Una semana después de que estallara el último incidente del caso Chocolate, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires negó haber ocultado a la Justicia información sobre la trama que protagonizó el puntero peronista Julio “Chocolate” Rigau, quien fue descubierto en 2023 al retirar dinero en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados fantasma de ese cuerpo legislativo.

En un comunicado firmado por todos los presidentes de bloque, con la única excepción de los del Frente de Izquierda-Unidad y de Hechos, la Cámara ofreció una respuesta ante la denuncia del juez Guillermo Atencio, quien pidió investigar por “encubrimiento” a las autoridades luego de que se conociera que se habían archivado expedientes administrativos entre los que estaban algunos vinculados al caso bajo investigación judicial.

“La Honorable Cámara de Diputados [HCD] siempre actuó ajustada a derecho y colaboró con la Justicia. La resolución de archivo de expedientes, contemplada previamente desde el año 2002 en el reglamento de esta HCD, fue aprobada por más de dos tercios de este cuerpo el 28 de mayo de 2026, casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó a la HCD el 19 de agosto de 2026. Por lo tanto, de ningún modo se incurrió en un ocultamiento de pruebas porque dicho requerimiento todavía no existía y porque además la decisión fue pública, votada en sesión, transmitida en vivo y cuyo registro permanece en la HCD a disposición de quien quiera verlo”, se subrayó en un comunicado firmado por las autoridades de la Cámara y nueve jefes de bloque.

En el comunicado, se afirmó que el pedido judicial recibido correspondía a otra causa y que fue esa información la que se archivó, y no la vinculada al caso Chocolate. “También resulta necesario diferenciar las actuaciones para evitar confusiones ante la opinión pública. Los requerimientos y las decisiones administrativas a las que se hace referencia no correspondían, según la documentación considerada por la HCD, a la causa Julio Rigau (PP-06-00-047539-23/00 Rigau, Julio Segundo y otros s/ hurto-estafa-fraude en perjuicio de la administración pública-asociación ilícita), sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto (PP-06-00-047539-23/01 Rodríguez María Eugenia s/ hurto, artículo 162)”, se indicó en el segundo punto del comunicado.

“Asimismo, en la causa Julio Rigau, la HCD aportó información requerida por la Justicia, dicha investigación avanzó, se encuentra elevada a juicio y existen personas privadas de su libertad. Estos elementos deben ser tenidos en cuenta antes de sostener que existió una conducta institucional destinada a impedir el avance de aquella investigación”, se añadió.

Los firmantes del documento de la Cámara de Diputados bonaerense son su presidente, Alejandro Dichiara (Unión por la Patria); los vicepresidentes Alexis Guerrera (Unión por la Patria), Agustín Forchieri (Pro), Agustín Romo (La Libertad Avanza), Mariano Cascallares (Unión por la Patria), Blanca Alessi (Unión y Libertad) y Matías Civale (UCR+Cambio Federal). Además, rubricaron la nota los jefes de bloque Facundo Tignanelli (Unión por la Patria), Juan Esteban Osaba (La Libertad Avanza), Alejandro Rabinovich (Pro), Martín Rozas (Unión y Libertad), Diego Garciarena (UCR+Cambio Federal), María Alejandra Lordén (UCR), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Andrés De Leo (Coalición Cívica) y Juan José Esper Zamar (Derecha Popular).

No firmaron el comunicado los jefes de bloque Christian Castillo (Partido de los Trabajadores Socialistas), Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista) y Manuel Passaglia (Hechos).

El miércoles de la semana pasada, los jefes de bloque de la Cámara baja compartieron un asado. Según trascendió, conversaron sobre cómo agilizar los trámites que pasan de una Cámara a otra. Consultados por , negaron haber hablado del caso Chocolate.

En el documento de la Cámara baja se cuestionó la denuncia del magistrado. “La HCD considera especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo. En ese sentido, resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, se sostuvo en el tercer punto.

“La HCD siempre informó al juez y, ante el requerimiento recibido, el cuerpo no guardó silencio. Contestó formalmente que las actuaciones habían sido archivadas administrativamente y que esa decisión había sido posteriormente convalidada mediante un acto legislativo”, se agregó.

En el cuarto punto de su comunicado, las autoridades y jefes de bloque de la Cámara afirmaron que “la división de poderes supone la existencia de facultades de control recíproco entre los distintos poderes del Estado” y que “cada uno cuenta con herramientas constitucionales para ejercer ese contralor sobre los demás, pero esas atribuciones no pueden ser utilizadas de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”.

“La actuación institucional de la Legislatura tampoco puede analizarse de manera aislada. A lo largo de su historia existieron causas y todas avanzaron hasta llegar a sentencia. Estos antecedentes muestran que la existencia de una investigación judicial vinculada a hechos ocurridos dentro de la Legislatura no ha significado un impedimento para la actuación de la Justicia”, se concluyó en el documento de la Cámara legislativa.

La polémica sobre la que respondió hoy la Cámara de Diputados provincial comenzó el 22 de septiembre, cuando el canal TN dio cuenta de que la Cámara, en una sesión que realizó en mayo había archivado expedientes administrativos vinculados al caso Chocolate que contenían información que había solicitado en abril la fiscal Betina Lacki, como la de conocer quiénes fueron los legisladores que designaron a los empleados “ñoquis” cuyos haberes retiraba Rigau de cajeros automáticos de La Plata.

