La detención de Carlos Ernesto Rinaldi, titular de la delegación Rawson de la Dirección Nacional de Migraciones, provocó un fuerte cimbronazo político en Chubut, luego de que fuera acusado de presuntamente haber incurrido en el delito de malversación de fondos públicos. Se trata de uno de los referentes de La Libertad Avanza (LLA) y sería un hombre cercano al diputado nacional César Treffinger.

El procedimiento fue ordenado por el Dr. Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y terminó por ser ejecutado el miércoles pasado por los efectivos de la Gendarmería Nacional.

La medida surgió producto de una causa federal que investiga presuntas maniobras y administración irregular de fondos. De acuerdo con las primeras versiones, se sospecha de la existencia de un supuesto circuito financiero irregular que involucraría recursos del organismo nacional y conexiones con empresas vinculadas al sector pesquero de Puerto Rawson.

Según la información obtenida por Diario Jornada, esta semana se realizaron allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson y Trelew. Aunque no hubo información oficial de la fuerza ni del juzgado, trascendió que la cantidad de operativos superó la docena.

Entre los lugares inspeccionados se encontraba un estudio contable ubicado sobre calle Mitre al 200 de Trelew y una vivienda en el barrio San Benito, sobre calle Los Mártires al 400. Durante los operativos, los investigadores secuestraron documentación contable, dispositivos electrónicos y registros que serán sometidos a peritajes.

El caso obligó al diputado Treffinger a expresarse en redes sociales, pese a que la noticia todavía no había sido difundida ampliamente. Tras celebrar la aprobación del recorte en el subsidio de gas aplicado en las llamadas Zonas Frías, el libertario publicó un mensaje en donde hacía mención al comienzo de las “operetas preelectorales”.

“Atención. Ya agotada la venta de humo y disipada la humareda de siempre. Aunque todavía no empezó el mundial…”, comenzó el comunicado que el representante chubutense realizó desde su perfil personal en la red social X. Y continuó: “Les informo que, en la provincia de Chubut ya comenzó la temporada alta de operetas preelectorales (a pesar de que 2026 no es año electoral)”.

De esta manera, el diputado manifestó: “Dicho esto, nada (ninguna opereta) aunque sean barbaridades, debiera sorprender a nadie a partir de este comunicado”. Asimismo, apuntó que “la desesperación del resto es mucha, para ensuciar a La Libertad Avanza en todas las provincias”.

Tras indicar que “quedan todos oportunamente avisados”, el libertario cerró la publicación en tono electoral: “Con el Presidente Javier Milei, Chubut también será libre. Viva la libertad, carajo”.

Por su parte, Rinaldi deberá comparecer en las próximas horas ante el juez Yadarola. Según la información obtenida por El Chubut, el traslado del funcionario público se habría concretado durante las últimas horas del jueves.

Hasta el momento, la investigación se mantiene bajo fuerte hermetismo, debido a que señalaron que podría revelar la existencia de una red que habría incurrido en delitos presuntamente relacionados con el contrabando, fraude fiscal, lavado de activos y delitos cambiarios.

De acuerdo con los registros del Boletín Oficial, Rinaldi había sido designado como encargado de la delegación de Rawson el 15 de marzo de 2024 por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ex ministro del Interior Guillermo Francos, según lo establecido por la Decisión Administrativa N° 329 publicada el 14 de mayo de 2024. Sin embargo, se trataba de un cargo de “carácter transitorio”, que tenía una duración de 180 días hábiles.

No obstante, su puesto terminó por ser extendido el 5 de febrero de 2025, tras haber sido aprobado por el ex vicejefe de Gabinete Lisandro Catalán a través de la publicación de la Resolución N° 72/2025 . En esa oportunidad, el plazo otorgado fue el mismo.

Este jueves, el ex ministro de Desarrollo Social de San Luis, Nicolás Anzulovich, fue imputado por el delito de enriquecimiento ilícito. Tras concretarse la audiencia de formulación de cargos, luego de tres intentos fallidos previos, la Justicia investigará si existió un aumento patrimonial del acusado cuando formó parte del gabinete del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá.

La imputación fue presentada por el fiscal de Instrucción Francisco Assat Alí y convalidada por el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, quien además dispuso medidas de coerción por seis meses. Anzulovich asistió en compañía de su abogado, Cristóbal Ibáñez, con actitud relajada, aunque el clima cambió al comenzar los planteos procesales.

El ex funcionario se abstuvo de declarar después de que la querella solicitara la prisión preventiva. Antes de que avanzaran con la formulación de cargos, la defensa había presentado un nuevo planteo de nulidad al cuestionar la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi.

De acuerdo con la información publicada por El Chorrillero, el fiscal Assat Alí y el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, consideraron que estos planteos formaban parte de una estrategia dilatoria. Finalmente, el juez Flores Leyes rechazó la nulidad y continuó con la audiencia.

De esta manera, el fiscal expuso que los hechos investigados corresponden al período entre 2019 y 2023, cuando Anzulovich se desempeñó en el gabinete de Rodríguez Saá como coordinador de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP) y luego como ministro de Desarrollo Social.

En línea con esto, indicó que en la investigación se detectó un incremento patrimonial injustificado, tras señalar que había adquirido vehículos de alta gama y realizado movimientos financieros sin trazabilidad. Además, notaron una ausencia de documentación sobre el origen de ciertos fondos.

Entre los bienes bajo análisis se encuentran vehículos de marcas RAM, BMW y Ford Bronco, además de una propiedad en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida. La pericia contable estableció un piso de $9.438.429 atribuidos a maniobras de presunto enriquecimiento ilícito, aunque no descartaron que el monto pudiera ser mayor producto de todas las operaciones detectadas.

