo bonaerense al ser consultado sobre la posibilidad de que la UCR tenga candidato propio.

Como posibilidades para la candidatura a gobernador por la UCR, también figura el diputado nacional Pablo Juliano.

“Tener un candidato a gobernador bonaerense es un tema tabú en el radicalismo”, dijo una fuente de la UCR no alineada con las autoridades provinciales del partido. “Vamos a trabajar para poder tener un candidato propio”, subrayó y recordó, con tono crítico: “La última vez, acompañamos a los dos precandidatos de Pro y no ganamos”.

En todas las terminales de la izquierda coincidieron en señalar que se están alistando para una “Marcha de la Bronca” contra el gobierno de Javier Milei, que realizarán el sábado 19 de septiembre. En tono exploratorio, en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) destacaron al diputado Nicolás del Caño, a la dirigente platense Luana Simioni, a la exdiputada provincial Laura Cano, a la exconcejala de La Matanza Natalia Hernández, a la exdiputada nacional Nathalia González Seligra, y al diputado provincial Christian Castiillo.

Desde el Partido Obrero, mencionaron como posibilidad a la diputada Romina del Plá. Y en Izquierda Socialista recordaron que su última apuesta fue Rubén “Pollo” Sobrero. En el Movimiento de los Trabajadores Socialistas (MST), espacio que tiene entre sus referentes al exlegislador porteño Alejandro Bodart, señalaron que el tema es “lejano”, pero que van a “dar batalla”.

Por fuera del Frente de Izquierda, en el Nuevo MAS, cuya principal referente es Manuela Castañeira, consideraron “muy prematura” la cuestión de las candidaturas.

También por fuera del Frente de Izquierda, el sello Política Obrera, de Jorge Altamira y Marcelo Ramal, definirá candidatos en una “conferencia electoral” que se hará en noviembre. Su postulante tentativo a gobernador es Pablo Busch, que fue candidato a senador bonaerense por la primera sección electoral en las elecciones de 2025.

Espacios que estuvieron alineados con Milei, como Unión y Libertad, del senador bonaerense Carlos Kikuchi, están “en pleno año de armado, pero sin candidato a gobernador”, tal como definieron desde ese sector. En Nuevos Aires, bloque legislativo bonaerense que tiene el mismo origen en las boletas libertarias de 2023 que el espacio de Kikuchi, pero también está alejado de LLA, sostuvieron que la cuestión se decidirá el año que viene. Hace pocos días, esta bancada que tiene entre sus representantes a Fabián Luayza, se mostró con el intendente vecinalista de Chivilcoy, Guillermo Britos, que últimamente fue anfitrión de la vicepresidenta Victoria Villarruel y es uno de los jefes comunales sin posibilidad de reelección.

El juicio contra Cristina Kirchner y su hijo Máximo Kirchner por la causa Hotesur y Los Sauces en la que ambos están acusados de lavado de dinero y asociación ilícita comenzará antes de fin de año, anticiparon a fuentes judiciales.

El Tribunal Oral Federal 5, presidido por el juez José Michilini, analiza anunciar en los próximos días la fecha de comienzo de las audiencias, que ya anticipan que arrancarán antes de las vacaciones de verano.

Los magistrados Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni -subrogante en el tribunal- comenzaron a preparar el juicio oral, que enfrentarán 17 imputados.

El siguiente paso es esperar las listas de las defensas y la fiscalía con sus propuestas de reducción de la cantidad de testigos. Había más de 300, pero se acordó que se reducirían en un 30 o 40 por ciento.

Una vez que se presente el listado definitivo de testigos, con las propuestas de los acusadores y los defensores, se darán por incluidas las declaraciones que prestaron esos mismos testigos en la primera etapa de la instrucción, sin necesidad de que vuelvan a comparecer en el juicio.

Con este procedimiento definido y la entrega final del peritaje contable sobre los fondos transferidos desde las empresas de Cristóbal López y Lázaro Báez a las empresas de la familia Kirchner, se estará en condiciones de fijar la fecha de inicio del juicio oral.

El delito precedente del lavado de dinero en el caso de Lázaro Báez sería los actos de corrupción comprobados en la causa Vialidad, mientras que, respecto de López, los beneficios impositivos que recibió para su petrolera Oil Combustibles, causa por la que finalmente fue absuelto y en la que solo fue condenado Ricardo Echegaray.

Un tema espinoso que queda por definir es la integración del tribunal oral que realizará el juicio. Michilini y Palliotti son jueces titulares y no se discute que serán de la partida. En cambio, Machado Pelloni es suplente desde febrero de este año.

Si las audiencias comienzan antes de que finalice la subrogancia de Machado Pelloni, este juez se quedará todo el juicio en el tribunal. Lo mismo sucedería si se pone fecha al juicio y Machado Pelloni permanece en el cargo, interpretan algunos magistrados.

El concurso para designar al juez titular ya está avanzado y el Consejo de la Magistratura envió al Poder Ejecutivo una terna de nombres para cubrir el cargo. El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aún no envió ese nombre al Senado para pedir el acuerdo.

En tanto, existe un debate en Comodoro Py acerca de qué pasaría cuando el Gobierno finalmente designe y el Senado confirme a un titular para esa vocalía.

La duda sería si ese nuevo magistrado podría “correr” a Machado Pelloni y sumarse al tribunal que lleva adelante el juicio a Cristina Kirchner. O, por el contrario, si corresponde que el mismo tribunal que empezó el debate oral debe terminarlo, lo que impediría el reemplazo una vez arrancado el juicio.

