Comienza una semana definitoria para la agenda legislativa del Gobierno, en la que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el martes para retomar el debate sobre la reforma electoral, luego de dos meses en los que el expediente quedó trabado por la falta de acuerdo con los bloques aliados.

Ya sin mucho margen para eliminarlas por completo, la Casa Rosada busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, para lo cual necesita reunir al menos 37 votos que todavía no tiene garantizados y que dependen, en buena parte, de las provincias.

La convocatoria para reanudar la discusión se hizo en medio de las presiones de la Casa Rosada sobre Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que en las últimas semanas planteó diferencias con la actual administración nacional en temas económicos, legislativos y políticos.

La relación de la cúpula libertaria con la ex ministra de Seguridad se tensó aún más después de que sectores del oficialismo cuestionaran sus gestos de autonomía y sus posicionamientos de cara al año que viene.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó en una entrevista radial que el avance de la reforma está supeditado a que se destrabe en el Senado, donde Bullrich conduce la bancada libertaria: “Al final dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmativa”, afirmó.

Según pudo saber Infobae, en la cúpula de La Libertad Avanza aspiran a conseguir la media sanción en el Senado dentro de 15 días, para que la Cámara de Diputados termine el tratamiento durante diciembre, en la primera etapa de las sesiones extraordinarias.

El objetivo es evitar que la iniciativa se apruebe recién en enero porque ya sería en el 2027 y la Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación a las reglas de votación se apruebe con la mayor antelación posible.

La reunión de la comisión tomó por sorpresa a parte del entorno de Bullrich, que no tenía previsto que el debate se reactivara esta semana. La senadora sostiene que todavía no están garantizadas las voluntades necesarias, mientras que desde la Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró incorporar adeptos en las conversaciones con los gobernadores aliados.

El cálculo más optimista del Gobierno parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza y suma a los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO y por lo menos cuatro legisladores vinculados con gobernadores provinciales. De esa manera, la Casa Rosada llega a 38 votos potenciales, apenas uno por encima del mínimo requerido.

Entre los apoyos que el oficialismo considera accesibles figuran Edith Terenzi, de Despierta Chubut, vinculada al mandatario Ignacio Torres; Julieta Corroza, de La Neuquinidad, cercana a Rolando Figueroa, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que llegaron al Senado por el espacio relacionado con Claudio Vidal.

También aparecen en las conversaciones Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Alejandra Vigo, de Córdoba, vinculada al gobernador Martín Llaryora, y Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes, aliado de Juan Pablo Valdés.

Dentro de la UCR, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, de Corrientes, son referenciados en Valdés; Eduardo Galaretto, de Santa Fe, en Maximiliano Pullaro, y Silvana Schneider, de Chaco, en Leandro Zdero.

El PRO tampoco confirmó una posición común. Martín Goerling Lara, de Misiones; Andrea Cristina, de Chubut, y María Victoria Huala, de La Pampa, sostienen objeciones sobre el proyecto y defienden la continuidad de las PASO, aunque podrían discutir una alternativa si la negociación incorpora otros puntos, como Ficha Limpia y reclamos vinculados con los presupuestos provinciales.

En ese escenario, el resultado dependerá de los gobernadores, ya que varios de los senadores que todavía no definieron su postura responden directamente a alguno de ellos, que se tomaron el fin de semana para estudiar la situación, en plenas negociaciones con la Casa Rosada por diferentes asuntos.

“No tengo una posición tomada todavía. Se está manejando con las provincias porque es una decisión más general que no puedo tomar solo”, explicó un legislador.

En este sentido, el dirigente remarcó que, si bien en varios espacios hay pensamientos diferentes sobre las PASO, “quizás es más fácil” llegar a la votación con una misma idea “para los partidos que gobiernan provincias”, como es su caso.

En los últimos días, los mandatarios radicales mantuvieron contactos para evaluar una posición común frente a la reforma electoral. “Es muy probable que todos acuerden tomar una definición unificada en torno a esta cuestión, están en esas charlas precisamente en estos momentos”, sostuvo a este medio una persona que tiene diálogo permanente con uno de los mandatarios provinciales de la UCR.

Santilli intentó aprovechar la Argentina Week, realizada en Francia meses atrás junto a Javier Milei y un grupo de gobernadores, para cerrar un entendimiento sobre las PASO, pero las conversaciones no alcanzaron para despejar las diferencias.

Tras ese viaje, Bullrich resumió el estado de las tratativas: “Parecía que después de París estaba todo resuelto y no fue tan así. Todos van como midiendo la situación”, precisó.

