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La reunión a solas entre Milei y Bullrich, la causa que avanza en plena interna y la tropa “sub 50″ de Macri

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La última vez que se habían visto fue en esa tensa reunión de Gabinete después de que Patricia Bullrich hiciera público su disgusto respecto de la estrategia de sostenimiento a Manuel Adorni. Se filtraron detalles de esa escena en la Rosada donde el Presidente habló para defender a su funcionario y sobre todo aleccionar a cualquiera que no comparta su criterio. Bullrich, ese viernes, intentó reforzar su posición pero no pudo: “Tiene una emocionalidad importante”, dijo sobre Milei al día siguiente. Ambos mantienen un vínculo directo, no terciado ni intermediado por nadie, aún en momentos de conflicto como este, donde la senadora ejerce su autonomía como ningún otro integrante del Gobierno. En medio de esa atmósfera y cuando la interna descontrolada entre Santiago Caputo y los Menem -o sea Karina Milei– era el único tema dominante, Milei y Bullrich se vieron el martes dos horas en la quinta de Olivos en una reunión que no trascendió, de la que no hubo fotos ni comunicación oficial. Como sí sucedió, en cambio, con la visita que ayer hizo Adorni a la residencia.

El Presidente recuperó el diálogo por chat con la senadora y ahí surgió la posibilidad de verse, una rutina que solía ser amable y divertida entre los dos, pero que en las últimas semanas se había discontinuado por el episodio del jefe de Gabinete. Todos los invitados a verlo saben que el primer tramo largo de una reunión con él será sobre Economía, pero después, según el relato de altas fuentes de la Casa Rosada, avanzaron sobre temas que importan en el Senado como la reforma electoral y la preocupación de Bullrich por la gobernabilidad. Probablemente, haya un rasgo de ese encuentro que explique el estado tirante de situación: en esa reunión entre la senadora y el Presidente, no se habló de Adorni y ella se fue sin avisarle que al día siguiente adelantaría su declaración jurada como otra muestra de disconformidad con la demora del jefe de Gabinete en hacerlo, a pesar de haberlo anunciado varias veces.

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Este encuentro cerrado fue apenas un eslabón de una gran cantidad de reuniones de distinto tipo que tuvo Milei en estos días conflictivos, todas derivadas del desparramo político y simbólico de ver a su gente desmembrarse en redes sociales o en canales de streaming acusándose de negocios espurios los unos con los otros. El lunes, Augustín Romo, diputado provincial y mano derecha de Santiago Caputo, pasó un rato muy largo en la quinta presidencial haciendo casi un expediente de los detalles que le permitían sostener que, según las Fuerzas del Cielo, detrás del ya famoso y extinto usuario de X, @periodistarufus estaba Martín Menem y su entorno. Le mostró un desglose de cuentas clandestinas, cuentas reales, cuentas truchas, un engendro imposible para alguien que no usufructúa permanentemente las redes. Pero el Presidente es un fanático de ese universo.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Hubo en esa conversación un momento especial sobre un tuit muy sugestivo de febrero de este año donde el incógnito Rufus escribe algo inquietante: “Estén atentos, está más cerca que nunca. Lo avisé. JBM” y firmando el mensaje aparecen las siglas “TR”. Fue el sábado 14 de febrero, veinte días antes de que se concrete y anuncie la designación de Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia que terminó siendo el plot twist que descontroló una interna que venía irresuelta pero algo ordenada. Cuando hablaron de TR, el firmante del mensaje, Romo dijo que algunos malpensados pensaron en la sociedad “TR Nutrition” que tiene Martín Menem con Sergio Aguirre, un hombre que -desarrollaremos-, es el centro de una investigación judicial en etapa de definición.

Leé también: Cómo quedarán las retenciones para el campo y para productos industriales tras el anuncio de Javier Milei

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Martín Menem sostuvo en el chat de Gabinete que todo el episodio de Rufus era un error de un community manager -quienes manejan las cuentas en redes de las personas públicas- y así lo sostuvo también en una entrevista radial con una versión menos conspirativa que la que le dieron el martes al Presidente Lilia Lemoine y Santiago Oria. Ahí le ofrecieron la hipótesis del “plantamiento de una cuenta prefabricada”. Lo que siguió se sabe: Milei dijo que Caputo es su “hermano”, que Menem lleva adelante una tarea “enorme, fenomenal, extraordinaria” y trató de dejar el conflicto atrás. Cosa que claramente no está sucediendo.

