POLITICA
Las normas insólitas que pueden caer con la ley de “Hojarasca” y los cambios que el Gobierno tuvo que retirar
El oficialismo avanzó esta tarde con la media sanción del proyecto de ley “Hojarasca”, orientado a derogar leyes que el oficialismo considera obsoletas o restrictivas de la libertad. Obtuvo 138 votos afirmativos, 96 rechazos y 9 abstenciones tanto para su aprobación en general como en particular.
La propuesta fue acompañada por Pro, la UCR, el MID, Elijo Catamarca, Independencia, Innovación Federal y parte del bloque Provincias Unidas, que se dividió en apoyos, rechazos y abstenciones. Unión por la Patria y la Izquierda la rechazaron, mientras que Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) se mantuvieron prescindentes.
“Le estamos sacando a los argentinos regulaciones, impuestos y tasas que lo único que hacen es poner obstáculos para que los argentinos puedan progresar”, sostuvo Gabriel Bornoroni, jefe del bloque libertario, al defender el proyecto.
Previamente, Germán Martínez (Unión por la Patria) cuestionó en duros términos la propuesta oficial. Dijo que las derogaciones impulsadas por el Poder Ejecutivo apuntan a desmantelar sectores estratégicos del Estado y eliminar mecanismos de protección para actividades productivas nacionales.
“Van desarmando barreras de protección de industrias y actividades estratégicas de la Argentina”, afirmó. También advirtió sobre un eventual avance privatizador sobre empresas como ARSAT y Nucleoeléctrica Argentina. “Quieren liquidar empresas estratégicas para la defensa, la ciencia y la tecnología”, sostuvo.
La iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación de Estado, Federico Sturzenegger, deberá ser girada al Senado para su sanción definitiva.
El proyecto, de solo diez artículos, condensa en el primero la derogación de medio centenar de leyes, la eliminación de varios artículos de otras tres normas y un par de decretos leyes hasta ahora vigentes. Fue presentado originalmente en octubre de 2024, perdió estado parlamentario y debió ser reingresado.
Los funcionarios de la cartera que conduce Sturzenegger, como Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña, argumentaron en Diputados que muchas de esas normas quedaron obsoletas porque fueron superadas por cambios regulatorios posteriores y por el avance tecnológico o el paso del tiempo.
Algunas de ellas rondan lo insólito, como exigir un carnet de mochilero para hacer dedo o inhabilitar a los funcionarios públicos que azoten a alguna persona.
Sin embargo, el paquete incluyó algunas leyes cuya derogación generó resistencia entre los legisladores y que el oficialismo, ante la presión de las bancadas, debió ceder.
Así, decidió dar marcha atrás con la ley 20.959 que otorga una credencial de libre circulación a los diputados y senadores nacionales.
La ley de “Hojarasca” recibe críticas de la oposición más dura al gobierno de Javier Milei. Por caso, el diputado kirchnerista Jorge Taiana resaltó tres normas que a su juicio no deberían caer.
Taiana habló específicamente de la ley 20.496 de promoción de fertilizantes, que según su criterio “constituye una cuestión fundamental para la producción agropecuaria”; la ley 26.688 de Producción Pública de Medicamentos; y la ley 22.426 de Transferencia de tecnología.
ley “Hojarasca”,@JMilei,pic.twitter.com/P4zDw6EIVA,March 27, 2026,ante la presión de las bancadas,@fedesturze,pic.twitter.com/KgvDli83ve,May 20, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Tensa sesión en Diputados. El Gobierno busca recortar los subsidios al gas a cambio de exenciones a la energía eléctrica,,Diputados. El Gobierno ofrece a subsidios a la electricidad para destrabar el recorte al gas,,“Restablecer el imperio de la ley”. Presentaron un proyecto de ley para castigar con hasta ocho años de prisión el vandalismo rural
Axel Kicillof se pone al frente de los reclamos sanitarios contra el gobierno de Javier Milei, pero las quejas del sector también alcanzan a su gestión provincial. En la previa de la marcha federal por la salud a la que adhirió el titular del PJ bonaerense, el Hospital Garrahan le salió al cruce y denunció que su gobierno demora la entrega de insumos para cirugías.