La principal resistencia provino, justamente, de los mandatarios radicales, que condicionaron su respaldo a garantías electorales de cara a 2027 y a acuerdos sobre reclamos provinciales.

En este marco, “El Colo” podría recibir a gobernadores en la Casa Rosada durante los próximos días para continuar las negociaciones, aunque todavía no está confirmado el cronograma de visitas.

El jueves 19, sin embargo, ya tiene en agenda un viaje a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde tendrá como anfitrión a Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que todavía no dio garantías de acompañar la reforma.

La relación entre ambos está atravesada por una tensión electoral. La Casa Rosada respalda la candidatura para el año que viene en ese territorio de Luis Petri, mientras que el actual mandatario pretende que su sucesor sea uno de sus ministros.

Durante la cumbre, Santilli también se cruzará con Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta, y Marcelo Orrego, de San Juan. Los cinco gobernadores integran junto a Cornejo la Mesa del Cobre y participarán de actividades en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Casa Rosada evalúan convocar el martes a la Mesa Política, que no se reúne desde hace casi un mes por los viajes presidenciales, la agenda legislativa y la visita del papa León XIV.

Si el encuentro no vuelve a postergarse, será la primera oportunidad para que Bullrich se reencuentre con el resto de la cúpula libertaria después de sus sucesivos gestos de distanciamiento.

Diego Santilli,Gobernadores

La delegación que representó a la Argentina en las dos audiencias del Tribunal del Mar (TIDM) que se realizaron esta semana en Hamburgo esperaba que el Reino Unido utilice en sus alegatos el discurso que Javier Milei pronunció en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así fue. La fiscal general Ellie Reeves abrió la réplica de Londres con ese argumento: las declaraciones del Presidente, sostuvo, evidenciaban que Buenos Aires no tiene interés en una solución negociada para discutir la soberanía de las Malvinas.

Recordó, además, que en su exposición en Nueva York, Milei había calificado a la ONU de “organización inútil” que solo sirve a “parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”. Se trata de la misma institución cuyas resoluciones Argentina invoca como base jurídica de su reclamo ante el TIDM. Una chicana previsible, y una contradicción difícil de ignorar para los abogados británicos.

“Lo habíamos mapeado y teníamos la respuesta armada. Esperábamos que fueran con eso”, reconoció a Infobae uno de los integrantes del equipo de abogados que viajó a la ciudad ubicada a norte de Alemania. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado en las audiencias, contestó de manera formal y recordó que -en aquella intervención-, Milei también dejó en claro que creía en la paz y en encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional.

“Cada uno usa sus herramientas como quiere, pero creo que no corresponde: es un tema más político que nada tiene que ver con lo jurídico. De todas formas se respondió muy bien”, señalaron desde la representación argentina. También objetaron el punto central de la defensa británica: que el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion esconde un planteo sobre la soberanía de las Islas y que, por ello, no es competencia del Tribunal del Mar.

“Ellos quisieron plantear que esto implica resolver soberanía, lo cual no es así. Su planteo pasó más por ese lugar, y el resto no hubieron argumentos que nos hayan tomado por sorpresa”, evaluaron desde el Gobierno.

Por primera vez en la historia, la Argentina enfrentó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del mar alrededor de las Islas Malvinas. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre, ante un panel de 21 jueces presidido por el camerunés Maurice Kamga. El fallo se conocerá el 28 de noviembre.

Buenos Aires pidió cuatro medidas provisionales contra Londres: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Del lado argentino, la delegación estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e incluyó al embajador Oyarzábal, los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y funcionarios de Cancillería y la Procuración. El Reino Unido presentó un equipo de seis abogados liderado por la fiscal Reeves.

Para el Gobierno, este arbitraje representa “una pieza dentro de un esquema más amplio” contra el Reino Unido en el marco de la Causa Malvinas, que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, iniciativa que tuvo varios cambios respecto a su versión original y se debatirá en el recinto el próximo miércoles, y los procesos penales ya iniciados contra directivos de las empresas operadoras de Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En las últimas horas, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno argentino amenazó con prisión al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero, mediante una carta enviada el 1° de septiembre en la que los intimó con “procesamiento penal, encarcelamiento y multas” bajo la legislación doméstica argentina.

“Tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones”, indicó el canciller Pablo Quirno a radio Rivadavia el pasado jueves. En esta línea, desde Casa Rosada explicaron a Infobae que “las estrategias tienen que ser multifocales: políticas, jurídicas, diplomáticas. Es la mejor forma de presionar donde hay que presionar”.