La paz sea contigo

Es difícil imaginar que haya paz el lunes cuando en el marco del tradicional Tedeum del 25 de mayo, el Gabinete y la primera plana del equipo político libertario se sienten juntos frente al altar. El Presidente llegará con el anuncio cifrado de una visita del Papa León XIV en primavera y algo de oxígeno por los datos de actividad económica que mostraron un repunte. También recibió en los últimos días el último relevamiento de opinión públicade Aresco, la consultora de Federico Aurelio que le revelaron que en la primera quincena de mayo se frenó la caída en la imagen que fue ruidosa en febrero, sobre todo en marzo, y más sutil en abril. Ahora parece haber encontrado un piso.

El Tedeum de 2025 tuvo mucha tensión. Javier Milei le hizo un desplante a Victoria Villarruel. (Foto: X / Vickyvillarruel)
El Tedeum de 2025 tuvo mucha tensión. Javier Milei le hizo un desplante a Victoria Villarruel. (Foto: X / Vickyvillarruel)

Aún con un respiro, vienen días intrigantes: ¿Irá Bullrich a la Catedral? ¿Participarán todos de la reunión de Gabinete en el feriado patrio? ¿Podrán concretar la reunión de la mesa política planeada para el martes donde Caputo, los Menem, Karina, Adorni y Bullrich deberían verse las caras en una mesa chica? Todos responden que sí, pero es inimaginable cómo sucederá esa coreografía. Para colmo, la disputa política interna sigue sumando elementos controversiales. Hace pocos días, el fiscal Guillermo Marijuan pidió indagatorias por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública a Virginia Montero y Marcelo Petroni, los dos interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional en la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) entre agosto de 2024 y todo 2025, y también a Sergio Aguirre, titular de HTECH INNOVATION S.A. y a la par socio de Martín Menem en TR Nutrition. Justo las siglas que generaron suspicacias en el tuit de Rufus con el adelanto de información sobre Mahiques.

Este caso fue desde el origen una complicación para Lule y Martín Menem, que aparecen mencionados en la investigación que está enfocada en entender los $262.197.224,88 que OSPRERA le pagó a HTECH por supuesto servicios informáticos en poco más de un año y medio. La empresa de Aguirre se constituyó apenas cuatro meses antes de la intervención a la obra social. O sea abrió y triunfó. Después de allanamientos, pedidos de documentación a Presidencia, levantamientos de secretos fiscales y análisis de un celular en una causa conexa, el dictamen de Marijuan encontró que un mes antes de que se anuncie la intervención, Montero -la funcionaria que iba a ser designada para sanear OSPRERA- tuvo una larga reunión con Aguirre y Lule Menem en el despacho de Menem en la Rosada. A la noche, Montero y Aguirre hablaron 408 minutos por teléfono. Un mes después, ella asumía el cargo de interventora y él empezaba a tener contratos multimillonarios.

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Cuando dejó el puesto y la reemplazó Marcelo Patroni, también está documentada una reunión del nuevo interventor con Lule Menem en su despacho. Y en el análisis telefónico de los peritos surge que la línea de Aguirre -socio de Martín Menem- “figura entre los 10 contactos con los que Patroni mantuviera mayor frecuencia en las comunicaciones”. De esas llamadas frecuentes aparece una en el expediente donde en enero de 2025 Patroni le dice a Aguirre, según cita el fiscal: “Avisale a Lule” y “Eso lo tiene que saber Martín y Lule”. Para pedir indagatorias, Marijuan concluyó: “está claro que es en el marco de esas maniobras y el plan común delictivo desplegado que los interventores de OSPRERA comenzaron a seleccionar o elegir a proveedores de servicios allegados con sus intereses políticos”. A partir de este pedido, el juez Sebastián Casanello hizo allanamientos y secuestró teléfonos y le toca decidir si confirma los llamados a indagatorias.

