POLITICA
Rogelio Frigerio impulsa una reforma previsional en Entre Ríos: aumento de edad jubilatoria y más aportes de ANSES para atender el déficit
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, remitirá sobre el final de esta semana o a principios de la próxima el texto para reformar el sistema previsional de la provincia que lidera. Una de las claves será el empalme de la edad de retiro con los estándares nacionales. Además, su administración destacó que habrá equidad de género entre varones y mujeres al jubilarse. La clave pasa por mantener el 82% móvil que perciben los pasivos hoy por hoy.
En la actualidad, un agente estatal debe cumplir 30 años de servicio para poder solicitar el retiro. Si es mujer, puede hacerlo a la edad de 57 años. Si es varón, deberá esperar a los 62. La iniciativa legislativa que impulsa el Ejecutivo mantiene estos parámetros hasta el 2030. Y proyecta un esquema gradual a partir del año siguiente. La meta es llegar a los 35 años de aporte y 65 de edad de forma indistinta.
El lapso para completar el ciclo se extenderá hasta 2046. La variación se hará de a fracciones de 6 meses por año en la edad. Los períodos de aporte se incrementarán a razón de uno por bienio.
De este modo, para solicitar el retiro en 2031 una mujer necesitará tener 57 años y medio de edad y 31 años de aporte. Dos años después se requerirá 58 y medio y 32, en forma respectiva.
Uno de los puntos más álgidos son los regímenes especiales. Algunos contemplan edades especiales. Otros, pautas que el Gobierno no controla.
Hay sectores que pueden pedir el retiro a los 52 años. La idea del Ejecutivo es sostener una normativa vigente, pero que no se aplicaba, y obligar a esas personas a que sigan aportando a la Caja de Jubilaciones hasta alcanzar la edad ordinaria.
El Poder Judicial es otro problema. Hoy por hoy rige un sistema de enganche con los incrementos salariales que otorga la Corte Suprema. Esto hace que la movilidad de los sueldos de activos, base de cálculo de los haberes de pasivos, se defina en Buenas, Aires y no en Entre Ríos. La idea del Gobierno es desatar ese nudo que se formó 15 años atrás.
Cómo fue el proceso previo
La Administración Frigerio abrió un proceso de diálogo con los gremios estatales para buscar acuerdos básicos. Con la oposición implementó el mismo mecanismo.
Los sindicatos rechazaron los tópicos de trabajo y hasta realizaron medidas de fuerza con el fin de oponerse a la reforma. El más importante del sector docente, Agmer (CTERA – CTA), lanzó una campaña pública para presionar a los legisladores a que no voten el texto del Ejecutivo. Otros, como UPCN, tuvieron una postura más conciliadora y realizaron aportes al articulado.
La oposición justicialista, por su parte, también se opuso. Más allá de que ningún referente del PJ niega el daño del déficit en las cuentas provinciales, aseguran que la Administración Frigerio pretende hacer pagar el ajuste a maestros, policías y empleados públicos.
El Gobierno provincial le retrucó recordando que el desequilibrio existía (y se fue agravando) en los 20 años sucesivos de gobiernos peronistas que se dieron desde principios de siglo. Y que en ese período no hubo ninguna respuesta para zanjar el problema.
Fondos de la ANSES
A fin de completar el abordaje al déficit previsional, el Gobierno entrerriano negocia un incremento de las partidas que la ANSES envía para compensar el rojo.
Cabe destacar que el desequilibrio en el sistema previsional local tuvo su origen en los ‘90. El entonces gobernador Mario Moine aceptó entonces que la Nación traspasara los servicios de salud y educación sin contrapartida de fondos. A la Caja de Jubilaciones le entraron por la ventana miles de agentes sin aportes, a los que debió jubilar en las mismas condiciones que los provinciales.
En la actualidad, Entre Ríos tiene un acuerdo con Nación de $6 mil millones mensuales. La intención es incrementarlo hasta llegar a los $10 mil millones. Para ello, Frigerio mantuvo esta semana un encuentro con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, y Guillermo Arancibia, director ejecutivo de ANSES. En paralelo, la Provincia sostiene una demanda ante la Corte Suprema en la que reclama $154 mil millones.
Las claves para cerrar un circuito que fluya entre Nación y Provincia son dos. La primera, que ANSES complete las auditorías anuales, algunas de las cuales estaban pendientes desde 2017. La segunda, que haya armonía entre el sistema provincial y el nacional. Esto significa que se establezca la compatibilidad de ambos esquemas en ítems como edad y aportes, entre otros.
“Nadie tuvo el coraje de tratar este problema”
Frigerio defendió la reforma haciendo hincapié en que era un tema que requería una solución inmediata. “Son discusiones que hay que poner sobre la mesa. Nadie ha tenido el coraje y la determinación de hacerlo hasta ahora. ¡Nosotros sí!”, sentenció el mandatario en declaraciones al programa Cuestión de Fondo (Canal 9).
