POLITICA
La Corte Internacional de Justicia brindó su apoyo al derecho de huelga y abrió una polémica con el empresariado
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió por 10 votos contra 4 que el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está protegido por la libertad sindical y el derecho de sindicación previstos en el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una definición que despeja una disputa histórica dentro del organismo, pero que, según la propia opinión consultiva del tribunal, no fija aún el contenido preciso ni las condiciones de ejercicio de ese derecho.
Así, la CIJ, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, respondió una consulta del Consejo de Administración de la OIT sobre si la huelga está amparada por el convenio 87, punto que desde hace décadas divide a sindicatos y empleadores en el organismo internacional. La Corte precisó que la OIT estaba “debidamente autorizada” para pedirla y que el asunto era “de hecho una cuestión legal”, porque se refería a “la interpretación de las disposiciones de un tratado”.
El tribunal también rechazó el planteo de que debía abstenerse de pronunciarse porque la cuestión debía resolverse sólo mediante los mecanismos internos de la OIT o porque una respuesta podía afectar la naturaleza tripartita del diálogo en ese organismo. Según la Corte Internacional de Justicia, ninguno de esos argumentos impedía emitir la opinión consultiva.
De todas formas, la Corte Internacional de Justicia precisó que su interpretación no define el contenido concreto, el alcance ni las condiciones de ejercicio del derecho de huelga, cuestiones que siguen dependiendo de la legislación nacional de cada Estado y de los mecanismos internacionales competentes.
En la Argentina, la opinión de la CIJ reforzó las posturas antagónicas de la CGT y del empresariado. Por un lado, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA), dijo a Infobae: “Celebramos el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que ratifica que el derecho de huelga está protegido por el Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación”.
“El dictamen de la Corte reafirma décadas de jurisprudencia laboral internacional coherente y restablece la seguridad jurídica y la credibilidad dentro del sistema de normas internacionales del trabajo”, agregó.
Para Martínez, “el derecho de huelga es un componente esencial de la libertad sindical y un medio fundamental a través del cual los trabajadores defienden sus intereses, garantizan el trabajo decente y contribuyen a las sociedades democráticas”. Y resaltó: “El dictamen de hoy es importante no sólo para los trabajadores y los sindicatos, sino también para los gobiernos y las empresas responsables”.
El líder de la UOCRA consideró que “la claridad jurídica y la previsibilidad en un aspecto tan crítico del derecho laboral internacional y del sistema de supervisión de las normas de la OIT son indispensables para unas relaciones laborales estables y un diálogo social eficaz”.
“El dictamen consultivo es, por lo tanto, una victoria para la OIT y sus estructuras de gobernanza”, añadió, tras lo cual señaló que “el seguimiento de este fallo deberá correr a cargo de la OIT para garantizar que el sistema de supervisión del organismo reanude plenamente su labor de orientar a los gobiernos en la aplicación del Convenio 87, incluso en lo que respecta al derecho de huelga, al tiempo que se sigue beneficiando de la experiencia única y la estructura tripartita de la OIT”.
Sin embargo, Daniel Funes de Rioja, ex titular de la UIA y miembro del Consejo de Administración de la OIT, afirmó a Infobae: “Sin perjuicio de un análisis más profundo cuando tenga en la mano el texto completo, la postura del CIJ no es una norma de la OIT sino una opinión sobre alcances del Convenio 87 y el derecho de huelga”.
“Nadie desconoce el derecho de huelga sino que hasta este momento era claro que la regulación al respecto era de cada país”, puntualizó, y, acerca de las modalidades de ejercicio del derecho de huelga y los límites en función de los demás derechos, sostuvo que “está claro que no hay derechos absolutos sino que su ejercicio debe producirse conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio”.
“No puede afectar otros derechos también de jerarquía constitucional como el de propiedad y ejercer toda industria lícita tanto a los alcances de la huelga como a las acciones de bloqueo o violencia que la desnaturalicen afectando derechos de terceros”, añadió.
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La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió autorizar el empleo de una plataforma digital para la recolección de firmas electrónicas en el marco de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular (24.747).
La medida beneficia a la organización no gubernamental Plan País Argentina y constituye un paso concreto para facilitar el ejercicio del derecho consagrado en el artículo 39 de la Constitución Nacional desde la reforma de 1994.
La resolución, firmada por unanimidad por los jueces Alberto Dalla Via, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, destacó que la iniciativa popular es un mecanismo de democracia semidirecta que permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados.
Según el fallo, la efectividad de este derecho no puede verse limitada por obstáculos meramente instrumentales. Por ese motivo, la plataforma digital busca ampliar el acceso ciudadano mediante una infraestructura moderna, segura y verificable.
La CNE recordó su trayectoria en la modernización de los procedimientos electorales, plasmada en diversas acordadas a lo largo de los años, como las referidas a la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso electoral. En materia de iniciativas populares, el tribunal ya había adoptado medidas previas para facilitar su tramitación efectiva.