Despacito y sin romper

El expresidente Mauricio Macri encabezó un acto del PRO en Resistencia el 17 de abril. (Foto: PRO)
El expresidente Mauricio Macri encabezó un acto del PRO en Resistencia el 17 de abril. (Foto: PRO)

El devenir de esa causa configura otro botín de guerra en la interna oficial que parece desatada al nivel de la autoextinción. Sin ir más lejos, esto empezó por un tuit donde Rufus ponía bajo sospecha el vínculo de Caputo con el empresario Leonardo Scatturice dueño de FLy Bondi y OCA. En el medio, muchos integrantes del Gabinete se preocupan por el impacto social de un escándalo tan empetrolado en un país donde todos los sondeos coinciden en que la preocupación máxima está en el metro cuadrado de la economía personal. Es una inquietud federal. Por estos días, los Gobernadores piden compulsivamente sondeos de opinión no sólo para verse a sí mismos en el espejo sino para entender más en profundidad cómo le está yendo a la gestión de Milei con los argentinos. Falta mucho para las presidenciales pero está acelerada la previa electoral. En esa trama, Mauricio Macri, disfruta del rol que le regalan los errores autoinfligidos de la Rosada.“Despacito y sin romper” suele decir hacia adentro del PRO en referencia al vínculo con los libertarios. Ellos no lo dicen, pero es vox populi que la letra de la canción infantil sigue con “que mañana hay que volver”. Picardías.

El expresidente, en este contexto, arma un equipo sub 50 de dirigentes a los que quiere promover y a su alrededor consumen encuestas que lo mantienen bajo respecto al peronismo y a Milei, pero duplicando su propia imagen en el último par de meses. Es, todos lo saben, una herramienta poderosísima para negociar.

Javier Milei, Mauricio Macri

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Identificaron irregularidades de más de $82 millones en un registro automotor y el ex titular enfentaría acciones penales

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El Gobierno nacional identificó una serie de irregularidades vinculadas al manejo de fondos, que debían ser depositados a favor del Estado nacional, en uno de los registros automotores de Rosario, provincia de Santa Fe. La deuda total supera los 82 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 559/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el monto corresponde al dinero que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12, a cargo de Alejo Uribe Escobar, tenía que girar al Ejecutivo nacional.

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De hecho, dado que Uribe Escobar había renunciado a su función antes de la conclusión del expediente, el Ministerio dispuso registrar en su legajo personal la sanción que habría recibido de mantenerse en el puesto, que sería la remoción. Además, ordenó a sus áreas competentes avanzar con las medidas administrativas o judiciales necesarias para procurar el recupero de los fondos.

El procedimiento fue abierto mediante la Resolución N° 224/2024 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer la eventual responsabilidad del entonces titular del registro en la provincia de Santa Fe.

La investigación se centró en la falta de depósito íntegro y oportuno de remanentes de recaudación que correspondían a la Administración Central. En particular, las actuaciones examinaron liquidaciones vinculadas con los meses de marzo, abril y mayo de 2024.

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De acuerdo con la resolución, a Uribe Escobar se le atribuyó haber retenido importes que debían transferirse al Estado nacional dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable. El régimen interno establece que el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que fue percibido.

La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios había reunido documentación sobre esas irregularidades. Luego, durante la instrucción del sumario, se produjeron informes técnicos y se incorporaron distintas medidas de prueba.

La renuncia de Alejo Uribe Escobar fue aceptada por medio de la Resolución N° 310/2024. Durante el trámite, el exfuncionario cuestionó la continuidad del expediente y planteó nulidades. Entre sus argumentos, sostuvo que la aceptación de su renuncia impedía imponerle una sanción disciplinaria o dejar asentada una remoción de carácter virtual en su legajo.

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También afirmó que la prosecución del sumario podía ocasionarle un perjuicio moral y económico. Sin embargo, el Ministerio rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que la desvinculación del cargo no impedía continuar la investigación, especialmente ante la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.

