Lo que hasta hace poco era el emblema del sector avícola nacional, con una participación del 35% del mercado, hoy se debate entre la supervivencia y la cesación de pagos.

Se trata de Granja Tres Arroyos (GTA), que actualmente registra una deuda que supera los $51.700 millones en el sistema financiero.

Este impresionante pasivo también se refleja en la calle con la emisión sistemática de cheques sin fondos, al punto que más de 300 documentos por un valor cercano a los $7.000 millones fueron rechazados en los últimos meses.

Además, la empresa ya perdió más del 85% de sus productores integrados y su faena cayó de 700.000 a apenas 200.000 pollos diarios.

Los datos forman parte de un informe comercial que circula en el sector y entre sus proveedores.

El documento muestra cómo el perfil crediticio de la empresa dentro del sistema financiero viene sufriendo un constante deterioro, con un millonario pasivo; deuda previsional exigible por $7.272 millones e importantes atrasos en los pagos tributarios.

Pero, la crisis no es solo un problema de números.

Situación límite

En la cadena productiva ligada a la empresa el panorama es devastador. Fuentes cercanas a la Cámara Argentina de Productores Integrados de Pollos describieron una situación que empeora semana a semana.

«No hay alimentos, mandan cada cuatro días, los pagos son lejos y bajos. Pero lo más grave es que no hay diálogo y nadie sabe ni entiende lo que puede pasar a futuro. En la empresa nadie sale a aclarar nada sobre si se va a salir de la grave situación, cuándo y cómo», señalaron las fuentes.

Quienes todavía permanecen en el sistema de integración enfrentan una situación límite.

En el sector explican que los productores que se quedaron dentro del esquema de Granja Tres Arroyos se están haciendo cargo del pago de la electricidad, el gas y otros gastos.

Lo hacen mediante la venta de cabezas de ganado vacuno y porcino y con el objetivo de «subsistir», aunque sin perspectiva de poder cobrar.

​La profundidad de la crisis es tan grande que no es solo contable, sino también productiva.

Clima interno

El complejo que solía procesar unos 700.000 pollos diarios ha visto reducida su capacidad a apenas 200.000 unidades.

Este desplome del 70% en la faena ha golpeado directamente a su red de productores integrados, que denuncian que la falta de alimentos para las aves y los constantes atrasos en los pagos están asfixiando la cadena de valor.

La situación se traslada al clima interno, que es de tensión máxima.

En las plantas de faena del complejo Wade (ex Cresta Roja), en la zona sur del Gran Buenos Aires, los trabajadores han iniciado bloqueos y paros ante el pago fragmentado de salarios.

«Nos pagan en cuotas, a veces en sobre, y no tenemos certezas ni sobre el aguinaldo ni sobre la continuidad de los puestos«, aseguran los empleados que acusan al sindicato de ofrecer alguna solución.

​Mientras los rumores de una posible venta del paquete accionario circulan en los pasillos de la industria, desde la compañía se limitan a dar respuestas vagas sobre la normalización de la operatoria.

Problema estructural

Sin embargo, el mercado es pesimista debido a que se advierte que la fuga del 85% de los productores asociados y la presión fiscal y previsional sobre la empresa pintan un escenario donde la convocatoria de acreedores asoma como una posibilidad cada vez más cercana.

Quienes abonan esta teoría lo hacen explicando que el colapso de la compañía no es solo una cuestión de flujo de fondos diario, sino un problema estructural de acumulación de pasivos.

Señalan que los números revelan una empresa acorralada por el fisco y los organismos de seguridad social.

En el caso de la deuda previsional exigible, se trata de un punto crítico, ya que el atraso con la seguridad social (AFIP/ARCA) suele ser de ejecución rápida y tiene prioridad legal sobre otros acreedores comerciales.

A este problema se suma un complejo entramado de atrasos impositivos con ARCA.

El ente recaudador ha intensificado los embargos sobre cuentas bancarias y facturas pendientes, lo que genera un «efecto pinza» ya que, a medida que la empresa intenta facturar para obtener liquidez, el fisco interviene los ingresos, impidiendo que el dinero llegue a la cadena de pagos (productores y sueldos).

Modelo desintegrado

Pero la mayor señal de alerta surge del hecho de que la empresa haya recurrido a consultoras de deuda como Columbus Investment Banking, lo cual sugiere que el problema ha superado la capacidad de gestión interna y requiere una reestructuración profunda.