La plataforma habilitada permitirá a los ciudadanos adherir electrónicamente al proyecto de ley promovido por Plan País Argentina. El sistema garantizará la identificación del firmante, la autenticidad de la firma, la trazabilidad y la integridad de cada adhesión, con estándares de confiabilidad equivalentes o superiores a los del soporte papel tradicional.
Funcionará de manera complementaria a la recolección en formato físico y fue autorizada como prueba piloto, bajo la supervisión permanente del área informática de la CNE.
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Para que una iniciativa popular prospere, la ley 24.747 exige la adhesión de al menos el 1,5% del padrón electoral nacional, distribuido en al menos seis distritos.
Una vez alcanzadas las firmas, la Justicia Electoral verifica su autenticidad por muestreo antes de remitir el proyecto al Congreso. Históricamente, este mecanismo tenía un uso limitado en la Argentina debido a las exigencias logísticas de la recolección en papel, que demanda recursos significativos y tiempo.
Cámara Nacional Electoral, Congreso, Proyecto de ley
POLITICA
El Gobierno prepara un nuevo paquete desregulador: medicamentos en góndola, libre navegación y apertura inmobiliaria
El Gobierno ya tiene listo un nuevo paquete de desregulación económica que evalúa enviar al Congreso en los próximos días y que apunta a modificar regulaciones históricas en sectores sensibles de la economía. Contempla cambios en el sistema de venta de medicamentos, la navegación fluvial y el mercado inmobiliario.
La iniciativa es trabajada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En la cartera que conduce Federico Sturzenegger aseguran que el texto ya está redactado. “Hay que tener las cosas escritas para cuando haya una reunión y surja la oportunidad”, sostienen.
Según pudo saber de fuentes del Poder Ejecutivo, se trata de medidas orientadas a modificar el decreto-ley de cabotaje (19.492), de farmacias (17.565) y de corredores inmobiliarios (25.028).
Apuntan a reducir costos, aumentar la competencia y eliminar barreras de entrada en estas actividades económicas. Por fuera de este paquete, el Gobierno también evalúa enviar la derogación de la ley de etiquetado frontal, una norma resistida por parte de la industria alimenticia.
Uno de los capítulos centrales del texto apunta a la navegación y el cabotaje en los ríos argentinos. El Gobierno busca reflotar por ley parte de los cambios incluidos en el DNU 340/2025, rechazado por el Congreso, que avanzaba sobre la apertura del transporte fluvial a buques extranjeros.
Actualmente, se reserva el cabotaje nacional a embarcaciones argentinas, con tripulación local y oficiales nativos. El proyecto apuntaría a habilitar barcos extranjeros a que operen como si fueran naves locales y puedan realizar cabotaje interno mediante permisos temporarios de hasta 180 días renovables.
En la Casa Rosada sostienen que la apertura del mercado reduciría costos logísticos y mejoraría la competitividad exportadora, especialmente en provincias del norte del país. En el decreto resistido por el Congreso se quiso, además, declarar a la navegación comercial como servicio esencial y obligar a garantizar una prestación mínima del 75% durante conflictos sindicales.
Otro de los cambios sensibles impactaría sobre la comercialización de medicamentos. Actualmente -salvo la empresa Farmacity, que ganó un amparo en la Justicia-, las especialidades medicinales solo pueden venderse en farmacias y bajo supervisión farmacéutica. El Gobierno pretende flexibilizar ese esquema y permitir que los medicamentos de venta libre puedan exhibirse en góndolas y comercializarse fuera de las farmacias.
La iniciativa habilitaría la venta de, por ejemplo, analgésicos y antiácidos en otros establecimientos comerciales y ampliaría la posibilidad de comercialización online con entrega a domicilio. El objetivo oficial es eliminar la exclusividad de la farmacia física como único canal de expendio para determinados productos.
Parte de esos cambios ya habían sido incorporados en el DNU 70/23 impulsado por el presidente Javier Milei y su ministro de Desregulación. Sin embargo, algunos artículos fueron suspendidos cautelarmente por la Justicia tras planteos de entidades farmacéuticas, por lo que el Gobierno busca ahora consolidar esas modificaciones mediante una ley.
El paquete también incluye una fuerte desregulación del mercado inmobiliario. La ley actual exige un título universitario y matrícula habilitante para ejercer como corredor o martillero público. La reforma que analiza el Gobierno eliminaría esos requisitos y permitiría que cualquier persona pueda intermediar en operaciones inmobiliarias.
En el Ministerio de Desregulación sostienen que la matriculación obligatoria funciona como una barrera de entrada que encarece las operaciones y restringe la competencia. La intención es eliminar la obligatoriedad de los colegios profesionales y reducir los costos de intermediación que hoy afrontan compradores y vendedores. El oficialismo considera que la apertura del mercado podría facilitar las transacciones y ampliar la oferta de servicios.