La resolución citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación para sostener que el registro de la sanción que habría correspondido no constituye una medida punitiva en sentido estricto. Según ese criterio, se trata de una previsión de carácter preventivo ante la posibilidad de un eventual reingreso a la función.

La Sindicatura General de la Nación determinó un perjuicio fiscal de 82.557.801,47 pesos por fondos retenidos. (REUTERS/Agustin Marcarian)

El expediente también indicó que Uribe Escobar pudo consultar las actuaciones y acceder a las instancias previstas para ejercer su defensa. El Ministerio consideró que no se afectaron sus garantías, dado que tuvo vistas del material documental y pudo solicitar el acceso a instrumentos existentes en el registro.

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En sus descargos, el exencargado sostuvo que había sido objeto de una “persecución política”. Además, atribuyó la falta de depósitos a una situación económica que, según su postura, afectaba al Registro Seccional de Rosario N° 12 y al sistema registral en general.

La instrucción administrativa analizó la prueba ofrecida por la defensa y concluyó que no se verificó esa hipótesis. El acto señaló que tampoco se acreditó un deterioro generalizado de los registros seccionales que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito.

La resolución remarcó que el derecho de retención propio del ámbito privado no puede ser aplicado de forma unilateral por quienes ejercen funciones delegadas por el Estado, ni utilizarse como mecanismo de compensación frente a dificultades económicas.

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En una etapa previa de la investigación, la instrucción había calculado un perjuicio fiscal nominal de $45.999.117,61, sin incluir intereses. Ese monto correspondía a los períodos que integraban de forma precisa el objeto del sumario administrativo.

Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación revisó la situación y, en su Informe Técnico N° 72/2026, fijó el daño económico en $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. La cifra fue considerada de relevante significación económica conforme a los criterios previstos en una resolución del organismo de control.

La resolución señaló que existían períodos adicionales con deuda, aunque algunos no formaban parte del objeto específico que motivó la apertura del sumario.

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Con base en esa determinación, el Ministerio instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las acciones destinadas a recuperar el menoscabo patrimonial.

La medida también establece que la vía administrativa no quedó agotada. Uribe Escobar podrá optar por presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.

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El peronismo se reunió en San Fernando y dejó un mensaje para Kicillof: “Unidad por encima de las aspiraciones individuales”

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El peronismo federal, el Frente Renovador y dirigentes de distintas vertientes del justicialismo se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei en 2027. Sin Axel Kicillof ni representantes de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) entre los participantes, el encuentro dejó un mensaje que también apunta a la interna del PJ: “La unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales”. Una consigna similar se repitió en los actos que se realizaron por el Día de la Militancia en distintas provincias.

La convocatoria fue el resultado de varios meses de negociaciones encabezadas principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, que buscan acercar a sectores del peronismo que habían tomado caminos diferentes y ampliar las alianzas hacia otras fuerzas políticas. El objetivo es consolidar un armado nacional con representación territorial y legislativa, en un escenario en el que Kicillof ya manifestó su intención de competir por la Presidencia y otros dirigentes también comenzaron a posicionarse.

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Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de dejar atrás las divisiones y las desconfianzas para construir una propuesta política común. Aunque inicialmente desde la organización habían asegurado que Kicillof no había sido convocado, Massa dio otra versión sobre su ausencia. “Entiendo que el MDF había sido invitado y después hubo alguna desinteligencia respecto de si había oradores o no”, explicó.

El líder del FR buscó restarle importancia al desencuentro con el espacio del gobernador. “Más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos porque tenemos el desafío de construir no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos”, afirmó. Kicillof reunirá el sábado a su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, según pudo saber TN.

Una convocatoria con peso territorial

Entre los presentes estuvieron Massa, escoltado por Gerardo Zamora y Natalia de la Sota; Olmos, Sergio Uñac, Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Leandro Santoro, Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini. También participaron el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, el exgobernador Juan Manuel Urtubey y dirigentes sindicales, como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, integrantes del triunvirato de la CGT.