Se habla de una posible refinanciación masiva o de un proceso concursal en la justicia, hipótesis que la firma hasta ahora ha evitado bajo la premisa de «opción de última instancia».

Sin embargo, la crisis ha desmantelado el esquema de «integración», que era considerado el pilar sobre el que se construyó el liderazgo de la empresa.

La pérdida de más del 85% de los productores integrados es un dato devastador.

En el modelo de integración, el productor pone la infraestructura (galpones, gas, electricidad) y la mano de obra, mientras que la empresa provee los pollos bebé y el alimento balanceado. Al cortarse la cadena de suministro de alimentos y los pagos, la relación contractual se rompió.

Los pocos productores que permanecen informan que los envíos de alimento llegan con intermitencias (a veces cada cuatro días), lo que pone en riesgo sanitario la producción y eleva la tasa de mortandad de las aves.

Perfil deteriorado

Esto también confirma que el productor ha dejado de ser un socio estratégico para convertirse en un acreedor forzoso que subsidia la operación de la empresa con su propio capital para evitar la pérdida total de su producción.

​»El fuerte deterioro del perfil crediticio de la compañía es lo que hoy marca el ritmo del conflicto», señalan en el sector.

Recuerdan también que, con una deuda previsional que asciende a los $7.272 millones, la empresa se enfrenta a un escenario de embargos judiciales que, sumado al abandono del 85% de su red de productores, pone en duda su capacidad para recuperar el volumen de faena perdido.

La situación también trae consecuencias a todo el sector ya que, al ser el principal jugador del mercado avícola, cualquier movimiento en su estructura operativa tiene un impacto directo y casi inmediato en los precios de venta al público.

Los analistas coinciden en que la contracción forzada de la oferta de la empresa genera una presión alcista sobre el precio del pollo entero y sus trozados en todo el mercado.

Ante este escenario, la industria se comienza a reconfigurar.

Si bien firmas de menor escala o jugadores regionales intentan absorber la cuota de mercado vacante, no poseen la logística ni la capacidad instalada para cubrir el hueco de manera inmediata.

Impacto en el precio del pollo

Esto crea un «cuello de botella» que, en los próximos 30 a 60 días, podría trasladarse a una suba de precios por encima de la inflación minorista en el rubro frescos.

Si eso ocurre, el consumidor no solo enfrentará un aumento de precios, sino también una mayor dispersión.

Y, en la medida en que la oferta se atomice, las diferencias de precios entre supermercados y carnicerías de barrio serán más pronunciadas, dependiendo de quién logre asegurar stock de proveedores que mantengan su cadena productiva estable.

​Por eso, los expertos advierten que el desenlace de esta crisis es una prueba de fuego para el sector agroindustrial.

Si la empresa no logra una reestructuración financiera urgente (posiblemente con la entrada de nuevos inversores de capital de riesgo o una fusión estratégica), la estructura de costos del pollo —uno de los principales sustitutos de la carne vacuna— se verá alterada de forma permanente.

​Para el bolsillo del trabajador, el producto dejará de ser, al menos temporalmente, el refugio de precios accesibles que solía ser ante la suba de la carne roja. La incertidumbre en Granja Tres Arroyos es, en definitiva, una variable que el consumidor deberá sumar a su tablero de costos mensuales, anticipando un invierno donde el precio de la proteína básica estará sujeto a la capacidad de supervivencia de un gigante en terapia intensiva.

El Gobierno decidió ampliar la baja de retenciones al sector agropecuario para las exportaciones de maíz, sorgo y girasol, según lo anunciado en una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Durante la presentación, de la que también participaron el secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se estipuló que la nueva política establece que las retenciones a la soja se ajustarán conforme a un calendario ya definido, sin depender de la evolución de la recaudación fiscal.

Cabe destacar que esta medida, que abarca tanto al sector agrícola como a la industria exportadora, ya fue contemplada en las proyecciones oficiales de costo fiscal.

En 2026, las alícuotas para trigo y cebada experimentarán una reducción de dos puntos a partir de junio. Posteriormente, continuará una disminución gradual en los años sucesivos. Desde 2027, el esquema se amplía a todos los cultivos, incluyendo sorgo, maíz y girasol, con un ajuste mensual previamente determinado.

Para la soja, la baja será de un cuarto de punto porcentual cada mes durante 2027, partiendo de 23,75% y llegando a 21% al cierre de ese año. En 2028, la reducción mensual será de medio punto porcentual para todos los productos alcanzados por la medida, siguiendo el cronograma oficial.

