Al sector agropecuario se le presentan expectativas y temores, tras la presentación oficial del nuevo esquema de reducción de gravámenes para exportación

21/05/2026 – 20:15hs

En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció un recorte en los derechos de exportación aplicados a los principales cultivos.

Según detalló, a partir de junio de este año las retenciones al trigo y a la cebada se reducirán del 7,5% al 5,5%, una medida que el Gobierno presenta como parte de su estrategia para «mejorar la competitividad» del sector agrícola.

El mandatario también adelantó un esquema gradual para la soja, aunque con un cronograma más extenso: desde enero de 2027, y sujeto a la evolución de la recaudación, las alícuotas comenzarán a bajar entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes, con continuidad prevista hasta 2028.

La implementación completa de ese sendero dependerá de que Milei logre un nuevo mandato, dado que el tramo principal del recorte se proyecta para el próximo período presidencial.

El mandatario enumeró en el acto los puntos económicos centrales de su gestión:

«Comprendo que la velocidad de la rebaja de retenciones no es la ideal. Les agradezco la paciencia, pero mientras tanto seguimos avanzando con otros reclamos del sector», indicó Milei.

El anuncio se inscribe en un contexto de presión del sector exportador por una reducción de la carga fiscal y en medio del debate sobre la necesidad de recomponer márgenes en las cadenas agrícolas tras varios años de volatilidad productiva y cambiaria.

El mensaje de los exportadores

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara), donde se reúnen los agroexportadores, celebraron la medida: «Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremos con Economía para buscar la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización».

El debate legislativo

El anuncio se produce en un contexto en el que el Congreso discute varios proyectos de ley que buscan modificar de raíz el esquema de retenciones. Uno de ellos, impulsado por la diputada Gisela Scaglia, propone una eliminación gradual y total de los derechos de exportación hacia 2029, con una baja lineal del 25% anual y límites estrictos a la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar alícuotas por decreto.

Otra iniciativa, presentada por el diputado Martín Ardohain, también plantea un cronograma automático de reducción mensual y devuelve al Congreso la potestad exclusiva de fijar retenciones, en línea con la demanda del sector por mayor previsibilidad tributaria.

Acuerdo Mercosur Unión Europea

El debate legislativo y el anuncio oficial se da en paralelo a un escenario internacional que empieza a reconfigurarse tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El pacto, aplicable provisionalmente desde mayo de 2026, establece un marco regulatorio común, reduce aranceles y abre cuotas preferenciales para productos agroindustriales del bloque sudamericano, lo que amplía las oportunidades de exportación para la Argentina en mercados de alto valor agregado.

En el capítulo de comercio de bienes, el acuerdo Mercosur–Unión Europea incorpora una cláusula específica que limita el uso de derechos de exportación por parte de los países sudamericanos. El texto establece que no podrán aplicarse nuevos impuestos a la exportación ni incrementarse las alícuotas vigentes para los productos destinados al mercado europeo, lo que implica un congelamiento del nivel de retenciones existente al momento de la entrada en vigor del acuerdo.

La norma no obliga a eliminar las retenciones, pero sí restringe su utilización futura, salvo excepciones muy acotadas vinculadas a situaciones de emergencia y bajo condiciones estrictamente temporales. Para la Argentina, que mantiene un esquema de derechos de exportación más amplio que el resto del Mercosur, esta disposición supone un límite a la posibilidad de aumentar la carga tributaria sobre las ventas externas dirigidas a la Unión Europea, al tiempo que se combina con la apertura arancelaria europea para una serie de productos agroindustriales.

La profecía de Javier Milei sobre que al Banco Central le saldrían «dólares por las orejas» empieza a transformarse en realidad: en abril volvió a darse un récord de exportaciones, y también de superávit en la balanza comercial.