El juez de garantías Guillermo Atencio pidió a la fiscalía en turno que analice la “posible comisión de delitos de acción pública” con la votación de la Cámara de Diputados provincial.

El caso se destapó el 13 de septiembre de 2023, cuando Rigau, un puntero peronista, fue detenido mientras extraía dinero con 48 tarjetas de débito ajenas de un cajero automático de Banco Provincia. Rigau, se estableció luego, trabajaba para el subdirector de Personal de la Cámara de Diputados bonaerense, Claudio Albini, del Frente Renovador. Tanto Claudio Albini como su hijo, Facundo Albini (concejal en La Plata) están con prisión preventiva, y desde junio de 2025, con el beneficio de hacerlo de forma domiciliaria.

La Justicia calculó que el perjuicio económico para las arcas bonaerenses del sistema de contrataciones ilegales en la Legislatura asciende a por lo menos 800 millones de pesos.

La Corte Suprema de Justicia advirtió hoy que las leyes de blanqueo de capitales son excepcionales y restrictivas porque, de lo contrario, implicarían “un trato desigualitario, irrazonable y odioso en beneficio de contribuyentes incumplidores comparados” con el resto de la sociedad que sí cumplió “en tiempo y forma” con el pago de impuestos.

Así lo sostuvieron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que además cuestionaron la redacción ambigua de una ley. En su voto, además, Rosatti exhortó al Congreso Nacional a aumentar su precisión para dar seguridad jurídica.

Las “divergencias interpretativas, en un tema singularmente sensible como es beneficiar incumplidores frente al resto de la sociedad, exige una labor legislativa lo suficientemente precisa acerca de las diversas y disímiles situaciones jurídicas sobre las que se proyecta la norma”, sostuvo.

La discusión giró en torno a un conflicto entre la AFIP y la empresa Tecna Estudios y Proyectos de Ingeniería SA.

El fisco había ordenado una ejecución fiscal contra la firma y reclamaba el pago de 8.598.128 de pesos, más intereses y costas por diferencias en el impuesto a las ganancias durante los períodos 2009 y 2010. La empresa se opuso y dijo que el reclamo sobre ella estaba prescripto en 2009 y no correspondía para el 2010.

También consideró que no podía alcanzarla una extensión del plazo de prescripción que, con carácter general, había dictado en el artículo 17 de la ley 26860, la norma sancionada en mayo de 2013 que estableció un régimen de exteriorización voluntaria de moneda extranjera (al cual la firma no había adherido) sin que se penalizara el cobro de suma alguna a los interesados que no habían tributado.

El Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales N° 6 hizo lugar a la prescripción planteada por el contribuyente, declaró la inconstitucionalidad del artículo 17, rechazó la ejecución fiscal respecto del impuesto a las ganancias solo para el período fiscal 2009 y mandó avanzar con el reclamo del año siguiente.

Tanto la AFIP como la empresa apelaron y el caso llegó a la Corte Suprema. Tras oír a la Procuración General, el máximo tribunal abrió el recurso que impulsó la AFIP y analizó a quiénes debía alcanzar la disposición debatida en la ley del blanqueo.

En ese sentido, la causa analizó no solo la redacción del artículo 19 de esa ley, que dice “Suspéndase con carácter general por el término de un (1) año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación a los mismos, así como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales”.

También abordó la discusión parlamentaria de esa ley, en donde el miembro informante ante la Cámara de Diputados, el exdiputado oficialista del Frente para la Victoria Roberto Feletti, había dicho que el alcance de la suspensión de la prescripción era exclusivamente para los contribuyentes que adhirieran al blanqueo, ante un reclamo concreto de aclaración del entonces diputado de Pro Federico Pinedo, acompañado por otros legisladores.

Para Rosenkrantz y Lorenzetti, no se puede aplicar en este caso la interpretación de la expresión de “carácter general” que se aplicó en otros casos para una causa de blanqueo y resaltaron que este tipo de regímenes “constituyen institutos de excepción dentro del ordenamiento tributario al otorgar beneficios a quienes incumplieron con las obligaciones tributarias a su cargo consagrando un trato no igualitario respecto de los contribuyentes cumplidores”.

A su turno, Rosatti afirmó que “la adhesión a un régimen de blanqueo supone, por sí mismo, una posición de ventaja y excepción a la luz del principio de igualdad ante las cargas públicas que consagra el artículo 16 de la Constitución Nacional” y que, “por tal motivo, el legislador al implementar regímenes de esta naturaleza debe contemplar razonablemente las distintas situaciones jurídicas sobre las que se proyecta la ley de modo de no proceder de forma inequitativa y arbitraria”.

Rosatti afirmó que “las palabras de la ley aislada y asistemáticamente consideradas podrían conducir a resultados diversos de no atenderse al debate legislativo y a la propia naturaleza y finalidad excepcional del blanqueo”. Según explicó, la norma cuestionada “expresa una decisión de establecer delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la convivencia”.

Rosatti destacó que “la precisión y actuación real de las reglas preestablecidas genera un clima de seguridad en el cual los particulares conocen de antemano a qué reglas se sujetará la actuación de los gobernantes, de manera que la conducta de estos sea previsible y, en caso contrario, que haya quien, con potestad suficiente, pueda corregir el error y responsabilizar eficazmente al transgresor”.

Sin necesidad de discutir la inconstitucionalidad pretendida, la Corte confirmó de esta manera la sentencia apelada y rechazó el reclamo del fisco sobre la empresa.