La preparación de las audiencias

La arquitectura jurídica argentina en el TIDM se apoya en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instruyó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

El neerlandés Nico Schrijver y abogado rosarino Marcelo Kohen fueron fundamentales en las audiencias. Este último fue árbitro en al menos 14 casos internacionales, y representó a la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el caso de la fragata ARA Libertad (2012), en el que el tribunal ordenó como medida provisional la liberación inmediata del buque.

El argumento ambiental completó el cuadro. Si ocurriera un derrame en Sea Lion, es la Argentina —no el Reino Unido, situado a más de 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta de emergencia. El propio plan de contingencia del operador estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “Si pasa, estamos muy cerca de que ese derrame llegue a aguas territoriales argentinas”, advirtieron desde el Gobierno.

La primera jornada comenzó con una particularidad logística: la fiscal Reeves no llegó a tiempo para la apertura. Fue la agente Sally Langrish quien abrió la sesión e informó al tribunal de la demora. Mientras tanto, del lado argentino, Oyarzábal tomó la palabra sin demoras para plantear el marco político del caso. Recordó que en 1995 ambos gobiernos habían intentado un esquema de cooperación en la zona, pero que el Reino Unido lo había vaciado de contenido. “La Argentina no abandonó la cooperación”, dijo. “Pero, como bien saben los argentinos, el tango se baila de a dos. Lamentablemente, el Reino Unido prefiere bailar solo”.

La segunda jornada de audiencias fue la más intensa. La delegación argentina, según supo Infobae, había decidido ir “más al hueso” y plantear a los jueces, y ante la atenta mirada del equipo legal británico, los ceos de Rockhopper y Navitas, y funcionarios del gobierno ilegítimo de las Islas, presenten en la sala, que “si no se actúa ahora, no habrá statu quo que preservar”.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, sintetizó Schrijver. En relación a este punto, en el Gobierno planteó una diferencia entre daño económico y daño irreparable. Las empresas que invierten en Sea Lion pueden alegar pérdidas, argumentó el equipo argentino, pero ese daño es compensable. El petróleo extraído, no.

La síntesis del pedido argentino quedó condensada en cuatro palabras que Oyarzábal pronunció al cierre de la primera ronda: Ninguna perforación nueva mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido y en condiciones de actuar. “Si las medidas no son ordenadas, una de las dos partes quedará privada en forma permanente de sus derechos sobre la plataforma continental y sobre un recurso no renovable que, una vez extraído, no puede ser restituido”, insistió.

La comitiva argentina se alojó en un hotel retirado del centro de Hamburgo. Un dato llamativo: ambas delegaciones se alojaron en el mismo edificio, dado que el TIDM está retirado del centro de la ciudad y la oferta hotelera cercana es escasa. El equipo a cargo de Ibarzabal logró que el hotel habilite un sector específico con acceso restringido para sus reuniones de trabajo. Aun así, los cruces en el desayuno con los representantes británicos —y con los propios CEOs de las empresas en Sea Lion, Ian Ramsay y Samuel Moody, fueron inevitables.

La mayor incertidumbre interna fue la preparación de la réplica. El Reino Unido optó por no presentar ningún alegato escrito antes de las audiencias, lo que dejó a la delegación de Buenos Aires frente a un punto ciego. “Siempre teníamos el fantasma de si iban a sacar un conejo de la galera que no estuviéramos viendo”, admitieron desde el equipo legal. Y remarcaron: “Ninguno de los argumentos nos tomó por sorpresa”.

La expectativa por el fallo

Sobre el fallo que el Tribunal dará a conocer el 28 de noviembre, en el Gobierno sostienen que “hay que ser precavido” y que “hay que esperar”, aunque reconocen una “buena sensación interna” de que los argumentos argentinos estuvieron “planteados con claridad” frente a un equipo rival “de primer nivel”.

“Nosotros no le estamos pidiendo a este Tribunal que resuelva el tema de la soberanía. Por lo tanto, nada de esto afecta en absolutamente nada nuestro reclamo de soberanía. Si no llega a salir, la Argentina va a seguir en esta senda. Vamos a seguir con todo”, plantearon.

Especialistas vinculados a la causa son más optimistas. “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado solicitante, a veces dio distintas, pero siempre dio medidas. Yo creo que estamos muy bien”, evaluó un experto con acceso al expediente.

Desde la Cancillería, además, se apuntó a un efecto político concreto de un fallo favorable: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia activa por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, señaló un funcionario del Palacio San Martín.

Navitas Petroleum,Rockhopper Exploration,plataforma petrolera

Mariano Spezzapria,Axel Kicillof,Sergio Massa,Cristina Kirchner,Máximo Kirchner,Conforme a