Esto le permite al gobierno ganar confianza respecto de que la política cambiaria se mantendrá sin sobresaltos en el corto plazo, aun cuando el nivel de compra de dólares por parte de los ahorristas haya vuelto a su nivel histórico de u$s1.500 millones mensuales.

Ocurre que con un ingreso exportador de u$s8.914 millones en un mes y un saldo neto de u$s2.711 millones, el flujo de divisas tiene la suficiente robustez como para satisfacer la demanda de los ahorristas y, además, las compras del BCRA para saldar deudas y acumular reservas.

El boom petrolero que lidera el récord exportador

Como se preveía, el mayor protagonismo fue para la exportación petrolera, que llegó a u$s1.544 millones, lo que implica un salto de 86% respecto de hace un año. Pero la mejor noticia es que, contra lo que podía pensarse, no toda esa suba se explica por la gran suba de cotización del barril de crudo en el mercado global sino, sobre todo, por el aumento en los volúmenes de producción.

Puesto en números, el combustible que se embarcó en abril tuvo un incremento de 53% en cantidades exportadas, mientras que se benefició por precios un 21% más altos que hace un año.

El optimismo del gobierno se justifica porque todavía la estadística del comercio exterior no refleja en su plenitud el pico de los precios petroleros. Dado que hay un desfasaje de unos 45 días entre el inicio de la operación aduanera y el ingreso por la exportación, todavía se están registrando los precios del inicio del conflicto en Medio Oriente.

De momento, el barril del crudo Brent sigue por encima de los u$s100, lo que implica que, aun si la situación en el estrecho de Ormuz tuviese una resolución a corto plazo, Argentina todavía cuenta con margen para que en los próximos tres meses se registre una suba de las ventas por el efecto precio.

Los proyectos que multiplican la apuesta en Vaca Muerta

Y todo esto, en medio del boom petrolero de la cuenca de Vaca Muerta, en la que se siguen anunciando proyectos de alto impacto:

• YPF lanzó una inversión de u$s25.000 millones que permitirá la perforación de más de 1.000 pozos, con lo cual la empresa llegará a una producción de 240.000 barriles diarios, según la estimación de su presidente, Horacio Marín
• El proyecto de gas licuado hasta las nuevas plantas en el golfo de San Matías promete un salto adicional de u$s20.000 millones cuando entre en funcionamiento a fines de 2027

Mientras tanto, ya es una realidad el saldo comercial cercano a los u$s3.000 millones por mes, lo cual torna más verosímil el objetivo que se había planteado el gobierno de tener un total exportador por u$s100.000 millones en el año, con un saldo superior a los u$s20.000 millones.

Es un escenario que permite a Toto Caputo aminorar la dependencia del crédito en el mercado global de crédito para afrontar los exigentes vencimientos financieros del año próximo: u$s23.000 millones para el Tesoro y u$s11.200 millones para el BCRA.

La ola verde de la cosecha gruesa impulsa el superávit

El otro gran factor impulsador de las exportaciones es, naturalmente, el campo, por el inicio de la liquidación de la cosecha gruesa.

El embarque de productos primarios tuvo un aumento interanual de 25% mientras que las manufacturas de origen agropecuario subieron un 14%. Igual que como ocurrió con el rubro petrolero, las subas también obedecen más a un incremento del volumen de producción que al efecto precio.

Y esta situación permite mantener el optimismo a corto plazo, dado que el movimiento más fuerte en la zona portuaria de Rosario recién se produjo en mayo, cuando se registraron jornadas con más de 14.000 vehículos al polo del cual sale el 80% de la exportación cerealera.

Las previsiones, que ya eran optimistas, se revisaron al alza en las últimas semanas, de manera que se prevé que se levantarán:

• 50 millones de toneladas de soja
• 68 millones de toneladas de maíz, según el reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario

Traducido a dólares, la nueva proyección de los expertos apunta a que en todo el año se podría llegar a u$s36.100 millones, el cuarto mejor resultado de las últimas décadas, después de los excepcionales embarques de 2021 y 2022, impactados por la pandemia y el conflicto de Ucrania, y del 2025, que tuvo la ayuda de un clima óptimo.