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La representación bonaerense incluyó a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Juan Andreotti, anfitrión del encuentro. Además, asistieron referentes de La Cámpora como Mayra Mendoza, Teresa García, Julián Álvarez y Mariano Recalde.

Máximo Kirchner celebró el Día de la Militancia junto al gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto (Foto: La Cámpora).

La presencia de distintos dirigentes con aspiraciones presidenciales también puso sobre la mesa la discusión por las candidaturas. Massa evitó confirmar si buscará competir en 2027 y recordó que actualmente no ocupa cargos públicos, aunque conduce el Frente Renovador. “Soy un militante político”, afirmó, y mencionó a Uñac, Zamora y De la Sota como referentes con “vocación de liderar la Argentina que viene”.

En ese escenario, defendió la continuidad de las PASO, que el Gobierno de Milei busca eliminar. “Tenemos la vocación de que se siga sosteniendo la regla electoral en la que venía la Argentina”, señaló. Sin embargo, admitió que, si el oficialismo consigue modificar el sistema, el peronismo deberá encontrar otra manera de ordenar sus diferencias.

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La reunión comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional, continuó con una intervención del streamer El Peroncho y cerró con un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre los problemas actuales de la Argentina y su futuro.

Distintos actos en el país

La conmemoración tuvo otras expresiones políticas fuera de San Fernando. En Formosa, Gildo Insfrán encabezó un acto en el Estadio Cincuentenario y llamó a recuperar el gobierno nacional en las próximas elecciones. “En el 2027 tenemos que volver a ser gobierno nacional”, expresó el mandatario, que convocó a la militancia a recorrer los barrios, escuchar y convencer a los ciudadanos. “Desde Formosa demostramos que la UNIDAD es la herramienta para lograrlo”, remarcó.

En La Pampa, Máximo Kirchner participó de una actividad por el Día de la Militancia junto al gobernador Sergio Ziliotto, en la localidad de Telén, y compartió en sus redes sociales videos de vecinos pampeanos que conversaron por teléfono con Cristina Kirchner.

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En paralelo, La Cámpora concentró a su militancia frente al domicilio de la expresidenta, en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, bajo la consigna “Luche y vuelve”. Pese a la demora en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo mantiene en pie la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027.

Las distintas convocatorias dejaron planteado el principal desafío del justicialismo para el año próximo: transformar los llamados a la unidad en un acuerdo electoral, mientras sus dirigentes mantienen abiertas las diferencias por el liderazgo y las candidaturas presidenciales.

Peronismo, PJ, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner

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Imputaron a una concejal de Neuquén por haberse adjudicado un lote fiscal en San Patricio del Chañar

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Un juez de garantías de Neuquén dio por formulados los cargos contra la concejal de San Patricio del Chañar, Mónica Beatriz Barrera, a quien la Fiscalía le atribuyó negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas por su intervención en una ordenanza que le adjudicó un lote fiscal.

La investigación penal preparatoria tendrá un plazo de cuatro meses, según resolvió el juez Luciano Hermosilla tras escuchar la exposición del fiscal Juan Narvaez, del asistente letrado Facundo Bernat y de la querella de la Fiscalía de Estado.

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La acusación sostuvo que Barrera habría actuado en un expediente municipal que derivó en la transferencia a su favor del Lote 10 de la Chacra 28, ubicada en Picada 9. Por esto, el Ministerio Público Fiscal (MPF) neuquino indicó que la concejal integró la comisión que trató la iniciativa, defendió el proyecto en el recinto y votó por su aprobación.

Según la teoría del caso expuesta en audiencia, el 25 de noviembre de 2024 Barrera pidió al Poder Ejecutivo Municipal que dejara sin efecto una ordenanza de 1996. De esta manera, habría solicitado que le vendieran el terreno fiscal.

La sede del Honorable Concejo Deliberante de San Patricio del Chañar (Gentileza: Diario Río Negro)

El expediente llegó al Concejo Deliberante y, el 24 de junio de 2025, la Comisión de Asuntos Institucionales emitió despacho favorable. Para la Fiscalía, ese paso se produjo con participación de la propia edil y sin un dictamen jurídico formal previo.