Además, distinguió las actitudes disímiles de los sindicatos públicos: “Hemos estado acompañados por dirigentes sindicales que también han tenido el coraje y la determinación de discutir estos temas. Otros prefirieron levantarse, irse, quejarse y esconder el problema”.
“Todo el mundo sabe que ningún régimen aguanta teniendo 1.8 activos por cada pasivo. Se necesitan 4. Ahora, esta realidad ¿No nos obliga a todos a sentarnos en una mesa a discutir? ¿Puede ser la única solución seguir pidiéndole a los que se jubilan por ANSES que contribuya a que nada cambie en la Caja para que no explote? Yo no creo en eso”, agregó.
El mandatario indicó que su compromiso es con “el diálogo”. Y alegó que no debe existir ”ningún tema tabú. No creo en los escraches para frenar las discusiones que tienen que darse de cara a la sociedad”.
“No vamos a cambiar nada de las actuales jubilaciones. Son derechos adquiridos y nos comprometemos a respetarlos”, concluyó.
POLITICA
La oposición criticó a la Corte por el fallo que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros y llamó a otra movilización
La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.
La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.
Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.
Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.
Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.
El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.
“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.
“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.
El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.
“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.
“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.
“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.
A pesar de la presión y las sanciones de la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, en el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Se trata de su proyecto Sea Lion, que la empresa confirmó que sigue vigente, para empezar a producir petróleo en el primer trimestre de 2028. La petrolera destacó que el gobierno de las Islas y Reino Unido tildaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” a las medidas del Gobierno, que esta semana redobló la ofensiva por la soberanía del archipiélago.
Este mes el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamos de soberanía de las Islas. A principios de septiembre dispuso una batería de medidas, con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncia penal a petroleras, envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
Las claves de la confirmación de la petrolera Rockhopper de su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028, pese a las sanciones de la Argentina
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, además de plantear que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, habló de un “período decisivo” para la empresa, confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.
El directivo destacó la “reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y al continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas”.
El Gobierno nacional formalizó la designación de las autoridades que conformarán la Unidad Ejecutora Especial Temporaria para la visita del papa León XIV.
El organismo que funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación estatal vinculada con el eventual viaje del pontífice a la Argentina.
De acuerdo con lo dispuesto mediante el decreto 1127/2026, la estructura será encabezada por Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Su nueva función será ad honorem y no implicará que deje el puesto que desempeña actualmente.
A su vez, el organismo está conformado por otras cinco áreas operativas: coordinación ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales, y apoyo legal.
En ese sentido, la coordinación ejecutiva quedará a cargo de Macarena María Orani, abogada que se desempeña en la Jefatura de Gabinete de Ministros. Tendrá rango de subsecretaria y continuará con las responsabilidades que ya ejerce en esa dependencia.
El área de logística e infraestructura será conducida por Leandro Ariel Cano, quien actualmente ocupa la Subsecretaría de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.
La medida asignó a Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional, la coordinación de seguridad y emergencias.
La coordinación de protocolo y relaciones institucionales será ejercida por Lucas Navaridas, técnico que trabaja en la Jefatura de Gabinete.
A su vez, el abogado Alejandro Patricio Amaro fue nombrado coordinador de apoyo legal de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria. Al igual que los demás integrantes del equipo, sostendrá sus funciones actuales en la Jefatura de Gabinete mientras asume la nueva tarea.
La intervención de áreas de logística, seguridad, ceremonial y asesoramiento jurídico anticipa que la organización requerirá coordinación entre distintas dependencias nacionales.
Con la publicación y la comunicación a la Dirección Nacional del Registro Oficial, quedaron formalizadas las autoridades de la unidad creada para centralizar la preparación estatal ante la visita de Su Santidad el Papa León XIV.
El Poder Ejecutivo consideró necesario cubrir la conducción y las áreas de coordinación para cumplir con las tareas asignadas al organismo. La decisión fue firmada por el presidente Javier Milei y por el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Así quedó la agenda del papa León XIV
León XIV aterrizará el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Florida, Uruguay. Tras pisar suelo argentino, su primera parada será el Monumento al General San Martín, en la Plaza San Martín, seguida de un encuentro con Milei en la Casa Rosada y un acto con autoridades, diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad, a las 18:30.
El lunes 9, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y a las 11:30 presidirá la misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo. Por la tarde, tendrá un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), luego una reunión con líderes religiosos en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con vísperas en la Catedral Metropolitana y cena con obispos en el Arzobispado. El martes 10 volará a Córdoba para una misa en la Escuela de Aviación Militar y una visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15. El miércoles 11, último día de la visita, recorrerá el Complejo Penitenciario Federal y celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján; a las 14:00 partirá desde Ezeiza hacia Lima, donde llegará esa misma tarde.
A través de la Oficina del Presidente, el Gobierno nacional emitió un comunicado en el que agradeció al Vaticano la decisión de incluir a la Argentina en la gira. “La visita del Papa León XIV constituye un acontecimiento de especial trascendencia para la República Argentina y una oportunidad de encuentro para todos los argentinos. La Argentina espera al Santo Padre con alegría y afecto”, concluye el texto con la firma de Milei.
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