También están ayudando los precios, dado que la soja está mostrando una nueva presión alcista en el mercado de Chicago, con cotizaciones que en este momento superan los u$s440 por tonelada, contra un promedio de u$s380 registrado durante el año pasado.

El talón de Aquiles: importaciones que no despegan

La euforia de los números que deja la balanza tiene, sin embargo, un «talón de Aquiles»: las importaciones muestran un nivel relativamente bajo. En realidad, no es que las compras de u$s6.204 millones sean poca plata, sino que lo que se está comprando como insumo de la industria y el agro no luce suficiente como para asegurar un crecimiento superior a 4% del PBI, como proyecta el gobierno.

Según la regla aceptada por la mayoría de los economistas argentinos, se necesita que, por cada punto de suba del PBI, crezcan 3 puntos las importaciones. Y en este momento está ocurriendo lo contrario: caen tanto la importación de bienes de capital como la de piezas y accesorios.

Lo cierto es que esta situación no representa una sorpresa si se tiene en cuenta el dato de la capacidad que permanece ociosa en las plantas fabriles. A pesar de haber registrado una mejora en las últimas mediciones, todavía la industria usa un porcentaje bajo de su infraestructura: un 59,8% en promedio, con un 40% para los rubros más afectados por la competencia importada, como el textil.

En contraste, los rubros que siguen incrementándose son los que compiten con los productos de fabricación nacional, como los bienes de consumo y los automóviles. Sumados, ambos rubros ya representan un 23% del total de importaciones, lo que implica 10 puntos más que hace dos años.

El directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) con la Argentina y se espera que en las próximas horas envíe el desembolso por 1.000 millones de dólares.

“El impulso reformista se ha fortalecido con la aprobación de leyes clave en materia fiscal, comercial y laboral, así como con mejoras en el marco monetario y cambiario, lo que ha contribuido a la acumulación de reservas y a la mejora de la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”, informó la entidad conducida por Kristalina Georgieva.

Y continuó: “Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de acumulación de reservas internacionales netas (RIN) para finales de diciembre, se cumplieron la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN y reducir aún más los diferenciales soberanos”.

En tanto, Georgieva destacó que las autoridades argentinas “han seguido avanzando con paso firme en la estabilización y la creación de una economía más orientada al mercado en el marco del Servicio Ampliado del Fondo”.

“La creciente incertidumbre política en 2025 afectó temporalmente el crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa, pero desde entonces se han implementado ajustes de política que han propiciado un aumento de las reservas, una renovada desinflación y una mayor confianza en el mercado, a pesar de un contexto global más complejo”, sumó.

En tanto, la jefa del FMI aseguró que el Gobierno mantiene el compromiso de “preservar la estabilidad mediante un paquete de políticas equilibrado que impulse la desinflación, al tiempo que fortalezca la sostenibilidad externa y fomente el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”.

Al mismo tiempo, la directora del organismo sostuvo que el equipo económico sostendrá el equilibrio fiscal mediante “mayores reducciones en los subsidios a la energía, una mejor focalización de las transferencias sociales y la contención del gasto discrecional para contrarrestar el impacto de las iniciativas de gasto del Congreso”.

A la vez, solicitó el impulso de reformas del sistema tributario y previsional, así como fortalecimiento del marco fiscal en provincias y municipios, ya que “serán esenciales para mantener el ancla fiscal y, al mismo tiempo, preservar el margen para el gasto social prioritario, que será fundamental para consolidar aún más la impresionante reducción de la pobreza”.

“Los avances en la desregulación de la economía y la adopción de legislación reformista en los ámbitos fiscal, comercial y laboral han sido impresionantes. Deben continuar los esfuerzos para crear una economía más competitiva y abierta, incluso mejorando la previsibilidad de los marcos tributarios y regulatorios, para liberar el potencial de los sectores estratégicos de Argentina en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”, agregó.