Hay consenso mayoritario en que el nuevo titular no podría juzgar a Cristina Kirchner porque el tribunal ya quedó conformado con el subrogante, aunque el asunto será motivo de debate e impugnaciones por parte de los abogados defensores.

La acusación del fiscal

Otro tema espinoso es la acusación fiscal. En esta causa Cristina Kirchner y Máximo Kirchner están acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, según el auto de elevación a juicio.

La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba las empresas de los Kirchner.

Pero Cristina Kirchner fue absuelta por el delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, donde fue condenada por fraude a seis años de prisión, que está cumpliendo detenida en su domicilio.

Por eso el abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, pidió cambiar los términos de la acusación hace una semana.

Beraldi, como otros colega en Tribunales, entienden que “debería readecuarse la plataforma fáctica de la acusación”, ya que si ya fue absuelta por este delito en el caso Vialidad y ese fallo quedó firme con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, no podría volver a ser juzgada por el mismo delito.

La fiscalía en principio no comparte la idea de que haya que readecuar nada, revelaron fuentes judiciales a . Al menos en el comienzo del proceso; luego se vería con el avance del caso y a la hora de pronunciar el alegato final.

No está en la voluntad de la acusación forzar una figura penal para sumar más pena, cuando la figura agravada del lavado presupone cierta organización y el delito tiene una pena máxima importante.

En una audiencia de organización del futuro juicio oral realizada el 4 de septiembre pasado los jueces Michilini, Machado Pelloni y Palliotti resolvieron que las audiencias se desarrollarán de manera presencial en los tribunales federales de Comodoro Py, tres veces por semana.

Estas causas investigan un supuesto lavado de dinero proveniente de contratos con el Estado a través de negocios hoteleros e inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.

“No va a haber virtualidad”, repitió en distintos tramos de la audiencia el presidente del Tribunal, José Michilini.

El juez transmitió que en las audiencias probatorias en las que declaren testigos, los imputados podrán estar representados por sus defensas, pero en aquellas otras en las que se requiera la participación de los acusados, como en las indagatorias, todos deberán, sin excepción, estar presentes en la Sala AMIA de Comodoro Py.

Así, la expresidenta deberá acudir a los tribunales cuando le toque ser indagada, como lo hizo en el juicio por los cuadernos de las coimas, que se está desarrollando.

El TOF 5 fue enfático respecto de que el principio general que regirá el juicio será la presencialidad. Incluso anticipó que, si alguna de las audiencias previstas no pudiera concretarse durante la semana por cuestiones de agenda, podría realizarse durante el fin de semana.

El tribunal dejó abierto un margen para la virtualidad para aquellos imputados que no residan en la capital y quieran poder seguir las audiencias en las que su presencia no sea un requisito. Se evaluará caso por caso.

No hubo alusiones explícitas a si el juicio será transmitido por YouTube, como sucede con otros procesos, como el de los cuadernos. El juez afirmó que no hay dudas respecto a la publicidad del juicio, pero no se asomó a esta cuestión.

El fiscal Diego Velasco insiste con su pedido para que se fije fecha de inicio.

Todas las partes acordaron que se lea una versión reducida del requerimiento de elevación al comienzo, para que el proceso gane agilidad.

El abogado Beraldi pidió la exclusión de unos 30 testigos propuestos por la Oficina Anticorrupción, dado que este organismo no es parte del expediente.

En cambio, de la audiencia también formaron parte los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante en la causa.

Una parte de la acusación busca probar que el dinero recibido por el empresario Lázaro Báez a través de contratos irregulares de obra pública en la provincia de Santa Cruz fue redirigido al patrimonio de la familia Kirchner mediante el alquiler de uno de sus hoteles.

Por eso, los casos Vialidad y Hotesur-Los Sauces comparten un trasfondo común. La primera parte de esa hipótesis fue juzgada en la causa Vialidad, donde se acreditaron numerosas irregularidades en la adjudicación y la ejecución de esos contratos. La segunda es la que se juzgará en este proceso, junto con otras maniobras similares.

Historia del caso

El caso Hotesur-Los Sauces fue elevado a juicio oral hace cinco años. El Tribunal Oral Federal 5, con otra integración y los votos de Adrián Grunberg y Daniel Obligado, sobreseyó a todos los acusados, incluidos Cristina y Máximo Kirchner, sin juzgarlos.

Pero esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a la hija de la expresidenta, Florencia Kirchner.

La Corte Suprema rechazó todos los recursos de las defensas y pidió hace dos años celeridad en la realización del juicio aún sin fecha.

Entre los acusados también se encuentran Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de Kirchner y expresidenta de Hotesur SA, y Patricio Pereyra Arandia, esposo de Mercado y directivo de la compañía.

También Báez, dueño de Austral Construcciones, Osvaldo “Bochi” Sanfelice, expresidente y administrador de Hotesur; Víctor Manzanares, contador histórico de la familia Kirchner y arrepentido en el caso cuadernos; Ricardo Leandro Albornoz, escribano; Martín Báez, hijo del empresario patagónico, y Julio Enrique Mendoza, expresidente de Austral.

El listado se completa con César Gerardo Andrés, contador; Adrián Esteban Berni, abogado y directivo de Valle Mitre S.A.; Emilio Carlos Martín, directivo, y Óscar Alberto Leiva, Edith Magdalena Gelves, Martín Samuel Jacobs y Alejandro Fermín Ruiz, que fueron todos empleados o apoderados menores.