En la institución pediátrica denuncian que la administración de Kicillof adeuda el envío de 814 prótesis. “Los pedidos pendientes del Hospital Garrahan al Banco de Prótesis de la provincia de Buenos Aires se acumulan desde 2022 y crecen año tras año. La situación resulta crítica al tratarse de chicos que, en algunos casos, necesitan la prótesis para poder movilizarse”, afirmaron las autoridades del hospital.
El Consejo de Administración del Garrahan advirtió que el 70% de sus pacientes viene de la provincia y que “hoy cientos de familias bonaerenses se encuentran afectadas por demoras administrativas que dependen exclusivamente del gobierno local”.
Según explicaron, cuando las familias solicitan los insumos, se enfrentan “extensos procesos administrativos que la mayoría de las veces terminan en la nada” y que, pese a la falta de avances, el gobierno provincial evita negar por escrito el envío de las prótesis para “no pagar el costo público”.
“La demora ya generó situaciones extremas. Hubo pacientes que, en la espera, alcanzaron la adultez y no pudieron ser intervenidos dentro del hospital pediátrico, y otros que debido a la urgencia, fueron operados con insumos pagados por la institución”, indicaron en el comunicado compartido en redes sociales. En este contexto, las autoridades del hospital exigen una “solución urgente y sostenible” para evitar que se vea afectada la salud de sus pacientes.
El reclamo del Hospital Garrahan, cuyo presupuesto lo aporta el 80% por el Estado nacional y el 20% restante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llega luego de que Kicillof respaldara la convocatoria a la marcha federal por la salud y cuestionara la política sanitaria del gobierno de Milei. En una reunión con intendentes en la ciudad de La Plata, el gobernador había calificado de “criminal” la gestión del ministro Mario Lugones y aseguró que la Argentina atraviesa una “catástrofe sanitaria”.
“Producto de la crisis económica y la desregulación de la medicina prepaga más de 742 mil personas perdieron su cobertura de obra social. En muy poco tiempo, el ajuste, la interrupción en la entrega de medicamentos y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”, señaló en su cuenta de X el término de la cumbre.
En este contexto, aseguró que, junto a los intendentes, el gobierno provincial se está “haciendo cargo de la situación y brindando todas las respuestas” que están a su alcance, pese a la “sobrecarga” de sus propios sistemas de salud. En el encuentro, el gobernador había apuntado contra los recortes del gobierno nacional y la “merma en la coparticipación” que limitan la capacidad de la provincia para fortalecer el acceso a la salud.
Hace dos semanas, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak había denunciado un recorte de “$25.000 millones destinados al fortalecimiento de los sistemas provinciales” de salud. En paralelo, la provincia mantiene una batalla judicial con la Casa Rosada por una deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) equivalente a $2,3 billones por las cajas previsionales no transferidas.
Según confirmó ante más de 60 intendentes, Kicillof participará, esta tarde, de la marcha federal que se realizará frente al Ministerio de Salud, en una señal de apoyo a los sindicatos y los trabajadores de la salud. “Nosotros adherimos a la marcha federal por el acceso a la salud, que es un derecho de todos los argentinos, le guste o no le guste al Presidente de la Nación”, enfatizó el titular del PJ bonaerense.
Además de los reclamos del Garrahan, la adhesión de Kicillof a la marcha también generó críticas del gobierno nacional, que apuntó contra la deuda del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) con distintos establecimientos médicos y denunció “un claro tinte político” en la convocatoria a la movilización por la salud pública.
En la administración libertaria afirmaron que, mientras Kicillof y su ministro de Salud Nicolás Kreplak, convocan a la marcha, “el Estado nacional invierte casi 2 billones de pesos en la salud de los bonaerenses y la Provincia debe más de 644 mil millones a los hospitales SAMIC de gestión compartida con Nación”.
reclamos sanitarios,pic.twitter.com/OX45rnUIJn,May 19, 2026,pic.twitter.com/yfIbDVVyG0,May 19, 2026,https://t.co/RKI382xyjF,May 11, 2026,críticas del gobierno nacional,hospitales SAMIC,Axel Kicillof,Hospital Garrahan,Conforme a,,Membrillos por repuestos. El Ejército intercambia toneladas de frutas por piezas para arreglar una camioneta,,Análisis. Una guerra entre tres familias,,La rebelión de los tuiteros. Hartazgo, rabia y dos desautorizaciones a Milei en un día de la tropa de Santiago Caputo,Axel Kicillof,,Diego Giacomini. La transformación del exsocio de Milei que cuestiona la «violencia» de su gobierno y se muestra con Kicillof,,Apura su instalación. Kicillof apunta contra Milei y cita a los 135 intendentes para coordinar reclamos en el área de salud,,Internas. El PJ destrabó las comisiones en el Senado bonaerense, con un cambio de fichas entre La Cámpora y el massismo
POLITICA
Avanza una multa millonaria contra la UTA por haber adherido al paro de la CGT y La Fraternidad impugnará una sanción similar ante la Justicia
En el Gobierno confirmaron que avanza una sanción contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que alcanzaría los 70 mil millones de pesos, por haber adherido al último paro general de la CGT pese a que estaba vigente una conciliación obligatoria dictada ante un conflicto de los choferes de colectivos.