Si bien el directorio ponderó la caída de la inflación anual, el superávit primario y los anuncios de inversiones, también advirtió que la ejecución del programa mostró resultados dispares hasta fines de 2025, especialmente por los atrasos en la recuperación de las reservas externas.

Asimismo, los directores del FMI destacaron que se se llevaron adelante “importantes ajustes posteriores a los marcos monetario y cambiario, que han respaldado la acumulación de reservas y fortalecido la confianza del mercado”.

“Dadas las vulnerabilidades que aún persisten, los directores alentaron a las autoridades a implementar con decisión un paquete de políticas equilibrado que respalde la desinflación, al tiempo que fortalezca la estabilidad externa y sostenga el crecimiento, incluyendo la garantía de un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales”, acotaron.

Además, elogiaron el programa de compra de divisas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y pidieron una “implementación sostenida” de la adquisición de divisas, combinada con una “flexibilidad cambiaria continua, para reconstruir decisivamente las reservas externas y fortalecer la capacidad de Argentina para gestionar crisis”. En tanto, alentaron al equipo económico a acelerar el proceso comprador y superar la meta establecida de reservas netas, que alcanza los 8.000 millones de dólares.

El ritmo de compras del BCRA ya había sido resaltado por las autoridades del prestamista de última instancia. En efecto, la autoridad monetaria acumuló 92 jornadas consecutivas con resultado positivo en el mercado de cambios, favorecido por acuerdos con bancos, compañías privadas y organismos estatales. Este jueves, la autoridad monetaria sumó USD 145 millones y el total anual superó los 8.800 millones de dólares.

Desde la implementación del nuevo esquema monetario en enero, el BCRA incorporó USD 8.851 millones, con abril como el mes más activo, alcanzando 2.769 millones de dólares. Solo el 2 de enero no se concretaron compras y las reservas brutas superan los 46.751 millones de dólares.

En materia financiera, hicieron hincapié en la importancia de “asegurar un acceso oportuno y duradero” a los mercados internacionales de deuda para refinanciar los vencimientos de deuda y reducir gradualmente la exposición al propio FMI. En línea con la administración libertaria, pidieron profundizar el mercado de capitales local, un objetivo que busca el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la implementación de medidas como la Ley de Inocencia Fiscal.

En el plano monetario, el FMI exigió un programa que continúe “apoyando la desinflación y una mayor flexibilidad del tipo de cambio”. Sobre este punto, demandaron una “mayor transparencia y comunicación” mediante la publicación periódica de informes trimestrales, así como esfuerzos para contener aún más “la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”, en un contexto de crecimiento de la morosidad en el financiamiento para familias y empresas.

Tras la polémica por la no aplicación de la canasta de bienes y servicios actualizada para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que derivó en la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) a comienzos de 2026, el FMI solicitó “medidas para seguir mejorando la calidad y la difusión de los datos de inflación”.

En simultáneo, el directorio del Fondo reconoció el “impresionante progreso” en la desregulación de la economía y la adopción de “legislación reformista” en los ámbitos fiscal, comercial y laboral, reflejado en un “aumento significativo” de la inversión extranjera directa.

E instó al Gobierno a consolidar las reformas para “crear una economía más competitiva y abierta, y destacaron la importancia de fortalecer la independencia de las instituciones de supervisión, garantizar la transparencia en las adquisiciones y las privatizaciones, y mejorar los marcos de gobernanza”.

Por último, los directores del board remarcaron que “si bien observaron que el programa continúa expuesto a riesgos elevados, acogieron con beneplácito las medidas de mitigación implementadas”. “El apoyo continuo a los más vulnerables, junto con medidas para mitigar los costos de ajuste a corto plazo, será fundamental para mantener el respaldo social al programa de reformas de Argentina”, concluyeron.