Por este motivo, el informe pericial concluyó que el incremento patrimonial verificado no guardaría correlación con los ingresos lícitos declarados por Anzulovich, y que los egresos habrían superado ampliamente su capacidad económica declarada. Tampoco se encontró actividad económica privada que pudiera justificar dichos movimientos.

A raíz de esto, la Fiscalía solicitó, además de la apertura de la Investigación Penal Preparatoria, medidas de coerción por seis meses. Entre ellas, la firma mensual del libro de imputados, prohibición de salida de la provincia, inhibición general de bienes y suspensión preventiva de sus funciones como empleado judicial. Respecto a la última, Assat Alí argumentó que Anzulovich podría frustrar medidas sobre su patrimonio debido a su acceso al sistema judicial y sus contactos.

Luego de que el fiscal finalizara su exposición, la defensa del ex ministro de Desarrollo Social rechazó la imputación, tras calificar que el monto determinado por la pericia sería “irrisorio”. Al mismo tiempo que negó la existencia del delito, Ibáñez cuestionó la validez del informe patrimonial y denunció que varios profesionales se negaron a intervenir por temor a represalias.

En este sentido, el otro defensor de Anzulovich, Nedo Gómez, calificó las medidas de coerción como “abusivas y estigmatizantes”. De la misma forma, señaló el impacto que el proceso judicial tendría sobre la imagen pública del ex funcionario.

El juez Flores Leyes declaró la causa como compleja, por este motivo, resolvió extender el plazo de investigación a seis meses. Sin embargo, ordenó la firma mensual, prohibió la salida de la provincia e impuso la inhibición general de bienes del ex ministro, tras alegar a la existencia de un posible daño al patrimonio del Estado, dada la naturaleza del delito investigado.

Sin embargo, rechazó la prisión preventiva y la suspensión de sus funciones judiciales, tras argumentar que no estaban acreditados los riesgos procesales necesarios. Asimismo, consideró que la suspensión afectaría su derecho al sustento.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves una demanda por daños ambientales presentada por la Asociación de Superficiarios de la Patagonia (ASSUPA) contra un amplio grupo de empresas petroleras que operan en Vaca Muerta, en Neuquén.

El fallo, firmado por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y los conjueces Silvina Andalaf Casiello (Rosario), Rocío Alcalá (Resistencia) y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas (Salta), puso fin a un proceso judicial que se inició en 2004.

ASSUPA reclamaba que se ordenara a las compañías la recomposición de los daños ambientales generados por sus actividades en la Cuenca Neuquina, específicamente en el suelo, el aire y los cursos de agua. La asociación sostenía que existían áreas deforestadas, aperturas de caminos, zanjas y canteras que habían provocado un proceso de desertificación y perjuicios al ambiente.

Entre las empresas demandadas figuraban YPF S.A., Chevron San Jorge S.R.L., Pan American Energy LLC, Total Austral S.A., Pluspetrol, Wintershall Energía, Astra, Capex y Pecom Energía.

También Hidrocarburos del Neuquén S.A., CAPEX S.A., Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (PCR), Ingeniería SIMA S.A. y Vista Oil & Gas Argentina S.A.U. Por el tipo de causa, el caso involucró, además, al Estado Nacional (Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes y Secretaría de Energía); a la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza y Neuquén.

La Corte Suprema rechazó la pretensión al considerar que ASSUPA no logró acreditar los extremos necesarios para que el caso tramitara en la instancia originaria del máximo tribunal.

Es decir, para los jueces la organización no probó qué suelos o tramos de cursos de agua estarían contaminados, ni de qué manera se habría producido la contaminación dentro y fuera de cada área de concesión.

El tribunal señaló además la vaguedad e imprecisión de las afirmaciones de la demandante, a quien en reiteradas oportunidades durante el trámite se le había advertido sobre esa deficiencia. La Corte entendió que ASSUPA pretendía utilizar la etapa probatoria como una investigación general para determinar si existían daños y a quién correspondía atribuirlos, en lugar de presentar pruebas concretas sobre hechos ya identificados.

El fallo recordó que la demandante había sido instada a presentar estudios ambientales como prueba o alguna evidencia que demuestre “la verosímil afectación”. Sin embargo, ASSUPA se limitó a sostener que “todos los suelos adyacentes a todos y cada uno de los pozos y locaciones, todas las aguas superficiales y subterráneas y el aire –existentes en la Cuenca Neuquina– estarían contaminados con algunas de las sustancias que utilizarían las demandadas en su actividad, sin precisar en forma circunstanciada, como le resultaba exigible, qué suelos o qué tramos de los cursos de agua estarían contaminados, y, en su caso, de qué modo se produciría la contaminación dentro y fuera del área de concesión de cada empresa”.

“Tampoco dimensionó la magnitud y gravedad de las alteraciones presuntamente producidas”, agregó la sentencia.

Leé también: El Gobierno profundizará la alianza militar con países de la OTAN y enviará tropas al Ártico

Para la Corte, “la estrategia asumida por la asociación demandante consistente en asociar el daño ambiental a la actividad hidrocarburífera en general, o de recurrir a la simple operación aritmética de sumar los pozos y superficies explotadas por cada empresa y agruparlas sobre la base de su sola condición de explotadores de petróleo».

La decisión cierra un litigio que se extendió por años y que había sido objeto de múltiples intervenciones de la Corte. Al rechazar la demanda por falta de acreditación probatoria, la Corte Suprema reiteró que las acciones ambientales de alcance interjurisdiccional deben sustentarse en elementos concretos que permitan identificar con precisión los daños alegados y su vinculación con las actividades de cada demandado.

Vaca Muerta, Corte Suprema de Justicia, YPF