Sin embargo, el sindicato que lidera Roberto Fernández argumenta que la conciliación obligatoria fue dictada ante un conflicto salarial que mantenían los choferes de colectivos del interior, por lo que estaban legalmente en condiciones de paralizar el servicio sólo en el AMBA.
¿Por qué el Gobierno aún no anunció la sanción contra la UTA? En el ambiente sindical sospechan que la decisión se demora porque el oficialismo quiere tener de su lado a un gremio clave del transporte que había dado algunos guiños hacia la administración libertaria: por ejemplo, no haberse sumado al paro general de la CGT realizado el 10 de abril de 2025 justamente con la excusa de que estaba en medio de una conciliación obligatoria.
Fuentes gubernamentales negaron esa versión y aseguraron que “la decisión política es avanzar con las sanciones que correspondan”, pero aclararon que la Secretaría de Trabajo aún no finalizó las pericias correspondientes en las provincias para determinar si la paralización de los colectivos se concretó en el interior el día en que la CGT realizó el último paro general.
Mientras, La Fraternidad presentará este jueves una denuncia en la Justicia para impugnar la multa récord de $21.241.500.000 que ya le aplicó el Gobierno por haber adherido al último paro general de la CGT, el 19 febrero pasado, y no haber acatado la conciliación obligatoria en el conflicto salarial que mantenía en ese momento.
Así lo confirmó a Infobae el titular del sindicato, Omar Maturano, quien señaló que el abogado de la entidad hará mañana la presentación judicial en rechazo de la sanción anunciada el 29 del mes pasado por el Ministerio de Capital Humano por el incumplimiento de la orden oficial que exigía retrotraer el conflicto y evitar medidas de fuerza, “afectando el normal desarrollo de la prestación de servicios y el funcionamiento de la actividad, en perjuicio del interés general”.
Además, el líder de los conductores de locomotoras informó que Sebastián Maturano, su hijo y secretario Gremial e Interior del sindicato, viajará en junio a Ginebra, Suiza, para denunciar al gobierno argentino por esta multa en el transcurso de la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Para La Fraternidad, aunque estaba dentro del período de la conciliación obligatoria, la limitación a las medidas de fuerza no podía aplicarse ante una protesta de la CGT ya que sólo regía para su conflicto salarial.
En la interpretación de Capital Humano, en cambio, el sindicato no respetó la conciliación obligatoria establecida el 5 de febrero de 2026, que otorga un plazo de 15 días para restablecer las condiciones previas al conflicto y suspender cualquier acción directa, según lo dispone la Ley N° 14.786. Esta norma obliga a sindicatos y empleadores a abstenerse de cualquier medida mientras rige la conciliación, con el fin de proteger la continuidad del servicio y salvaguardar el orden público.
El ministerio que dirige Sandra Pettovello precisó que la infracción atribuida a La Fraternidad fue considerada “muy grave” tras una investigación sumarial en la que, según dijo, se garantizó el derecho de defensa y la presentación de pruebas. Afirmó que el sumario confirmó que el incumplimiento no sólo violó la resolución ministerial, sino que además “alteró el normal desenvolvimiento de una actividad esencial, con consecuencias para el conjunto de la sociedad”.
La Secretaría de Trabajo, que encabeza Julio Cordero, dijo que verificó el desacato de ambos sindicatos a la conciliación obligatoria el 19 de febrero pasado e inició sumarios administrativos. Según Capital Humano, “las infracciones tipificadas en el artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por Ley N° 25.212, conllevan una sanción de multa del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado».
El 9 de marzo pasado, cuando el Gobierno confirmó que aplicaría multas a los dos sindicatos, la CGT atribuyó la medida a un acto de “persecución política y sindical”.
