El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió hoy al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en el marco de los diálogos que el gobierno nacional lleva adelante para lograr una reforma electoral que incluya la eliminación de las PASO.

Los mandatarios incluyen en las negociaciones temas relacionados con la gestión e invariablemente, en esos encuentros aparece la cuestión política de cara a las elecciones del próximo año. La expectativa es que las reuniones se extiendan por varios meses más.

Los mandatarios siguen de cerca, además, el impacto sobre el Gobierno del caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, complicado con una causa por presunto enriquecimiento ilícito que avanza en su contra.

Frigerio llegó este viernes a la Casa Rosada, según su círculo más cercano, con una “larga lista” de temas a resolver. Es que todos los gobernadores que mantienen estas reuniones plantean cuestiones fiscales, obras públicas, temas de financiamiento y aspectos de desarrollo productivo. Toda negociación entre las partes aparece cruzada por la relación financiera entre Nación y provincias.

Hace dos semanas, Santilli se sumó a la reunión que, en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), mantenían los mandatarios del NOA Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Después, el ministro se encontró con Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro) y volvió a verse con Passalaqua, Jaldo y Jalil.

El catamarqueño aseguró que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”. Es un “dialoguista” desde el arranque de la gestión libertaria. Él también abordó con Santilli la posibilidad de instalar una zona franca en su provincia, que está entre las beneficiadas por el modelo productivo actual por sus reservas mineras.

Jalil aparece entre los mandatarios que pueden reelegir, aunque ese paso no está exento de posibles cuestionamientos judiciales, ya que la ley sancionada en noviembre del 2023 establece que se permite la reelección por un solo período consecutivo y después debe pasar otro mandato completo para tener una nueva chance. Sin embargo, la norma incluye una cláusula transitoria que dice que se contabilizará como primera gestión la de los que estaban en el poder al momento de la sanción de la norma.

El neuquino Figueroa, quien también puede ir por la reelección, puso el foco fuera de la reforma electoral cuando salió de la segunda charla con Santilli en un mes: “Nos hemos trazado una hoja de ruta para planificar y llevar adelante las obras que Neuquén necesita para seguir creciendo”. También aseguró que cuenta con “el acompañamiento del gobierno nacional, a través de las gestiones necesarias para garantizar que ese camino no se detenga”. Figueroa negocia la autorización para acceder a créditos internacionales para infraestructura.

Otro habilitado para reelegir es el ríonegrino Weretilneck, quien le llevó a Santilli su reclamo por el traspaso de dos rutas nacionales a la provincia.

Passalaqua, quien podría ir por otro mandato en 2027, jugó de local con Santilli, quien aprovechó el viaje a Misiones y también se reunió con Carlos Rovira, referente del Frente Renovador de la Concordia.

“Hay un compromiso de seguir profundizando el diálogo y las acciones recíprocas entre la Nación y la provincia”, fue la declaración del dialoguista peronista Jaldo al salir de aquel encuentro.

El gobierno nacional ya tiene experiencia en construir acuerdos legislativos con todos estos gobernadores, al igual que con Sáenz. Santilli cuenta con algún margen -conversado con Luis Caputo- para estas negociaciones.

También traslada a la mesa política los planteos de los mandatarios, ya que ese es el centro de las decisiones de cara a las elecciones del próximo año.

La expectativa es que La Libertad Avanza (LLA) esté dispuesta a ampliar sus alianzas electorales, aunque, por supuesto, también depende de la voluntad de los gobernadores. En los últimos comicios fue con acuerdos en Mendoza, Chaco y Entre Ríos.

Igual que con otros temas, hasta ahora las rondas de negociaciones no incluyeron a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Esos vínculos son zigzagueantes de las dos partes.

El peronismo cordobés mostró una posición dura respecto de la situación de Adorni. El diputado Juan Schiaretti usó sus redes sociales para pedirle la renuncia, en un mensaje que acompañan todos sus colegas de la bancada de Hacemos por Córdoba que en muchos proyectos -por presencia o ausencia- colaboran con el oficialismo nacional.

“El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más. Adorni ocupa uno de los cargos más altos de la República Argentina con rango constitucional. Adorni le mintió al pueblo argentino y mintió ante el Congreso de la Nación”, afirmó.

En paralelo con la iniciativa opositora de la oposición en la Cámara de Diputados, el kirchnerismo impulsa en el Senado un proceso para remover al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, después de que admitió que tuvo medio millón de dólares sin declarar.

Esta mañana, diez senadores presentaron un proyecto de resolución para citar al funcionario a concurrir al Senado “para ser interpelado en sesión especial a efectos del tratamiento de una moción de censura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional”.

Argumentaron que la propuesta obedece a “la gravedad institucional que revisten las graves inconsistencias patrimoniales y las irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones en sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA)”.

El proyecto del kirchnerismo prevé además que la moción de censura sea resuelta por el pleno del Senado “en la misma sesión en que se lleve a cabo su interpelación”.

La iniciativa lleva las firmas de José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Martín Soria, Jorge Capitanich, Ana Marks, Juliana di Tullio, María Celeste Giménez Navarro, Eduardo De Pedro y Mariano Recalde.

La avanzada de los diputados

Mientras tanto, diputados de distintos espacios políticos convocaron ayer para el 23 de este mes a una sesión especial con el objetivo de debatir la activación de una moción de censura desde la Cámara baja.

El pedido de sesión lleva las firmas de referentes de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda (FIT), la exlibertaria Marcela Pagano (Coherencia) y parte del interbloque Provincias Unidas, que volvió a exhibir divisiones internas. Acompañan los socialistas, el radicalismo crítico referenciado en Martín Lousteau, los jujeños alineados con el gobernador Carlos Sadir y, esta vez, también los cordobeses de Martín Llaryora, representados por Carlos Gutiérrez.

No acompañó ningún integrante del bloque de la UCR. Tampoco firmaron los santafecinos vinculados a Maximiliano Pullaro, Jorge Ávila, referente de Chubut, ni Lourdes Arrieta (Mendoza). También se mantuvieron al margen los diputados de Innovación Federal, espacio que reúne a legisladores cercanos a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta) y Hugo Passalacqua (Misiones).

Pese al duro comunicado difundido en X, tampoco adhirió ningún dirigente de Pro. La cuenta oficial del partido calificó la conducta de Adorni como “una falta grave”. “Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”, sostuvo el texto.

Aunque en distintos sectores de la oposición consideran que existen razones suficientes para promover su apartamiento, Pro, la UCR y los bloques provinciales sostienen, por ahora, que la investigación debe seguir su curso en la Justicia y que la responsabilidad política última recae sobre Javier Milei.

De todos modos, una eventual moción de censura aparece hoy sin los apoyos suficientes para avanzar. El mecanismo exige la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras: al menos 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Mientras los bloques satélites del oficialismo se nieguen a acompañar esa estrategia, esos números lucen inalcanzables.