Por fuera de ese paquete, el Gobierno también analiza avanzar contra la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal. La norma, sancionada en 2022, obliga a incluir octógonos negros en los envases para advertir sobre excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, además de leyendas precautorias por cafeína y edulcorantes.
Según pudo saber , existe una fuerte presión de sectores de la industria alimenticia para derogar o modificar la legislación. En la cartera que conduce Sturzenegger argumentan que el Mercosur no tiene criterios uniformes de etiquetado y que las empresas deben adaptar envases y packaging según el país de destino, lo que incrementa costos logísticos y de producción.
Remarcan que Uruguay y Brasil cuentan con sistemas distintos al argentino. Mientras Uruguay utiliza octógonos con parámetros diferentes, Brasil aplica otro mecanismo de advertencias nutricionales y focaliza sus alertas principalmente en azúcares y grasas. La Casa Rosada considera que esa falta de homogeneidad regional afecta la competitividad de las empresas que operan en varios mercados del bloque.
Se trata de medidas de alto impacto económico y político que supondrán duras negociaciones para el Gobierno en el Congreso, donde varias de las reformas ya enfrentaron resistencias judiciales, sectoriales y parlamentarias en sus intentos anteriores.
ley de etiquetado frontal,@JMilei,pic.twitter.com/J9e52QHlmj,September 4, 2025,pic.twitter.com/oncWHSiwFj,December 16, 2024,Delfina Celichini,Congreso Nacional,Conforme a,,»Yo propuse tiros». Cómo escaló la guerra tuitera que Milei no quiere -o no puede- parar,,»Milei se siente un profeta». Macri cruzó a Martín Menem y cuestionó la “intolerancia” a la crítica en el Gobierno,,Razones de salud. Máximo Kirchner faltó a la sesión en la que el Gobierno recortó una ley que él impulsó,Congreso Nacional,,Nuestro sistema representativo,,Tregua momentánea. Patricia Bullrich y Karina Milei apelan al pragmatismo para evitar una nueva interna en el Gobierno,,Festival de lobbies. La última gran pelea del primer mandato de Milei
Argentina se encuentra en el centro de debates internacionales debido a su posición geográfica, sus vastos recursos naturales y el contexto global actual de conflictos y tensiones políticas. En un escenario de incertidumbre geopolítica, el país es observado no solo por sus propios habitantes, sino también por actores internacionales que detectan oportunidades y desafíos en su territorio.
“Hay una cuestión que muchas veces no entendemos. Argentina tiene un montón de ventajas que la hacen interesante para los propios argentinos”, expresó en Infobae en Vivo Al Mediodía el analista, Andrei Serbin Pont.
La posición del país, alejada de los principales focos de conflicto mundial, la convierte en un terreno deseable para aquellos que buscan resguardo o invertir en recursos estratégicos.
El país sobresale por su autosuficiencia en la producción de alimentos. “En el peor momento, somos un país que alimenta a 400 millones de personas. Tenemos un potencial de alimentar al doble”, afirmó Serbin Pont. Además, remarcó que la capacidad de autoabastecimiento y de abastecer a países vecinos distingue a Argentina en comparación con otras naciones del mundo y de la región.
Los recursos hídricos constituyen otro eje central para la discusión estratégica. “Las reservas de agua dulce que hay en Argentina son estudiadas a nivel global. Se les atribuye una importancia estratégica que muchas veces nosotros no terminamos de considerar en esos términos”, dijo el experto. El caso de la Patagonia, con sus reservas vitales para diversas poblaciones, es ilustrativo de esta riqueza.
La energía y la minería ocupan un lugar destacado en el análisis. El desarrollo de Vaca Muerta permitió a Argentina avanzar hacia la autosuficiencia energética y proyectarse como exportador de gas, petróleo y minerales críticos. “La mitad del litio que importa Estados Unidos lo importa de Argentina y de Chile”, subrayó Serbin Pont.
El país conforma, junto a sus vecinos, el denominado ‘triángulo del litio’, que concentra el 50% de las reservas mundiales de este mineral indispensable para las nuevas tecnologías.
El analista explicó que, a diferencia de lo que ocurre con la producción de petróleo y gas —ambas asociadas con expectativas de crecimiento—, la minería continúa atrapada en la controversia. “Eso la minería todavía no lo ha logrado”, indicó, refiriéndose a la percepción positiva entre los argentinos.
La tensión se refleja en recorridos históricos puntuales, como los conflictos sociales en provincias como Chubut y La Rioja, donde la minería generó reacciones encontradas entre las comunidades.
Las condiciones globales, junto al potencial y los desafíos internos, colocan a Argentina en una posición singular frente al escenario internacional.
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