En tanto, Caputo precisó que el impacto fiscal estimado por esta reducción de retenciones será de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028.

En el caso del sector industrial, la disminución de las alícuotas representará un costo fiscal de USD 25 millones en 2026 y USD 115 millones en 2027. El ministro detalló que estos valores corresponden a la aplicación del esquema escalonado de reducción de tributos y anticipó que el mayor impacto fiscal se registrará en la etapa final, cuando la baja alcance a todos los cultivos y sectores involucrados. El grueso del costo fiscal se concentraría sobre un eventual segundo mandato del presidente Milei o, en todo caso, en el primer año de mandato de quien lo reemplace.

Iraeta atribuyó la decisión de acelerar el alivio fiscal para los productores al encarecimiento de los insumos, principalmente los fertilizantes derivados del petróleo, cuyos precios crecieron de manera significativa debido al conflicto en Irán. “El costo de los insumos explotó en términos de precios. La idea era aliviar esa suba”, indicó el secretario de Agricultura.

Sobre la modalidad de aplicación, Caputo descartó la necesidad de enviar un proyecto de ley al Congreso para blindar la disminución impositiva. “Esto lo podemos hacer directamente nosotros”, afirmó. También instó a las provincias y a los municipios a acompañar la reducción de impuestos nacionales con una merma de tributos locales, como ingresos brutos y tasas municipales, recordando que las retenciones no son coparticipables.

Desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) celebraron el cronograma progresivo de baja de derechos de exportación anunciado para todo el complejo agroindustrial al considera que “es el mejor camino para lograr mayor producción y exportaciones”.

A propósito del esquema, detallaron que en el caso del trigo y de la cebada, la baja será inmediata: pasarán de una alícuota de 7,5% a 5,5% desde junio de 2026. En cambio, para los cultivos restantes, el calendario difundido por el ministro de Economía comenzará a regir desde enero de 2027.

“La soja, cuya alícuota actual es de 24%, tendrá reducciones mensuales que llevarán el tributo a 21% hacia diciembre de 2027 y luego a 15% en diciembre de 2028. El maíz y el sorgo, actualmente con retenciones de 8,5%, tendrán bajas trimestrales hasta alcanzar 7,5% a fines de 2027 y 5,5% hacia el cierre de 2028. El girasol, que hoy tributa 4,5%, descenderá de manera semestral hasta 3% en 2028. El esquema también contempla una reducción proporcional para subproductos agroindustriales”, enumeraron.

El Banco Central de la República Argentina reportó en el último Informe Monetario Mensual (IMM) que, en abril, los medios de pago tradicionales -medidos por el M2 privado transaccional- registraron una contracción de 1,1% en términos reales y sin estacionalidad (s.e.).

Según los técnicos de la entidad, esta dinámica respondió tanto a la caída de 0,6% en los depósitos a la vista no remunerados como al descenso del 1,9% en el circulante en poder del público.

Por el contrario, los depósitos bancarios de Prestadoras de Servicios Financieros (PSF), vinculados a Fondos Comunes de Inversión Money Market (FCI MM) y billeteras virtuales, avanzaron 5,2% en términos reales y sin estacionalidad, compensando parcialmente la baja en los medios de pago tradicionales.

En abril, los agentes del sector financiero redujeron sus colocaciones a la vista remunerada y cauciones, mientras incrementaron sus tenencias en depósitos a plazo fijo. Esto ocurrió en un contexto donde la Comisión Nacional de Valores incrementó el límite de inversión individual en depósitos a plazo fijo tradicionales y precancelables del 50% al 60% del patrimonio, manteniendo el tope conjunto del 70% para inversiones en ambas modalidades a plazo.

Los técnicos del Banco Central observaron que la rotación de cartera hacia colocaciones a plazo fijo se debió al diferencial de tasas a favor de estos instrumentos respecto de los más líquidos, en un entorno de estabilidad patrimonial que permitió reducir la proporción de activos de alta liquidez sin afectar la gestión de flujos.

El resto de los depósitos remunerados, en particular plazos fijos de personas humanas y jurídicas -excluyendo las PSF-, retrocedió 1% en términos reales y sin estacionalidad. Así, el total de los depósitos a plazo fijo del sector privado creció 4,1% s.e. en términos reales.

