El oficialismo de Río Negro busca piezas para completar el rompecabezas con el que intentará retener la gobernación, mientras que el peronismo ya eligió candidata y la Libertad Avanza no descarta disputar la conducción provincial con un ex referente del PRO.

El armado es prematuro, aunque ya tuvo avances. La provincia es gobernada por Juntos Somos Río Negro, una fuerza de alcance provincial que hasta hace poco presidió el propio Alberto Weretilneck, quien ahora delegó la conducción partidaria en Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Weretilneck esquiva la pregunta sobre su posible reelección. En su estructura partidaria aseguran que es el candidato natural, aunque para el anuncio, falta.

Para la oposición, el dato es clave. Si el mandatario actual encabeza la lista, habrá lugar para posibles alianzas. Si no lo es, los partidos mayoritarios podrían arriesgar listas independientes.

En el peronismo, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, anticipó su intención de ser candidata, aunque no descartó posibles acuerdos con otras fuerzas para disputarle el sillón a Weretilneck.

Está en carrera, aún sin aval de otros sectores internos. En ese contexto comenzó la rivalidad mediática con Weretilneck, pactó encuentros políticos con fragmentos del radicalismo e incluso con ex aliados del gobernador. “Pienso reunirme y hablar con todos”, dijo, y reafirmó su intención de “llegar a la capital provincial”.

En ese sentido, aseguró que se reunirá con el vicegobernador Pedro Pesatti, de corte peronista y ex aliado del mandatario rionegrino, con quien se distanció luego de que Weretilneck lo excluyera de la carrera a la Cámara alta en las elecciones de término medio.

En la otra vereda, referentes de La Libertad Avanza no descartan pelear por la gobernación con el empresario Aníbal Tortoriello, ex referente del PRO en la provincia y actual diputado libertario.

En 2023, el cipoleño fue derrotado por Weretilneck cuando peleó por la gobernación y luego dio el salto a LLA, fuerza con la que renovó su banca en la Cámara baja, tras un buen desempeño en esa compulsa.

Sin embargo, a días de la elección de octubre de 2025, anunció que pretendía volver a candidatearse para gobernador, esta vez con el sello libertario, provocando la inmediata reacción de los violetas.

La presidenta de esa fuerza en Río Negro, Lorena Villaverde, fue la primera en fustigar las declaraciones de Tortoriello y anticipó que “si quiere ser candidato, deberá ir con su partido, pero no con La Libertad Avanza”.

Fue una de las últimas apariciones públicas de Villaverde, luego del escándalo que la obligó a dimitir en la banca que había logrado en el Senado por su vinculación a una causa por narcotráfico en Estados unidos.

Desde entonces, sostiene la conducción partidaria aunque muteada, por decisión de los armadores de Casa Rosada. Es decir que lo que decida Villaverde carece de peso específico.

Damián Torres, apoderado libertario en Río Negro y Neuquén, admitió semanas atrás que “la figura de Tortoriello” genera entusiasmo en el sector para llevarlo como candidato a la gobernación.

El PRO enfrenta grietas internas, con la renuncia al bloque de una legisladora propia que inició conversaciones con un fragmento libertario porteño.

Sin figuras candidateables, coquequetea con el oficialismo para llegar a un posible acuerdo, teniendo en cuenta que su base electoral podría restarle votos a la potencial postulación de Tortoriello.

alberto weretilneck,raúl jalil

Después de anotarse algunas victorias en Diputados, el Gobierno reordena la agenda en el Congreso y busca concentrar una serie de sesiones en los primeros días de junio. En el Ejecutivo trabajan sobre un calendario escalonado para evitar superposiciones entre proyectos y sostener las negociaciones con bloques aliados, gobernadores y legisladores dialoguistas.

En la Casa Rosada no tienen previsto tratar esta semana en el Senado los proyectos de Zonas Frías y Ley Hojarasca, que obtuvieron media sanción en Diputados. La decisión forma parte de una reorganización más amplia del temario legislativo, que apunta a separar las discusiones más urgentes de los debates que requieren mayor negociación política.

La prioridad más cercana pasa por el paquete de Propiedad Privada y el acuerdo con holdouts por el default. El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada ya obtuvo dictamen en el Senado con cambios, pero su tratamiento podría dilatarse hasta la primera semana de junio. La intención oficial es combinar esa discusión con la validación del acuerdo para pagar US$171 millones a dos fondos con sentencias firmes en el exterior.

El Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, impulsado por Estados Unidos y con dictamen en Diputados, también quedará para junio. El texto fue modificado para dejar en reserva uno de los capítulos más resistidos por laboratorios locales, por lo que el oficialismo deberá sostener una negociación fina para evitar nuevos cambios o rechazos en el recinto.

La reforma electoral corre por otro carril y quedará para más adelante. En el Gobierno la siguen considerando una prioridad política, pero reconocen que todavía no están los votos para avanzar con el texto original. Esa discusión se va a compaginar con el tratamiento de un segundo paquete de proyectos, que Nación prevé debatir después del inicio del Mundial.

El Ejecutivo tiene previsto enviar este viernes una nueva tanda de proyectos al Congreso, aunque en el oficialismo admiten que el envío podría pasar al lunes si no llegan a terminar las validaciones técnicas. Entre las iniciativas aparecen el Súper RIGI junto con un paquete de desregulaciones en el sector inmobiliario, de capitales y seguros.

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El cronograma será parte de la discusión política de los próximos días. El lunes habrá reunión de Gabinete y el martes se abordará la estrategia legislativa en la mesa política de la Casa Rosada. Sus integrantes buscarán ordenar prioridades, definir qué proyectos ingresan primero y resolver cómo distribuir las sesiones entre el Senado y Diputados.

La reforma del Código Penal sigue sin novedades y continúa trabada por diferencias internas. En Balcarce 50 admiten que ese texto no forma parte del calendario inmediato. La apuesta oficial, por ahora, es ordenar el frente legislativo, avanzar con las leyes que tienen mayor nivel de negociación y dejar para una segunda etapa las discusiones más sensibles.

Gobierno, Congreso

El Gobierno planea proponer un piso mínimo de inversión de US$2000 millones para acceder al super-RIGI, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones que Javier Milei anunció como una versión con mayores beneficios y sectores diferentes al esquema vigente. En el Ejecutivo trabajan para enviar el proyecto al Congreso mañana, aunque reconocen que los tiempos son ajustados y que la presentación puede dilatarse.

En la Casa Rosada aseguran que el texto forma parte de una tanda de alrededor de diez proyectos que buscará remitir al Congreso para continuar la agenda legislativa. “Estamos a las corridas”, reconocen cerca de los despachos que intervienen en la redacción y que fueron entregando los expedientes a Legal y Técnica.

En Balcarce 50 aseguran que están “apurando a todos los equipos” para llegar con los textos, aunque advierten que a más tardar se enviarán en los primeros días de la semana que viene.

El piso de inversión que tiene en carpeta el oficialismo marca una diferencia fuerte con el RIGI vigente, que tiene un umbral general de US$200 millones.

Se trata de una inversión diez veces mayor para acceder a los beneficios especiales. En el entorno del jefe de Estado justifican ese salto por el tipo de proyectos que quieren atraer: industrias nuevas, de escala global y con alta necesidad de capital. El esquema apunta a sectores que en el equipo económico consideran estratégicos y que hoy no tienen desarrollo local a gran escala.

En la lista del Gobierno aparecen la inteligencia artificial, data centers, infraestructura nuclear, defensa, autos eléctricos, baterías de litio, refinamiento y laminado de cobre, cadena de valor del uranio, fertilizantes, paneles solares, turbinas eólicas y productos industriales derivados de la pesca. Luis Caputo ya había anticipado parte de la arquitectura del proyecto.

El ministro de Economía dijo que el super-RIGI prevé una alícuota de Ganancias del 15%, por debajo del 25% que rige en el RIGI vigente, además de una amortización acelerada del 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero. También habló de exención de aranceles de importación para bienes vinculados a la producción y derechos de exportación en cero desde el inicio.

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Otro punto sensible es la relación con las provincias y los municipios. El Ejecutivo busca que las jurisdicciones que adhieran no puedan cobrar más de 0,5% de Ingresos Brutos a los proyectos alcanzados y que las tasas municipales no se calculen sobre ventas. Esa definición obligará a una negociación con gobernadores y, en varios casos, con legislaturas provinciales.

La Casa Rosada busca darle al proyecto un diseño jurídico más cerrado para reducir el riesgo de judicializaciones y observaciones posteriores.

En Balcarce 50 reconocen que todavía faltan validaciones antes del envío formal y que Legal y Técnica continúa revisando expedientes. La estrategia legislativa también forma parte de la discusión: el oficialismo debe definir por qué cámara ingresará y cómo lo integrará al resto del paquete de leyes.

Gobierno, RIGI