Al sector agropecuario se le presentan expectativas y temores, tras la presentación oficial del nuevo esquema de reducción de gravámenes para exportación

21/05/2026 – 20:15hs

En el marco del 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el presidente Javier Milei anunció un recorte en los derechos de exportación aplicados a los principales cultivos.

Según detalló, a partir de junio de este año las retenciones al trigo y a la cebada se reducirán del 7,5% al 5,5%, una medida que el Gobierno presenta como parte de su estrategia para «mejorar la competitividad» del sector agrícola.

El mandatario también adelantó un esquema gradual para la soja, aunque con un cronograma más extenso: desde enero de 2027, y sujeto a la evolución de la recaudación, las alícuotas comenzarán a bajar entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales por mes, con continuidad prevista hasta 2028.

La implementación completa de ese sendero dependerá de que Milei logre un nuevo mandato, dado que el tramo principal del recorte se proyecta para el próximo período presidencial.

El mandatario enumeró en el acto los puntos económicos centrales de su gestión:

«Comprendo que la velocidad de la rebaja de retenciones no es la ideal. Les agradezco la paciencia, pero mientras tanto seguimos avanzando con otros reclamos del sector», indicó Milei.

El anuncio se inscribe en un contexto de presión del sector exportador por una reducción de la carga fiscal y en medio del debate sobre la necesidad de recomponer márgenes en las cadenas agrícolas tras varios años de volatilidad productiva y cambiaria.

El mensaje de los exportadores

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la Argentina (Ciara), donde se reúnen los agroexportadores, celebraron la medida: «Celebramos la decisión de seguir con la baja de derechos de exportación en trigo y cebada y, en especial, en las bajas sobre la soja. Colaboraremos con Economía para buscar la forma más adecuada para que no genere efectos negativos en la comercialización».

El debate legislativo

El anuncio se produce en un contexto en el que el Congreso discute varios proyectos de ley que buscan modificar de raíz el esquema de retenciones. Uno de ellos, impulsado por la diputada Gisela Scaglia, propone una eliminación gradual y total de los derechos de exportación hacia 2029, con una baja lineal del 25% anual y límites estrictos a la capacidad del Poder Ejecutivo para modificar alícuotas por decreto.

Otra iniciativa, presentada por el diputado Martín Ardohain, también plantea un cronograma automático de reducción mensual y devuelve al Congreso la potestad exclusiva de fijar retenciones, en línea con la demanda del sector por mayor previsibilidad tributaria.

Acuerdo Mercosur Unión Europea

El debate legislativo y el anuncio oficial se da en paralelo a un escenario internacional que empieza a reconfigurarse tras la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

El pacto, aplicable provisionalmente desde mayo de 2026, establece un marco regulatorio común, reduce aranceles y abre cuotas preferenciales para productos agroindustriales del bloque sudamericano, lo que amplía las oportunidades de exportación para la Argentina en mercados de alto valor agregado.

En el capítulo de comercio de bienes, el acuerdo Mercosur–Unión Europea incorpora una cláusula específica que limita el uso de derechos de exportación por parte de los países sudamericanos. El texto establece que no podrán aplicarse nuevos impuestos a la exportación ni incrementarse las alícuotas vigentes para los productos destinados al mercado europeo, lo que implica un congelamiento del nivel de retenciones existente al momento de la entrada en vigor del acuerdo.

La norma no obliga a eliminar las retenciones, pero sí restringe su utilización futura, salvo excepciones muy acotadas vinculadas a situaciones de emergencia y bajo condiciones estrictamente temporales. Para la Argentina, que mantiene un esquema de derechos de exportación más amplio que el resto del Mercosur, esta disposición supone un límite a la posibilidad de aumentar la carga tributaria sobre las ventas externas dirigidas a la Unión Europea, al tiempo que se combina con la apertura arancelaria europea para una serie de productos agroindustriales.