Durante la primera quincena de mayo, se mantuvo la tendencia de crecimiento en los depósitos sujetos a renta, sin que los clientes bancarios y usuarios de billeteras virtuales perdieran la disponibilidad inmediata de fondos para compras habituales u ocasionales. Las colocaciones a la vista cayeron 5,3% en términos reales en cuenta corriente y 6% en cajas de ahorros; y los plazos fijos a interés aumentaron 4,9% real, mientras que los ajustables por inflación subieron 109 por ciento.

La consultora Quantum Finanzas, dirigida por el ex secretario de Finanzas Daniel Marx, destacó el crecimiento de nuevas modalidades de pago, como las billeteras virtuales, impulsadas por la remuneración de saldos en cuentas. Los fondos de money market representan actualmente 5,6% del PBI, cuando en noviembre de 2023 eran 4,3 por ciento.

Este proceso, iniciado tras el triunfo electoral del oficialismo en las legislativas de octubre de 2025, consolidó la caída real sostenida de los depósitos en pesos a la vista (cuentas corrientes y cajas de ahorro) y el crecimiento de las colocaciones a plazo en moneda nacional.

También se fortalecieron los depósitos en dólares, favorecidos en parte por los incentivos de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal, ubicándose próximos a USD 39.000 millones.

En mayo de 2026, el crédito en pesos al sector privado interrumpió dos meses consecutivos de contracción y mostró una expansión real de 0,6% sin estacionalidad. El aumento de los depósitos en bancos se trasladó a la mayoría de las líneas de préstamo.

En términos del PBI, el segmento en pesos se mantuvo en 9,3%, pese a un incremento ajustado por inflación del mismo porcentaje. Al sumar el crédito en moneda extranjera -que en abril acumuló un aumento de USD 1.406 millones-, la relación crédito privado/PBI ascendió a 12,3 por ciento.

El Banco Central informó que los préstamos comerciales se contrajeron 1% s.e. en valores constantes, con un comportamiento dispar entre documentos (caída de 2% s.e.) y adelantos en cuenta (suba de 2,4% tras tres meses de baja).

Entre los préstamos con garantía real, los hipotecarios mantuvieron la tendencia alcista de los últimos meses, con una expansión de 0,7% s.e. (duplicándose en un año, liderados por líneas ajustables por inflación), mientras los prendarios aumentaron 3% s.e. y acumularon un alza interanual de 13 por ciento.

En la primera mitad de mayo, el mercado de préstamos registró un crecimiento real de 0,5% en líneas comerciales de corto plazo, pero mostró caídas de entre 0,4% y 1% en préstamos con garantía real, y descensos más marcados en personales (1,8%) y tarjetas de crédito (1,3%). Esto se produjo por las restricciones prudenciales implementadas por las entidades para contener el aumento de la morosidad.

Estas medidas llevaron a que, respecto de octubre de 2025 -mes en que el Banco Central endureció la política monetaria con mayores encajes bancarios-, casi todas las líneas de crédito disminuyeran en valores reales, salvo los hipotecarios que conservaron su expansión.

Las líneas en dólares, destinadas principalmente a sectores generadores de divisas en forma directa -exportadores- como indirectamente -quienes producen insumos y bienes de uso intermedio para posterior exportación con valor agregado- se ascendieron a poco más de USD 22.430 millones, y alcanzaron un pico de 24,5% del crédito total, levemente por arriba del máximo previo de 24,4%, en septiembre del año anterior.

La estrategia oficial para captar dólares no bancarizados a través de blanqueos y la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal elevó la participación de depósitos en moneda extranjera del 14,4% al 34,4% entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, y pese a que desde entonces hasta la primera mitad de mayo de 2026 aumentaron en USD 4.000 millones, perdieron representatividad sobre el total, a 31,9%, por el impulso que registraron las colocaciones en moneda nacional.

Aunque se incrementó la profundidad de los depósitos en pesos y dólares en saldos reales y plazos, favorecida por la menor volatilidad en los mercados tras el resultado electoral y la flexibilización monetaria -reflejada en la reducción de encajes de 32,8% a 29,4% promedio y menores tasas de interés-, la oferta de préstamos sigue mostrando rezagos en comparación internacional.

Según la consultora Quantum Finanzas, el crédito al sector privado en Argentina representa solo 20,4% del PBI, muy por debajo de Brasil (111%), Chile (85%), Perú (62%), Uruguay (52%) y Paraguay (51 por ciento).