“Lejos de perseguir las legítimas acciones gremiales de los sindicatos, amparadas por la Constitución Nacional y propias de un país donde se ejerce la libertad sindical, el Gobierno debería preocuparse mejor en reaccionar ante la escalada indetenible del cierre de empresas, del aumento escandaloso del desempleo y la caída brutal del valor adquisitivo del salario y las jubilaciones”, agregó.
El anterior antecedente de multas aplicadas por Trabajo por este motivo fue durante el gobierno de Mauricio Macri y afectó al Sindicato de Camioneros, que dirige Hugo Moyano. La sanción fue aplicada por el ministro de Trabajo Jorge Triaca el 19 de julio de 2018 a través de la Resolución N° 27.768, porque verificó que el gremio violó la conciliación obligatoria dictada en un conflicto por un bono de fin de año, en diciembre de 2017.
La multa contra Camioneros fue de 809.790.710 pesos, calculada sobre el total de 182.797 trabajadores de la actividad. Sin embargo, el sindicato impugnó la sanción y se negó a pagarla hasta que el gobierno de Alberto Fernández, a través del ministro de Trabajo Claudio Moroni, declaró en 2020 la “nulidad” del proceso administrativo que dio lugar a la sanción por considerar que “no se identificó clara ni concretamente el número de los trabajadores afectados a la infracción imputada”.
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POLITICA
Los detalles del equipamiento que el Gobierno recibirá de Estados Unidos para patrullar el Mar Argentino
Luego de un anuncio del Comando Sur de Estados Unidos, el Ministerio de Defensa de la Nación informó este miércoles que avanza con un plan de cinco años para modernizar y potenciar las capacidades de patrullaje, monitoreo y control de sus espacios marítimos, en asociación con Estados Unidos.
La iniciativa, que incluye la incorporación de aeronaves, sensores avanzados y drones, busca incrementar la presencia nacional en el Atlántico Sur y mejorar el conocimiento del dominio marítimo.
Para avanzar con esta iniciativa, la Argentina firmó una carta de intención en el marco del Programa 333 de Desarrollo de Capacidades de Asociación con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
El acuerdo busca consolidar una cooperación iniciada en 2025 y prevé transferencia tecnológica, incorporación de equipamiento, formación de personal y asistencia técnica especializada para fortalecer las tareas de vigilancia marítima.
Uno de los primeros hitos del programa se materializó a fines de 2025 con la modernización de un avión B-200M Cormorán de la Aviación Naval de la Armada Argentina. El aparato recibió sensores multiespectrales, sistemas de comando y control, enlaces de datos y nuevas capacidades de comunicaciones.
Este equipo ya se encuentra operativo en la Base Aeronaval Punta Indio y permite, además, un mejor apoyo aéreo a las operaciones de interdicción marítima.
Además se prevé la incorporación de dos aeronaves nuevas TEXTRON B-360ER MPA especialmente configuradas para el patrullaje marítimo.
La primera unidad arribaría en diciembre de 2026 y la segunda en junio de 2027. Estas plataformas 0 km contarán con radar de búsqueda de superficie, sensores infrarrojos, comunicaciones satelitales y sistemas ISR (Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento), orientados al monitoreo de los espacios marítimos de interés nacional.
El plan para combatir la pesca ilegal
Hacia mediados de 2027 está prevista la incorporación de vehículos aéreos no tripulados (drones) de despegue y aterrizaje vertical, aptos para operar desde los patrulleros oceánicos de la Armada. Estos medios ampliarán las capacidades de reconocimiento e identificación de actividades en el mar. El programa culminaría en 2029 con la entrega de un simulador para las aeronaves P-3C Orión, que reforzará el adiestramiento del personal naval.
La medida buscar aumentar la presencia del Estado en el Atlántico Sur, una zona de enorme extensión y relevancia estratégica para el país, que incluye recursos naturales, rutas marítimas y proyección hacia la Antártida. La cooperación bilateral con Estados Unidos se presenta como una herramienta para desarrollar capacidades propias sin generar dependencia, a través de la transferencia de tecnología y el entrenamiento especializado.
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La iniciativa se suma a otras medidas recientes de control marítimo, como las operaciones Mare Nostrum de la Armada y las disposiciones para combatir la pesca ilegal en la zona económica exclusiva.
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