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Al día siguiente, durante la Sesión Ordinaria N° 13, Barrera intervino para fundamentar la propuesta y acompañó con su voto la adjudicación. Finalmente, la ordenanza se aprobó por tres votos a favor y dos en contra.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén, la decisión quedó plasmada en la Ordenanza N° 1497/25, que habilitó el cambio de titularidad del inmueble y fue firmada por la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante, Marta Verónica González.

A raíz de esto, la Fiscalía también había solicitado formular cargos contra González por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La hipótesis fiscal señalaba que no habría aplicado los controles correspondientes durante el proceso legislativo.

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El episodio habría ocurrido durante 2024

Sin embargo, Hermosilla rechazó en esta etapa esa imputación al considerar que existen dudas sobre la existencia de dolo en la conducta atribuida a la viceintendenta. Respecto de Barrera, el delito imputado es negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de autora, previsto en los artículos 265 y 45 del Código Penal.

En este contexto, la Fiscalía sostuvo que la ordenanza fue aprobada sin respetar exigencias de la Carta Orgánica Municipal. Entre ellas, mencionó la necesidad de una mayoría de dos tercios del Concejo Deliberante, equivalente a cinco votos, y la realización de una licitación pública o remate para vender inmuebles municipales.

También señaló que el dictamen jurídico escrito se incorporó al expediente minutos después del cierre de la sesión en la que se aprobó la transferencia. Con la apertura formal de la investigación, la acusación contará con cuatro meses para profundizar las medidas del caso.

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El caso de Gloria Ruiz: el expediente en el fuero civil

A mediados de septiembre, la Justicia Civil de Neuquén condenó en primera instancia a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz a pagar $5 millones más intereses al presidente de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos Comunitarios de Neuquén (CALF), Marcelo Severini, por daño moral derivado de una denuncia penal que fue archivada.

La Justicia Civil condenó a la ex vicegobernadora Gloria Ruiz al pago de cinco millones de pesos por daño moral al presidente de CALF, Marcelo Severini. (Fuente)

El fallo también ordenó a Ruiz retirar de sus redes sociales las publicaciones vinculadas con las acusaciones contra Severini. La ex funcionaria tuvo diez días para cumplir esa disposición, para evitar sufrir otras sanciones económicas.

La demanda fue promovida por Severini, quien sostuvo que la presentación penal y su difusión pública afectaron su honor. El tribunal hizo lugar de manera parcial al reclamo y, además, impuso las costas del proceso a la demandada.

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El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando Ruiz atravesaba una crisis institucional en la Legislatura neuquina. Tras su suspensión preventiva, la entonces vicegobernadora presentó una denuncia en los tribunales federales de Buenos Aires contra ministros provinciales, legisladores y referentes de distintas instituciones.

Entre los denunciados figuraba Severini. La presentación incluyó acusaciones por asociación ilícita, falsa denuncia, abuso de autoridad, cohecho y lavado de activos. La defensa de Ruiz, encabezada por el abogado Carlos Broitman, planteó que existía una maniobra para apartarla de la conducción de la Legislatura.

La ex vicegobernadora fue destituida en 2024 (Legislatura de Neuquén)

La causa pasó primero por el Juzgado Federal porteño de Sebastián Casanello, que se declaró incompetente por razones territoriales y remitió el expediente a Neuquén. Luego, la fiscal federal Mariana Querejeta entendió que no había materia federal y derivó las actuaciones a la Justicia provincial.

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La Fiscalía provincial, a cargo de Diego Azcárate, archivó finalmente el legajo por falta de tipicidad, al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal que justificara avanzar con la investigación.

Al resolver la demanda civil, el magistrado consideró que la denuncia no detallaba hechos concretos que permitieran establecer una intervención material de Severini en los delitos que se le atribuían. También señaló la ausencia de elementos mínimos para respaldar esas acusaciones.

La sentencia sostuvo que el derecho a denunciar no habilita imputaciones sin una descripción precisa de las conductas ni sustento probatorio. Bajo ese criterio, entendió que la presentación excedió el ejercicio regular de ese derecho.

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Neuquén,San Patricio del Chañar

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